Protección a funcionarios que denuncien irregularidades:
Congreso despacha ley de agenda de probidad
CLAUDIO SALINAS, SEBASTIÁN RIVAS
Iniciativa contó con apoyo de todos los sectores parlamentarios.
CLAUDIO SALINAS Y SEBASTIÁN RIVAS
Aunque eclipsada por la incontrarrestable visibilidad que han tenido los proyectos del Transantiago, la agenda legislativa de transparencia y probidad impulsada por el Gobierno registró en los últimos días un significativo avance en el Congreso, con la inminente promulgación de la primera ley del paquete y el pronto despacho de otra iniciativa emblemática.
Listo para ley quedó el proyecto que crea un estatuto de protección a los funcionarios que denuncien irregularidades o casos de corrupción y la Cámara de Diputados despachó en segundo trámite la iniciativa que garantiza el acceso a la información pública y crea el Consejo para la Transparencia.
Ambas propuestas legales concitaron el apoyo de todos los grupos parlamentarios e incluyen perfeccionamientos que han sido concordados entre el gobierno y la oposición, aunque sin acuerdos políticos previos.
Pese al clima de crispación que ha predominado entre ambos sectores en el último tiempo, el ámbito relativo a la modernización del Estado parece hasta ahora mantenerse al margen de la guerrilla política cotidiana.
Prueba de ello es que el proyecto que asegura el acceso a la información tuvo su origen en una moción conjunta de dos adversarios políticos, los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS), que el Gobierno recogió en una indicación sustitutiva.
La llamada agenda de transparencia, probidad, modernización del Estado y calidad de la política fue lanzada en noviembre del año pasado por la Presidenta Bachelet, en momentos que su gobierno era sacudido por las irregularidades detectadas en Chiledeportes.
La agenda es conducida por el ministro José Antonio Viera-Gallo, con la colaboración del subsecretario Edgardo Riveros y el secretario ejecutivo designado por la Presidenta para esta tarea, Rafael Blanco.
El primer proyecto de esta agenda que se convertirá en ley establece que los funcionarios públicos (de la administración central y de las municipalidades) que denuncien irregularidades o actos de corrupción no podrán ser objeto de calificaciones, ni de traslados, ni destituciones durante el periodo que dura la investigación del caso o situación denunciada.
Rafael Blanco explica que el cuerpo legal creará una suerte de "inmunidad" para los funcionarios denunciantes, a fin de que se pueda indagar con calma y sin que se tomen represalias en su contra.
Advierte, sin embargo, que habrá sanciones a quienes hagan denuncias irregulares, que resulten falsas o sin fundamentos.
La directora de la corporación Participa, Andrea Sanhueza, valoró la aprobación de este proyecto destacando su rápida tramitación (en sólo seis meses) y poniendo de relieve que se trata de una "ley bien compensada" al equilibrar derechos y obligaciones de los funcionarios.
Opinó que la nueva normativa permitirá un aumento de las denuncias y su sola implementación será un elemento inhibidor de irregularidades.
La semana pasada, la Cámara Baja aprobó en general y particular uno de los proyectos más señeros de la agenda: el que establece una ley marco de acceso a la información que está en manos del Estado.
"Este proyecto es muy emblemático, porque el control de irregularidades y de la corrupción pasa por establecer espacios de transparencia en las decisiones públicas. Mientras más transparente sea el accionar del gobierno, quedan menos espacios para las irregularidades", sostiene Rafael Blanco.
La iniciativa legal establece las obligaciones del Estado en transparencia activa -incluyendo a las empresas públicas y las municipalidades- y los procedimientos específicos para que los ciudadanos puedan acceder a la información que está en manos estatales. Además, acota las causales de reserva que podrán invocar las autoridades para restringir el acceso a la información.
La novedad principal es que se creará un Consejo para la Transparencia, que velará porque el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia activa y pasiva. Esta institución podrá obligar a los funcionarios públicos a entregar información e incluso podrá establecer sanciones a quienes no lo hagan, que van desde una multa hasta la suspensión del cargo.
Delegación al Reino Unido
Otro ejemplo de la colaboración que en este ámbito están desarrollando el Gobierno, el Congreso, los órganos fiscalizadores y la sociedad civil. Este viernes viajará al Reino Unido una delegación oficial que fue invitada por las autoridades británicas a conocer las instituciones inglesas en materia de transparencia y acceso a información pública. La comitiva la componen los diputados Jorge Burgos (DC) y Alberto Cardemil (independiente-Alianza), el contralor Ramiro Mendoza, el abogado Juan Pablo Olmedo (Pro-Acceso) y Rafael Blanco.
Congreso despacha ley de agenda de probidad
CLAUDIO SALINAS, SEBASTIÁN RIVAS
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CLAUDIO SALINAS Y SEBASTIÁN RIVAS
Aunque eclipsada por la incontrarrestable visibilidad que han tenido los proyectos del Transantiago, la agenda legislativa de transparencia y probidad impulsada por el Gobierno registró en los últimos días un significativo avance en el Congreso, con la inminente promulgación de la primera ley del paquete y el pronto despacho de otra iniciativa emblemática.
Listo para ley quedó el proyecto que crea un estatuto de protección a los funcionarios que denuncien irregularidades o casos de corrupción y la Cámara de Diputados despachó en segundo trámite la iniciativa que garantiza el acceso a la información pública y crea el Consejo para la Transparencia.
Ambas propuestas legales concitaron el apoyo de todos los grupos parlamentarios e incluyen perfeccionamientos que han sido concordados entre el gobierno y la oposición, aunque sin acuerdos políticos previos.
Pese al clima de crispación que ha predominado entre ambos sectores en el último tiempo, el ámbito relativo a la modernización del Estado parece hasta ahora mantenerse al margen de la guerrilla política cotidiana.
Prueba de ello es que el proyecto que asegura el acceso a la información tuvo su origen en una moción conjunta de dos adversarios políticos, los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS), que el Gobierno recogió en una indicación sustitutiva.
La llamada agenda de transparencia, probidad, modernización del Estado y calidad de la política fue lanzada en noviembre del año pasado por la Presidenta Bachelet, en momentos que su gobierno era sacudido por las irregularidades detectadas en Chiledeportes.
La agenda es conducida por el ministro José Antonio Viera-Gallo, con la colaboración del subsecretario Edgardo Riveros y el secretario ejecutivo designado por la Presidenta para esta tarea, Rafael Blanco.
El primer proyecto de esta agenda que se convertirá en ley establece que los funcionarios públicos (de la administración central y de las municipalidades) que denuncien irregularidades o actos de corrupción no podrán ser objeto de calificaciones, ni de traslados, ni destituciones durante el periodo que dura la investigación del caso o situación denunciada.
Rafael Blanco explica que el cuerpo legal creará una suerte de "inmunidad" para los funcionarios denunciantes, a fin de que se pueda indagar con calma y sin que se tomen represalias en su contra.
Advierte, sin embargo, que habrá sanciones a quienes hagan denuncias irregulares, que resulten falsas o sin fundamentos.
La directora de la corporación Participa, Andrea Sanhueza, valoró la aprobación de este proyecto destacando su rápida tramitación (en sólo seis meses) y poniendo de relieve que se trata de una "ley bien compensada" al equilibrar derechos y obligaciones de los funcionarios.
Opinó que la nueva normativa permitirá un aumento de las denuncias y su sola implementación será un elemento inhibidor de irregularidades.
La semana pasada, la Cámara Baja aprobó en general y particular uno de los proyectos más señeros de la agenda: el que establece una ley marco de acceso a la información que está en manos del Estado.
"Este proyecto es muy emblemático, porque el control de irregularidades y de la corrupción pasa por establecer espacios de transparencia en las decisiones públicas. Mientras más transparente sea el accionar del gobierno, quedan menos espacios para las irregularidades", sostiene Rafael Blanco.
La iniciativa legal establece las obligaciones del Estado en transparencia activa -incluyendo a las empresas públicas y las municipalidades- y los procedimientos específicos para que los ciudadanos puedan acceder a la información que está en manos estatales. Además, acota las causales de reserva que podrán invocar las autoridades para restringir el acceso a la información.
La novedad principal es que se creará un Consejo para la Transparencia, que velará porque el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia activa y pasiva. Esta institución podrá obligar a los funcionarios públicos a entregar información e incluso podrá establecer sanciones a quienes no lo hagan, que van desde una multa hasta la suspensión del cargo.
Delegación al Reino Unido
Otro ejemplo de la colaboración que en este ámbito están desarrollando el Gobierno, el Congreso, los órganos fiscalizadores y la sociedad civil. Este viernes viajará al Reino Unido una delegación oficial que fue invitada por las autoridades británicas a conocer las instituciones inglesas en materia de transparencia y acceso a información pública. La comitiva la componen los diputados Jorge Burgos (DC) y Alberto Cardemil (independiente-Alianza), el contralor Ramiro Mendoza, el abogado Juan Pablo Olmedo (Pro-Acceso) y Rafael Blanco.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Consultajuridicachile.blogspot.com
Renato Sánchez 3586
telefono: 5839786
santiago-chile
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