Julio De Vido con mayor cintura política lo impidió y lo llevó bajo su paraguas, y además, sirvió de moneda de cambio para traer al redil a un viejo contrincante de Santa Cruz, el ex gobernador Puricelli y definir la interna local, ensombrecida por la renuncia de Acevedo y el pase a la vereda de enfrente de su anterior vicegobernador.
Cual era el objetivo de la atracción de las fábricas a Defensa, como no sea hacerse de una propia caja, que ampliaría las que inexplicablemente quedan en el Ministerio , y de paso controlar el negocio del comercio ilegal de armas.
La empresa familiar que conforman con su hermano Raúl, ya había hecho sus primeros pasos en este negocio cuando logró que lo designaran síndico de Fabricaciones Militares, en donde conoció a todos los actores que actualmente cita el Juez Tiscornia por contrabando agravado (aunque los únicos aún no citados son el que participó en todas las etapas del mismo: el hermano Raúl Garrè y sus socios).
Entonces, como no cerraba el negocio con FM en la órbita de Defensa, se puso al hermano como Jefe de Gabinete con rango de Secretario, pero poniéndolo por sobre los Secretarios de la Cartera. Con esa función pudo controlar el trámite de las exportaciones que había supervisado como síndico, ya que le reportaban directamente los funcionarios que debían participar en la aprobación del trámite, el Director de Política (Hequimian) y la Jefa de Departamento de exportación de material sensible (Rocca ).
Para terminar de cerrar el círculo, lo designaron además interventor del Registro Nacional de Armas, que es el encargado del control físico del material a exportar, y eventualmente (como es el de este caso, aunque se obvió el paso), de desmilitarizarlo.
El único eslabón libre era el de la Aduana (lugar que no controlaban, o que se les fue de la mano), pero con la operación de los despachantes propios, podían superar sin obstáculos.
Pero la Aduana cumplió con su tarea y desde Defensa, la ministra salió a defender su gestión (en realidad, la de su hermano) como lo había hecho la Micelli.
Primero dijo que había habido subfacturación (pero si le constaba tal hecho –que no surge de los antecedentes del expediente- nunca debió firmar la resolución aprobatoria) y que el culpable era Puricelli (que si leyó el expediente nunca participó de la venta pues es anterior a su gestión). Claro que la ministra puede haberse enterado de tal subfacturación por su hermano que tenía conocimiento por cuanto la operación se concretó cuando era síndico de FM.
Cuando se dio cuenta de que en realidad estaba atacando a Julio De Vido y por elevación a Kirchner, se desdijo de ésta afirmación de subfacturación y cargó contra la Aduana, haciendo recaer en esta la responsabilidad de controlar los precios de la operación de compraventa, pero curiosamente obvió la participación del RENAR en el examen físico de materiales y su desmilitarización, pues entonces llamaba la atención sobre su hermano.
Como se verá tanto el Juez Tiscornia como la Fiscalía tienen mucho material sobre el que preguntar, salvo que el apriete llegue al extremo de hacerlo optar por la pregunta intrascendente antes que la obvia (sino la renuncia antes de la destitución).
EL PLAN B:
Como plan B , se buscó recrear el sector "productivo" (de armamentos) en forma parcial y por afuera de la estructura de Fabricaciones Militares. Para ello se "rehabilitaron" las obsoletas infraestructuras del astillero Domecq García, se intentó renegociar el contrato con la Loocked para recuperar la fábrica militar de aviones, y se ocupó Tandanor. Esta estructura empresarial tiene como característica que la designación de los cargos ejecutivos los realiza directamente el Ministerio, sin Decreto Presidencial pues sólo basta con la instrucción de que la asamblea de accionistas elija determinada persona según el gusto de la Ministra.
Se había recibido un fuerte golpe cuando de sopetón, el presidente había quitado de un plumazo, y comunicando la medida en el Salón Blanco cuando la decisión ya había sido tomada, la administración del Registro Nacional de Armas, que el hermano ministerial había llevado en pocos meses al desastre, despojado de toda credibilidad por la entrega de permisos de portación de armas a asesinos seriales como el de Belgrano, ya que aparentemente, el negocio pasaba por otro lado.
Perdida la impunidad que en el negocio internacional de armas permitía el RENAR, fue imperativo la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.
Ante esta avidez, los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (no sus cuadros medios) permanecieron impasibles, porque cada uno tenía una culpa que ocultar. No olvidar el espionaje en la Patagonia, las valijas de Southern Winds
Pero el IAF era un sapo demasiado grande para tragar y los JJEEMM comenzaron a hacer el lobby para desarticular la medida, llegando a utilizar a los edecanes presidenciales y su ascendiente sobre Zanini para ello.
Resulta llamativo el equipo que utiliza el clan Garré para llevar a cabo la operación.
El instrumentador técnico es el actual Subsecretario de Asuntos Técnico Militares, Germán Montenegro, hombre que responde al actual titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria creada luego del escándalo de las valijas de droga.
Germàn Montenegro
Montenegro es hijo del Brigadier General del mismo apellido, actual asesor de la ministra y que fuera jefe de la Fuerza Aérea en tiempos de Carlos Menem, época en la cual se cayó la compra de radares por sospechas de corrupción por el direccionamiento a cierta empresa proveedora.
Montenegro (hijo) y Saín( el rosa) , todavía son agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea de donde siguen cobrando la máxima jerarquía de los espías. Montenegro (hijo) está rodeado, y ha rodeado a la ministra y varias áreas del ministerio por PCI´s (agentes civiles de inteligencia, de la planta de la Fuerza Aérea) que forman el núcleo de decisión de la Defensa y que fueron parte de la estructura que su padre supo construir cuando era el máximo conductor de la Fuerza.
Marcelo Saìn Director de la PSA
La ministra incorporó a este grupo, a un socio del hermano, amigo de Diana Conti y del grupo del Frepaso, que supo ser presidente de la ONG Poder Ciudadano hasta que esta institución lo echó luego de que trascendiera que cobraba una jubilación de privilegio (el mismo tipo de privilegio contra el que se proclamaba una campaña nacional junto con el diario La Nación y Luis Majul) y simultáneamente cobraba un sueldo del Estado y su fundación recibía subsidios públicos.
Este personaje en época de De la Rúa, cobraba (y el personal de su estudio jurídico también) jugosos honorarios violando la ley de ética pública.
Con el advenimiento de Duhalde, se travistió en asiduo concurrente a la quinta de Olivos, donde negociaba los "perdones" de Transparencia Internacional y su continuidad en un cargo público rentado con jugosos honorarios.
Pese a que el Presidente de la Nación (Zanini y Alberto Fernández incluidos) desconoce totalmente su existencia ya que no tiene ninguna designación oficial en el Ministerio de Defensa (la que aún en forma ad-honorem, debe realizarse inevitablemente por decreto), la ministra no toma ninguna decisión sin consultarlo, tiene oficina propia a pocos metros de la jefa (la que supo ocupar Angel Tello, un histórico consultor en temas de Defensa del radicalismo, que el ministro Pampero mantuvo en su staff), se cretaria, teléfono (el interno 8846) y hasta espacio de estacionamiento en el lugar de los Secretarios y Generales. Tiene acceso a información restringida y llama la atención su participación en todos los temas que conllevan alguna erogación importante. Por ejemplo, fue participe casi único en la licitación de radares, donde se incorporaron cláusulas insólitas para permitir la participación de la española INDRA y en la licitación para la adquisición de aviones para LADE y en prácticamente todos los trámites que pasan por la Subsecretaría de Coordinación. Para ello debió apartar a los técnicos especializados en la materia, en la primera al Ingeniero RUNZA y de la segunda al Director General BRIOZZO.
Pero además, ha sido el impulsor de las aprobaciones de las exportaciones de armamentos, ya que aunque no aparece su firma en los expedientes de FM, supervisó su trámite, llegando a sugerir cambios en las resoluciones.
Su afán de no aparecer ha tenido episodios tragicómicos, como cuando con su imponente vehículo importado chocó al de un general estacionado y se dio a la fuga para no aparecer en los registros de la compañía de seguros frecuentando ese lugar, pero los sistemas de vigilancia y las cámaras instaladas por la seguridad lo delataron, con lo que la justa reclamación del uniformado se vio satisfecha aunque el respaldo de la ministra hizo variar los informes del siniestro.
Sin embargo, no se ha privado de los beneficios de un auténtico comisionista de compraventa de armamento. Recibe en su estudio privado a los representantes de las firmas proveedoras, ha sido invitado a varios países por proveedores de helicópteros, armas livianas, radares y vehículos terrestres llegando a coincidir en sus viajes con la ministra (aunque evidentemente haciendo lobby por la otra parte)
Esta organización se completa con Hugo Cormick y Marcos Makón, ex subsecretario de presupuesto de Cavallo y posterior artífice de la reforma delaruista.
Fracasado el intento sobre el IAF, al que ya que no lo pueden tomar por asalto, seguramente procurarán transferirlo al ANSESS, el próximo paso será el desembarco sobre las obras sociales de las Fuerzas Armadas, el IOSE, DIBA y DOSFA, que involucran una caja equivalente y montañas de contrataciones con clínicas y servicios médico asistenciales. Difícilmente las Fuerzas permanezcan impasible ante esta maniobra y respondan con mayor virulencia, aún cuando los Jefes estén maniatados por su debilidad ante la amenazas por su debilidad institucional.
Hay otro negocio que tendría algún referente en esta estructura ministerial, que no ha tenido gran impacto en la ciudad de Buenos Aires, pero que ha llamado la atención en varias capitales de provincia.
Desde hace algún tiempo, se observan varias colas en unidades militares de gente de las clases 53 a 58 que pugnan por tener un certificado de cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Un grupo de abogados inescrupulosos, coordinados por un abogado de apellido Fraile estarían sacándole a cada uno de estos ilusos entre 300 y 1000 pesos para gestionar una pretendida "pensión de excombatientes" igual a los que combatieron en Malvinas. Contarían con la anuencia del equipo ministerial, que no sale a decir abiertamente que esto es totalmente falso y parte de una maniobra de estafa, para permitir que este flujo de inocentes continúe abonando estos dineros.
Para ocultarlo al público de la Capital Federal, la larga cola de incautos que se formaba frente al edificio Libertador, fue enviada a la calle Ingeniero Huergo. Aunque se eche la tierra debajo de la alfombra, no se quita.
Otro ataque sobre la conducción de las FFAA, es la pretendida creación del Ombudsman de las FFAA. Esta medida gatopardista, es en realidad un intento de crear un sistema de comisariato político sobre la estructura castrense. Comisario político que estaba en las FFAA de la vieja ex URSS.
Fue motivo del viaje de la ministra a Alemania, de donde trajo la idea del nombre, pero no del sistema. En Alemania funciona en forma independiente del Poder Ejecutivo y reporta al Legislativo, en un sentido semejante al de nuestro Defensor del Pueblo, de cuya protección, curiosamente están excluidos los hombres de armas. Garré quiere impulsar un sistema que le dependa directamente, que reciba las denuncias en forma directa en sede ministerial y comandar el sistema sin injerencia judicial ni legislativa. Es una manera de promocionar la delación, el soborno y la extorsión.
Claro que una simple medida, como puede ser cambiar la ley del Defensor del Pueblo, quitando la exclusión de las FFAA y agregando un Fiscal Adjunto para las FFAA en esa Defensoría, no pasa por la cabeza de la ministra, ya que de esa manera se le impide colocar a su gente en los lugares rentados y de largo plazo garantizados por norma (4 a 6 años).
Además, la tan mentada reforma a la capacitación de las FFAA, encabezada por un conspicuo jefe operativo de montoneros, también tiene su ribete económico. No está en juego aquí la "democratización de los cuadros de oficiales y suboficiales". Un cuarto de siglo de democracia ya han marcado a las fuerzas en este sentido. El verdadero objetivo de esta movida es el asalto sobre las "horas cátedra" (más de 70 mil que tiene el presupuesto de Defensa). Se trata de ubicar en gran parte de estas horas cátedras a personas afines a la ministra y su grupo.
Se verá, además, en las próximas semanas, que muchos nombramientos saldrán en puestos de Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento en el área de Defensa. Llama la atención, cuando a esta gestión le quedan dos a cuatro meses. Ya que Garré tiene claros indicios de que no será de la partida en la próxima gestión, trata de condicionar a Cristina (con quien no se lleva muy bien) poniendo a toda su gente y garantizar que en el futuro no puedan cuestionarle su actuación pasada, por cuanto propia tropa le cuidaría sus espaldas.
Que mejor para ello, que quien fue responsable del desmanejo de la venta cuestionada de FM, sea promovida desde su cargo de Jefa de Departamento al de Directora General (con injerencia directa sobre su antiguo departamento) para que cualquier investigación futura, cuente con un defensor dentro de la estructura, puesto que su destino está atado recíprocamente.
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| La Diputada Nacional del PRO Nora Ginzburg promovió una denuncia que recayó en el juzgado federal del Dr Lijo, denuncia que ratificó , motivada por una o varias operaciones ruinosas de exportación de armas que habría realizado la Ministra Garré y que presuntamente podría implicar el vaciamiento de Fabricaciones Militares. |
Rodrigo González Fernández
Renato Sánchez 3586 of. 10
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El acuerdo me está obligando, porque cuando yo quiero pagar impuestos tengo que usar un determinado navegador o un determinado sistema operativo y todos esos productos son Microsoft 
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El reciente informe de Transparency International (TI) para 2007 sobre el cumplimiento de la Convención de la OCDE combatiendo la corrupción de oficiales públicos, el tercero en la serie, examina 34 de los 37 países que han ratificado el tratado. El título lo dice todo: Principales países exportadores continúan sobornando en el exterior.
