| Por Alejandro Fainé y René González
"Es una persona capaz de asumir responsabilidades y responder por ellas". Así describió a Claudio Carreño la empresa de head hunter Alta Decisión, quien con estos atributos lideró la lista de postulantes al cargo de gerente de Administración de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) en 2004.
Frase traicionera, si se considera que ahora es sindicado tanto por el Ministerio Público, Investigaciones, Contraloría e informes internos de la estatal como pieza clave en las millonarias irregularidades contra la empresa. No sólo se vinculó directamente en acciones anómalas, sino que además supervigilaba la actuación del hoy también formalizado jefe de la Unidad de Consumos Básicos, Guido Olavarría.
Ambos se mantuvieron durante un año y medio, lapso en el que se habría producido un perjuicio contra EFE de $230 millones, según pericias contenidas en la investigación del fiscal José Manuel Ramírez. La Segunda tuvo acceso exclusivo al archivo del Ministerio Público sobre el caso, el que aclara cómo operó este grupo; las asignaciones a dedo a amistades y parientes; un irritante detalle de mejoras en estaciones que sólo quedaron en el papel y los tiempos que se tomó el Consejo de Defensa del Estado para decidir hacerse parte.
Los trabajos de "la prima"
131 trabajos sin respaldo presupuestario previo realizaron para la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) tres contratistas, los mismos que en forma casi exclusiva fueron considerados por la Unidad de Consumos Básicos para hacer de todo, aunque en general no hicieron, o cuando lo hicieron fue poco, mal y cobraron mucho.
Anastasio Cerda González, Jéssica Castro Alvarez (ambos ya formalizados en el caso) y Enrique Márquez Blanco acapararon los trabajos solicitados por el jefe de esa unidad, Guido Olavarría. Más de la mitad del total invertido se canalizó a través de la mujer, según el informe técnico contable del perito de la Corte Suprema Sergio Rivero Castro.
En él se señala que ella "presenta una relación familiar" con Olavarría. El fiscal de EFE, Jean Pierre Warnier la especificó: prima política.
¿Y cómo operaba este jefe de la Unidad de Consumos Básicos? Su departamento debía realizar pequeños, pero vitales gastos para mantener el servicio de trenes andando. Tenía que pagar las cuentas de luz, agua, teléfono y gas, además de realizar reparaciones menores de urgencia.
Sin embargo, "dispuso de reparaciones de urgencia que no eran de urgencia o menores... y cuyos montos fueron deliberadamente fraccionados para ser aceptados como consumos básicos", señala la querella de EFE, a raíz de distintos informes periciales que concuerdan en ello.
Antes de su gestión, su unidad solía utilizar anualmente unos $4 millones. En 2005, bajo su mando, el monto se empinó a casi $100 millones y entre enero y abril del año pasado gastó $79 millones.
Carreño sobre Olavarría: Es honorable
Ello encendió luces rojas en la estatal, y fue así como en mayo de 2006 Guido Olavarría tuvo que responder a los cuestionamientos de la auditora interna Laura Valenzuela Bahamondes.
Ella le pidió los presupuestos de las obras. Sólo obtuvo los de empresas "como eléctricas y aguas", pero le dijo que del resto no tenía nada porque "eran trabajos de urgencia".
Pero la auditora sabía que él había concentrado en los contratistas Cerda, Márquez y Jéssica Castro la totalidad de las obras.
Así el jefe de Consumos Básicos le confidenció que la mayoría de las tareas eran para O&C porque se había comprometido a "asignarle todos los trabajos a cambio de que ellos realizaran un diagnóstico de las necesidades de mantención que requerían las estaciones y recintos".
Laura Valenzuela le preguntó si Jéssica Castro (su prima) tenía alguna relación con O&C y él respondió que... no la conocía.
En su declaración judicial, la auditora señaló también que "Carreño (el gerente de Administración) estaba muy interesado en el avance de la auditoría y sus resultados, argumentando que conocía de bastante tiempo al jefe de Consumos Básicos y que era una persona honorable".
Valenzuela tenía más bajo la manga. Le dijo a los detectives que "la mayoría de los jefes de estaciones y recintos indicaron que ninguno de ellos habían solicitado los supuestos trabajos".
Y comienzan los trabajos fantasmas
Los efectivos entonces realizaron un barrido en terreno, verificando lo que les contó la mujer. Conversaron así con el encargado de supervisión y manutención de Estación Central, Sergio Lantadilla Tobar, quien dijo que "el 24 de marzo me percaté de que en el pasillo del segundo piso, andén 6, se estaban desarrollando trabajos eléctricos..., los cuales nunca fueron solicitados por nuestra subgerencia".
El funcionario solicitó a los encargados de la contratista O&C documentos de respaldo de las obras. Nunca llegaron, "lo que originó la paralización definitiva de la obra".
Continuando con su barrido, los detectives indagaron reparaciones supuestamente realizadas por orden de la Unidad de Consumos Básicos la Maestranza San Eugenio de EFE.
Pero la policía se topó con que las obras supuestamente pagadas por la estatal habían sido de costo de la empresa vecina de la maestranza, Temoinsa, cuyo gerente general, Amador Rodríguez Penin, declaró: "No es efectivo que estos trabajos fueron realizados por la contratista Jéssica Castro, como figura en las facturas que en fotocopia se me exhiben".
Irregularidades de contratistas por $159 millones
Con antecedentes similares, el perito Sergio Rivero llegó a la conclusión de que los tres contratistas manejaron irregularmente trabajos cobrados en exceso, no ejecutados o parcialmente realizados, por $ 159.172.262.
Agrega que ello fue posible gracias a que "el jefe de la Unidad de Consumos Básicos, Guido Olavarría, autorizó trabajos sin realizar previamente un proceso de calificación y selección de prestadores de servicios... (y las obras) no contaban con un presupuesto detallado".
Así habla de que Jéssica Castro facturó 76 obras desde Estación Central hasta Temuco por $ 127 millones, generando un perjuicio a EFE por $ 92 millones.
En este punto, y concordando con posteriores conclusiones de la policía, cita al ex gerente de Administración, Carlos Carreño, jefe de Olavarría, quien aparece firmando facturas, por lo que "estaba en conocimiento" de las irregularidades.
La quiosquera que arregló los baños
Respecto del contratista Anastasio Cerda, el perito sostiene que los 42 trabajos que le fueron asignados implicaron un perjuicio para la estatal de $49 millones.
Con el fin de asentar la veracidad de las irregularidades, EFE contrató los servicios de la consultora RAE, la que revisó en terreno obras y las valorizó. En el informe final figuran numerosas anomalías, supuestamente cometidas desde Santiago a Talca por este contratista.
Una de ellas es la que sufrió Rosa Martínez, quien desde hace cinco años es concesionaria del quiosco que está en el hall de la estación San Bernardo. La Unidad de Servicios Básicos, destinó $1.178.100 para arreglar sus baños sin costo para ella. Algo que la microempresaria desmiente: "Mi concesión incluye la operación y mantención de los baños", y por lo mismo de su bolsillo le pagó a un maestro, con quien además quedó disconforme por la calidad del trabajo.
Sobre el tercer contratista, Enrique Márquez Blanco, los 15 contratos terminaron por perjudicar a EFE en $17 millones, según el informe de RAE. Este además acusa que éste cobró un sobreprecio promedio de 250% y ejecutó labores de baja calidad.
Una de las consecuencias la vive a diario el movilizador de Itahue, Mauricio Paredes, a quien se le construyó una caseta de baño de 2x2 metros, por $2.677.500. Claro que la puerta no es de intemperie, así es que está humedecida, la ventana no está instalada y le llegan malos olores, porque la ventilación del alcantarillado se instaló muy cerca.
Según el informe, incluso considerando ganancias y gastos generales de un 30%, por las obras se debió cobrar menos de la mitad del monto total.
Este catastro de irregularidades, más las anomaláis detectadas en los trabajos realziados por Luis Briceño (ver nota asociada), llevan al perito a una lapidaria conclusión: "Producto de las irregularidades cometidas por el Gerente de Administración don Claudio Carreño Rosales y el Jefe de Unidad de Consumos Básicos dependiente de esa misma gerencia, don Guido Olavarría Ortiz, la Empresa de Ferrocarriles del Estado ha sufrido un perjuicio económico ascendente a $230.280.267".
Fallas de las otras gerencias
El informe "confidencial" de la contraloría interna de EFE de mayo de 2006, a parte de detectar las irregularidades asociadas al grupo del ex gerente de Administración Carlos Carreño, "tira las orejas" a otras jefaturas:
Gerencia de Finanzas: "No se tomaron acciones correctivas a las desviaciones presupuestarias de los períodos en análisis (2005 y 2006)", lo que genera un riesgo a la empresa de pérdida financiera por la asignación de trabajos de reparaciones no autorizadas e innecesarias; las facturas liberadas "no contaban con las autorizaciones mínimas que una buena administración de los fondos públicos exige", y que "los cheques girados (a contratistas cuestionados) no cumplen con la normativa tributaria", entre otras.
Gerencia de Recursos Humanos: "No se verificaron (por no ser práctica habitual), previo a la contratación, antecedentes familiares (conflictos de intereses), penales, financieros" del gerente de Administración y del jefe de Consumos Básicos ("pueden originar riesgos de fraude, obtención de beneficio personal y riesgo legal por compromisos... en nombre de la empresa").
CDE supo hace siete meses: se querelló el miércoles
El miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude y estafa al fisco por prácticamente los mismos antecedentes que se entregan en esta edición.
La entidad, que en su misión tiene la tarea de "defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile en sus intereses patrimoniales y no patrimoniales" -según se expresa en su sitio web-, tuvo acceso mucho antes a la información que manejaba el Ministerio Público, con declaraciones e informes claros que mostraban el nivel de las anomalías al interior de la firma estatal.
Fue el propio fiscal José Manuel Ramírez el que -en un memo de fecha 26 de octubre de 2006, pero que tiene timbre del 2 de noviembre de ese año- le informa al abogado procurador fiscal de Santiago de la entidad que "se ha iniciado una investigación en contra de Guido Olavarría Ortiz, ex jefe de la unidad de consumos básicos de la gerencia de administración de la empresa de Ferrocarriles del Estado (...) por supuestos delitos cometidos en perjuicio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Se hace presente que la investigación se encuentra en etapa preliminar y desformalizada. (Se agradecerá) a Ud. comunicar la decisión que adopte ese organismo, en el caso que resuelva no querellarse".
El 7 de noviembre del año pasado acudió un procurador del CDE, quien -como se deja constancia- "revisa la carpeta y toma fotografías"... 232 días después, el CDE se querelló, y sólo tras recibir una petición de parlamentarios de oposición para que se hiciera parte.
Las investigaciones en curso
CONTRALORIA: Auditorías realizadas desde 2001 detectaron variados problemas en la administración de EFE. La polémica compra de trenes a España, los que rápidamente se estropearon; contrataciones falsas, así como sobreevaloradas, e increíbles casos de falta de control -como talonarios de cobro botados en pasillos- pusieron un serio manto de dudas sobre el buen uso de las millonarias inversiones de la firma estatal.
JUSTICIA DEL CRIMEN: En el sistema penal antiguo, la Alianza entregó las irregularidades detectadas por Contraloría previas a junio de 2005 (fecha en que se inició la reforma procesal penal en Santiago). Partió en el Cuarto del Crimen, pero la reducción de los juzgados trasladó la causa al 32.o del Crimen. Ahora la oposición pidió a la Corte Suprema designar un ministro en visita para estos casos.
COMISION INVESTIGADORA: Las revelaciones de la Contraloría gatillaron la creación de esta instancia en la Cámara de Diputados, que lleva semanas interrogando al ex presidente Luis Ajenjo. Los parlamentarios van tras las responsabilidades políticas de un cuestionado plan de inversiones por sobre US$1.100 millones, que hoy tiene sin funcionamiento el tren a Temuco y el tramo Victoria-Puerto Montt, así como un severo déficit operacional y las pérdidas más altas de su historia. Se cuestiona a Ajenjo por aparecer como economista o ingeniero no siéndolo, y cobrando dieta en varios directorios, lo que para la oposición sería ilegal.
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Los políticos y los pañales deben sustituirse regularmente y por idénticas razones. 