CORRUPCION FRAUDES AL FISCO EN V REGION
AFECTAN A MIEMBROS DEL PARTIDO SOCIALISTA VINCULADOS AL SENADOR OMINAMIO ; DEL PPD VINCULADOS A DIPUTADALAURA SOTO
Investigación del Ministerio Público por fraudes al fisco en la Quinta Región
Caso PGE: Piden el desafuero de Laura Soto
Caso PGE: Piden el desafuero de Laura Soto
AUDÉNICO BARRÍA
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Además, la Fiscalía presentó acusaciones en contra de otros nueve imputados.
AUDÉNICO BARRÍA
VALPARAÍSO.- El Ministerio Público solicitó ayer a la Corte de Apelaciones de esta ciudad el desafuero de la diputada Laura Soto, quien tiene su militancia congelada en el PPD, para formalizar cargos en su contra por fraude al fisco.
La petición se oficializó luego que la parlamentaria se amparara en su fuero para no concurrir a las audiencias en las cuales se intentó formalizarla por el desvío de fondos públicos destinados a Programas de Generación de Empleos (PGE) hacia su campaña en la última elección electoral del año 2005.
La Fiscalía respaldó su solicitud con un expediente de tres tomos con cerca de 600 fojas, en las cuales proporciona información respecto de las acciones que comprometerían a la parlamentaria en los delitos que están siendo investigados.
El fiscal regional, Jorge Abbott, a cargo de la investigación, afirmó que "hay antecedentes para iniciar procedimiento formal" contra la parlamentaria, y que el delito que se investiga es el de "fraude al fisco o eventualmente el de estafa".
El prosecutor explicó que, una vez formalizada Soto, el tribunal de garantía tendrá que dar un plazo para concluir la investigación que se ha desarrollado en gran parte de manera desformalizada, lo cual permitirá a la parlamentaria pedir diligencias orientadas a su defensa.
La petición, ingresada poco antes de las 11:00 horas de ayer, deberá ser estudiada por los ministros de la Corte porteña y es posible que lo haga en el pleno del próximo lunes, ocasión en que, incluso, podría fijar fecha para la audiencia en que se escucharán los alegatos.
Mientras, se deberá notificar a Soto sobre la petición de desafuero y ésta deberá nombrar a su abogado. Los más probable es que la represente el mismo profesional que la ha defendido hasta ahora, el abogado Juan Carlos Manríquez.
Una vez realizada la audiencia, la Corte de Apelaciones deberá fallar, en un plazo no superior a 30 días, pudiendo las partes recurrir a la Corte Suprema.
La diputada Soto señaló ayer, a través del abogado Manríquez, que esperará ser notificada y conocer los fundamentos de la petición hecha por la Fiscalía antes de pronunciarse sobre ella.
Presentan acusaciones
En tanto, y en diligencias separadas, la Fiscalía presentó en el juzgado de garantía de Valparaíso la acusación en contra de nueve imputados por los casos de fraude al fisco con el desvío de fondos públicos a campañas, en las comunas de San Felipe, Quillota y Viña del Mar.
Las acusaciones fueron presentadas en contra de los imputados por los PGE: José Manuel Mancilla, Jaime Quiroz, Hugo Meza, Giuseppe Malatesta, Luis Fernández, Ricardo León, Edgardo Lepe, Max Bastidas y Fernando Avendaño.
Las acusaciones fueron presentadas en 25 tomos, que contienen cinco pericias financieras y dos pericias informáticas, además de las declaraciones de un total de 230 testigos.
El tribunal deberá notificar en los próximos días a los imputados y a los querellantes: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los senadores de la Alianza Sergio Romero (RN) y Jorge Arancibia (UDI).
Los querellantes se podrán adherir a la acusación del Ministerio Público o presentar acusaciones particulares.
Al respecto, el jefe de la Unidad Penal del Consejo de Defensa del Estado, Juan García Bilbao, manifestó que estudiarán los antecedentes y que lo más probable es que presenten una acusación particular.
Igual decisión han comunicado los otros dos querellantes, quienes han anunciado que pedirán penas más altas agregando eventualmente otros delitos.
Los acusados por el Ministerio Público a raíz de los "empleos brujos" en Región de Valparaíso
JOSÉ MANUEL MANCILLA
Ex seremi del Trabajo (PS). Estuvo a cargo de la asignación y control de los programas pro empleo.
Se pide para él dos penas de 3 años y un día de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
JAIME QUIROZ
Ex encargado de municipalidades de la intendencia de la Quinta Región (PS). Coordinaba, junto a José Manuel Mancilla, la asignación de los PGE. El Ministerio Público pide para él dos penas de 3 años y un día de prisión, más inhabilidades.
GIUSEPPE MALATESTA
Ex contratista. Le fueron asignados la mayoría de los proyectos pro empleo investigados, y actuó como testaferro. La fiscalía de la Quinta Región pide para él dos penas de 3 años y un día de prisión, más inhabilidades.
HUGO MEZA
Ex contratista. Fue presentado al entonces seremi Mancilla por Malatesta, para servir también como testaferro cuando éste no pudo recibir más proyectos. También se piden para él dos penas de 3 años y un día de prisión, más inhabilidades.
RICARDO LEÓN
Concejal PS por la Comuna de Rinconada, fue asesor del senador Carlos Ominami. Ayudó a contactar a personas para trabajar en la campaña en San Felipe y participó en algunos pagos. Se pide para él una condena de 3 años y 1 día de cárcel.
EDGARDO LEPE
Ex presidente regional del PS y ex jefe de gabinete del senador Carlos Ominami. Se le acusa de haber coordinado con Mancilla el desvío de recursos fiscales a las campañas oficialistas. Se pide para él una condena de tres años de prisión.
LUIS FERNÁNDEZ
Conocido como "Luigi", actuó como activista del PS en Quillota. Se le acusa de reclutar brigadistas y pagarles en la sede partidaria del cerro Mayaca con fondos fiscales. Se solicita para él una condena de tres años y un día de presidio.
MAX BASTIDAS
Concejal por Viña del Mar (PPD). Fue consejero regional, seremi de gobierno y jefe de campaña del diputado Rodrigo González. Se le acusa de reclutar activistas para la campaña de González y pagarles con fondos de los PGE. Piden para él 3 años de prisión
FERNANDO AVENDAÑO
Ex secretario de la campaña del diputado Rodrigo González (PPD). Se le acusa de haber pagado en la sede del comando a activistas contratados a través de los PGE. Se solicita para él una condena de tres años de cárcel.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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