CORRUPCIÓN

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viernes, 4 de octubre de 2013

CASI SQM

Fiscalía critica a la SVS por negar antecedentes del caso SQM y acude a la Corte de Apelaciones

Fiscal José Morales dijo que se demostró que la reserva aludida por la SVS no fue eficiente. Hoy presentará el recurso. Invocarán jurisprudencia porCaso D&S-Falabella.

por Natalia Godoy - 04/10/2013 - 03:41
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La Fiscalía Regional Centro Norte presentará hoy un recurso especial, amparado en el Artículo 19 del Código Procesal Penal, con el fin de que laSuperintendencia de Valores y Seguros (SVS)le entregue la formulación de cargos en contra de Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán, por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores.

José Morales, fiscal a cargo de la investigación penal en el caso cascada, explicó que esta medida la tomaron a raíz de la negativa de la SVS de entregar al Ministerio Público esos antecedentes, aun cuando la información ha sido filtrada por los medios de prensa. "Ha quedado demostrado que la reserva aducida por el superintendente no ha sido eficiente para efectos de asegurar lo que él está tratando de preservar que no suceda con el Ministerio Público. Por lo tanto, no entendemos la negativa de no entregar los antecedentes", indicó José Morales. Agregó que, hasta ahora, y mediante oficios, sólo ha pedido la formulación de cargos y no el expediente completo: "Obviamente que esto retrasa la investigación para poder decretar diligencias y acelerar una investigación de esta magnitud y naturaleza".

José Morales indicó que uno de los argumentos que expondrán al tribunal es que"la reserva sustentada por el superintendente no puede ser obstáculo a las facultades de investigación del Ministerio Público, y así lo ha dicho en jurisprudencia la Corte de Apelaciones".

Explicó que la jurisprudencia corresponde al caso D&S y Falabella. En aquella oportunidad la SVS se opuso a entregar la formulación de cargos al Ministerio Público y, tras recurrir a la Corte de Apelaciones, obtuvieron la información. "También nos avala que esta misma superintendencia, en otro caso como La Polar, operó de una forma distinta. Ahí nos entregó todos los antecedentes al día siguiente de la solicitud". Recuerda que "en el caso La Polar se formularon cargos el 13 de julio de 2011, luego la fiscalía solicitó los antecedentes el 14 de julio al superintendente y este mismo superintendente los envió el 15 de julio, solicitando que la fiscalía mantuviera la reserva legal, cuestión que se hizo en los mismos términos que ahora". Por eso, enfatiza, "no vemos cuál es la diferencia de porqué la SVS actúa de una forma en una investigación como en el caso La Polar, y actúa de una forma distinta en el caso cascada, dificultando el actuar de la fiscalía", señaló.

Fernando Coloma indicó que entregará los antecedentes al Ministerio Público, cuando la Corte de Apelaciones se los pida. Explicó que "se le dijo que se le entregaba, pero sujeto a que dieran garantías de cómo iban a cuidar la reserva; es decir, qué iban a hacer para cuidarla. Ellos plantearon que no estaban en posición de garantizar esa reserva en los términos en que nosotros se los planteamos".

Mauricio Daza, abogado representante de Roberto Lobos, accionista minoritario que lleva adelante una querella en contra de Julio Ponce, también criticó el actuar de Fernando Coloma, de negarse a colaborar con la arista penal del caso. "No resulta serio que la SVS niegue a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad los antecedentes que fundan los cargos realizados en contra de Julio Ponce Lerou y de personas que participaban en la administración de sus empresas cascadas, sosteniendo que dicha información sería confidencial y que el Ministerio Público no entregaría garantías de que sea resguardada debidamente, cuando dichos cargos han sido divulgados detalladamente por la prensa".

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jueves, 3 de octubre de 2013

Lleonidas Larraín en el ojo de SVS por Cascadas

SVS apunta directamente a Leonidas Vial y Larraín Vial en caso Cascadas

La SVS califica a la corredora y las sociedades de Leon Vial como "instrumentales" en las operaciones y de afectar la transparencia y confianza del mercado. Investigación también salpica a Celfin

No se equivocaba el abogado y director de Moneda Asset Management, Pedro Pablo Gutiérrez, cuando dijo hace dos semanas que la formulación de cargos que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Julio Ponce Lerou y su círculo de hierro en las sociedades cascadas de SQM, daría pie al mayor escándalo político y económico de Chile.

El oficio con que la SVS acusó al controlador de SQM el pasado 10 de septiembre, puso sobre la mesa el nombre del primero de los encumbrados representantes del establishment empresarial local involucrados en las cuestionadas operaciones.

Se trata de Leonidas Vial, el dueño de la mayor corredora de bolsa de Chile, Larraín Vial, principal accionista de la concesionaria Blanco y Negro que gestiona al club de fútbol Colo-Colo y director de la Bolsa de Comercio de Santiago.

La SVS dice que Vial —a través de dos sociedades de su propiedad, Saint Thomas (ST) y Agrícola e Inversiones La Viña— formó parte de la estructura de sociedades que participaron en las operaciones con algunas de las 'cascadas', en su caso como "sociedades instrumentales".

Vial reconoce en su declaración que Manuel Bulnes, gerente general de la corredora Larraín Vial, y Felipe Errázuriz, gerente de distribución institucional, se comunicaban con él para ofrecerlenegocios. "Ellos se comunican conmigo para ofrecerme negocios para ST y La Viña. ST es inversionista de, al menos, 20 sociedades. Suelo ser invitado a todos los negocios que puedan pasar por la corredora de Bolsa, a través de Felipe Errázuriz y Manuel Bulnes", explicó Vial en su declaración.

El documento del regulador sostiene que la corredora actuó en una forma que se ajustaba a la norma, pero con mecanismos "engañosos", cuya "reiteración y extensión en el tiempo, habrían afectado el correcto funcionamiento del mercado de volares y por lo tanto la confianza y transparencia del mismo".

La SVS presume en su formulación de cargos que Ponce Lerou fue quien planeó el esquema de operaciones entre distintas sociedades, donde fue parte Larraín Vial, al cual también se sumaban Roberto Guzmán, asesor cercano a Ponce, y el ex dueño de la desaparecida corredora Transcorp, Alberto Le Blanc.

De acuerdo a la investigación, Transcorp operaba a través de Celfin. Dos ejecutivos de la corredora así lo afirman en el documento, pero ante consultas de la SVS pidiendo ver copias de contratos entre Transcorp y Celfin, la corredora respondió que Tanscorp no actuaba como agente oficial y que Celfin era una de varias firmas por medio de la cual Transcorp operaba.

La autoridad además, revela la forma en que operaba el esquema de Ponce Lerou, que permitía "engañar" al mercado. "El engaño se manifestaría en el conjunto de transacciones bursátiles efectuadas a partir del esquema descrito, para cuya materialización se adoptaron diversos mecanismos bursátiles, caracterizados por la reiteración en su uso, a saber, principalmente, de remates que se efectuaban a precios aparentemente bajo el mercado en un solo lote y con una difusión que no se condecía con el objetivo de maximizar la recaudación proveniente de tales transacciones; remates efectuados a precios aparentemente sobre el mercado; OD (órdenes directas, donde el vendedor y el comprador es el mismo agente) con difusión de tres minutos y OD sin difusión, siendo una parte importante de estas últimas realizadas sin difusión por la intervención de Larraín Vial", indica el documento.

La SVS habla de una estructura que aseguraba resultados de operaciones en beneficio de Ponce Lerou.

LOS DESCARGOS DE LARRAÍN VIAL

Consultada al respecto, LarraínVial descartó plenamente haber tenido conocimiento o haber sido parte de una estrategia para favorecer a un cliente sobre otro. También reiteró "su actuar transparente y apegado al estricto cumplimiento de las normas del mercado de valores".

"Como el mayor operador de la industria, LarraínVial participa normalmente en las principales transacciones del mercado, y en este caso particular intermedió para todos los actores interesados, actuando siempre en el mejor interés de las partes", señaló.

Cabe destacar que el documento tiene 344 páginas y hay varias aristas que este medio seguirá publicando.

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corrupción

Detienen por corrupción al presidente del Constitucional en Indonesia

Las autoridades indonesias procedieron anoche a la detención del presidente del Tribunal Constitucional del país por cargos de corrupción, en el último de los intentos de combatir este problema endémico en la sociedad indonesia, informan medios locales.

Los miembros de la Comisión para la Eradicación de la Corrupción realizaron durante la noche del miércoles una redada en la casa del magistrado Akil Mochtar, máximo cargo del TC indonesio, que terminó con la detención de este y otras 4 personas, entre ellos un político, informa el diario "Jakarta Globe".

El grupo especializado en delitos de corrupción indicó que se han incautado dinero por valor de unos 3.000 millones de rupias indonesias (261.000 dólares o 192.000 euros) durante la operación, cuyos detalles se desvelarán esta tarde en rueda de prensa.

"Los investigadores encontraron (en la casa del presidente del Tribunal Constitucional) una gran cantidad de dinero en dólares de Singapur", apuntó Johan Budi, portavoz de la comisión anticorrupción.

La detención está ligada a unas disputas electorales en el distrito de Gunung Mas, en la provincia de Kalimantan Central, de las que se encarga el TC.

Según el citado diario, el pago del supuesto soborno tuvo lugar en la casa del juez, en un complejo de viviendas ministeriales en el sur de Yakarta.

Akil, de 62 años, comenzó a servir como juez del Tribunal Constitucional en 2008 y fue nombrado presidente el pasado abril.

"Para ofrecer un mejor acceso a la justicia, aquellos que busquen justicia pueden venir al Tribunal Constitucional, incluso sin un costoso abogado. Nosotros los ayudaremos", declaró Akil durante su juramento del cargo.

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miércoles, 2 de octubre de 2013

EL CASO LA POLAR, IRRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Escándalo La Polar: los vicios de la prensa

By  | on 02/10/2013 | 0 comentarios

Hugo Traslaviña, autor del libro "Llegar y llevar" conversó con Gloo sobre el tratamiento de los medios al caso que sacudió a La Polar.

Por Javiera Silva | @javisilva_ y Nicolás Muñoz | @mc_nico

El periodista Hugo Traslaviña (58) realizó gran parte de su carrera en la revista APSI durante la Dictadura. Allí luchó junto a colegas como Fernando Paulsen por el valor de informar en tiempos de censura periodística. Sin embargo, su investigación más importante fue en 2003 cuando plasmó en un libro los detalles de la estafa en el caso Inverlink. Este año volvió a golpear con la investigación más detallada sobre el escándalo de La Polar: "Llegar y llevar: cómo se fraguó la estafa del siglo".

Pablo Alcalde

Fuente: Emol.com

A principios de septiembre, el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, consiguió permiso del Tribunal para viajar por 15 días al Lago Ranco y Zapallar. Pese a que el ex gerente cumple una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por el caso de las repactaciones unilaterales, la fiscalía aprobó sin oposición el permiso. Lo único que tuvo que hacer el imputado fue dejar un monto de dinero en garantía. Los medios de comunicación cubrieron esta noticia, pero, ¿por qué no se abrió el debate sobre esta decisión de los tribunales?¿Por qué la libertad de algunos hombres tiene precio? ¿Qué está en juego en los medios de comunicación cuando hablan del escándalo de La Polar? Hugo Traslaviña nos respondió las interrogantes.

 La complicidad de los medios

 A fines de 2010, diversos medios premiaron a Alcalde por su destacada labor como gerente de La Polar. Incluso, La Tercera lo premió como el "mejor ejecutivo de la década". Al respecto, Traslaviña es enfático: "Los hechos demuestran que los medios no sólo no investigaron los turbios negocios y el falseamiento de estados financieros de La Polar. Tampoco investigaron a las autoridades reguladoras o las firmas auditoras".

Sobre los nexos entre directores de los medios y la plana mayor de La Polar, el periodista afirma lo siguiente: "Baltazar Sánchez trabaja en el Diario Financiero y fue alto directivo y accionista de la multitienda. Además,todo el grupo Copesa está comprometido porque su director, Álvaro Saieh, compró el 10% de La Polar en plena crisis".

Escrito por Hugo Traslaviña, es la investigación más completa sobre el caso La Polar

Escrito por Hugo Traslaviña. Es la investigación más completa sobre el caso La Polar

No obstante, también hubo medios que se dedicaron a investigar e informar acuciosamente sobre el escándalo de La Polar. Según el autor de Llegar y llevar, los medios más destacados fueron Cipery El Mostrador. Al respecto, Mirko Macari, director del último medio mencionado, afirmó: "No hay prensa de investigación en Chile, salvo Ciper que es financiado por Saieh. La prensa en Chile, en general, siempre ha sido tributaria de algún tipo de poder: político, empresarial o religioso". Además, añadió que desde la vuelta a la democracia la ideología dominante, el neoliberalismo, "transformó a los empresarios en héroes. La prensa en Chile, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no es un contrapoder".

Gloo se contactó con periodistas del área de Negocios de La Tercera y hasta el cierre de esta nota no se refirieron al caso.

Ante la responsabilidad que han tenido ciertos medios de comunicación, Traslaviña cree que aquellos que premiaron las hazañas de La Polar le deben un mea culpa ético a su público, porque se equivocaron en el reporteo. Y con la premiación de este empresario, ayudaron a que muchos potenciales inversionistas compraran acciones en una empresa que estaba haciendo malos negocios.

De momento, la falta de debate que proponen los medios de comunicación tradicionales se mantiene. No ha existido un reconocimiento de responsabilidades por parte de la prensa.  Más aún, se ha actuado con amnesia, según comentó Traslaviña a Gloo, sin recordar que alguna vez premiaron a quienes fueron sorprendidos cometiendo un fraude. La premiación y el ensalzamiento de estos empresarios son un hecho. ¿Volverá a pasar? Debemos esperar otra noticia sobre el caso La Polar para comprobar si diarios como La Tercera reivindicarán el error que hace un par de años cometieron.

Si quieres leer la entrevista completa de Gloo a Hugo Traslaviña, haz clic aquí. 

También puedes revisar la entrevista que dio a Radio Cooperativa:

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CORRUPCION: PERU

Enfrentar a la corrupción

Martes, 01 de octubre de 2013 | 4:30 am

Existe una creciente conciencia sobre cómo la corrupción mina la democracia, no solo en el plano económico sino como fuente de destrucción de las instituciones y de pérdida de fe en la justicia. Según la última encuesta de GfK, un 57% de los peruanos declara sentirse decepcionado por la situación legal de los últimos tres ex presidentes: Alberto Fujimori en la cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad, y Alejandro Toledo y Alan García enfrentando serias denuncias por corrupción. Es igualmente elocuente que las reacciones más extendidas entre los ciudadanos sean vergüenza, rechazo y enfado.

Tan grave como la corrupción es la trama de complicidades que permite la impunidad, y la ausencia de medidas de control para frenar esta plaga. Existen mecanismos que los corruptos pueden utilizar –y utilizan– para burlar la justicia, en muchos casos contando con la complicidad de funcionarios del Poder Judicial. En una entrevista realizada por Rosa María Palacios al procurador anticorrupción Julio Arbizú, publicada en estas páginas, este expone claramente este panorama. Los corruptos que han fugado al extranjero recurren en unos casos a aprovechar que algunos países no extraditan a sus nacionales; recurren entonces a la maniobra de hacerse nacionales de los países donde están refugiados. Es el caso de las hermanas de Alberto Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi, refugiados en el Japón.

Corruptos radicados en Chile han aprovechado la figura legal de la imposibilidad de la existencia de la doble incriminación: el delito de peculado en Chile considera a los funcionarios del estado pero no alcanza a los particulares, como sí sucede en el Perú, y esta diferencia entre la legislación de ambos países los salva de la extradición.

El medio más socorrido para lograr la impunidad es conseguir la prescripción de los delitos por los cuales los corruptos están acusados. Es la estrategia que siguió Alan García, con la ayuda de Vladimiro Montesinos, para no responder por los delitos cometidos durante su primer gobierno de los que se le acusaba (http://bit.ly/15GdKkd).

Aparte de que la prescripción salva a los corruptos de pagar por los delitos que han cometido, esta tiene el efecto pernicioso adicional de "blanquear"  la plata mal habida. De esta manera, pueden retornar y utilizar ese dinero como si fuera procedente de una fuente legítima, con todos los efectos disolventes que este hecho tiene para la sociedad.

El procurador Arbizú señala que existe un mecanismo para impedir que los corruptos se acojan a la prescripción y es demandar a las salas encargadas de su juzgamiento para que, en el caso de ser contumaces, se les suspenda el plazo de prescripción. El pequeño detalle es que hay que pedirlo y si los encargados de hacerlo no lo hacen, sea por negligencia o por arreglos corruptos, los plazos corren y los corruptos pueden acogerse a la prescripción. Adicionalmente, la declaración de contumacia tiene que ser renovada periódicamente, y si esto no se cumple los corruptos tienen, otra vez, la oportunidad de salvarse: buenas oportunidades para mover los contactos corruptos en el Poder Judicial.

Arbizú señala que una de las primeras cosas que hizo al hacerse cargo de la procuraduría anticorrupción fue actualizar los pedidos en torno a estas cuestiones clave. Se entiende pues por qué los parlamentarios apristas y fujimoristas están tan interesados en destituirlo; lo ideal sería contar con funcionarios que miren hacia otra parte mientras los plazos corren.

Arbizú subraya la necesidad de impulsar el debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esto es fundamental. Nada justifica que el robo del dinero de todos los peruanos merezca el perdón, borrón y cuenta nueva, para que los corruptos vuelvan al país a disfrutar impunemente del botín mal habido, o a ocupar altos cargos políticos, como ya ha sucedido. No hay nada que esperar del parlamento sobre este tema, tan penetrado como está por los representantes de la corrupción, y por corruptos como los que se descubren frecuentemente. Solo la movilización ciudadana podría liquidar esta fuente de desmoralización que impide construir una democracia verdaderamente sólida. Es necesario hacer campaña por la limpieza de nuestras instituciones.

Nelson ManriqueNelson Manrique

Nelson Manrique Gálvez nació en Huancayo en diciembre de 1947. Es historiador y sociólogo. Obtuvo una maestría en la Universidad Católica del Perú, y un doctorado en Historia y Civilizaciones en la École de Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, en la escuela francesa de posgrado.

 

Profesor en varias universidades de Lima, también se desempeña como periodista y columnista. Su trabajo lo focaliza en temas de historia social y violencia política. Es un estudioso de las nuevas tecnologías y de la red global.

 

Nelson Manrique es un autor muy prolífico, entre sus libros tenemos: "¡Usted fue aprista! Bases para una historia crítica del APRA" (Lima: Fondo Editorial – PUCP, 2009), "La piel y la pluma. Escritos sobre literatura, etnicidad y racismo" (CDIAG y SUR, Lima, 1999), "La sociedad virtual y otros ensayos" (Universidad Católica del Perú, Lima, 1997), "Género, clase y etnia. En tiempos de ira y de amor: nuevos actores para viejos problemas". Desco, 1990. Cada martes publica su columna de opinión titulada En Construcción, en el diario La República.

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ALGO DEL JARRON DE LAGOS DEBE RETORNAR A LA CORFO

Chilquinta Deberá Restituir $1.000 Millones a Corfo en Caso Inverlink

   
   
   

Un avance en una de las causas derivadas del caso Inverlink se registró este 30 de septiembre, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia contra la distribuidora eléctrica Chilquinta en la que obliga a esta empresa a restituir a Corfo la cantidad de $1.000 millones.

Este monto corresponde a parte de los fondos que fueron sustraídos a Corfo por el holding Inverlink y que este grupo empresarial –liderado por Eduardo Monasterio- utilizó para cubrir sus obligaciones con distintos inversionistas, entre los que se encontraba Chilquinta.

Cabe recordar que en febrero de 2003 se descubrió que la secretaria del entonces Presidente del Banco Central filtraba información privilegiada desde el instituto emisor a Enzo Bertinelli, alto ejecutivo de Inverlink. La corredora de bolsa de este grupo empresarial, utilizaba los datos obtenidos para realizar transacciones en el mercado que generaban altos dividendos a los inversionistas que confiaban en sus gestiones, pero que al conocer el escándalo exigieron la devolución de los montos invertidos.

Entonces, Inverlink sustrajo desde Corfo depósitos a plazo y pagarés que liquidó en el mercado para "hacer caja" y cubrir los montos requeridos por sus inversionistas, lo que generó una serie de acciones legales que desde el año 2010 a la fecha la Fiscalía de Corfo ha conseguido acelerar. 

"Esta causa es una de las 26 demandas interpuestas por Corfo bajo la figura de 'provecho del dolo ajeno', en las que exigimos restituir los fondos que fueron sustraídos al Estado", explica Marco Riveros, Fiscal de Corfo.


Fuente:ESTRATEGIA

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lunes, 30 de septiembre de 2013

ESPAÑA: CORRUPCION SOCIALISTA

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: La corrupción se extendía sin solución de continuidad por el sindicato, la Junta, el partido y el Gobierno de la Nación porque todos eran "de los nuestros", todos eran los mismos.

 
  • SILVIA MORENO SEVILLA
  • 29/09/2013 PORTADA

UGT engañó al Gobierno con la trama de las facturas falsas Cobraba más de lo que pagaba, a cuenta de una subvención de Trabajo cuando Valeriano Gómez era ministro Una factura cargada a la Junta de Andalucía fue inflada en un 327% y su albarán incluye la palabra 'Bote'

UGT de Andalucía no sólo coló facturas falsas a la Junta de Andalucía, sino que también lo hizo con el Gobierno. EL MUNDO ha recabado nuevas pruebas de los desmanes contables del sindicato que demuestran que el Ministerio de Trabajo también costeó recibos inflados cuando el socialista Valeriano Gómez era su titular.
El sindicato cobró un 30% más de lo que pagó, a cuenta de una subvención de una fundación dependiente del Ministerio. Otra factura cargada a la Junta de Andalucía fue inflada en un 327% y su albarán incluye la palabra «bote».
La factura fraudulenta cargada al Gobierno por UGT-A es la A/957, fechada el 31 de diciembre de 2011, con cargo al expediente 1110/11, por el «recopilatorio de publicaciones elaboradas por el departamento de asistencia para la prevención de riesgos laborales», que consta de 10.000 DVD, como se puede leer en el documento que se reproduce en la parte superior de esta página. 
La factura, que emite el proveedor habitual de UGT Lienzo Gráfico, sirve para justificar la subvención IT-172/2010 de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que dependía, cuando se concedió la ayuda pública, del Ministerio de Trabajo que dirigía Valeriano Gómez, durante la etapa como presidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Aunque el recibo se emite por un importe de 12.000 euros, el coste real de los 10.000 DVD con sus correspondientes estuches es mucho menor, según detallan los albaranes 111 y 49. Los estuches cuestan 2.698 euros y los DVD, 5.168 euros. Con el correspondiente IVA, la cantidad total es de 9.281,88 euros. 
Es decir, que la fundación que depende del Gobierno abonó una factura inflada un 29% sobre el precio real del producto. 
Lo curioso es que UGT abonó la factura inflada el 31 de diciembre de 2011 y la tuvo que presentar en el Ministerio con posterioridad, cuando la responsable era ya Fátima Báñez (PP). La toma de posesión de Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social se produjo el 22 de diciembre de 2011, nueve días antes de la fecha de la factura.
Hay una segunda factura más, también inflada, que el sindicato cargó a la misma Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de Ministerio de Trabajo. Se trata de la A/956, fechada igualmente el 31 de diciembre de 2011, por un importe de 22.610,54 euros por un coleccionable sobre prevención de riesgos laborales. El albarán número 194 asignado a la factura lleva anotado a mano la palabra «saldo», que usan UGT y sus proveedores como sinónimo de «bote». 
Hasta ahora, la única víctima de las facturas falseadas de UGT-A había sido la Junta de Andalucía. 
La federación andaluza del sindicato que lidera Cándido Méndez diseñó un sistema para presuntamente saquear fondos públicos a través de la emisión de facturas falseadas e infladas con sus proveedores de confianza que luego endosaba a la Junta, como viene informando este diario. 
Con las cantidades que iba inflando en cada factura, UGT llegó a acumular un «bote» –como ellos mismos lo han denominado en los correos electrónicos– de 124.000 euros con un único proveedor de confianza, Lienzo Gráfico, la misma empresa que imprimía su revista o le confeccionaba todo tipo de carteles, pegatinas o libros. 
Las facturas irregulares cargadas al Gobierno son una prueba más de que los presuntos desvíos de fondos públicos a través de la contabilidad fraudulenta no son un caso aislado o un error puntual, como defiende el líder de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, sino que se hicieron por sistema. 
De hecho, se han cargado facturas irregulares a cuatro consejerías distintas de la Junta de Andalucía, que sigue revisando la documentación contable, a través de un sistema instaurado desde hace años con los proveedores habituales y de confianza de UGT-A. 
Entre la nueva documentación a la que ha tenido acceso este diario, destaca la factura A/248, fechada el 27 de marzo de 2012, correspondiente a 5.000 ejemplares de la «Guía práctica de servicios en materia de prevención de riesgos laborales», por un importe de 15.000 euros, y que también confeccionó la empresa Lienzo Gráfico. El documento ilustra la parte inferior de la página anterior. 
En la factura aparentemente no hay nada raro, pero, al cotejarla con su albarán, el 390, es cuando saltan las alarmas, porque las 5.000 guías sobre prevención de riesgos laborales, en realidad, sólo costaban 3.375 euros. Es decir, que la factura se infló hasta un 327%. 
El albarán aporta más pruebas de los manejos de UGT, ya que lleva manuscrito y subrayado la expresión «c/bote», que quiere decir «contra bote», un término utilizado en la contabilidad del sindicato para avisar de que la factura que incluya ese albarán se va a inflar. 
Así, factura a factura, el «bote» acumulado por UGT-A derivado del presunto saqueo de las arcas públicas iba creciendo. Luego, el sindicato empleaba ese dinero en su propaganda u otro tipo de gastos de difícil justificación ante la Administración. 
Este documento inflado al 327% sirvió para justificar una subvención de la Consejería andaluza de Empleo –ahora denominada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo– correspondiente al programa 1106 de «actividades divulgativas sobre la prevención de riesgos laborales». 
Lienzo Gráfico, la empresa que presuntamente falseó las facturas A/957, A/956 y la A/248 que terminaron pagando el Gobierno y la Junta, es uno de los proveedores habituales de UGT-A, el mismo con el que llegó a acumular los 124.000 euros de «bote». Los fondos que iban engordando el «bote» del sindicato procedían de la diferencia entre el coste real de una factura y el sobreprecio pagado por las administraciones. 
Esta empresa fue la que imprimió los 183.000 ejemplares del número 22 de la revista del sindicato, así como un coleccionable, por los que cobró 29.774,94 euros. UGT pagó la impresión y distribución de la revista que elabora para sus afiliados con fondos de formación profesional para parados, subvencionados por la Junta y con financiación de la UE. 
El uso fraudulento de las subvenciones por parte de UGT Andalucía incluye también el desvío de los fondos públicos destinados a la lucha contra el paro o a los cursos de formación a la propaganda del sindicato, e incluso a una cena con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla en 2010. UGT-A abonó por esta fiesta nocturna para 150 invitados 12.716,23 euros, aunque la factura la cargó finalmente a la subvención anual que otorgaba la antigua Consejería de Empleo para sufragar los gastos de representación del sindicato en la negociación colectiva.
El propio líder de UGT-A está implicado en los desvíos de fondos. Fernández Sevilla contrató la organización de los actos del Día de la Mujer que se celebraron en Cádiz el año pasado y todo ello se cargó a una subvención para gastos derivados de la participación en los procesos de negociación colectiva.

  • Mª AMELIA BRENES JAÉN CORRESPONSAL
  • 29/09/2013 ESPAÑA
Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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