CORRUPCIÓN

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lunes, 29 de julio de 2013

PELEA DE LOS YARUR Y EX SUPERINTENDENTE DE GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN

PAGO SE ESTIMA EN US$ 70 MILLONES
Demanda Pide Indemnización a ex SVS Daniel Yarur Por Causar Perjuicios al Patrimonio de Jorge


Acción judicial acusa al ex SVS de violar "múltiples obligaciones legales que la Ley de Sociedades Anónimas impone a los gerentes y directores de las S.A". Daniel Yarur habría infringido sus deberes fiduciarios, mediante una serie de operaciones financieras que perjudicaron el patrimonio que administró entre 1999-2009.

Una segunda demanda, esta vez por indemnización por perjuicios presentó Jorge Yarur Bascuñán, presidente del Museo de la Moda (hijo y único heredero de Jorge Yarur Banna, presidente y controlador del BCI) en contra del ex Superintendente de Valores y Seguros, Daniel Yarur Elsaca (ingeniero en información y control de gestión). 

El escrito judicial sostiene que Daniel Yarur habría infringido sus deberes fiduciarios, mediante una serie de operaciones financieras que le significaron una cuantiosa pérdida al patrimonio de Jorge Yarur Bascuñán (el cual administró entre 1999-2009) por lo que pide un pago de $35.206.378.417 (US$70 millones). La demanda argumenta que el ex SVS es responsable de infringir la Ley de Sociedades Anónimas que prohíbe que "directores y altos ejecutivos de sociedades anónimas usen, en su beneficio, y contra los intereses de la sociedad, los bienes sociales, que es lo que ocurrió, causándose perjuicios a las demandantes".

Además de la persona de Daniel Yarur Elsaca, la demanda está presentada contra de tres sociedades de su propiedad: Fondo de Inversión Privado Laponia Investment Fund (administrado por la Administradora Alekine S.A y representada por Rafael Yarur Rescaglio), GM&E ASSET Management S.A. (representada por Pedro PFeffer Urquiaga) y Agrícola, Inmobiliaria y Comercial Chauquén Limitada (de Daniel Yarur Elsaca). Para esta última se solicita una sanción de $22.453.057.443 "por haber obtenido provecho del dolo ajeno". 

Relato del Demandante

  • • La demanda la presentan las sociedades de inversión Tauro (inmobiliaria e Inversiones Tauro S.A), Milano (Inmobiliaria Milano S.A.) y T&V (Inversiones T&V S.A.), que nació de la división de Tauro S.A.
  • • De Tauro y Milano son y fueron dueñas, las sociedades Hofstra Corp. y Tarascona Corp., las cuales, a su vez, han sido históricamente de propiedad de Jorge Yarur Bascuñán y de sus padres, de quienes las heredó. 
  • • Hofstra Corp, y Tarascona Corp., ambas administradas por Daniel Yarur, la primera dueña de la segunda, y Tarascona, a su vez, dueña del 1,47% de las acciones del BCI.
  • • Tauro, Milano y T&V, entre septiembre de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2009, tuvieron un directorio constituido por Jorge Yarur Bascuñán como presidente; Daniel Yarur Elsaca como gerente general, y José Pedro Silva Prado, director y secretario. Jorge Yarur sólo suscribió un acta de junta extraordinaria de accionistas y de directorio de octubre del 2005. 
  • • Daniel Yarur Elsaca, Superintendente de Valores y Seguros hasta marzo del año 2000, administró los bienes de Jorge Yarur desde septiembre de 1999. En el escrito se lee: "Cuando el demandado asumió como mandatario de Yarur Bascuñán, era un profesional con un ingreso mensual acorde al de superintendente. Hoy, Yarur Elsaca tiene un patrimonio de varios millones de dólares, cuyo incremento, tiene como fuente las operaciones que se describen en esta demanda". 
  • • Al inicio de la administración de las sociedades, Yarur Elsaca creó Fondos de Inversión Privados (FIP) y constituyó las administradoras de Fondo de Inversión, que fueron y son de su propiedad. 
  • •  Por concepto de "administración" Daniel Yarur  se pagó la suma de $10.392.884.244., que salieron desde el FIP a la administradora GM&E Asset Management S.A. entre los años 2000 y julio de 2009 (más de $1000 millones al año), sin perjuicio de los $600.000.000que, recibía anualmente, por concepto de remuneración fija auto asignada.
  • • Desde las cuentas corrientes de Milano, Tauro y T&V se giraron $30.864.005.678, a distintos FIP y luego se fusionaron en el "Fondo de Inversión Privado Anacapri Investment Fund", y que al 31 de diciembre de 2008, reajustada la cifra sumaba $39.137.566.110.(ver recuadro: Destino de Fondos Anacapri).
  • • Los únicos inversionistas eran Tauro, Milano y T&V, siendo el administrador Daniel Yarur, más su equipo integrado por el demandado Oscar Bretón Dieguez, Pedro Pfeffer Urquiaga, Juan Esteban Jara Taito (los tres del comité de Vigilancia del FIP), Cristián Jara Taito (gerente de la administradora GM&E Asset Management S.A), y José Pedro Silva Prado  (director y asesor jurídico de las demandantes). 
  • • En 2003 el FIP Anacapri, actuando a través de GM&E Asset Management S.A., pagó $2.069.500.132. al "Centro de Estudios e Investigación Financiera S.A, de propiedad de Daniel Yarur. Y, además transfirió $290.936.598 directamente desde Tauro S.A.
  • •  Del FIP Anacapri (actual Leponia) también se realizaron remesas al extranjero por más de $20.446.436.570 a nombre de la empresa Fintair Finance Corp., y luego a la empresa Euweland Corp, de propiedad de Yarur Elsaca. (ver recuadro Remesas al Extranjero).


Destino de Fondos Anacapri

  • • De los $30.864.005.678. que se aportaron al FIP Anacapri, $20.446.436.570. fueron a Euweland Corp, $10.392.884.244. a GM&ES.A.; y $2.069.500.132. al "Centro de Estudios de la Investigación Financiera", todas sociedades de Daniel Yarur. 
  • • Para devolver sus aportes a Milano, Tauro y T&V, Daniel Yarur realizó la siguiente operación:
  • • El 29 de julio de 2009 declaró hacer una junta extraordinaria de aportantes del FIP Anacapri para disminuir su capital y "acordar" restituir aportes por UF1.212.412,88 a Tauro, Milano y T&V, con la parte proporcional de acciones de la sociedad Nueva T Corp. Daniel Yarur informó que su valor (de las acciones) era de $25.405.651.184 porque tenían en su activo las 50.000 acciones de Tarascona Corp., y el activo de esta última tenía 1,47% de las acciones del BCI. De este modo, señala la demandante, simuló un pago, pretendiendo extinguir una obligación con bienes del acreedor.
  • • Un día después, el 30 de julio de 2009, Daniel Yarur Elsaca, actuando en representación de Tauro, Milano y T&V, vendió sus cuotas en el FIP Anacapri a la sociedad Agrícola, Inmobiliaria y Comercial Chauquén Limitada, de  su propiedad, a un precio de $4.940.000.000. 
  • • La compraventa se efectuó en la notaría Benavente. Chauquén fue representada porJuan Esteban Jara Taito, y a las tres sociedades se les estipuló que el precio "se solucionará en su equivalente en moneda nacional, dentro del término de 40 días hábiles contados desde la fecha del presente instrumento". 
  • • El 11 de septiembre de 2009, se realizó una segunda disminución de capital del FIP Anacapri por $4.940.000.000., cuyo destinatario fue la empresa Chauquén Ltda. (que nunca hizo aporte al FIP). 
  • • El 15 de septiembre de 2009 esta última pagó a las sociedades Tauro, Milano y T&V el precio por la "compra" de sus cuotas en el FIP Anacapri.


Remesas al Extranjero


  • • Daniel Yarur, a través de una carta, del 14 de diciembre de 2007, ordenó que las acciones de Tarascona (dueña del 1,47% de las acciones del BCI) se nominalizaran (paso del portador al titular) a nombre de la sociedad extranjera Nueva T Corp, que él previamente había adquirido a través de la sociedad BVI, también de su dominio, de nombre de Euweland Corp.  
  • • En carta, 24 de diciembre de 2007, Daniel Yarur dispuso que la sociedad Fintair, le comprara a la sociedad Euweland Corp. la sociedad Nueva T Corp, dueña de Tarascona y, por ende, del 1,47 % de las acciones del BCI que era su activo subyacente. 
  • • De este modo se habría apropiado de $20.446.436.570, recibidos por Fintair desde el FIP Anacapri y de sus inversiones subsecuentes. 
  • • El contrato de compraventa entre Fintair y Euweland (del 21-12-2007) señala que no hubo transferencia de fondos desde la primera sociedad a Euweland, y por lo tanto, no corresponde a devolución de fondos utilizando una dación en pago "por variable" de las acciones de Tarascona. 
  • • Los aportantes perdieron sus aportes en el FIP Anacapri, que fueron a dar al patrimonio de Daniel Yarur. 


Comité de Vigilancia de Anapri

En la demanda se señala que:

"La propia configuración del FIP Anacapri estaba hecha para que se pudieran cometer ilícitos,pues sus órganos de fiscalización eran meramente nominales; prueba de esto es que el comité de vigilancia estaba integrado por Juan Esteban Jara Taito, Pedro Pfeffer Urquiaga y Oscar Bretón Dieguez, los dos últimos de la absoluta confianza de Daniel Yarur y, que en la actualidad trabajan con él en sus oficina de Avda. Isidora Goyenechea. A lo que debe añadirse que el gerente de la administración (Cristián Jara Taito) era hermano de un miembro del comité de vigilancia del FIP (Juan Esteban Jara Taito) y, como si lo anterior fuese poco, el auditor externo del FIP era Enrique Bretón, hermano de otro de los miembros del comité de Vigilancia (Oscar Bretón), en circunstancias de que el sentido de ese trabajo es que una persona totalmente independiente de la administradora y del FIP, sea la quien lo audite". 


Ilícitos y Sanciones 


  • • Se invoca la Ley de Sociedades Anónimas: "La persona que infrinja esta ley, su reglamento o en su caso, los estatutos sociales o las normas que imparta la Superintendencia ocasionando daño a otro, está obligada a la indemnización de perjuicios. Lo anterior es, sin perjuicio, de las demás sanciones civiles, penales y administrativas que correspondan".
  • • Se pide reembolso e indemnización por perjuicios porque  "Daniel Yarur violó múltiples obligaciones legales que la Ley de Sociedades Anónimas, LSA, impone a los gerentes y directores de las sociedades anónimas, como lo son las demandantes". Entre estas "que los directores no podrán tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio, de sus parientes, representados o sociedades, servicios o créditos de la sociedad, sin previa autorización del directorio otorgada en conformidad a la ley". La norma que indica que una S.A. "sólo podrá celebrar actos o contratos en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado".
  • • Se acusa que Daniel Yarur celebró operaciones con sociedades relacionadas, en las que era dueño de más del 10% de su capital, en los términos del artículo 44 de las L.S.A., con las cuales perjudicó a las demandantes, incumpliendo con sus deberes fiduciarios.
  • • Se pide que se condene  a los demandados Daniel Yarur Elsaca, GM&E Asset Management S.A., Fondo de Inversión Privado Laponia, representada por la Administradora Alekine S.A., a pagar solidariamente, a título de indemnización de perjuicios, la suma de $35.206.378.417 más los reajustes, IPC e intereses corrientes. "Todo ello sin perjuicio, además, que estamos ante un acto ilegal, contrario a los intereses sociales, en los términos del numeral 7 del artículo 42 de la L.S.A.".
  • • Que se condene a la sociedad Agrícola, Inmobiliaria y Comercial Chauquén Limitada a pagar la suma de $22.453.057.443. por haber obtenido provecho del dolo ajeno.
  • • Que los demandados paguen las costas de la causa.


Demanda que Perdió Yarur Elsaca

El 5 de julio último, el ex SVS perdió, ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, una demanda interpuesta en contra de Jorge Yarur, a través de la cual pretendía un pago de US$45 millones esgrimiendo concepto de honorarios variables por administración de patrimonio (septiembre 1999-marzo de 2010) lo cual no sólo fue rechazado por el demandado sino que le contestó con una acción judicial exigiendo la devolución de US$50.000.000, que se argumentó en el texto legal "sustrajo del patrimonio de su mandante y cuyo origen no tiene cómo acreditar"; lo cual está siendo objeto de una investigación criminal en el Ministerio Público Centro Norte. 


Fuente:ESTRATEGIA 

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jueves, 25 de julio de 2013

OTRA GRACIA DE LA CONCERTACIÓN: Y LA DC

Alumnos de la U. de Chile denuncian a la DC irregularidades de Dockendorff en la INAP

Los estudiantes piden que el presidente del partido se pronuncie sobre las denuncias contra el ex ministro, quien participó en convalidaciones de títulos anómalas e involucró al fallecido dirigente falangista Edgardo Boeninger en ellas.

SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) Andrés Fielbaum, junto a alumnos del Instituto de Asuntos Públicos del establecimiento (INAP), pidieron al líder de la DC Ignacio Walker, que se pronuncie sobre varias irregularidades en la gestión de Eduardo Dockendorff, militante del partido y director de esa unidad académica.


A través de una misiva, los estudiantes criticaron las acciones que Dockendorff ha emprendido al mando del organismo. A la vez que solicitaron a Walker que tales antecedentes se pongan también en conocimiento del Comité de Ética de la DC para su evaluación.


Según la carta, las anomalías cometidas por el ex ministro de la Secretaria General de la Presidencia de Ricardo Lagos, llevaron a los alumnos de la INAP a movilizarse desde el pasado 17 de mayo.


"Denunciamos una serie de irregularidades en el manejo académico y administrativo de nuestro Instituto Interdisciplinario", se lee en la carta. Por ejemplo, los alumnos acusan ser la única unidad de la universidad sin instalaciones propias para impartir docencia y realizar investigación.


Asimismo, los alumnos denunciaron que el "mal proceder en el proceso de convalidación de título profesional del ex subdirector INAP, Prof. Robert Funk, donde el Sr. Dockendorff argumentó que una comisión de expertos –de la que no existen actas– se habría hecho cargo de evaluar los antecedentes académicos del proceso".


Con ello, los estudiantes aseguran haber ratificado que no existen tales documentos, además que uno de los expertos citados por Dockendorff como aquellos que participaron en dicha convalidación fue el ex ministro DC Edgardo Boeninger, quien a la fecha de iniciarse el proceso ya había fallecido.


"Por tanto, habría sido imposible que pudiera pronunciarse al respecto", argumentan.


"Este tipo de acciones no solo ponen en duda la seriedad de la Universidad de Chile en cuanto a su proceder, sino que también se juega escrupulosamente con la imagen de un connotado líder político como lo es el Sr. Edgardo Boeninger, por tanto las rechazamos y condenamos abiertamente", concluye la misiva.


La carta dirigida a Walker fue acompañada por el Formulario para el Reconocimiento – Revalidación de Título y/o Grado Obtenido por Funk (el 11 de mayo de 2010), un oficio enviado por la universidad a Contraloría y donde se da cuenta de las personas que evaluaron los méritos de este profesor y el certificado de defunción de Boeninger.













































































Fuente:EMOL

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FNE

LA INVESTIGACIÓN ESTARÍA BASTANTE AVANZADA

FNE investiga a Entel, Claro y Movistar sobre oferta de facilidades a OMV

Busca que estas operadoras presenten condiciones que permitan surgir a este mercado.

Por Verónica Moreno



"La Fiscalía Nacional Económica ha estado muy activa, estamos llevando a cabo una investigación que ya lleva sobre los siete tomos y más de una docena de declaraciones", señala el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, sobre la investigación que lleva adelante el organismo que encabeza para verificar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obligó a Entel, Claro y Movistar a disponer de una oferta de facilidades y/o reventa de planes para Operadores Móviles Virtuales (OMV), sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios.

Sobre los resultados que podría tener esta fiscalización, Irarrázabal dice que espera tener buenas noticias, "en el sentido de presionar y obligar a las empresas de telecomunicaciones a que presenten las condiciones que permitan surgir este mercado de manos de otros actores que no sean ellos mismos" y agrega que "además tuvimos la buena noticia de que la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión que había planteado Entel, el que obviamente introducía ciertos ruidos sobre la sentencia original. Quedamos muy conforme de que la Suprema lo rechazó. Hubo un trabajo muy arduo de la FNE, especialmente en temas procesales porque era un recurso bastante curioso en la historia de la libre competencia", sostiene.

Alegatos on net / off net


Por su parte, ayer finalizaron los alegatos en la Tercera Sala de la Corte Suprema, respecto de la venta en paquete de productos fijos y móviles, en el marco del recurso de reclamación presentado por la operadora Tuves en contra de las instrucciones de carácter general sobre esta materia, dictadas en enero pasado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el proceso hicieron sus presentaciones Tuves, Nextel (representada por Carey y Cía), Netline y VTR (Ferrada&Nehme), Claro (Barros & Errázuriz), Entel (Barros Letelier & González), Telefónica (Pellegrini & Urrutia), la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la FNE. 

Felipe Irarrázabal asistió a los alegatos y señaló sobre este proceso que el organismo que encabeza "es bastante claro en el sentido de apoyar la instrucción general del TDLC tanto en los aspectos de on net/off net como en los aspectos de paquetización". Con todo, explica que hay un aspecto que podría ser mejorado. "Creemos que podría ser apropiado introducir ciertas precisiones, específicamente la vigencia de las normas que se establecen en materia de paquetización, que éstas no terminen con la introducción de 4G, sino que se mantengan hasta que exista una regulación por parte de la Subtel que acoja los conceptos y la normativa que está vertida en las instrucciones generales", explica y agrega que la instrucción dictada por el TDLC representa un aporte a las telecomunicaciones y la libre competencia y "quizás ese aporte podría ser aún mayor con esta precisión que permitiría un cierto equilibrio y juego entre estas instrucciones y la regulación sectorial que se pueda dictar a futuro".

Irarrázabal señala que están confiados en que la Corte Suprema debería acoger la posición de la FNE, la que a su vez es coincidente con la posición de la Subtel.

Fuente:df

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Lobby luego de 10 años en el Congreso

Lobby: el proyecto que despierta tras una década en Congreso

La acusación del ministro Jaime Mañalich sobre el lobby "farmacéutico" generó que el gobierno pusiera suma urgencia al proyecto. Ahora se encuentra en la Cámara donde pasó su primera barrera y se espera que para agosto se pueda comenzar la votación final que terminará con un proyecto "símbolo" que lleva 10 años en el Congreso. (TERRA.CL)

Cámara de Diputados. Foto: Agencia UnoCámara de Diputados.Foto: Agencia Uno
  • Por MARCOS FUENTES TOBAR

Agosto promete ser el mes que destrabará la década que mantiene al proyecto de ley que regula el Lobby en Chile. El proyecto pasó su primera prueba en la Comisión de Constitución de la Cámara y desde la próxima semana avanzará con un "preacuerdo" entre los partidos oficialistas y Concertación en la Comisión de Hacienda.

El Lobby se conoce como las acciones dirigidas a "influir" ante la administración pública de modo de promover decisiones que favorezcan a los sectores que realicen este acto.

No obstante pese a este preacuerdo existente y que permitió al proyecto sortear su primera barrera, existe un área que ha suscitado el mayor grado de diferencias entre los parlamentarios: el registro de lobbystas.

Los partidos que conforman la Alianza consideran que esta medida no favorece en nada al proyecto, pues basta con trasparentar quienes piden las citas con los parlamentarios y los temas que se tratan.

Por su parte, desde la vereda opositora argumentan que no es suficiente el verificar a los parlamentarios que reciben estas influencias, sino que es necesario crear un registro de lobbystas que especifique con claridad quienes son las personas que se dedican al rubro.

SUBSECRETARIO ALVARADO: "ES HORA DE PASAR DEL DEBATE AL PRONUNCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA VOTACIÓN"

Subsecretario del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado. Foto: Agencia UnoSubsecretario del ministerio Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.Foto: Agencia Uno

El subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado ha seguido junto al titular de la cartera, Cristián Larroulet, han seguido el proyecto de cerca y se sienten esperanzados que en agosto podría el fin a una epopeya que ha durado una década en el Congreso.

"El debate va bien encausado. Se está desarrollando de buena manera, tiene aportes de todos los sectores políticos. Creo que es la hora de pasar del debate al pronunciamiento a través de la votación. Después que pase de la Comisión de Hacienda, esperamos que para el mes de agosto tener un informe", enfatiza Alvarado.

En tanto frente a la polémica por el registro de lobbystas, el subsecretario explica que "puede darse que se inscriba una o dos organizaciones, por lo que es mucho más práctico y más útil dejar el registro de la audiencia de las personas que quieren ir a compartir una inquietud, una opinión respecto a políticas públicas con las autoridades respectivas".

De esta forma, a juicio de Alvarado, no se obstaculizaría la acción que quieran realizar personas individuales que no pertenecen a grupos de lobby como las ONG, sindicatos, organizaciones gremiales, entre otros.

DÍAZ (PS): "NO TUVIMOS LOS VOTOS SUFICIENTES" PARA APROBAR EL REGISTRO DE LOBBYSTAS

Diputado Marcelo Díaz (PS) Foto: Agencia UnoDiputado Marcelo Díaz (PS)Foto: Agencia Uno

El diputado Marcelo Díaz (PS), integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara estuvo presente cuando pasó por sus manos el proyecto que regula el lobby y recuerda con lamento que por falta de algunos de sus pares de la Concertación no se pudo aprobar el registro de Lobbystas.

"No tuvimos los votos suficientes, faltaron un par de diputados", confiesa.

Para el parlamentario socialista el proyecto es positivo en sí, no obstante fija sólo su control en el parlamentario que es "víctima" del lobby y no en las personas que ejercen este acto. Además atribuye larga estadía en el Congreso al freno del Gobierno.

"El Gobierno siempre ha dicho que el registro de lobbystas ha sido el obstáculo principal para que el proyecto avance", acusa.

SILVA (UDI): "EL REGISTRO DE LOBBYSTAS (…) ES UNA MANERA PARA GENERAR UN MONOPOLIO"

Diputado Ernesto Silva (UDI) Foto: Agencia UnoDiputado Ernesto Silva (UDI)Foto: Agencia Uno

El diputado Ernesto Silva (UDI) integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, lugar donde desde el martes 30 de julio se discutirá la trabajada ley que regula el Lobby. Ante ello el diputado no ve mayores problemas para su pronta aprobación ya que considera "excelente la línea que ha tomado el proyecto del gobierno".

"Lo importante es que cualquier actividad de Lobby o de influencia se haga trasparentemente. Todos los ciudadanos, las comunidades, grupos de interés tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero eso se tiene que hacer de manera trasparente, ese es el punto central", puntualiza Silva.

En tanto frente a la traba del registro de lobbystas cree que es una forma para concentrar el poder del lobby en unas "pocas manos".

"Un registro es una manera que tienen los lobbystas para generar un monopolio: que sean unos pocos los que hagan el Lobby y concentren la actividad, pero eso deja fuera por ejemplo a los presidentes de la Anef, Colegio de Profesores, Colegio de Abogados, ONG's, etc.", advierte.

La conversación de este polémico proyecto se retrasó por motivos de la semana distrital parlamentaria. "El Lobby va a quedar en primer lugar de la tabla en la sesión del próximo martes, ahí lo discutiremos", comenta el diputado Carlos Recondo (UDI).

Un tema que ciertamente sigue cobrando relevancia luego del reportaje denuncia del programa "Contacto" de Canal 13. La investigación se centró en los conflictos de interés de varios parlamentarios, hecho que reabrió el debate por la transparencia en el Congreso, donde la ley de Lobby nuevamente cobra nueva vigencia.

MAÑALICH Y LOS FÁRMACOS QUE PRENDIERON EL LOBBY

Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Foto: Agencia UnoMinistro de Salud, Jaime Mañalich.Foto: Agencia Uno

El pasado 17 de junio, y en el marco de la post discusión por la ley de Fármacos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acusó a diputados de la oposición de haber sido víctimas del Lobby de la industria farmacéutica, hecho que encendió el debate por la falta de regulación en este aspecto.

Por su parte, los parlamentarios aludidos señalaron que "acusarían" al ministro con el Presidente Piñera por sus dichos y específicamente el diputado Núñez (PPD) manifestó que el ministro mentía descaradamente.

A su vez, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez anunció que el Ejecutivo pondría suma urgencia al proyecto para que concluya su periplo de una década en el Parlamento.

"Creemos que este proyecto, dados los últimos acontecimientos, es el que debe ser aprobado para que de cara al país, en forma transparente, cada uno de los parlamentarios siempre tengan la seguridad de poder emitir su voto sin temor a ser juzgados o mal juzgados por la opinión pública o por grupos de interés", señaló en dicha oportunidad la vocera Pérez

Fuente:terra

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CUANDO LAS EMPRESAS SON SOCIALMENTE IRRESPONSABLES.

Caso Farmacias: Más allá de los cursos de ética

Más allá de los juicios respecto al acuerdo, este hecho obliga a reflexionar sobre un desafío urgente para el mundo de los negocios: la percepción ciudadana sobre la ética de los hombres de negocios.

Imagen de Ignacio Larraechea
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25 de Julio, 2013 10:07

Hace algunas semana conocimos del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y los 10  altos ejecutivos implicados en el caso farmacias, quienes,  además de pagar multas, han sido obligados a tomar cursos de ética empresarial,lo cual les permitirá la suspensión condicional por un año del procedimiento.

Más allá de los juicios respecto al acuerdo, este hecho obliga a reflexionar sobre un desafío urgente para el mundo de los negocios: la percepción ciudadana sobre la ética de los hombres de negocios.

En 2012, el informe mundial de competitividad, elaborado anualmente por el IMD World Competitiveness Center, alertó sobre la brutal caída en la credibilidad de los ejecutivos, ítem en el que Chile baja del lugar 6 en el año 2008,  al 42 en 2012.

Este fenómeno es universal. Peter Bakker, presidente del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, WBCSD por su sigla en inglés, destacó que en la última reunión de Davos se informaba que menos del 20% de la gente confía en que los Directivos de grandes compañías dicen la verdad en sus negocios o son éticos en la toma de decisiones.

Ese ambiente de sospecha y desconfianza es un pésimo escenario para que los negocios prosperen. Pero, lejos de ser gratuito o basado en meras percepciones, es producto de cada una de las veces en que algunas empresas, justificando sus acciones en "lo legal", han ignorado lo que es legítimo, defraudando a sus públicos de interés.

Así, esas cuestionadas prácticas se instalan en la mente colectiva como si fuese la conducta generalizada de las empresas. Y en ese clima, a cualquier error se le atribuye intencionalidad y cualquier explicación es recibida como un intento por lavar la imagen. Un entorno en que la judicialización y la denuncia a través de los medios de comunicación masiva terminan ocupando el lugar que debería dominar el diálogo y la negociación.

Cuando decimos que este es un desafío urgente, no estamos exagerando: la experiencia mundial muestra que cuando el mundo de los negocios cae en sospecha, surge la sobrerregulación.¡Y ese sí que es mal negocio!

El camino hacia la recuperación de la confianza de la sociedad en los empresarios y ejecutivos, eje central del quehacer de ACCION RSE, es tan difícil como urgente. Ese camino lo están recorriendo cada vez más empresas a través de la renovación de sus prácticas y de sus políticas. Hoy existen reportes de sustentabilidad, programas de calidad de vida para trabajadores, introducción de tecnologías limpias y proyectos de desarrollo de las comunidades que eran impensables hace 20 años.

No obstante estos avances, aún no logramos revertir la desconfianza. Nadie puede garantizar que no se repitan casos aislados de faltas graves a la ética, como los que hemos conocido estos últimos años. Lo que si podemos hacer es apurar el paso hacia un modelo sustentable de hacer negocios, en que las empresas "hablen con acciones" y que los ciudadanos logren percibir que no se trata sólo de maximizar las utilidades sino de un compromiso genuino con el país. 





Fuente:EVACANUDO

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Rodrigo González Fernández
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Córdoba, Ver.- La confiabilidad de los elementos de Tránsito Estatal y Policía Vial, así como la tranquilidad y la calidad del servicio que deben prestar a los ciudadanos, son los aspectos fundamentales que la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General de Tránsito del Estado pretenden ofrecer a los ciudadanos mediante una debida capacitación y profesionalización del personal.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la DGTE, Roberto López Santoyo, al afirmar que de ninguna manera se permitirán en la función de Tránsito y Seguridad Vial, esquemas de corrupción e inclusive de colusión con la delincuencia organizada por parte de los elementos, como sucedía con los elementos municipales.

"En la función de transito y seguridad vial definitivamente no vamos a permitir un esquema de corrupción e inclusive de estar coludidos con la delincuencia organizada, a elementos como lo estaban los tránsitos municipales, por eso el Mando Único se integra con personal eminentemente confiable, capacitado y profesionalizado, superando los estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública", puntualizó.

El funcionario estatal recordó que no basta solamente con traer más oficiales de tránsito a una ciudad, pues no es el número de elementos lo que resolverá la situación, sino la capacitación, profesionalización y confiabilidad del personal que labore en beneficio de los ciudadanos.

Por ahora dijo que en la Academia Estatal de Policía se encuentra un número muy importante de Policías Viales que están a punto de graduarse y que serán quienes vengan a trabajar a la zona Córdoba – Fortín, para unirse al trabajo que se ha realizado desde la instalación del Mando Único en materia de seguridad vial.

Sin embargo, insistió en señalar que lo que debe evitarse es priorizar el aumento en el número de oficiales de tránsito, sin vigilar de cerca la profesionalización y confiabilidad de los mismos, a fin de no caer nuevamente en los actos de corrupción cometidos en su momento por tránsito municipal.

"Lo que si debemos evitar es que por tener más oficiales de tránsito, caigamos en los actos de corrupción como cuando transito estaba a cargo del ámbito municipal y no sólo de corrupción en el aspecto de hacer a un lado las normas básicas de respeto a la seguridad vial o a las infracciones, tenemos que recordar que había elementos que participaban ya en actos delictivos muy delicados y que ahora con la policía estatal y el Mando Único, eso no sucede", afirmó.

Finalmente, Roberto López Santoyo sostuvo que de la instalación del Mando Único en la región de Córdoba a la fecha, no se tiene registro de alguna queja por actos de corrupción o por intento de extorsión cometida por elementos de seguridad vial.

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