CORRUPCIÓN

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viernes, 15 de julio de 2016

EL MOSTRADOR: JAVIERA BLANCO MINISTRA FAVORITA DE BACHELET CON LOS DÍAS CONTADOS.

Gendarmería y Sename golpean a una de las ministras favoritas de Bachelet

Tiro al Blanco

por  15 julio 2016

Tiro al Blanco"A la ministra la puede afectar el síndrome Peñailillo", advirtieron en el Gobierno, entendiendo que la Presidenta hace meses que no logra salir del fondo en las encuestas, lo que –agregaron– le estrecha el espacio de maniobra si estos temas sensibles a la opinión pública, como las pensiones, las licencias y los niños del Sename, terminan convertidos en un búmeran para La Moneda.  

Amargas, duras, pero sobre todo tensas, así han sido las últimas semanas para la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que ha estado en la mira de todas las críticas políticas por los conflictos que en paralelo han salido a la luz pública en las áreas más sensibles de su gestión: Gendarmería y Sename.

Es la figura del gabinete que tiene la llegada más directa con la Presidenta Michelle Bachelet, una relación privilegiada, pero la debilidad que evidencia en estos momentos obligó a que desde La Moneda y la Nueva Mayoría salieran a blindarla políticamente, para evitar que escalen los cuestionamientos a las falencias que arroja su gestión y la pongan en jaque.

Tiene fama de ser muy aplicada, matea, inteligente, que tiene "talento político", que escucha, que es solvente y encantadora, lo que le abre muchas puertas en momentos clave de negociación política. Además, tiene llegada y goza de una buena evaluación transversal, tanto en el grueso del oficialismo como en la derecha, donde su pasado al alero de Fundación Paz Ciudadana le permitió obtener buenas redes políticas y gozar de la venia permanente de sectores de la oposición, especialmente del otrora todopoderoso Agustín Edwards, su diario y su entorno.

Hizo gala de eso el año pasado, cuando lideró en el Senado las tratativas dirigidas a asegurar la elección de Jorge Abbott como Fiscal Nacional, para evitar un traspié como el que había vivido el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, con la fallida postulación de Enrique Rajevic a la Contraloría General.

Pero hoy, en reserva, se le critica a Blanco desde el oficialismo, el Congreso y La Moneda por haber esquivado la toma de decisiones complejas, "quebrar huevos", no ha querido arriesgarse y, por ende, pagar los costos de adoptar ciertas decisiones ministeriales, precisamente para no hipotecar su capital político de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

En definitiva, en Palacio reconocen que el escenario actual en gran medida se debe a que no resolvió en su momento, cuando pudo, temas clave que pudieron desactivar o al menos aminorar los incendios políticos que se desataron en paralelo las últimas semanas.

El caso de la jubilación de 5,2 millones de pesos de la ex esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, que trabajó más de 20 años en Gendarmería, fue la mecha con la que se incendió la pradera en Justicia. Eso puso en el foco de los cuestionamientos públicos los altos montos de las pensiones en dicha institución, puntualmente las de 187 ex funcionarios, como también dejó en tela de juicio la venia parlamentaria para no aplicar el techo de 60 UF a los retiros, situación que desató la molestia de los suboficiales de Gendarmería y los rangos más bajos de la institución.

Luego vino el anuncio ministerial de despidos masivos –que se concretarían hoy viernes 15 de julio– a más de 100 funcionarios de Gendarmería por el uso de licencias médicas fraudulentas. En este cuadro, el miércoles 13, al final del día y tras una reunión con la ministra Blanco, se hizo pública la renuncia del director de Gendarmería, Tulio Arce.

Entremedio, Blanco enfrentó un fuerte gallito político a fines de la semana pasada, que concluyó con la salida del subsecretario de la Segegob, el radical Osvaldo Soto, luego que el jueves 7 apareciera enEl Mercurio afirmando que "hay graves debilidades en los equipos técnicos de la ministra de Justicia, debería hacer un análisis de eso".

La crítica que hizo Soto se enmarcaba en un informe de la Contraloría sobre una denuncia que se realizó en febrero por un déficit de más de dos mil millones de pesos en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y contrataciones de personal en el período en que la ex autoridad PR fue su director.

"Las grandes denuncias se descartaron, por ejemplo, no hubo contrataciones millonarias ni el déficit es de mi gestión, ni tampoco contrataciones de operadores políticos, como se dijo (…) son funcionarios del Ministerio de Justicia los que estaban informados del déficit. Aquí no es como se quiso hacer ver: que se descubrió un déficit. Yo en febrero informé y así como existen debilidades de tipo administrativo en la Corporación, la ministra debería hacer un análisis de los equipos técnicos de que dispone", afirmó Soto en el diario.

En La Moneda aseguraron ese jueves que sus declaraciones desataron la ira de la ministra Blanco, la que pidió la salida del subsecretario y, como esta no se concretó ese día, habló directamente del asunto con la Presidenta Michelle Bachelet el viernes 8, según confirmaron diversas fuentes gubernamentales.

Esa mala semana terminó para Blanco con un par de guindas para la torta.

La encuesta Adimark arrojó que la ministra es la peor evaluada por la opinión pública de todo el gabinete, con un 27% de apoyo, después de sus pares de Salud, Carmen Castillo (32%), y de Educación, Adriana Delpiano (31%), posición que comenzó a registrarse a fines del año pasado como consecuencia directa del paro que enfrentó por 39 días de los funcionarios del Registro Civil.

Fue, asimismo, el epicentro de críticas mediáticas y en redes sociales, a pesar de disculparse inmediatamente y corregir la equivocación, por usar erróneamente la palabra "stock" para referirse a los niños de los centros Sename durante una sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja.

Si el caso de la pequeña Lissette Villa Poblete, de 11 años, que murió la primera quincena de abril al interior de un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename), desató una ola de reparos a la deficiente situación que hay en distintos centros de esa institución e incluso la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a finales de mayo se conoció un duro informe de la Contraloría que fiscalizó a casi un centenar de estos, y que concluyó evidenciando la existencia de problemas como falta de infraestructura adecuada, falencias de capacitación y carencia de habilidades del personal a cargo de los menores de edad, además de un inadecuado seguimiento de los casos.

A principios de esta semana, el Ministerio de Justicia entregó al Congreso un informe –solicitado vía oficio a principios de mayo por el diputado René Saffirio– que determinó que, desde 2005 y hasta mayo de este año, hubo 185 niños que fallecieron estando bajo el cuidado del Estado: 134 murieron en recintos de salud, 49 se encontraban en centros colaboradores y otros dos en centros propios del Sename.

La derecha no desperdició la oportunidad ni el conflictivo escenario. Tras anunciarlo públicamente en la semana, ayer concretó la presentación de una interpelación a la ministra Blanco para que explique a la Cámara de Diputados su responsabilidad en la situación del Sename, así como en las cuestionadas pensiones en Gendarmería.

Una decisión polémica, que no contaba con el visto bueno ni la aprobación de la mitad de la derecha, puntualmente de los senadores, donde hay una buena evaluación del desempeño de Blanco. Ahí consideran que, si bien se han juntado todos los problemas del sector Justicia, no se debe a la gestión de la ministra sino que a falencias que se arrastran hace años en cada institución hoy incendiada.

En la Nueva Mayoría dicen que Blanco tiene falencias de gestión política, que no se adelantó a ninguno de los problemas de su cartera, sino que solo ha reaccionado una vez que explotaron, pero igual consideran un grave error de la derecha interpelarla, porque con eso solo consiguen que toda la coalición se alinee tras ella. En el Gobierno aseguraron que no existe el escenario para pensar en moverla de Justicia, que esa no es la mejor solución en estos momentos y que el camino es blindarla, lo que se hizo ayer.

Por el Ministerio de Justicia desfilaron parlamentarios y dirigentes de toda la Nueva Mayoría, le dieron su apoyo público, fustigaron a la derecha por aprovecharse políticamente de la situación. El jefe de los senadores DC, Andrés Zaldívar, menifestó que Blanco "tiene capacidad y espaldas para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar. Pero en este momento que hay una situación de crítica y muchas veces muy injusta, tenemos que hacerle un reconocimiento, porque es una ministra que está cumpliendo sus funciones, que tiene mucha capacidad y conoce los temas que tiene que abordar (…) hay que darle todo el respaldo que sea necesario".

En reserva, se le critica a Blanco desde el oficialismo, el Congreso y La Moneda por haber esquivado la toma de decisiones complejas, "quebrar huevos", no ha querido arriesgarse y, por ende, pagar los costos de adoptar ciertas decisiones ministeriales, precisamente para no hipotecar su capital político de cara a las próximas elecciones parlamentarias. En definitiva, en Palacio reconocen que el escenario actual en gran medida se debe a que no resolvió en su momento, cuando pudo, temas clave que pudieron desactivar o al menos aminorar los incendios políticos que se desataron en paralelo las últimas semanas.

También se reunieron con ella la presidenta del PS, Isabel Allende, los senadores socialistas Juan Pablo Letelier y Carlos Montes, durante la tarde fue el turno de la bancada PPD, liderada por el diputado Ramón Farías, y representantes del Partido Radical.

La doctrina del shock

Por ley, la tarea principal de los subsecretarios es llevar las riendas cotidianas de los ministerios, en sus manos está la administración interna de estos, son los colaboradores directos de los secretarios de Estado, por lo tanto, están encargados de coordinar las acciones de los órganos y servicios dependientes de cada cartera. En el oficialismo y La Moneda concuerdan que eso es precisamente lo que no ha sucedido en el Ministerio de Justicia y que el subsecretario, Ignacio Suárez, es en gran medida responsable por los problemas que enfrenta hoy dicha repartición.

"El subsecretario no ha hecho la pega", sentenció un alto dirigente de la Nueva Mayoría, diagnóstico que es plenamente compartido en Palacio, donde aseguraron que hay "una gran responsabilidad de él en el escenario actual".

Hace rato que en el Gobierno hay una evaluación deficiente de la gestión de Suárez, al punto que desde diciembre al menos existe claridad interna en el ministerio respecto a que, apenas se consolide el ajuste de subsecretarios, él está en la nómina para salir del gabinete y así se le habría notificado hace meses.

Suárez, abogado de la Universidad de Chile y DC, fue nombrado como subsecretario de Justicia en marzo de 2015, tras la salida del también militante de la falange, Marcelo Albornoz. Los temas de dicho ministerio no le son ajenos, ya que previamente fue jefe jurídico del Servicio Médico Legal y después se desempeñó como jefe de la División de Reinserción Social de esta cartera.

A pesar de eso, en el oficialismo aseguran que la principal carencia que hay en Justicia es la falta de articulación política, la que debería ser responsabilidad del subsecretario y que es precisamente lo que no ha sucedido, impactando directamente a la ministra Blanco. "Los subsecretarios son los encargados de ser los fusibles, de estar en lo cotidiano y eso aquí no ha sucedido", añadió un parlamentario de la NM.

Es la misma explicación que se da al interior del Gobierno sobre la tensión que hay con las asociaciones de funcionarios del ministerio, como la Asociación de Gendarmes, que pidió la salida de la ministra y que, a través de un comunicado, sentenció que Blanco "siempre ha mantenido una actitud altanera y arrogante. Su indisposición al diálogo se torna inconcebible en un momento en que la institución requiere más que nunca de una relación constructiva, muy lejana a lo que ha demostrado hasta ahora, incapacitada de comprender el complejo escenario que hoy atraviesa no solo Gendarmería".

El blindaje oficialista a Blanco es reforzado con una "estrategia de shock" desde Justicia, precisamente para comenzar a apagar rápidamente los distintos incendios.

Al final de la tarde ayer, se anunció que el nuevo director de Gendarmería será el PPD Jaime Rojas Flores, quien cumplía funciones en el Ministerio del Interior  y en gobiernos anteriores fue jefe de gabinete más de una vez de Francisco Vidal.

"Tiene manejo", afirmaron en el Gobierno. "Es hombre de Aleuy y claramente este tomó el control de la crisis, Rojas tiene su mismo estilo y viene de hacer inteligencia fina en materia de conflictos, le dicen el 'chupacabras', quizá la Javiera no vea la pelota nunca más", señala una autoridad gubernamental que conoce a Rojas.

En el Ministerio aseguraron que durante la jornada de hoy se concretarían los despidos por el tema de las licencias médicas en Gendarmería, se están analizando las modificaciones a los equipos regionales, como también la reestructuración de los equipos internos en el Sename. La próxima semana la ministra Blanco comenzaría visitas en terreno a diferentes centros de menores y se evalúa la creación de una comisión de "hombres probos" que fiscalice permanentemente el trabajo con los menores de edad que están bajo el cuidado del Estado.

En la Nueva Mayoría y el Gobierno creen que la interpelación terminará siendo una buena oportunidad para la ministra Blanco, para cerrar esta estrategia de shock y mostrar esta lista de acciones concretas para terminar los flancos de críticas. "Es matea y, por lo tanto, es una oportunidad para lucirse", aseguraron en la coalición.

Sabido es en el oficialismo que la ministra Blanco es una de las "favoritas" de Bachelet. Después de la salida del Ejecutivo del otrora hombre de confianza de la Mandataria, Rodrigo Peñailillo, la titular de Justicia quedó como una solitaria sobreviviente del reducido núcleo que cuenta con la confianza de la Presidenta.

El lazo  entre ambas se gestó durante la primera administración bacheletista, en la que Blanco se desempeñó, por esos cuatro años, como la primera mujer a cargo de la Subsecretaría de Carabineros. Cuando la Presidenta volvió a Chile para asumir la campaña el año 2013, Blanco asumió la primera línea en el comando como vocera y, tras el triunfo electoral, fue nombrada ministra del Trabajo.

"Tiene todo el respaldo de la Presidenta de la República, que es el más importante", dijo ayer el senador Zaldívar.

Un apoyo férreo que hasta ahora ha blindado políticamente a la ministra de Justicia, según reconocen en el Gobierno, al punto que su situación llevó a que en la semana se optara por congelar los ajustes de autoridades que están en carpeta, para no exponerla.

Pero hay quienes advierten que el hecho de ser "la regalona" de la Presidenta no implica que su blindaje político sea indefinido y más de uno en La Moneda recordó por lo mismo, estos días, la situación de Peñailillo, quien también era el preferido de la Mandataria, su "hijo político", su brazo derecho, el que gozaba de su confianza plena y, pese a lo cual, fue sacado del gabinete.

"A la ministra Blanco la puede afectar el síndrome Peñailillo", advirtieron en el Gobierno, entendiendo que la Presidenta hace meses que no logra salir del fondo en las encuestas, lo que –agregaron– le estrecha el espacio de maniobra si estos temas sensibles a la opinión pública, como las pensiones, las licencias y los niños del Sename, terminan convertidos en un búmeran para La Moneda.


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miércoles, 13 de julio de 2016

#Terrorismo no da tregua: Desconocidos queman dos camiones y un inmueble en cercanías a Collipulli

Desconocidos queman dos camiones y un inmueble en cercanías a Collipulli

En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche. Según información policial, al menos siete encapuchados habrían realizado el ataque.

Fredy Palomera12 de julio del 2016 / 20:50 Hrs

A la acción de simpatizantes de Wente Winkul Mapu es atribuido preliminarmente el ataque que desconocidos realizaron en la tarde de hoy en las cercanías de Collipulli, donde fueron quemados dos camiones estacionados y un inmueble que funcionaba como albergue para los camioneros.

  Las sospechas se sustentan en el hallazgo en el lugar de un panfleto donde se reivindica la causa mapuche, además de exigir la libertad de los denominados Presos Políticos Mapuches, y que es firmado por la comunidad de la "Wente Winkul Mapu ¡resislte!".

  El ataque se registró pasadas las 19 horas, cuando los desconocidos llegaron hasta las inmediaciones de la Hostería San Carlos, ubicada a unos 12 kilómetros al sur de Collipulli.

  En fuentes policiales se indicó que fueron al menos siete las personas encapuchadas que actuaron y que incluso realizaron unos disparos al aire para amedrentar a las personas cercanas al lugar.

  La dirigente de los agricultores de Victoria, Gloria Naveillán, confirmó que se trató de "un atentado en una de las regiones más seguras del país, según dice el intendente. Esto es para la risa, porque a las siete de la tarde, llegan desconocidos, a orilla de la carretera y queman camiones. Eso no es seguridad".

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martes, 12 de julio de 2016

El Mostrador: Gendarmería: el refugio de parientes y asesores de la Concertación

OTRA FORMA DE CORRUPCION 

Gendarmería: el refugio de parientes y asesores de la Concertación

por  12 julio 2016

Gendarmería: el refugio de parientes y asesores de la ConcertaciónLos cuestionamientos a las abultadas pensiones de algunos funcionarios, como la de la ex esposa de Osvaldo Andrade, se dan en una institución conocida como una suerte de "caja pagadora" –de dineros y favores– de la Concertación, en la que han desfilado haciendo asesorías, trabajos a honorarios, de planta e incluso prácticas, apellidos relacionados con el mundo de la política. Como el de la hija de la Presidenta Michelle Bachelet, que hizo su práctica en la institución durante el primer mandato de su madre.

La millonaria pensión obtenida en Gendarmería por la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate, fue la guinda de la torta en la historia tras las altas jubilaciones en Gendarmería, y lo que terminó por poner bajo la lupa de la opinión pública a la institución dependiente del Ministerio de Justicia.

En medio del escándalo en torno a las abultadas pensiones, la Contraloría General de la República emitió un dictamen poniendo un tope de 60 UF (poco más de $ 1,7 millones) para las jubilaciones, lo que intentó frenarse tanto desde la Cámara Baja como desde el Senado. Esto, antes de que saliera al baile la situación de la socialista Olate.

No es la primera vez que Gendarmería enfrenta cuestionamientos relacionados con distintos tipos de pagos.

En agosto de 2007, incluso se creó una comisión investigadora de asesorías, liderada por el actual vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, debido a que se sospechaba la existencia de "posibles irregularidades ocurridas con ocasión de pagos extras por concepto de honorarios, en virtud de asesorías efectuadas por diversos profesionales a Gendarmería de Chile entre los años 1990 a 2006".

Dos semanas antes, el diputado Felipe Ward (UDI) recibía, de parte de Gendarmería, diverso material contenido en cajas donde se entregaban detalles de asesorías prestadas por altos funcionarios políticos entre esos años. Sobre la base de esta información, se hizo pública la existencia de diversas asesorías, algunas de las cuales luego fueron objetadas por la Contraloría, como las prestadas por el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade y el ex ministro secretario general de Gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Puccio.

Contraloría también objetó las asesorías prestadas por el ex embajador de Chile en Colombia Óscar Pizarro Romero (DC), señalando falta de informes para un período del contrato (2005).

Su correligionaria, la ex ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, no fue mencionada por Contraloría, pero sí se revisaron sus asesorías en la comisión investigadora. Lo mismo pasó en los casos del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez; del entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado; y del ex subsecretario de Justicia, Jaime Arellano, entre otros.

Nombres familiares

Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, en la práctica Gendarmería opera como una suerte de "caja pagadora. Históricamente esto ha sido así, especialmente durante los gobiernos de la Concertación, donde ha existido un alto cuoteo político para ciertos puestos e imposición de ciertos funcionarios. Es vox populi".

Conocido como un tradicional bastión del Partido Radical, los cargos y asesorías no se remiten solo a parientes o militantes de dicha colectividad. "En Gendarmería, hay cambio de Gobierno y todos están esperando para el botín. Es algo evidente (…). Es una figura extraña lo que pasa en Gendarmería: no debería ser un servicio público sino una institución como Carabineros, donde la política de alguna manera entra pero no como pasa aquí", asegura el dirigente.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, en la práctica Gendarmería opera como una suerte de "caja pagadora. Históricamente esto ha sido así, especialmente durante los gobiernos de la Concertación, donde ha existido un alto cuoteo político para ciertos puestos e imposición de ciertos funcionarios. Es vox populi".

Más allá de supuestas irregularidades, en la práctica, Gendarmería es conocida como una institución que ha acogido entre sus filas a diversos parientes de influyentes políticos, ya sea en cargos a contrata, a honorarios o, incluso, para alguna práctica.

La propia hija de la Presidenta, Francisca Dávalos Bachelet, hizo su práctica en la institución y fue parte de la nómina de 2006 que entregó Gendarmería a Felipe Ward, en el marco de un proyecto que realizó junto a un grupo de otros estudiantes de Antropología de la Universidad de Chile.

Entre los nombres que han pasado por la institución se cuentan el del hermano del ex senador PS Camilo Escalona, Simón Escalona, quien por 15 años fue funcionario de Gendarmería, hasta que fue obligado a renunciar en 2008.

La esposa del alcalde DC de Maipú, Cristián Vittori –formalizado por el caso Basura–, Pamela Riquelme Loyola, fue por años funcionaria de la repartición, hasta que en abril de 2014 asumió como jefa de División Administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, "lo que veo en este caso es una práctica política que está fuertemente instalada en la forma de hacer política en Chile. Casi se podría hablar de un proceso de captura del Estado por parte de los partidos políticos. No constituye una ilegalidad, se respetaban los procesos y sus formas, pero detrás de una fachada formal o procedimental se realizaban estas prácticas que, claramente, hoy son inaceptables en una sociedad con un estándar más alto de transparencia".

Moreno agrega que "puede que sean excelentes funcionarios: más allá de las personas, lo que teníamos es un conjunto de prácticas clientelistas en un sistema extraoficial de favores, por el cual los titulares de cargos políticos regulan la entrega de prestaciones obtenidas a través de su función pública".


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lunes, 11 de julio de 2016

#COLUSION Penas y Colusión: Gato por Liebre

MAURICIO DAZA CARRASCO



COLUMNAS ESTRATEGIA 
Penas y Colusión: Gato por Liebre

Lo que se omite en este punto es que todos los carteles referidos se han desbaratado garantizándole impunidad o sanciones absurdas a sus partícipes, y que todos ellos se formaron después que se eliminó la colusión como delito.

viernes, 08 de julio de 2016 15:24 
Se acaba de despachar por el Congreso una serie de modificaciones a nuestra legislación sobre libre competencia, marcada por la polémica que enfrentó al Ministerio Público y a la Fiscalía Nacional Económica acerca de la persecución criminal de la colusión. En este contexto, finalmente primó la posición del "órgano técnico" en cuanto a que sólo se podría investigar el delito de colusión, que se restablece en esta nueva ley, en caso que el Fiscal Nacional Económico (FNE) interponga una querella criminal.

La exclusividad de la acción penal radicada en un funcionario de la administración, electo por la autoridad política de turno, y que forma parte de sus atribuciones potestativas, demuestra que esta ley es sólo un saludo a la bandera. 

Dentro de los principales fines para establecer que una conducta determinada es constitutiva de delito, se encuentra el prevenir su reiteración, bajo la amenaza de un castigo relevante por parte del Estado en caso de infringir la norma que la prohíbe. En este caso, la amenaza penal se diluye hasta ser inútil, especialmente en un escenario donde el FNE ha abusado del mecanismo de "delación compensada", al ofrecer sustantivos beneficios de forma indiscriminada,  a todas y cada una de las personas que admiten haber sido parte de un esquema colusivo. Tales ventajas van desde garantizar total impunidad, hasta la aplicación de sanciones equivalentes a una fracción de las ganancias que se obtuvieron ilícitamente. De esta forma, resulta esperable que dentro de los "ofertones" que haga el FNE en el futuro, se agregará el no ejercer la acción penal, dando como resultado probable los mismos niveles de impunidad que se observan en la actualidad. 

En este contexto, resultan llamativos los argumentos que se esgrimen para defender la exclusividad de la acción penal del FNE. Es así como se ha resaltado su eficacia en desbaratar carteles por la vía de la delación compensada, lo que constituye un juicio liviano e incompleto, el cual omite que dicha autoridad se ha caracterizado por ocupar la vía fácil de hacer ofertones masivos de impunidad, en vez de restringir este mecanismo a lo imprescindible para contar con antecedentes sobre la existencia de un cartel y quienes participan en él, para después ejercer las enormes facultades de investigación que se le asignan por ley, en la búsqueda de sanciones ejemplares. 
Por otra parte, se sostiene que la mejor demostración sobre la conveniencia de concentrar en el FNE las atribuciones en esta materia, es el número de carteles desbaratados después de la descriminalización de la colusión, lo que contrasta con lo que ocurría previamente. Lo que se omite en este punto es que todos los carteles referidos se han desbaratado garantizándole impunidad o sanciones absurdas a sus partícipes, y que todos ellos se formaron después que se eliminó la colusión como delito. Lo anterior demuestra que la falta de una amenaza de sanción penal seria, incentiva la creación y operación de carteles. 

Por otra parte, el discurso de que estaríamos frente a un área del derecho extremadamente técnica y especializada es una falacia, al no tener una densidad dogmática equivalente a la del derecho penal, ni siendo más compleja que la relacionada con ciertos delitos especiales, tales como los establecidos en la ley de mercado de valores y de lavado de activos, entre otros. En este contexto, un Fiscal del Ministerio Público puede asumir sin mayor dificultad el desafío de investigar exitosamente un delito de colusión.

De esta forma, y a partir de pasar gato por libre a la comunidad, se pretende legitimar un esquema normativo funcional a la impunidad, avalando la cuestionable y sobrevaluada actuación del FNE en esta materia. Lo anterior deja especialmente tranquilos a los controlares de una economía ultra concentrada,  donde la existencia de un verdadero libre mercado, bajo condiciones de ingreso que permitan una competencia real, es otra mentira más de aquellas que sostienen la inconsistente imagen que se pretende proyectar de nuestro modelo económico.

Mauricio Daza Carrasco
Abogado  

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viernes, 1 de julio de 2016

Caval: fiscalía acoge denuncia contra ex abogados de Compagnon

Caval: fiscalía acoge denuncia contra ex abogados de Compagnon

Acción presentada por diputados RN pide indagar a ex defensores por prevaricación.

Javier Canales30 de junio del 2016 / 22:50 Hrs

La Fiscalía Centro Norte acogió a tramitación la denuncia por prevaricación que interpuso un grupo de diputados de RN contra los ex defensores de Natalia Compagnon -los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena-, durante la primera etapa del caso Caval.

Así lo anunciaron los diputados RN José Manuel Edwards, Diego Paulsen y Paulina Núñez, quienes acudieron al Ministerio Público el 16 de junio para interponer la denuncia, con el objetivo de que se indague si los ex defensores perjudicaron a Compagnon, además de una posible intervención de La Moneda en la estrategia seguida por Polanco y Norambuena.

La acción judicial fue presentada luego de que Natalia Compagnon manifestara su disconformidad con el manejo de sus anteriores abogados, no descartando que su defensa estuviera controlada por La Moneda.

 "A ellos les importaba mucho que yo no hablara con la prensa, que siguiera estrictamente el camino judicial en esto, que ojalá salpicara lo menos posible al gobierno, siempre la idea fue separarme completamente de La Moneda", dijo la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet en entrevista con Reportajes de La Tercera, donde agregó que se sentía "perjudicada" por el manejo de sus ex defensores, ligados al estudio del abogado Isidro Solís, históricamente cercano a la Mandataria.

"Estamos muy conformes porque se acogió a trámite la denuncia y esperamos que se llegue a la verdad respecto de si La Moneda digitó o no el caso Caval a través de influenciar de manera no legal el actuar de los abogados de Compagnon", dijo el diputado Edwards.

Según el legislador, "si el delito de prevaricación se llegara a comprobar, estaríamos frente a una situación en que el hilo se pudo haber cortado por lo más delgado, que era dejar caer a Compagnon para así salvar a la Presidenta Bachelet y a su hijo, Sebastián Dávalos".

En la denuncia, los parlamentarios invocan el artículo 231 del Código Penal, que señala que "el abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio que causare". Las penas van desde la suspensión hasta la inhabilitación perpetua para el cargo o la profesión, además de una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.

En esa línea, el abogado patrocinante de la denuncia, Eduardo Riquelme, afirmó que "valoramos que la denuncia se haya acogido a trámite por parte de la fiscalía, y esperamos que se realicen algunas diligencias a fin de esclarecer el ilícito que se ha denunciado".

A cargo de la investigación, la Fiscalía Centro Norte designó a la fiscal Giovanna Herrera.

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jueves, 30 de junio de 2016

CORRUPCION EN HOSPITAL ROBERTO DEL RIO INVESTIGA LA CONTRALORIA POR PAGOS A SR RIQUELME

Contraloría abre investigación especial por pagos a ex empresas de Riquelme

Indagatoria fue notificada ayer al Hospital Roberto del Río y se agrega al sumario abierto en febrero a la Administración de La Moneda. El hospital pagó en 2014 $ 165 millones a Greentec, firma creada por Cristián Riquelme, ex administrador de Palacio.

F. Torrealba y G. Sandoval30 de junio del 2016 / 01:35 Hrs

Ayer en la mañana la dirección del Hospital Roberto del Río fue notificada del inicio de una investigación especial por parte de la Contraloría.

Uno de los objetivos de la indagatoria apunta a esclarecer los millonarios pagos que realizó la institución de salud a la empresa Greentec, por una serie de trabajos realizados en distintas dependencias del lugar.

Según un reportaje de Ciper, el 21 de febrero de 2014 el recinto hospitalario canceló a Greentec $ 139 millones por la reparación de unos quirófanos y el 30 de mayo del mismo año se pagaron $ 24,9 millones por la instalación y reparación del sistema de climatización de pabellones quirúrgicos.  

En la sociedad con la que se constituyó Greentec -de acuerdo a información comercial y los antecedentes revelados por Ciper- participaron, en diciembre de 2010, el ex administrador de La Moneda Cristián Riquelme, el ex jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos del Ministerio del Interior Flavio Candia y Julio Campos.

"Hoy vino el fiscal de la Contraloría a avisar que se iba a iniciar una investigación especial. Entiendo que ellos tienen que ponerse en contacto con nuestras unidades y hacer las diligencias correspondientes", dijo a La Tercera Roberto Avila, director del hospital.

Respecto de los antecedentes que provocan la investigación especial, Avila agregó: "Yo realmente no sé, porque soy el director del hospital hace apenas 20 días, antes estaba en unidades muy pequeñitas, me acaban de asignar y antes, sinceramente, no estaba en contacto ni con la administración del hospital ni con los contratos de abastecimiento".

Riquelme renunció a su cargo el 17 febrero luego de una seguidilla de cuestionamientos, entre ellos por los millonarios contratos suscritos entre empresas creadas por él -una de ellas Greentec- y reparticiones públicas. 

El mismo día de la renuncia, la Contraloría inició un sumario a la Dirección Administrativa para, precisamente, revisar si existe alguna anomalía en la adjudicación de estos y otros trabajos a las ex empresas de Riquelme.

Una de estas firmas es Comercial A y R o Socoar, que fue creada en julio 2010, también por Riquelme. Eso sí, en este caso, junto a su esposa. En septiembre de 2014, Riquelme, que llevaba seis meses en Palacio, le vendió su participación a su padre, quien a su vez hizo lo propio, en noviembre de 2015, incorporando en la propiedad de Socoar a David Arévalo.

Este administrador público fue parte del equipo de la Dirección de Administración de La Moneda desde enero de 2007 bajo las órdenes precisamente de Riquelme. 

Tras dejar el cargo a mediados del gobierno de Sebastián Piñera, también según lo informado por Ciper, Arévalo, entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013, trabajó en el Hospital Roberto del Río, ejerciendo roles de analista de compras y como encargado del contacto con los proveedores.

Si bien el sumario de la Contraloría iniciado en febrero tenía como plazo 90 días hábiles, es decir debía concluir el 23 de mayo, se pidió una ampliación del periodo, lo que va en paralelo a la investigación especial notificada ayer a la dirección del hospital. Esta indagatoria corresponde a una pesquisa sobre un hecho puntual dentro del sumario y que, en este caso, se inició de oficio.

Además, según publicó ayer El Mercurio, el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, abrió en febrero su propia indagatoria por los posibles delitos fraude al Fisco y negociación incompatible. 

La Tercera intentó contactarse ayer directamente, y a través de sus cercanos, con Riquelme, pero no fue posible.






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Rodrigo González Fernández
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miércoles, 29 de junio de 2016

CORTE SANCIONA FINALMENTE EL CASO MOP GATE DEL GOBIERNO DE RICARDO LAGOS.

CORTE SUPREMA DICTA SENTENCIA DEFINITIVA EN ARISTA PRINCIPAL DEL CASO MOP GATE

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación sobre una serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gestión Ambiental y Territorial (GATE), proceso que investigó en primera instancia la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz.

En fallo unánime (causa rol 25378-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había condenado a 11 empleados de empresas consultoras que operaron con el MOP.

De esta forma, el máximo tribunal mantuvo la sentencia de primera instancia dictada por ministra Chevesich, que condenó a los siguientes funcionarios públicos:

-Carlos Cruz Lorenzen: 3 años de presidio en calidad de autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Sergio Cortés Castro: 5 años de presidio como autor del delito de fraude al fisco continuado.
-Roberto Salinas Briones: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Sergio Hinojosa Ramírez: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Ramón Silva Améstica: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Eduardo Bartholin Zanetta: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Gonzalo Castillo Navasal: 61 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Nassir Sapag Chain: 200 días de presidio como autor de fraude al fisco.
-Héctor Quiroz Astorga: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Dolores Rufián Lizana: 60 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Óscar Araos Guzmán: 541 días de presidio como autor de fraude al fisco continuado.
-Héctor Peña Véliz: 61 días de presidio como cómplice de fraude al fisco.
-Luis Jara Núñez: 40 días de presidio como encubridor de fraude al fisco.

La sentencia del máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia: "(…) en atención a las fundamentaciones que se han reproducido, este tribunal no puede sino llegar a la convicción, basada en la prueba que analiza profusamente el fallo de primer grado, que en la especie se ha configurado el delito de fraude al Fisco ocasionado con las maquinaciones que se expresan claramente en el fundamento 22 del dictamen de primera instancia y que ocasionó al Estado un perjuicio efectivo de $799.142.217, en la que un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos que se destinaron a pagar honorarios no consultados en el presupuesto público y que el Fisco no estaba en el deber de solucionar, lo cual según los antecedentes latamente explicados en dicha sentencia, que se ha reproducido en lo pertinente, importa cumplir con los elementos del tipo penal que hacen ilícita esas maniobras dolosas".

Resolución que agrega: "Con el mismo rigor probatorio se ha demostrado que en dichas conductas ilícitas tuvieron participación culpable en el delito, que se calificó como continuado, los acusados Cruz Lorenzen, Cortés Castro, Salinas Briones, Hinojosa Ramírez, Silva Améstica, Bartholin Zanetta, Castillo Navasal, Sapag Chaín, Quiroz Astorga, Rufián Lizana, Araos Guzmán, Peña Véliz y Jara Núñez, de modo que esa convicción de condena basada rigurosamente en la prueba aportada y que se constituyen como cargos fehacientes de esa responsabilidad, obligan a aceptar el criterio de condena manifestado en la sentencia de primera instancia y por lo tanto, no es posible modificar esas determinaciones y que aparecen reclamadas en los recursos interpuestos por dichos sentenciados, para enervar esas decisiones".

"Esta Corte coincidirá –continúa– con la juez a quo en lo que se refiere a las absoluciones de determinados consultores que dispusieron los giros de cheques de la cuenta corriente de su empresa para hacer devolución de una parte de un precio que a instancias de funcionarios del MOP, mandante de dichos contratos, según condiciones impuestas de forma perentoria y que aparecían como aceptables o plausibles, de manera que en los casos de los inculpados Marcos Luraschi, Abdón Naím, Sergio González, Francisco González, Eduardo Valenzuela, Luis Arrau, Alejandro Gutiérrez, Francisco Donoso, Carlos Calderón, Luis Solar y Jorge Quiroz, no demostrada de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito, ideado por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP, es dable aceptar la certeza moral absolutoria arribada por la juez de primera instancia y que autoriza el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal".

La sentencia, además, impone a los condenados Cruz, Cortés, Salinas, Hinojosa, Silva, Bartholin, Castillo, Sapag, Quiroz, Rufián, Araos, Peña y Jara, las penas accesorias de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio público y se les impone una multa ascendente al 10% del monto defraudado.

En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, por el Estado de Chile, y se condenó a los acusados a pagar la suma total $799.142.217 (setecientos noventa y nueve millones ciento cuarenta y dos mil doscientos diecisiete pesos).

VER FALLOS (PDF)
Corte Suprema
ICA Santiago
Primera instancia

 


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Rodrigo González Fernández
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