La naturaleza jurídica y, por consiguiente, las facultades y atribuciones del futuro Consejo para la Transparencia que se crea en el proyecto que facilita el acceso a la información pública, es uno de los aspectos centrales que ha entrampado el despacho de la iniciativa por parte de la Comisión Mixta de senadores y diputados.
Así lo informó el integrante de la citada instancia legislativa, senador Hernán Larraín, quien es autor del proyecto junto al senador Jaime Gazmuri.
Cabe recordar que el texto legal fue derivado a una Comisión Mixta de senadores y diputados para que resuelva las diferencias que se suscitaron entre ambas cámaras durante la tramitación legislativa, fundamentalmente en lo relativo a un nuevo estatuto denominado Ley sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, respecto del cual no existe pleno acuerdo.
"Hemos avanzado en los temas centrales y llegado a muchos acuerdos de manera de hacer expedita y real el tema del acceso a la información pública, pero lo que nos ha tenido entrampados tiene que ver con la naturaleza jurídica del Consejo para la Transparencia, es decir si es un servicio público o un organismo autónomo, porque eso define muchas de las posibilidades que tiene para actuar", explicó el senador Larraín.
En tal sentido, dijo que si la nueva entidad es catalogada como un servicio público "tendrá que tener plantas de personal, estará subordinado a la Contraloría y tendrá mil limitaciones. Y si es un servicio autónomo, sus funcionarios se rigen por contrato del trabajo y entre sus limitantes no tienen soberanía para poder llevar adelante algún tipo de actividades, como por ejemplo sancionar a los funcionarios públicos".
El parlamentario agregó que tras escuchar las opiniones del Contralor General de la República y de un profesor de Derecho Administrativo, se le solicitó al Ejecutivo que evaluará algunas fórmulas, cosa que también hará la instancia al regreso del receso legislativo.
LEY ESTE AÑO
En su opinión si se resuelve esa materia, el proyecto podría estar en condiciones de ser votado en Sala a principios de diciembre, por lo que es probable que antes de fin de año exista ley sobre la materia.
"Este es un paso muy decisivo para lograr que la cultura del secretismo en Chile termine en todos los sectores de la administración pública. Espero además que se fijen los compromisos, no solamente de la administración pública, sino que de todos los órganos del Estado, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las empresas públicas, todas las cuales tienen que abrirse para que la gente sepa cómo se están cuidando los recursos públicos", sentenció.
En lo fundamental, la iniciativa obliga a los órganos de la administración del Estado a mantener en sus páginas web, antecedentes actualizados al menos una vez al mes, sobre sus estructura orgánica, contrataciones, personal y transferencias de fondos públicos, entre otros.
En todo caso, se precisa que no se incluirán entre esos antecedentes los "datos sensibles", es decir, información sobre las características físicas o morales de las personas, hechos o circunstancias de su vida privada.
Asimismo, se establece que cualquier persona podrá presentar un reclamos ante el Consejo para la Transparencia si alguno de los organismos de la administración no entrega la información que establece la ley.
Para ello se señala que las reparticiones encargadas del control interno de los órganos u organismos de la administración, tendrán la obligación de velar por la observancia de las normas sobre transparencia.
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