CORRUPCIÓN

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martes, 3 de junio de 2014

Francisco Rubiales :Abdica el rey Juan Carlos: se marcha el "macho alfa" de la "Casta"

Abdica el rey Juan Carlos: se marcha el "macho alfa" de la "Casta"


1 2 3 4 5Nota

El rey Juan Carlos ha abdicado en un momento especialmente delicado, cuando España afronta los mayores problemas desde que murió el general Franco. Él era el "macho alfa" de una clase política que se ha cubierto de fracaso y que ha convertido a España en un verdadero problema para el mundo occidental. 

Los políticos y sus amigos periodistas se han apresurado a resaltar sus méritos y valores, pero ocultan sus muchas sombras y carencias. Vamos a intentar, con este artículo, acercarnos a la verdad y a un balance justo de la labor del monarca. 
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Abdica el rey Juan Carlos: se marcha el "macho alfa" de la "Casta"
Juan Carlos I abdica por sorpresa en el peor momento imaginable. No es cierto, como afirman los políticos y periodistas habituados a mentir, que el momento elegido es propicio. Deja la Jefatura del Estado, institución suprema y última defensa de la patria, a su inexperto hijo Felipe, que tendrá que ganarse la autoridad nominal que hereda y defender la nación frente a vicios terribles, enemigos tenaces y saboteadores insistentes, entre los que destacan los políticos, rechazados y odiados por el pueblo, los nacionalismos vasco y catalán, que quieren independizarse, el desempleo masivo, el cabreo de los ciudadanos y el auge de los pequeños partidos, que debilitan y socavan el poder del PP y del PSOE, los dos partidos que sostuvieron la Corona en las últimas décadas. 

Los peores augurios vaticinan una España atravesada por conflictos callejeros, infectada por el populismo de izquierdas, desmembrada por los procesos independentistas y con la economía en estado de coma. Otras previsiones son diametralmente opuestas y hablan de relanzamiento de la economía y del retorno de una cierta prosperidad que actuará como un bálsamo y que hará retroceder las grandes amenazas de ruina, violencia y rebelión cívica. 

Pero si se cumplieran los peores vaticinios, es probable que el flamante rey Felipe VI carezca de esa autoridad suficiente, que se había ganado su padre ante las Fuerza Armadas y la clase política, necesaria para adoptar las decisiones dramáticas que demanden las circunstancias. 

El rey que se marcha era el jefe indiscutible de una tribu de políticos españoles que se ha llenado de oprobio durante sus gobiernos. España, que a la muerte de Franco crecía vertiginosamente y tenía por delante un futuro prometedor, ha dilapidados aquellas ventajas de partida y es hoy un país dramático, arruinado y plagado de problemas, que ocupa un liderazgo mundial solo en algunos deportes, pero que está gravemente herido por dramas como la corrupción, el desempleo, el tráfico y consumo de drogas, el blanqueo de dinero, la prostitución, la baja calidad de la enseñanza, el fracaso escolar, el alcoholismo, la delincuencia internacional y muchas otras lacras, entre las que quizás destaque como ninguna otra el gravísimo problema del rechazo de los ciudadanos a sus políticos y a un sistema que hacen pasar por democracia, cuando es una simple dictadura de partidos políticos y de políticos profesionales cuajados de privilegios inmerecidos y rechazados por la ciudadanía. 

Ese es el verdadero país que Juan Carlos I deja en herencia a su hijo Felipe VI, no el que describen las televisiones y periódicos sometidos al poder. Al triste panorama hay que añadir el importante obstáculo de que muchos españoles preferirían una República a la desgastada Monarquía. 

El rey ha acumulado algunos méritos durante su reinado, entre ellos la extraña defensa que hizo del sistema cuando el fracasado golpe de Tejero, que fue mas una opereta esperpéntica que un verdadero golpe de Estado. También ha sido un embajador útil para las grandes empresas españolas, a las que ha ayudado a conseguir contratos, sobre todo en el mundo árabe, con el que Juan Carlos mantuvo siempre, al igual que Franco, lazos muy estrechos. 

Pero en su balance hay también demasiadas sombras: enriquecimiento inexplicable, cacerías lujosas y carentes de sensibilidad, fama de comisionista y un comportamiento irresponsable y probablemente delictivo de miembros de su propia familia implicados, como su hija, la infanta Cristina, y a su marido, Iñaki Urdangarín. 

Muchos españoles sospechan que hay algo detrás de la abdicación precipitada, que no se cuenta, lo que refleja otro defecto de la institución: su opacidad extrema, que se ha intentado suavizar en los últimos años, a raíz del desprestigio creciente de la Casa Real. 

Como guardia supremo de la Constitución y de la calidad del Estado, el rey Juan Carlos ha tenido muchas carencias y fracasos: ha permitido que el nacionalismo, apenas simbólico cuando murió Franco, se convierta hoy en una marea independentista imparable; ha cerrado los ojos ante la corrupción galopante que ha invadido España, impulsada desde arriba, desde el mismo corazón del poder; no ha hecho nada para preservar la democracia, a la que los políticos españoles han vapuleado y desvirtuado, convirtiéndola en un monigote de risa, sin separación en los poderes del Estado, sin controles a los partidos políticos, sin una sociedad civil que ha sido tristemente "ocupada" por los políticos y sus partidos, sin una Justicia igual para todos y con un Estado enfermo de obesidad, en el que sobran casi la mitad de sus funcionarios y el 90 por ciento del casi medio millón de políticos que viven ordeñándolo a diario. 

Todas esas carencias y fracasos han convertido al monarca español, enormemente popular al comienzo de la Transición, en un tipo distante, alejado del pueblo y poco comprensible para el ciudadano, que lo ve ahora como el gran jefe de la tribu mas odiada del país, la de los políticos y sus amigos. 


Saludos
Rodrigo González Fernández
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Caso Cura O'Reilly

Caso O'Reilly: Alumnas, apoderadas y profesora del Cumbres son los testigos "protegidos"

Fiscalía busca que corroboren "los hechos descritos en la acusación, momento, lugar de ocurrencia y participación del acusado".  

por:  La Segunda
martes, 03 de junio de 2014

Tres ex alumnas del Colegio Cumbres, una profesora, y dos mujeres que serían apoderadas, son los testigos que, hasta este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantenía con sus identidades en reserva, en el marco de caso por abuso sexual contra dos menores que se inició contra el sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O'Reilly.

Se trata de los seis testigos protegidos que, en sus declaraciones relatan "los hechos descritos en la acusación (de la Fiscalía), momento y lugar de ocurrencia y participación del acusado", señala el documento de acusación presentado en el Tribunal para solicitar la audiencia de preparación de juicio oral que se realizó este lunes.

Entre la nómina de estos testigos, están tres ex alumnas del Colegio Cumbres y quienes conocieron al cura como capellán y guía espiritual. Una de ellas es Catalina De La Cerda (29), quien entregaría detalles de conductas supuestamente anómalas del cura, lo mismo testificaría Claudia Viviani (28) que siempre ha estado ligada al establecimiento educacional. De hecho su hermana Patricia estuvo entre las alumnas lesionadas en el accidente que cobró la vida de nueve estudiantes en 2008. Otra testigo es María Teresa Lyon (28) una psicóloga que habría vivido una situación incómoda con O'Reilly, durante su época de estudiante en el Colegio.

A ellas se suma María Eliana Jiménez, de 55 años quien se dedica al trasporte escolar y sería apoderada del colegio. En esta condición también estaría Claudia Franceschini (55 años). Ellas deberían testificar sobre situaciones anómalas, como las descritas por la Fiscalía, donde se acusa al sacerdote de llevar a las alumnas al interior de la oficina de administración, lugares donde según la Fiscal Lorena Parra se habrían cometido los abusos contra las menores.

Otra testigo es Marcela Bobadilla, de 36 años quien se desempeña como profesora. Según el documento de la fiscalía ella deberá testificar sobre "lo que vivió, vio y escuchó sobre los hechos".

Otro testigo que será puesto en el banquillo es uno que lleva la defensa encabezada por el abogado Luis Hermosilla. Se trata del abogado de la intendencia Metropolitana y ex fiscal que investigó el caso, Ignacio Pinto.

Fuente:

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Falta de Herramientas Legales Impide Una Mejor Detección del Uso de Información Privilegiada

Falta de Herramientas Legales Impide Una Mejor Detección del Uso de Información Privilegiada

   
   
   

En Estados Unidos hay facultades mucho más invasivas del derecho privado para que la superintendencia pueda, busque y pruebe estos hechos, afirman Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales.

Preocupación ante la posibilidad de que se estén generando nuevos casos de uso de información privilegiada ha provocado en el mercado la solicitud que hizo hace unas semanas BTG Pactual a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), respecto a investigar el fuerte movimiento que registraron los bonos de Farmacias Ahumada el 5 de junio de este año, un día antes de que el grupo Casa Saba anunciara la venta de la compañía a la británica Alliance Boots.
Según datos de la SVS, entre 1988 y 2012 se han cursado 68 sanciones relacionadas al uso de información privilegiada, donde destacan los años 2008 y 2012 al presentar en ambos casos 11 de éstas. Asimismo, en 1996 se cursaron 8 sanciones, mientras que en 2001 éste número llegó a siete.

Dentro de los casos emblemáticos, pero que no corresponde exactamente a información privilegiada, fue la multa que la entidad reguladora aplicó el 6 de julio de 2007 a Juan José Cueto Plaza, director y principal accionista de Cantábrico, y a Sebastián Piñera Echeñique, director de Lan, por haber adquirido en 2006 acciones de la aerolínea, después de que se aprobaran los estados financieros de la compañía, pero antes que éstos fueron enviados a la SVS. Es decir, por no haber respetado el deber de abstención que cae sobre quien tiene acceso a información privilegiada, consistente en no adquirir valores para sí o para terceros, directa o indirectamente. 

En 2008, la Superintendencia aplicó cinco sanciones por uso de información privilegiada a raíz de la negociación de acuerdo de fusión de las sociedades Falabella y D&S, anunciado públicamente el 17 de mayo. Los afectados en dicha instancia fueron Vicente Aresti López, Alejandro Irarrázabal Ureta y Eugenio Eben Aresti, relacionados con Hans Eben Oyanedel; a Peter Bruno Studer relacionado a Ana María Laguna Galasso; y a Marcel Zarour Atanacio, relacionado a María Luisa Solari Falabella.

¿Sanciones Poco Inhibitorias?

Las estadísticas anteriormente señaladas reflejan que la cantidad de casos donde se detecta el uso de información privilegiada es baja, pero en la práctica en el mercado bursátil es vox populi que son mucho más los casos, pero que no han podido ser pesquisados por la SVS.

Para Dieter Linneberg, director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, las sanciones que existen actualmente son suficientes para prevenir los delitos de este tipo, no obstante, manifiesta, el tema es el cómo comprobar en los tribunales dichos casos, es decir, las facultades que tiene la Superintendencia al respecto. 
"En EE.UU. hay facultades mucho más invasivas del derecho privado para que la superintendencia pueda, busque y pruebe estos hechos. Para que en Chile esto fuera así, necesitaríamos un cambio de ley como se hizo para la FNE, para poder tener autorización de –por ejemplo– escuchar las conversaciones telefónicas, o sea, tener el permiso para que cuando se dé un caso tener facultades más invasoras del derecho privado porque son las únicas medidas para poder establecer y comprobar que se ha cometido o no esos ilícitos", explica.

Por el contrario, Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, destaca que la legislación en Chile tiene una figura que es la obligación de abstenerse de transar cuando se tiene información privilegiada, lo que diferencia del uso de información privilegiada. "En el fondo, el no abstenerse puede ser un descuido, no implica necesariamente que haya habido un acto consciente de tratar de aprovecharse de una situación en favor de uno y, por lo tanto, hay que distinguir entre eso  y la gente que efectivamente actúa para lograr un beneficio propio, es en estos casos donde pienso que las sanciones sí deberían ser más duras", consigna.
Así, enfatiza que en muchas ocasiones, la multa sólo consta de un monto específico no muy alto más la devolución de la ganancia extraordinaria que pudiera haber generado el inversionista con la operación ilícita, lo que a su parecer es escaso, ya que el riesgo que tomaría éste no es mayor. "Debe pensar, si no me pillan me llevo una ganancia, y si lo hacen la devuelvo", comenta, recalcando que no es un castigo suficiente.

"De todas formas hay que considerar que hoy día la sanción social y reputacional sobre este tema no es baja. El uso de información privilegiada está bastante moralmente sancionada ahora, a diferencia de cómo era hace un par de años, y en ese sentido es importante destacar que el mercado entendería que subieran las multas y sanciones en este concepto, porque en el fondo es una de las principales razones del por qué un mercado de capitales le cuesta más desarrollarse. Si se pudiera extirpar esta práctica, definitivamente contribuiría al crecimiento del mercado. Ha habido un cambio bastante importante en la percepción de estos temas y me parece que las medidas que propone la bolsa que se relacionan con esto van en la dirección correcta", agrega. 

Fuente:

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Caso Cascadas: cómo el fin de la arista Piñera complica la querella de Ponce contra Coloma y ex SVS

Caso Cascadas: cómo el fin de la arista Piñera complica la querella de Ponce contra Coloma y ex SVS

  • Se espera que la Fiscalía Centro Norte realice las diligencias pendientes en la causa que involucra al ex superintendente, Fernando Coloma, para tomar una decisión sobre el caso.

    El hecho de que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad -dependiente de la Fiscalía Centro Norte-, estime que no existen antecedentes suficientes para abrir una investigación por la eventual participación de Sebastián Piñera en el caso Cascadas, podría tener efecto en una de las querellas criminales más emblemáticas de la investigación: la que presentó el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, en contra del ex superintendente de Valores, Fernando Coloma, y otros dos funcionarios del ente regulador, por prevaricación judicial y administrativa, y abusos contra particulares.

    La razón es simple. Al salir el ex presidente de escena, según comentan fuentes conocedoras del proceso, perdería toda fuerza el argumento al que alude Ponce Lerou, respecto a que eventualmente la administración de Coloma habría caído en "sesgos, omisiones y afirmaciones tendenciosas e infundadas de los cargos", en el marco de la investigación del caso Cascadas, enfatizando además el presunto conflicto de interés por parte del ex regulador, debido al interés que tendría Sebastián Piñera sobre estas sociedades.

    Así, se esperará que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, liderada por el fiscal José Morales, realice las diligencias pendientes, encargadas por la defensa del controlador de las cascadas, las que incluirían la citación a declarar de José Cox.

    Cabe recordar que en entrevista con Diario Financiero, el fiscal Morales señaló que, respecto a la posibilidad de abrir una investigación por el rol del ex mandatario en el caso, que no tienen "ningún antecedente claro o específico " que lleve a hacerlo, además de asegurar que no poseen "antecedentes que nos permitan pensar que hubo algún tipo de participación o intervención de alguna autoridad pública, fuera de la SVS, como para plantearse una investigación penal respecto de ella".

    La querella contra Moneda


    Otro de los recursos que presentó Julio Ponce Lerou es la querella criminal contra Moneda, por infracción a los artículos 59 y 60 de la Ley de Mercado de Valores, por llevar a cabo acciones y operaciones para hacer caer el precio de los títulos de las cascadas, para luego recomprarlos a un menor valor.

    Cabe recordar que a través de una publicación, la entidad encabezada por Pablo Echeverría comunicó que había procedido a congelar o bloquear las operaciones de sus fondos con respecto a valores emitidos por las cascadas. Sin embargo, según han insistido cercanos a Ponce, el bloqueo nunca fue tal, y Moneda siguió transando.

    Con relación a esto, en enero de 2014, declaró Julio Quezada Candia, analista financiero en el Área de Cumplimiento de Mercado, y cuyo jefe directo era Hugo Caneo, jefe del Área de Cumplimiento de la SVS. Explica que a solicitud de Caneo, realizó los análisis de la denuncia de Ponce Lerou.

    Ante la pregunta "¿a qué habrían obedecido la interpretación que hace el denunciante que la variación de los saldos accionarios se debían a operaciones de compras de acciones?", respondió que "yo creo que es porque las cartolas de movimientos del emisor consideran dentro de las compras operaciones que no son tales, sino que también incluyen los retiros de garantías de las bolsas u otros motivos de ingresos de acciones".

    Diputados insistirán en comisión  investigadora por rol de ex presidente

    Los diputados insistirán en crear una comisión investigadora que indague sobre la eventual participación del ex presidente de la República, Sebastián Piñera, en las sociedades controladas por Julio Ponce, esto a pesar que el fiscal que lidera la arista penal de la investigación del caso Cascadas, José Morales, señalara que no existen entecedentes que permitan abrir una investigación al respecto.

    "El fiscal está persiguiendo la responsabilidad penal, y nosotros estamos persiguiendo la responsabilidad política, son dos temas absolutamente distintos", dijo el diputado Roberto León (DC), al ser consultado.

    "No existe en la investigación ningún antecedente claro o específico que permita abrir una arista que me señala (penal)", dijo el fiscal en entrevista con Diario Financiero.

    Consultado sobre la participación de otras autoridades, Morales explicó que tampoco tienen antecedentes "que nos permitan pensar que hubo algún tipo de participación o intervención de alguna autoridad".

    Del mismo modo, el diputado León sostiene que pese a las declaraciones del fiscal, "no he escuchado a nadie que haya cambiado de opinión", por lo que, junto con los diputados Fuad Chahín, Ricardo Rincón y Gabriel Silber, seguirán adelante con su petición de crear la comisión, la cual sería enviada hoy a la Cámara, según confirmó León.

    Consultado sobre las posibles responsabilidades que el ex mandatario tenga en el caso, el parlamentario DC señaló que "el país será el que va a juzgar si es que se logran acreditar esos hechos. Sin duda que sería muy grave, pero uno no puede aventurar juicios. Aquí, la única información que hay son las fuentes abiertas", dijo en relación a los de de Julio Dittborn y la intervención que tuvo en el caso que lleva la SVS.

    "Ahí hay bastante gente citada, nombrada, y gente que tendrá que ir a la comisión, y bueno, ahí se verá qué va a pasar", comentó León sobre la posible intervención de ex autoridades.

    Imagen foto_00000003El parlamentario sostuvo que no ha escuchado a nadie cambiar de opinión respecto de los dichos del Fiscal sobre la falta de antecedentes para iniciar una investigación en la arista penal del caso Cascadas.



  • Fuente:dfSaludos

Rodrigo González Fernández
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viernes, 16 de mayo de 2014

millonarios sueldos para asesores de Arenas

Diputado Lorenzini: "Aumentos deben ser razonables y no para asesores políticos"

Fernando Seymour Jueves 15 de mayo 2014 - 18:56 hrs. |  2

Aldo Cornejo, Alberto Arenas, Pablo Lorenzini

Según el parlamentario, los cuestionamientos de la oposición son válidos, sobre el incremento de los sueldos por asesorías a honorarios dentro del Gobierno, advirtiendo que "los asesores no pueden ganar más que un ministro o un subsecretario". Desde RN y la UDI exigen explicaciones a Alberto Arenas, sin descartar la solicitud de una comisión investigadora.

 Claves: 

Preocupación existe en algunos sectores políticos por lo que consideran un alza injustificada de los sueldos de asesores del ministerio de Hacienda, como también de la Presidencia y otras carteras. Esto, en comparación a los montos asignados durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según los parlamentarios denunciantes, se trata de 37 funcionarios, apuntando principalmente al círculo más cercano del ministro Alberto Arenas.

Así lo confirma el diputado RN José Manuel Edwards, quien asegura que se trata de incrementos arbitrarios, lo que en el contexto de la Reforma Tributaria, les permitirá beneficiarse por la baja de impuestos a los tramos de quienes reciben más ingresos.

Por ello, plantea la necesidad de determinar la legalidad de las disposiciones, sin descartar la solicitud de una comisión investigadora.

"El ministro Arenas, la Presidencia y otros ministerios tienen que dar una explicación de por qué se están pagando sueldos millonarios a tantas personas. Creemos que esto se presta perfectamente para que el Estado esté pagando favores políticos con altos sueldos", acusó.

En cuanto a sus argumentos, plantea que "la Constitución y la ley de Administración del Estado dice que las decisiones de la autoridad deben tener razonabilidad y no pueden ser arbitrarias. Por lo tanto, hemos exigido, en los 37 casos investigados, que se nos dé una explicación de los aumentos indiscriminados en los sueldos de estos asesores".

Dentro de los casos de Hacienda, destaca Fernando Dazzarola, asesor del gabinete ministerial, con una remuneración de seis millones de pesos, mientras que quien lo antecedió, Juan Bravo, tenía un ingreso de tres millones 25 mil 608, es decir, una diferencia de 98 por ciento.

También con seis millones de pesos aparece Sandra Novoa, asesora de comunicaciones del ministro, cargo que en el anterior gobierno ocupó Lucy Bennet, con un sueldo de cuatro millones 771 mil 97, lo que equivale a un 25 por ciento menos.

Asimismo, figura Enrique Paris Horvitz, contratado por seis millones 500 mil pesos como coordinador de la unidad de gestión de la subsecretaría, superando en un 19 por ciento el sueldo de Guillermo Sarabia, su antecesor durante la administración de Piñera, quien recibía cinco millones 460 mil.

Frente a estas denuncias, el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda, insiste en que tanto el ministro Arenas como el subsecretario Alejandro Micco le han asegurado que no existen tales aumentos, y que incluso corresponden a montos menores a los entregados en el gobierno anterior, por lo que se trataría de información errónea.

En ese contexto, reconoce que deben existir ciertos límites para quienes no tienen mayores responsabilidades, políticas o administrativas, como son los asesores.

"Está bien, los asesores ayudan, tal como lo hemos visto en la Reforma Tributaria. Los empresarios podrán pagar mucho por sus asesores, pero en el gobierno no pueden ganar más que un ministro, un subsecretario o que las autoridades. Aumentos pueden haber, porque cada gobierno privilegia las asesorías que requiere. Pero más que los aumentos, lo que me interesa es que los montos sean razonables y que no tengamos asesores políticos, sino que cumplan funciones adecuadas", advirtió.

En cuanto a las críticas opositoras, plantea que "es válido el cuestionamiento, pero en el caso del diputado Edwards lo está haciendo como revanchismo político, porque también criticamos varios de los asesores que ellos tenían en el gobierno anterior".

Respecto de las asesorías a la Presidencia, destaca María Eugenia Paris, quien se desempeña como directora de programación, con un sueldo de seis millones 479 mil 668 pesos, un 30 por ciento más de lo que se le pagaba a su antecesora, María Irene Chadwick, con un monto de cuatro millones 521 mil 187.

Aparece también Haydeé Rojas, directora de prensa, con un sueldo de cinco millones 787 mil 482, mientras que en la anterior administración Carla Munizaga recibía cuatro millones 520 mil 893, es decir, un aumento de 22 por ciento.

En los casos de Pedro Güell, director de políticas públicas, y Rodrigo Uribe, director de estudios del gabinete presidencial, cada uno recibe una remuneración de seis millones 479 mil 668. Esto, considerando que en el gobierno de Piñera, Ignacio Rivadeneira cumplía ambas funciones, con un sueldo de seis millones 701 mil 363.

Desde la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, directora de investigación e incidencia, asegura que no se trata de ilícitos, pues las autoridades tienen la libertad de fijar aquellos montos, aunque sí podría representar un cuestionamiento ético.

"Hay ciertos cargos que están a honorarios, los que no se rigen por la escala única de sueldos. Entonces, ahí existe plena voluntad de la autoridad para fijar los sueldos. Y la ley tampoco establece que tenga que consultarse a la Contraloría o a alguien en particular respecto de ese tema", aclara.

Sin embargo, propone que "la discusión va más bien por un lado ético, si se está discutiendo el sueldo mínimo o cuánto ganan las autoridades. Ahí podría discutirse éticamente, como ocurrió con el proyecto de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, sobre el sueldo de las autoridades en comparación a los ciudadanos comunes".

Además, insiste en que lo fundamental es la transparencia, por lo que el Gobierno está obligado a publicar en sus páginas web la información sobre las personas contratadas, las funciones que cumplen, el sueldo que reciben y la constatación de que poseen las capacidades para desempeñarse en las respectivas actividades.

Cabe destacar que si bien la información se encuentra disponible en Transparencia Activa, a través del sitio www.gobiernotransparente.cl, la propia María Jaraquemada plantea que no se han actualizado oportunamente los datos sobre quienes han ingresado al Gobierno.

Fuente:Udech

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PDI indaga 12 casos denunciados de adopciones irregulares

PDI indaga 12 casos denunciados de adopciones irregulares

En dos de ellos los testigos involucrarían al sacerdote de los SS.CC., Gerardo Joannon. La investigación se concentra en dos centros asistenciales, uno de los cuales ya no existe.

por F. Díaz y S. Rodríguez - 16/05/2014 - 02:18
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La Fiscalía Centro Norte y la Brigada Investigadora de Derechos Humanos, de la PDI, están indagando 12 casos de posibles adopciones irregulares, que habrían ocurrido en la década de los 70 y principios de los 80.

Este proceso judicial se inició luego de que el Servicio Nacional de Menores (Sename) presentara una denuncia tras un reportaje de Ciper. Aquel artículo revelaba la existencia de una presunta red de adopciones irregulares, en la cual se habría falsificado la muerte de recién nacidos, para luego entregarlos a otras familias.

En dos de los casos que indagada la PDI el sacerdote Gerardo Joannon, perteneciente a la Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.), aparece mencionado como uno de los posibles involucrados.

Asimismo, casi la totalidad de las denuncias menciona a dos clínicas como los lugares de ocurrencia de estos hechos. Una se ubica en el sector oriente de Santiago y la otra, que estaba emplazada en la comuna de Santiago, ya  no existe.

La fiscal Erika Vargas también debe aclarar si esta red contaba con el apoyo de médicos u otros profesionales.

Escenario legal

En el servicio informan que las denuncias que hasta ahora se conocen podrían, eventualmente, configurar al menos dos delitos, ambos contemplados en el Código Penal.

"Suposición de parto (artículo 357), que se castiga con una pena que va desde 61 días a cinco años de presidio, más una multa de 21 a 25 UTM; y la usurpación de estado civil (art. 354), cuya  pena considera desde 541 días a cinco  años de presidio, más una multa de 11 a 20 UTM", informan en el departamento jurídico de esta entidad. Estos ilícitos, sin embargo, prescriben a los cinco años de su ocurrencia. La fiscalía y el Sename descartaron la aplicación de la figura legal de un "secuestro permanente".

Otro aspecto a considerar, para eventuales sanciones, es la primera ley de adopción Nº 16.346 (de 1965), que establece condenas por la entrega irregular de un menor por medio del "abuso de confianza, ardid, simulación o atribución de identidad o estado civil", entre otras circunstancias. Sus penas van de 61 días a cinco años de cárcel. 

Posteriormente, la ley de adopción de 1988  mantuvo los mismos castigos y la Ley 19.620, vigente desde 1999 sobre esta materia, modificó algunos de sus términos, pero conservó lo esencial de sus sanciones. 

Jorge Lavanderos, jefe del departamento jurídico del Sename, señala que "la responsabilidad y su prescripción se determinan sólo a través de la decisión de un tribunal, después de que el ente persecutor ha investigado. Hay que ver si existen delitos posteriores a las fechas denunciadas y si fueron continuos en el tiempo. Y en ese proceso no hay que revictimizar a quienes han sufrido durante años".

El miércoles, el Sename le entregó a la fiscalía ocho nuevas denuncias de posibles entregas irregularwes de lactantes. Marcela Labraña, directora de la entidad, subraya que "hay que buscar la verdad de lo que ocurrió. Es vital para todas las víctimas. Por eso, seguimos llamando a todos los involucrados a cooperar".

Fuente:

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