CORRUPCIÓN

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jueves, 21 de julio de 2016

El Abuso de Poder con Javiera Blanco : Sueldos de principales asesores de Javiera Blanco aumentaron más de $1 millón en un año

Sueldos de principales asesores de Javiera Blanco aumentaron más de $1 millón en un año

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Agencia UNO
Publicado por 

Hace unos días la ministra de Justicia, Javiera Blanco, se encuentra en el ojo del huracán debido a lasaltas pensiones dadas a conocer en Gendarmería. Una de las beneficiadas fue Myriam Olate, cónyuge del diputado Osvaldo Andrade.

Además, de ello, se suman las declaraciones de Tulio Arce quien afirmó que la secretaria de Estado pidió indirectamente subir grado a funcionarios para aumentar pensiones.

No obstante, datos entregados en Transparenciamuestran un nuevo escenario al registrarse aumentos de más de un 20% hacia los dos principales asesores de Javiera Blanco, en el gabinete de la cartera durante el periodo de un año.

Según informó El Desconcierto, se trata de Elvira Oyanguren Muñoz (PS), cuyo sueldo aumentó un 23,56% desde 2015 a 2016 y Carlos Aparicio Fuentes (independiente vinculado a la DC),con un crecimiento de su salario del 34,2% por el mismo periodo.

El medio de comunicación explicó que Oyanguren trabaja con la ministra desde 2014, pero su trayectoria en el Estado data de antes al estar en la Unidad de Seguimiento Político Legislativo del INDH en 2011, trabajar varios años con el senador Juan Pablo Letelier y tener cercanía con el parlamentario Carlos Montes, ambos del PS.

En 2014 se desempeñó como jefa de gabinete de Javiera Blanco cuando era ministra del Trabajo. A partir de ese año su sueldo osciló entre los $4.800.210 y $6.332.188.

Mientras que al Ministerio de Justicia ingresó también como jefa de gabinete con un sueldo de $5.296.426 en 2015. Para el año 2016, el monto fue reajustado en un 23,25% sumando $1.231.480 más: hoy, de acuerdo al portal de Transparencia de la cartera, percibiría $6.527.906

Mientras que Carlos Aparicio ligado a la DC, al igual que Oyanguren, llegó al Ministerio del Trabajo con Javiera Blanco en 2014 como jefe de Relaciones Internacionales, con un sueldo de $2.500.000.

En mayo de 2015, cuando se realizó el cambio de gabinete y la secretaria de Estado lideró la cartera de Justicia, Carlos ascendió hasta el cargo de Jefe de Asesores de la ministra,aumentando su sueldo a $4.346.692, monto que en 2016 ascendió de $34,2%, llegando actualmente a los $5.836.638.

También, el medio de comunicación informó que Aparicio asumirá como jefe de gabinete del nuevo director nacional de Gendarmería, el PPD Jaime Rojas, luego de la renuncia de Tulio Arce.

Recordemos que estos aumentos salariales se dan a conocer cuando se confirma que el 2 de agosto es fijada la sesión en la Sala de la Cámara de Diputados donde será interpelada Blanco.

En la interpelación, los diputados que presentaron la solicitud esperan que la secretaria de Estado responda un cuestionario sobre la situación que se vive en distintos servicios dependientes del Ministerio de Justicia, particularmente por la crisis en Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores (Sename).


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Rodrigo González Fernández
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miércoles, 20 de julio de 2016

QUE PASA: Una acción indignante

Una acción indignante

Una acción indignante

¿Significará la querella de la presidenta contra revista Qué Pasa que la posición oficial del Estado de Chile ante organismos internacionales será avalar las penas de cárcel por abusos contra la libertad de expresión? Es muy preocupante.

Por Pedro Orthusteguy, ex presidente Asociación Nacional de Fiscales. Junio 3, 2016

La interposición de una acción penal por la máxima autoridad del país, nada menos que la presidenta de la República, por la publicación de expresiones vertidas por un tercero y que se encuentran dentro de los registros de una investigación penal en curso, no puede mirarse con buenos ojos de ninguna manera. Debe causar indignación nacional que en plena democracia se acuda a normas internas que atentan contra los derechos humanos y que no se han derogado por desidia de las propias autoridades que ahora las invocan. Es inentendible que la misma presidenta que impulsó la despenalización del aborto en tres causales recurra ahora al ordenamiento penal "ancestral" para reprimir con cárcel una posible infracción a la libertad de expresión. La libertad de expresión puede ser identificada dentro de nuestro sistema constitucional por la conjunción, en la práctica de dos derechos, los que se encuentran consagrados de forma expresa en el número 12 del artículo 19 de la Constitución; la libertad de opinión y de información. Ambos son derechos individuales que tienen características propias y diferenciadoras, pero la primera requiere de la segunda para lograr exteriorizarse y lograr su fin último consistente en tener una injerencia social, siendo de esta forma parte fundamental para el funcionamiento amplio y concreto de la democracia en un país. La prensa tiene todo el derecho de publicar información en la que se menciona a una persona que ejerce un cargo público y haya verificado que su fuente efectivamente exista (no es falsa); basta la exigencia de corroborar la fuente, más no necesariamente la veracidad de la información, que podrá ser un estándar editorial para que nazca su derecho a difundirla. En este caso la fuente es de primerísimo orden: se trata de los registros de una investigación penal, cuya adulteración está incluso penada por ley, por lo que nada impedía su publicación ni que la revista Qué Pasa se autocensurara.
Sin conocer el detalle de la querella anunciada por el vocero de gobierno contra la revista Qué Pasa, se ha señalado que ésta es por "injurias graves", por lo que cabe razonablemente concluir que la figura típica sería el delito de Injurias graves, efectuadas por escrito y con publicidad; previsto y sancionado en el artículo 417 Nº 3 y Nº 5 del Código Penal, en relación a los artículos 416 y 418 del mismo Código y, a los artículos 29 y 39 de la Ley Nº 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Recordemos que el artículo 39 de la ley 19.733, más conocida como ley de prensa, establece que "Se considerará también autor, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la publicación o difusión, salvo que se acredite que no hubo negligencia de su parte". Dichas normas penales atávicas atentan contra la libertad de expresión castigando con cárcel los abusos a la misma, pero además atenta contra otros derechos humanos y principios fundamentales del nuevo procedimiento penal como es la presunción de inocencia del imputado, invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del imputado, y contra el principio de culpabilidad penal, castigando como dolosa una conducta simplemente negligente, en consecuencia por el lado que quiera mirarse la decisión presidencial es un error histórico. La presidenta debe estar plenamente informada por el ministro de RR.EE. que durante el año pasado se ingresó una causa contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisamente por la utilización concreta de estas normas por los tribunales chilenos contra directores y periodistas de un medio de comunicación social. Su decisión personal de recurrir al ordenamiento penal ¿significará que la posición oficial del Estado de Chile ante organismos internacionales será avalar las penas de cárcel por abusos contra la libertad de expresión? Muy preocupante. El resto del mundo despenaliza estas conductas, saca a las personas y medios de comunicación del sistema carcelario y los deja en el ámbito que corresponde, el civil, con pago de indemnizaciones cuando efectivamente se comprueban los abusos.
Tengo algo de fe, aún existe la oportunidad de que la presidenta recapacite su decisión, que sus principios democráticos la guíen y se desista de su querella; más vale ponerse colorado una vez que cien veces amarillo. Caval le seguirá penando hasta el fin de su mandato, y la prensa no tiene la culpa.


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Rodrigo González Fernández
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ministra de Justicia ya no soporta más escándalos y #corrupción debería dimitir

UDI encarga informe para sustentar acusación constitucional contra la ministra Blanco

Hoy, además, la sala de la Cámara Baja votará otra vez solicitud de interpelación a la secretaria de Estado a la que se le añadieron como tópicos las acusaciones del ex director de Gendarmería contra Blanco, así como la nominación de Solange Huerta a la cabeza del Sename.Natalia OlivaresNATALIA OLIVARES | ACTUALIDAD | 05:00 HRS

HERRAMIENTAS

-A una semana de ser removido de su cargo, el ahora ex director de Gendarmería Tulio Arce rompió el silencio y en entrevista con CNN Chile acusó directamente al subsecretario Ignacio Suárez y la ministra de Justicia Javiera Blanco de pedirle contrataciones y ascensos al interior del organismo. 

La acusación fue descartada desde el ministerio mediante un comunicado en que se "rechaza y desmienten categóricamente" los dichos de Arce, desligando la labor del ministerio de la de los directores de servicio a la hora de contratar o ascender personal. 

Para la oposición las acusaciones de Arce -que ejemplificó con el caso de la pensión ex presidente de los funcionarios penitenciarios, Pedro Hernández (DC) - fueron suficientes para que en Chile Vamos la UDI resolviera encargar a abogados, liderados por Máximo Pavez de la Fundación Jaime Guzmán, elaborar un informe a partir de una serie de casos ligados al ministerio para reflotar la opción de una acusación constitucional contra Blanco.

¿En qué se fundaría? En los dichos de Arce respecto a contratos, ascensos y pensiones que podrían configurar un presunto fraude al fisco, además de constatar que  la cartera estaba hace meses en conocimiento de las irregularidades a las que hoy se busca hacer frente. 

Tanto el ex director de Gendarmería como la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) afirman haber puesto al tanto de las irregularidades a Justicia hace meses, sin tomar medidas. La Ansog también respaldó los dichos de Arce respecto al supuesto ascenso irregular de Hernández para mejorar su pensión, sólo en circunstancias de su militancia DC (ver recuadro).

Bajo esta lógica, lo ocurrido en Gendarmería se suma a las deficiencias y problemas en el Sename, las anomalías en la Corporación de Asistencia Judicial -ligadas a la salida del subsecretario Segegob Osvaldo Soto-  y el paro de 39 días en el  Registro Civil como causales para interrogar ala ministra.

Esta nueva ofensiva se añade así a las comisiones investigadoras respecto a pensiones en Gendarmería, y la tramitación de una interpelación contra Blanco. Sin embargo, esta última gestión sufrió un traspié la mañana de ayer cuando gran parte de los parlamentarios de Chile Vamos no llegó a la votación de dicha interpelación, que se realizó apenas iniciada la sesión en sala.

Hecho el mea culpa por parte de los diputados opositores, se aprovechó el reingreso de la solicitud de interpelación -que debe ser votada hoy en sala- para cambiar la redacción y agregar dos nuevos tópicos al cuestionario: los dichos del ex director de Gendarmería y la designación de Solange Huerta como directora del Sename, en circunstancias que como fiscal del caso 27-F se negó sistemáticamente a citar a la ex Presidenta Michelle Bachelet a declarar.

Ayer además el ex Presidente Sebastián Piñera, de visita en Chillán, calificó como "un abuso" la situación de pensiones en Gendarmería, luego de las acusaciones de Arce contra el ministerio de Justicia.

ANEF pide renuncia a Hernández (DC)

Según el ex director de Gendarmería, Tulio Arce, se le solicitó ascender a Pedro Hernández luego de que este colaborara "con el Ministerio de Justicia en octubre del año pasado cuando hubo una movilización de funcionarios y esta asociación no participó de esta movilización". Ante esta situación el directorio de la ANEF informó que se le solicitó a su tesorero Pedro Hernández "informar sobre la materia". "Luego de evaluar dichos antecedentes y ante la grave transgresión que estos implican de los principios de ética sindical de nuestra organización, este Directorio Nacional ha acordado requerirle la renuncia a su condición de dirigente nacional y remitir al Tribunal Nacional de Disciplina de la organización los antecedentes para que tome acciones sobre la materia", señalaron desde la ANEF.
















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viernes, 15 de julio de 2016

EL MOSTRADOR: JAVIERA BLANCO MINISTRA FAVORITA DE BACHELET CON LOS DÍAS CONTADOS.

Gendarmería y Sename golpean a una de las ministras favoritas de Bachelet

Tiro al Blanco

por  15 julio 2016

Tiro al Blanco"A la ministra la puede afectar el síndrome Peñailillo", advirtieron en el Gobierno, entendiendo que la Presidenta hace meses que no logra salir del fondo en las encuestas, lo que –agregaron– le estrecha el espacio de maniobra si estos temas sensibles a la opinión pública, como las pensiones, las licencias y los niños del Sename, terminan convertidos en un búmeran para La Moneda.  

Amargas, duras, pero sobre todo tensas, así han sido las últimas semanas para la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que ha estado en la mira de todas las críticas políticas por los conflictos que en paralelo han salido a la luz pública en las áreas más sensibles de su gestión: Gendarmería y Sename.

Es la figura del gabinete que tiene la llegada más directa con la Presidenta Michelle Bachelet, una relación privilegiada, pero la debilidad que evidencia en estos momentos obligó a que desde La Moneda y la Nueva Mayoría salieran a blindarla políticamente, para evitar que escalen los cuestionamientos a las falencias que arroja su gestión y la pongan en jaque.

Tiene fama de ser muy aplicada, matea, inteligente, que tiene "talento político", que escucha, que es solvente y encantadora, lo que le abre muchas puertas en momentos clave de negociación política. Además, tiene llegada y goza de una buena evaluación transversal, tanto en el grueso del oficialismo como en la derecha, donde su pasado al alero de Fundación Paz Ciudadana le permitió obtener buenas redes políticas y gozar de la venia permanente de sectores de la oposición, especialmente del otrora todopoderoso Agustín Edwards, su diario y su entorno.

Hizo gala de eso el año pasado, cuando lideró en el Senado las tratativas dirigidas a asegurar la elección de Jorge Abbott como Fiscal Nacional, para evitar un traspié como el que había vivido el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, con la fallida postulación de Enrique Rajevic a la Contraloría General.

Pero hoy, en reserva, se le critica a Blanco desde el oficialismo, el Congreso y La Moneda por haber esquivado la toma de decisiones complejas, "quebrar huevos", no ha querido arriesgarse y, por ende, pagar los costos de adoptar ciertas decisiones ministeriales, precisamente para no hipotecar su capital político de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

En definitiva, en Palacio reconocen que el escenario actual en gran medida se debe a que no resolvió en su momento, cuando pudo, temas clave que pudieron desactivar o al menos aminorar los incendios políticos que se desataron en paralelo las últimas semanas.

El caso de la jubilación de 5,2 millones de pesos de la ex esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, que trabajó más de 20 años en Gendarmería, fue la mecha con la que se incendió la pradera en Justicia. Eso puso en el foco de los cuestionamientos públicos los altos montos de las pensiones en dicha institución, puntualmente las de 187 ex funcionarios, como también dejó en tela de juicio la venia parlamentaria para no aplicar el techo de 60 UF a los retiros, situación que desató la molestia de los suboficiales de Gendarmería y los rangos más bajos de la institución.

Luego vino el anuncio ministerial de despidos masivos –que se concretarían hoy viernes 15 de julio– a más de 100 funcionarios de Gendarmería por el uso de licencias médicas fraudulentas. En este cuadro, el miércoles 13, al final del día y tras una reunión con la ministra Blanco, se hizo pública la renuncia del director de Gendarmería, Tulio Arce.

Entremedio, Blanco enfrentó un fuerte gallito político a fines de la semana pasada, que concluyó con la salida del subsecretario de la Segegob, el radical Osvaldo Soto, luego que el jueves 7 apareciera enEl Mercurio afirmando que "hay graves debilidades en los equipos técnicos de la ministra de Justicia, debería hacer un análisis de eso".

La crítica que hizo Soto se enmarcaba en un informe de la Contraloría sobre una denuncia que se realizó en febrero por un déficit de más de dos mil millones de pesos en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y contrataciones de personal en el período en que la ex autoridad PR fue su director.

"Las grandes denuncias se descartaron, por ejemplo, no hubo contrataciones millonarias ni el déficit es de mi gestión, ni tampoco contrataciones de operadores políticos, como se dijo (…) son funcionarios del Ministerio de Justicia los que estaban informados del déficit. Aquí no es como se quiso hacer ver: que se descubrió un déficit. Yo en febrero informé y así como existen debilidades de tipo administrativo en la Corporación, la ministra debería hacer un análisis de los equipos técnicos de que dispone", afirmó Soto en el diario.

En La Moneda aseguraron ese jueves que sus declaraciones desataron la ira de la ministra Blanco, la que pidió la salida del subsecretario y, como esta no se concretó ese día, habló directamente del asunto con la Presidenta Michelle Bachelet el viernes 8, según confirmaron diversas fuentes gubernamentales.

Esa mala semana terminó para Blanco con un par de guindas para la torta.

La encuesta Adimark arrojó que la ministra es la peor evaluada por la opinión pública de todo el gabinete, con un 27% de apoyo, después de sus pares de Salud, Carmen Castillo (32%), y de Educación, Adriana Delpiano (31%), posición que comenzó a registrarse a fines del año pasado como consecuencia directa del paro que enfrentó por 39 días de los funcionarios del Registro Civil.

Fue, asimismo, el epicentro de críticas mediáticas y en redes sociales, a pesar de disculparse inmediatamente y corregir la equivocación, por usar erróneamente la palabra "stock" para referirse a los niños de los centros Sename durante una sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja.

Si el caso de la pequeña Lissette Villa Poblete, de 11 años, que murió la primera quincena de abril al interior de un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename), desató una ola de reparos a la deficiente situación que hay en distintos centros de esa institución e incluso la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a finales de mayo se conoció un duro informe de la Contraloría que fiscalizó a casi un centenar de estos, y que concluyó evidenciando la existencia de problemas como falta de infraestructura adecuada, falencias de capacitación y carencia de habilidades del personal a cargo de los menores de edad, además de un inadecuado seguimiento de los casos.

A principios de esta semana, el Ministerio de Justicia entregó al Congreso un informe –solicitado vía oficio a principios de mayo por el diputado René Saffirio– que determinó que, desde 2005 y hasta mayo de este año, hubo 185 niños que fallecieron estando bajo el cuidado del Estado: 134 murieron en recintos de salud, 49 se encontraban en centros colaboradores y otros dos en centros propios del Sename.

La derecha no desperdició la oportunidad ni el conflictivo escenario. Tras anunciarlo públicamente en la semana, ayer concretó la presentación de una interpelación a la ministra Blanco para que explique a la Cámara de Diputados su responsabilidad en la situación del Sename, así como en las cuestionadas pensiones en Gendarmería.

Una decisión polémica, que no contaba con el visto bueno ni la aprobación de la mitad de la derecha, puntualmente de los senadores, donde hay una buena evaluación del desempeño de Blanco. Ahí consideran que, si bien se han juntado todos los problemas del sector Justicia, no se debe a la gestión de la ministra sino que a falencias que se arrastran hace años en cada institución hoy incendiada.

En la Nueva Mayoría dicen que Blanco tiene falencias de gestión política, que no se adelantó a ninguno de los problemas de su cartera, sino que solo ha reaccionado una vez que explotaron, pero igual consideran un grave error de la derecha interpelarla, porque con eso solo consiguen que toda la coalición se alinee tras ella. En el Gobierno aseguraron que no existe el escenario para pensar en moverla de Justicia, que esa no es la mejor solución en estos momentos y que el camino es blindarla, lo que se hizo ayer.

Por el Ministerio de Justicia desfilaron parlamentarios y dirigentes de toda la Nueva Mayoría, le dieron su apoyo público, fustigaron a la derecha por aprovecharse políticamente de la situación. El jefe de los senadores DC, Andrés Zaldívar, menifestó que Blanco "tiene capacidad y espaldas para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar. Pero en este momento que hay una situación de crítica y muchas veces muy injusta, tenemos que hacerle un reconocimiento, porque es una ministra que está cumpliendo sus funciones, que tiene mucha capacidad y conoce los temas que tiene que abordar (…) hay que darle todo el respaldo que sea necesario".

En reserva, se le critica a Blanco desde el oficialismo, el Congreso y La Moneda por haber esquivado la toma de decisiones complejas, "quebrar huevos", no ha querido arriesgarse y, por ende, pagar los costos de adoptar ciertas decisiones ministeriales, precisamente para no hipotecar su capital político de cara a las próximas elecciones parlamentarias. En definitiva, en Palacio reconocen que el escenario actual en gran medida se debe a que no resolvió en su momento, cuando pudo, temas clave que pudieron desactivar o al menos aminorar los incendios políticos que se desataron en paralelo las últimas semanas.

También se reunieron con ella la presidenta del PS, Isabel Allende, los senadores socialistas Juan Pablo Letelier y Carlos Montes, durante la tarde fue el turno de la bancada PPD, liderada por el diputado Ramón Farías, y representantes del Partido Radical.

La doctrina del shock

Por ley, la tarea principal de los subsecretarios es llevar las riendas cotidianas de los ministerios, en sus manos está la administración interna de estos, son los colaboradores directos de los secretarios de Estado, por lo tanto, están encargados de coordinar las acciones de los órganos y servicios dependientes de cada cartera. En el oficialismo y La Moneda concuerdan que eso es precisamente lo que no ha sucedido en el Ministerio de Justicia y que el subsecretario, Ignacio Suárez, es en gran medida responsable por los problemas que enfrenta hoy dicha repartición.

"El subsecretario no ha hecho la pega", sentenció un alto dirigente de la Nueva Mayoría, diagnóstico que es plenamente compartido en Palacio, donde aseguraron que hay "una gran responsabilidad de él en el escenario actual".

Hace rato que en el Gobierno hay una evaluación deficiente de la gestión de Suárez, al punto que desde diciembre al menos existe claridad interna en el ministerio respecto a que, apenas se consolide el ajuste de subsecretarios, él está en la nómina para salir del gabinete y así se le habría notificado hace meses.

Suárez, abogado de la Universidad de Chile y DC, fue nombrado como subsecretario de Justicia en marzo de 2015, tras la salida del también militante de la falange, Marcelo Albornoz. Los temas de dicho ministerio no le son ajenos, ya que previamente fue jefe jurídico del Servicio Médico Legal y después se desempeñó como jefe de la División de Reinserción Social de esta cartera.

A pesar de eso, en el oficialismo aseguran que la principal carencia que hay en Justicia es la falta de articulación política, la que debería ser responsabilidad del subsecretario y que es precisamente lo que no ha sucedido, impactando directamente a la ministra Blanco. "Los subsecretarios son los encargados de ser los fusibles, de estar en lo cotidiano y eso aquí no ha sucedido", añadió un parlamentario de la NM.

Es la misma explicación que se da al interior del Gobierno sobre la tensión que hay con las asociaciones de funcionarios del ministerio, como la Asociación de Gendarmes, que pidió la salida de la ministra y que, a través de un comunicado, sentenció que Blanco "siempre ha mantenido una actitud altanera y arrogante. Su indisposición al diálogo se torna inconcebible en un momento en que la institución requiere más que nunca de una relación constructiva, muy lejana a lo que ha demostrado hasta ahora, incapacitada de comprender el complejo escenario que hoy atraviesa no solo Gendarmería".

El blindaje oficialista a Blanco es reforzado con una "estrategia de shock" desde Justicia, precisamente para comenzar a apagar rápidamente los distintos incendios.

Al final de la tarde ayer, se anunció que el nuevo director de Gendarmería será el PPD Jaime Rojas Flores, quien cumplía funciones en el Ministerio del Interior  y en gobiernos anteriores fue jefe de gabinete más de una vez de Francisco Vidal.

"Tiene manejo", afirmaron en el Gobierno. "Es hombre de Aleuy y claramente este tomó el control de la crisis, Rojas tiene su mismo estilo y viene de hacer inteligencia fina en materia de conflictos, le dicen el 'chupacabras', quizá la Javiera no vea la pelota nunca más", señala una autoridad gubernamental que conoce a Rojas.

En el Ministerio aseguraron que durante la jornada de hoy se concretarían los despidos por el tema de las licencias médicas en Gendarmería, se están analizando las modificaciones a los equipos regionales, como también la reestructuración de los equipos internos en el Sename. La próxima semana la ministra Blanco comenzaría visitas en terreno a diferentes centros de menores y se evalúa la creación de una comisión de "hombres probos" que fiscalice permanentemente el trabajo con los menores de edad que están bajo el cuidado del Estado.

En la Nueva Mayoría y el Gobierno creen que la interpelación terminará siendo una buena oportunidad para la ministra Blanco, para cerrar esta estrategia de shock y mostrar esta lista de acciones concretas para terminar los flancos de críticas. "Es matea y, por lo tanto, es una oportunidad para lucirse", aseguraron en la coalición.

Sabido es en el oficialismo que la ministra Blanco es una de las "favoritas" de Bachelet. Después de la salida del Ejecutivo del otrora hombre de confianza de la Mandataria, Rodrigo Peñailillo, la titular de Justicia quedó como una solitaria sobreviviente del reducido núcleo que cuenta con la confianza de la Presidenta.

El lazo  entre ambas se gestó durante la primera administración bacheletista, en la que Blanco se desempeñó, por esos cuatro años, como la primera mujer a cargo de la Subsecretaría de Carabineros. Cuando la Presidenta volvió a Chile para asumir la campaña el año 2013, Blanco asumió la primera línea en el comando como vocera y, tras el triunfo electoral, fue nombrada ministra del Trabajo.

"Tiene todo el respaldo de la Presidenta de la República, que es el más importante", dijo ayer el senador Zaldívar.

Un apoyo férreo que hasta ahora ha blindado políticamente a la ministra de Justicia, según reconocen en el Gobierno, al punto que su situación llevó a que en la semana se optara por congelar los ajustes de autoridades que están en carpeta, para no exponerla.

Pero hay quienes advierten que el hecho de ser "la regalona" de la Presidenta no implica que su blindaje político sea indefinido y más de uno en La Moneda recordó por lo mismo, estos días, la situación de Peñailillo, quien también era el preferido de la Mandataria, su "hijo político", su brazo derecho, el que gozaba de su confianza plena y, pese a lo cual, fue sacado del gabinete.

"A la ministra Blanco la puede afectar el síndrome Peñailillo", advirtieron en el Gobierno, entendiendo que la Presidenta hace meses que no logra salir del fondo en las encuestas, lo que –agregaron– le estrecha el espacio de maniobra si estos temas sensibles a la opinión pública, como las pensiones, las licencias y los niños del Sename, terminan convertidos en un búmeran para La Moneda.


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miércoles, 13 de julio de 2016

#Terrorismo no da tregua: Desconocidos queman dos camiones y un inmueble en cercanías a Collipulli

Desconocidos queman dos camiones y un inmueble en cercanías a Collipulli

En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche. Según información policial, al menos siete encapuchados habrían realizado el ataque.

Fredy Palomera12 de julio del 2016 / 20:50 Hrs

A la acción de simpatizantes de Wente Winkul Mapu es atribuido preliminarmente el ataque que desconocidos realizaron en la tarde de hoy en las cercanías de Collipulli, donde fueron quemados dos camiones estacionados y un inmueble que funcionaba como albergue para los camioneros.

  Las sospechas se sustentan en el hallazgo en el lugar de un panfleto donde se reivindica la causa mapuche, además de exigir la libertad de los denominados Presos Políticos Mapuches, y que es firmado por la comunidad de la "Wente Winkul Mapu ¡resislte!".

  El ataque se registró pasadas las 19 horas, cuando los desconocidos llegaron hasta las inmediaciones de la Hostería San Carlos, ubicada a unos 12 kilómetros al sur de Collipulli.

  En fuentes policiales se indicó que fueron al menos siete las personas encapuchadas que actuaron y que incluso realizaron unos disparos al aire para amedrentar a las personas cercanas al lugar.

  La dirigente de los agricultores de Victoria, Gloria Naveillán, confirmó que se trató de "un atentado en una de las regiones más seguras del país, según dice el intendente. Esto es para la risa, porque a las siete de la tarde, llegan desconocidos, a orilla de la carretera y queman camiones. Eso no es seguridad".

Fuente:

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martes, 12 de julio de 2016

El Mostrador: Gendarmería: el refugio de parientes y asesores de la Concertación

OTRA FORMA DE CORRUPCION 

Gendarmería: el refugio de parientes y asesores de la Concertación

por  12 julio 2016

Gendarmería: el refugio de parientes y asesores de la ConcertaciónLos cuestionamientos a las abultadas pensiones de algunos funcionarios, como la de la ex esposa de Osvaldo Andrade, se dan en una institución conocida como una suerte de "caja pagadora" –de dineros y favores– de la Concertación, en la que han desfilado haciendo asesorías, trabajos a honorarios, de planta e incluso prácticas, apellidos relacionados con el mundo de la política. Como el de la hija de la Presidenta Michelle Bachelet, que hizo su práctica en la institución durante el primer mandato de su madre.

La millonaria pensión obtenida en Gendarmería por la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate, fue la guinda de la torta en la historia tras las altas jubilaciones en Gendarmería, y lo que terminó por poner bajo la lupa de la opinión pública a la institución dependiente del Ministerio de Justicia.

En medio del escándalo en torno a las abultadas pensiones, la Contraloría General de la República emitió un dictamen poniendo un tope de 60 UF (poco más de $ 1,7 millones) para las jubilaciones, lo que intentó frenarse tanto desde la Cámara Baja como desde el Senado. Esto, antes de que saliera al baile la situación de la socialista Olate.

No es la primera vez que Gendarmería enfrenta cuestionamientos relacionados con distintos tipos de pagos.

En agosto de 2007, incluso se creó una comisión investigadora de asesorías, liderada por el actual vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, debido a que se sospechaba la existencia de "posibles irregularidades ocurridas con ocasión de pagos extras por concepto de honorarios, en virtud de asesorías efectuadas por diversos profesionales a Gendarmería de Chile entre los años 1990 a 2006".

Dos semanas antes, el diputado Felipe Ward (UDI) recibía, de parte de Gendarmería, diverso material contenido en cajas donde se entregaban detalles de asesorías prestadas por altos funcionarios políticos entre esos años. Sobre la base de esta información, se hizo pública la existencia de diversas asesorías, algunas de las cuales luego fueron objetadas por la Contraloría, como las prestadas por el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade y el ex ministro secretario general de Gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio.

Contraloría también objetó las asesorías prestadas por el ex embajador de Chile en Colombia Óscar Pizarro Romero (DC), señalando falta de informes para un período del contrato (2005).

Su correligionaria, la ex ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, no fue mencionada por Contraloría, pero sí se revisaron sus asesorías en la comisión investigadora. Lo mismo pasó en los casos del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez; del entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado; y del ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, entre otros.

Nombres familiares

Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, en la práctica Gendarmería opera como una suerte de "caja pagadora. Históricamente esto ha sido así, especialmente durante los gobiernos de la Concertación, donde ha existido un alto cuoteo político para ciertos puestos e imposición de ciertos funcionarios. Es vox populi".

Conocido como un tradicional bastión del Partido Radical, los cargos y asesorías no se remiten solo a parientes o militantes de dicha colectividad. "En Gendarmería, hay cambio de Gobierno y todos están esperando para el botín. Es algo evidente (…). Es una figura extraña lo que pasa en Gendarmería: no debería ser un servicio público sino una institución como Carabineros, donde la política de alguna manera entra pero no como pasa aquí", asegura el dirigente.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, en la práctica Gendarmería opera como una suerte de "caja pagadora. Históricamente esto ha sido así, especialmente durante los gobiernos de la Concertación, donde ha existido un alto cuoteo político para ciertos puestos e imposición de ciertos funcionarios. Es vox populi".

Más allá de supuestas irregularidades, en la práctica, Gendarmería es conocida como una institución que ha acogido entre sus filas a diversos parientes de influyentes políticos, ya sea en cargos a contrata, a honorarios o, incluso, para alguna práctica.

La propia hija de la Presidenta, Francisca Dávalos Bachelet, hizo su práctica en la institución y fue parte de la nómina de 2006 que entregó Gendarmería a Felipe Ward, en el marco de un proyecto que realizó junto a un grupo de otros estudiantes de Antropología de la Universidad de Chile.

Entre los nombres que han pasado por la institución se cuentan el del hermano del ex senador PS Camilo Escalona, Simón Escalona, quien por 15 años fue funcionario de Gendarmería, hasta que fue obligado a renunciar en 2008.

La esposa del alcalde DC de Maipú, Cristián Vittori –formalizado por el caso Basura–, Pamela Riquelme Loyola, fue por años funcionaria de la repartición, hasta que en abril de 2014 asumió como jefa de División Administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, "lo que veo en este caso es una práctica política que está fuertemente instalada en la forma de hacer política en Chile. Casi se podría hablar de un proceso de captura del Estado por parte de los partidos políticos. No constituye una ilegalidad, se respetaban los procesos y sus formas, pero detrás de una fachada formal o procedimental se realizaban estas prácticas que, claramente, hoy son inaceptables en una sociedad con un estándar más alto de transparencia".

Moreno agrega que "puede que sean excelentes funcionarios: más allá de las personas, lo que teníamos es un conjunto de prácticas clientelistas en un sistema extraoficial de favores, por el cual los titulares de cargos políticos regulan la entrega de prestaciones obtenidas a través de su función pública".


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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