Diputados rechazan informe de Comisión Investigadora de Casinos
El texto, que pedía la renuncia del Superintendente de Casinos, Francisco Javier Leiva, fue rechazado por 26 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones.
El informe consignaba que "las conductas y actos del Superintendente lo califican como una persona que no otorga las garantías de ecuanimidad y transparencia indispensable para el desempeño de su cargo. Por lo que se propone a la Sala se acuerde solicitar a la Presidenta de la República" su remoción.
Origen de la Comisión
Mediante un proyecto de acuerdo aprobado por la Sala el 19 de octubre del año pasado, se creó una Comisión Investigadora, dedicada a analizar el funcionamiento de la ley 19.995, que establece las bases generales para la autorización y fiscalización de los casinos de juego, y las resoluciones de otorgamiento y denegación de permisos para la operación de estos recintos a lo largo del país.
La instancia, que presidió el diputado Pablo Lorenzini, estuvo además integrada por los diputados Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Germán Becker, Julio Dittborn, Gonzalo Duarte, Francisco Encina, Pablo Galilea, Carlos Recondo, Alberto Robles y Fulvio Rossi.
En el transcurso de la investigación, asistieron el Superintendente de Casinos, Francisco Javier Leiva; la Presidenta del Consejo Resolutivo, María Olivia Recart; el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, y representantes de las distintas empresas que han participado en los procesos de licitación, entre 60 invitados.
Modificaciones legales
Entre las propuestas y conclusiones, la Comisión Investigadora propuso modificar la ley 19. 995, para crear las condiciones que fomenten el desarrollo de zonas con potencial turístico y se asegure la rentabilidad del negocio; sin descartar que se pueda ampliar el número máximo de casinos en el país.
Se propone establecer expresamente que la precalificación debe extenderse a todos los partícipes que formen parte de la cadena de propiedad de una sociedad, sean personas naturales o jurídicas y; a otras entidades relacionadas con la sociedad postulante; legislar indicando expresamente cuáles son las causales específicas para no precalificar a una sociedad postulante; y homogenizar las exigencias para los accionistas, directores o gerentes de una sociedad operadora, estableciendo nuevas inhabilidades, como por ejemplo ser miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia, o prestar servicios a honorarios; y tener la calidad de cónyuge, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, de autoridades y funcionarios directivos de la Superintendencia.
Irregularidades de la Superintendencia
El documento consigna que la Superintendencia de Casinos de Juego ha actuado con diversos criterios en relación a diferentes operadores. "Los hechos ocurridos son de gravedad y constituyen situaciones anómalas que requieren decisiones que permitan asegurar que a futuro se realizarán todos los esfuerzos administrativos y legales que impidan o disminuyan los riesgos de que se vuelvan a producir", se señala.
Asimismo, se cuestionan las Circulares que permitieron modificaciones sustantivas en los plazos y montos de inversión y proyectos en la mayoría de los permisos de operación, pues "no corresponden a una interpretación adecuada y rigurosa de la Ley".
A la vez, se indica que "se han observado actuaciones confusas de algunos de los Consejos Regionales, Municipios y demás autoridades involucradas en el proceso de adjudicación de casinos".
Por otro lado, el informe concluye que "en la selección de los postulantes al cargo de Fiscal de la Superintendencia se favoreció claramente la opción del actual fiscal que había sido desechada por el Servicio Civil por carecer de las competencias exigidas para el cargo".
Respecto al Superintendente de Casinos, se menciona que "la discrecionalidad y arbitrariedad" que ha regido su actuar, le "ha llevado a adoptar un criterio interpretativo que significa sobrepasar el espíritu de la Ley".
Se agrega en esta materia que "falta de rigurosidad en los análisis respecto a las exigencias de la ley e inexplicables prórrogas de plazos sin que existan las razones fundadas para ello".
Jueves 12 de julio de 2007
Informe de la Comisión Investigadora de Casinos
Rodrigo González Fernández
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www.lobbyingchile.blogspot.com
Renato Sánchez 3586
santiago-chile
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