lunes, 28 de julio de 2008

Decisión del Comité Penal : CDE se querella contra Cristina Girardi por malversación

Decisión del Comité Penal

CDE se querella contra Cristina Girardi por malversación de fondos

El libelo criminal incluye también el ilícito de apropiación indebida contra la edil, y apunta además contra su ex gerente de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia, Marcelo Belmar, quien ya se encuentra formalizado por la Fiscalía Centro Norte debido a un déficit de más de $ 1.375 millones del presupuesto municipal, destinados originalmente a Educación. El texto de la acción penal debería ser revisado esta semana o la próxima, dijo a El Mostrador un consejero del organismo.

Jorge Molina Sanhueza

El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ordenó redactar una querella criminal en contra de la alcaldesa PPD de Cerro Navia, Cristina Girardi, por los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, por el déficit de más de $ 1.375 millones que originalmente estaban destinados al ítem educación de la comuna.

El libelo criminal –según confidenció un consejero del organismo a El Mostrador.cl- incluye también a Marcelo Belmar (PPD), ex gerente de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia (Cormucena), quien ya se encuentra formalizado por la fiscal Centro Norte Alejandra Bravo y querellado por la propia Girardi.

La determinación de recurrir penalmente en contra de ambos fue adoptada por la entidad el pasado 22 de mayo. El libelo debiera ser revisado esta semana o la próxima para afinar algunos detalles, antes de que sea ingresado formalmente al Quinto Tribunal de Garantía.

Se trata de un duro golpe al PPD, en momentos en que se desarrolla la campaña municipal, sumado a los problemas internos que se produjeron con el nombramiento del ex ministro de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro García, como candidato a alcalde de Cerro Navia. García fue designado por el partido en detrimento de Belmar, debido a la situación judicial que enfrenta. Belmar, ocupó el cargo de tesorero del partido durante la presidencia de Víctor Barrueto.

Los cruces políticos no son menores, ya que la acción penal está dirigida al núcleo duro de poder del girardismo, que controla la colectividad.

La historia de las anomalías con los dineros municipales se remonta a un informe que redactó el propio Belmar en octubre de 2007, el cual puso en conocimiento del concejo edilicio. En este se demostraba un déficit de más de $ 700 millones.

De acuerdo a los hechos relatados por la propia Cristina Girardi en su querella de enero pasado, se resolvió nombrar a un interventor para cuantificar la envergadura del problema. Entonces designó al jefe de administración y finanzas Víctor Rolack. Su diagnóstico en noviembre del año pasado fue aún peor: la cifra alcanzaba a los $ 1.375 millones.

Link tipificado

La compleja situación de Cristina Girardi se suma a la del alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), sobre quien la Fiscalía Occidente mantiene una investigación desformalizada en su contra.

Undurraga es uno de los hombres cercanos a la actual presidenta del PDC Soledad Alvear, quien lo ha elogiado públicamente por su labor en el municipio. El vínculo se produce porque el martes de la semana pasada el pleno del CDE, decidió no presentar la querella por fraude al fisco -"por ahora", dijo un alto miembro del organismo-, que el mismo Comité Penal había ordenado redactar.

En la oportunidad, el criterio usado por los consejeros es que faltaba un informe de la Contraloría antes de tomar la decisión final. En todo caso, el libelo criminal ya está redactado y al igual que para el caso de Cristina Girardi, el asunto es sólo cosa de tiempo.

CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
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sábado, 26 de julio de 2008

CORRUPCION EN CHILE Y EL MUNDO Ver blog

CORRUPCION EN CHILE Y EL MUNDO

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este blog ya tiene 779 entradas, publicadas por última vez el 26-jul-2008

Agradecemos a nuestros lectores;

saludos Rodrigo González Fernández

el mercurio : Ley de Transparencia

Ley de Transparencia

El Tribunal Constitucional aprobó por mayoría la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y rechazó sólo un artículo referido al Banco Central. La innovación más significativa del nuevo cuerpo legal, que se promulgará próximamente, es la creación de un Consejo para la Transparencia, que fiscalizará el cumplimiento de las normas de esta ley.

Dicho consejo estará integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios del Senado. Entre sus funciones incluye la de resolver los reclamos que le sean formulados contra quienes se nieguen a entregar información. Para ello podrá recibir testimonios y obtener las informaciones y documentos necesarios, e imponer multas hasta por el 50 por ciento de la remuneración -cabe presumir que la ley alude a la mensual- del infractor.

Aunque las normas legales recién aprobadas parecen constituir un avance hacia una mayor transparencia, posiblemente no signifiquen grandes cambios, dadas las enormes posibilidades de crear excepciones a la apertura de la información que la misma ley contiene. No es éste el primer intento por transparentar la información pública que está en manos de diversas agencias del Estado, pero en cada una de las iniciativas anteriores las excepciones fueron tan amplias, que convirtieron a las nuevas disposiciones en una profunda desilusión. En esta oportunidad, es alto el riesgo de que suceda lo mismo, pues la ley establece excepciones que parecerían ir más allá de lo que dispone la propia Constitución, aunque no lo entendió así la mayoría del TC. Si el artículo 8° de la Carta señala que "sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto" cuando se cumplan ciertos requisitos, la nueva ley amplía las posibilidades de negar la información y acepta que se mantengan todas las reservas legalmente establecidas antes de la reforma constitucional que creó dicho artículo 8°, afirmando simplemente que "se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado".

Las leyes de transparencia son hoy una tendencia reciente en el derecho comparado. Con excepción de Suecia, que tuvo la primera ley sobre la materia hace siglos, los demás países sólo la han normado en los últimos decenios. Los resultados prácticos tampoco han sido muy significativos, como hemos visto en Chile con los documentos sobre nuestra historia reciente difundidos por agencias estadounidenses con las palabras o párrafos clave borrados. Pese a ello, en varios países se ha logrado que los ciudadanos conozcan alguna información que, de lo contrario, les estaría vedada.

más información, pincha aquí

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2008/07/26/ley-de-transparencia.asp#comments

CHILE: SENADO, Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

Senador Hernán Larraín, Región del Maule.

Según el senador Hernán Larraín, con ello no sólo se daría cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que entrará en vigencia en marzo de 2009, sino que se fortalecerá la transparencia

La publicación de las declaraciones de intereses y de patrimonio de los senadores en el sitio web de la Cámara Alta, sería a juicio del senador Hernán Larraín una positiva señal para fortalecer la transparencia por parte de los legisladores, con miras a la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, que comenzará a regir en marzo de 2009.

El parlamentario, quien es autor de la iniciativa junto al senador Jaime Gazmuri, valoró la pronta entrada en vigencia de la Ley al mismo tiempo que propuso complementar la información sobre el quehacer del Senado, que se entrega a través de Internet.

"Aquí de lo que se trata, es de transmitir que quienes ejercemos cargos de responsabilidad pública estamos sirviendo al país y no aprovechando los cargos en beneficio propio, y por eso es indispensable que haya esta transparencia. En ese sentido, creo que sería positivo que la declaración de intereses y de patrimonio personal estuvieran incorporadas dentro de las publicaciones que hace el propio Senado", señaló.

Según el legislador, "somos algunos los que las tenemos en nuestras páginas web. Se puede encontrar mi declaración de patrimonio y de intereses en mi página, pero eso debería ser algo hecho por parte del Senado para que la transparencia en todos los ámbitos sea un dato de la causa".

TRANSPARENCIA ACTIVA

El senador Larraín valoró que la iniciativa haya pasado su último trámite en el Tribunal Constitucional la semana pasada, argumentando que "estoy muy contento de que se haya terminado la tramitación de un proyecto de ley que presentamos en enero del 2005 y que tres años después pareciera que va a conocer la luz del día".

Junto con agradecer el apoyo que le entregó el senador Gazmuri al impulsar esta iniciativa cuando ambos eras miembros de la Mesa del Senado, el parlamentario advirtió que la entrada en vigencia de esta ley va a revolucionar el funcionamiento del Estado.

"Vamos a terminar con la cultura del secretismo, vamos a incorporar la transparencia en el funcionamiento de nuestras autoridades públicas en todos los ámbitos y va a significar no solamente un freno a la corrupción sino que también una mayor participación y por lo tanto una mejor democracia", advirtió.

No obstante, el legislador destacó lo que ha hecho la corporación en materia de transparencia, argumentando que "ya tenemos prácticamente todo lo que se hace internamente publicado en nuestra página web y por lo tanto, hemos convertido al Senado en una de las instituciones más transparentes del país".

Sin embargo, señaló que "todavía quedan aspectos que alcanzar, de manera que toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos sea finalmente susceptible de conocimiento público y si hay alguien que requiera algún antecedente en ese sentido, entonces tendremos que hacer un esfuerzo especial por darlo y al mismo tiempo aprovechar para generalizar cualquier solicitud de información para que el Senado efectivamente sea un modelo de transparencia y por lo tanto un ejemplo de democracia y de participación para todo Chile".

La iniciativa que debería ser promulgada los primeros días de agosto, obliga a todos los organismos de la administración central, regional y comunal a entregar en un plazo de 20 días hábiles los antecedentes requeridos por la ciudadanía.

Para velar por el cumplimiento de las disposiciones, se crea el Consejo para la Transparencia que estará integrado por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República y ratificados por los dos tercios del Senado.

Los organismos públicos deberán divulgar en la web sus dotaciones de personal y las remuneraciones de los funcionarios, sus presupuestos, las nóminas de beneficiarios de programas sociales y contrataciones y adquisiciones entre otros.

martes, 22 de julio de 2008

Bachelet pone presión a la Alianza para que apruebe proyectos que evitan intervencionismo electoral

RECORDAR EL DESCARADO INTERVENCIONISMO DEL GOBIERNO DE LA CONCERTACION EN ELECCIONES PASADAS , SANCIONADO POR LA JUSTICIA.

Bachelet pone presión a la Alianza para que apruebe proyectos que evitan intervencionismo electoral

El ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, dijo que cuando "la derecha dice que el gobierno no ha tomado medidas en contra de la intervención electoral no es exacta su afirmación".

Cristián Chandía

21/07/2008 - 18:02

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La Presidenta Michelle Bachelet decidió sacar al pizarrón a la Alianza al definir las urgencias que tendrán los proyectos sobre fideicomiso ciego y aquel que busca impedir la intervención electoral indebida de las autoridades, en una estrategia que busca poner presión a la oposición luego de las acusaciones de este sector sobre eventual intervencionismo del gobierno.

La jefa de Estado y sus ministros decidieron poner suma urgencia (10 días por Cámara) al de fideicomiso ciego. Y discusión inmediata (3 días por Cámara) al que regula el gasto e impide el intervencionismo electoral.

El objetivo del gobierno es que las iniciativas puedan ser ley antes de las elecciones municipales de tal manera que "ningún alcalde, sea del partido que sea, pueda intervenir directa o indirectamente de forma indebida para su propia reelección, o que ningún funcionario municipal pueda intervenir inadecuadamente para favorecer a un determinado candidato".

El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, dijo que "no hay ninguna razón para que se pretenda generar en Chile un movimiento por las elecciones libres" en referencia indirecta a la postura del abanderado de RN Sebastián Piñera.

"Buscamos una elección libre de cualquier injerencia indebida y como hemos concordado con la oposición un conjunto de normas que haga más estricto el gasto electoral para que no se sobrepase todo límite sin ninguna sanción y por otra parte una serie de autolimitaciones de autoridades durante el período electoral, quisiéramos que ese proyecto de ley sea despachado por la Cámara y por el Senado con discusión inmediata de tal manera que pudiera ser ley en el mes de agosto", explicó el ministro.

Respecto al fideicomiso ciego, el ministro dijo que este proyecto está presentado en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados y busca "separar interés particular de interés general".

Viera Gallo manifestó que esta iniciativa "recoge consenso amplio". En esta línea reiteró que "cuando la derecha dice que nosotros y el gobierno no ha tomado medidas en contra de la intervención electoral no es exacta su afirmación porque nosotros presentamos las indicaciones y ellos las aprobaron unánimemente. Si ellos promueven más rigor en ese sentido, que hagan sus propuestas en el Senado cuando se discuta, pero que valga no sólo para la elección parlamentaria ni presidencial sino para esta elección".

lunes, 21 de julio de 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= EL MOSTRADOR : Los procesos de acreditación en el ojo del huracán

tras escándalo de la U. de las Américas

Los procesos de acreditación en el ojo del huracán

En el Consejo Superior de Educación cayó como balde de agua fría la publicación que develó el grave conflicto de interés de algunos de sus miembros que terminaron con altos puestos en la casa de estudios acreditada por ellos mismos. El escenario es aún más complejo para cuando empiecen a operar las agencias acreditadoras, instancias privadas que están ad portas de iniciar el proceso de acreditación de miles de programas.

Claudia Urquieta Chavarría

A la educación le llueve sobre mojado. Y a estas alturas no es una simple metáfora, ya que al "jarrazo" recibido por la ministra Mónica Jiménez se suma el balde de agua fría experimentado por el sistema de acreditación que, varias veces cuestionado, sufrió un duro revés luego de que se hiciera público el conflicto de intereses tras la acreditación de la Universidad de Las Américas denunciado por La Nación Domingo.

Y no es para menos. Mal que mal la luz verde entregada a la casa de estudios por la renunciada vicepresidenta del Consejo Superior de Educación (CSE), Paulina Dittborn que luego fue anunciada como la próxima rectora del plantel educacional, y del ex jefe de la división de educación del Minsal, Julio Castro, que hoy es el asesor educacional de la red de instituciones académicas, plantearon más de una alerta en torno al funcionamiento de las instancias acreditadoras.

No es la primera vez que algo no huele bien en el sistema liderado por el CSE y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este medio ya había detallado otras situaciones que dejaban en duda las motivaciones que movían las opiniones y los votos en contra o a favor de acreditar un centro de educación superior.

Al respecto, el académico Juan Eduardo García Huidobro considera "poco presentable" este tipo de situaciones y asegura que "aunque no hay nada ilegal, el hecho le quita confiabilidad al sistema".

En tanto, el columnista Juan Guillermo Tejeda señala que esto "es un indicio de cómo marchan las cosas en el sistema educacional chileno. El baile de nombres con un pie en organismos públicos y el otro en empresas privadas y además la manito o la nariz en alguna trenza política es, a mi juicio, escandaloso. Y sin embargo es difícil remediarlo porque hay muchos aspectos de inhabilitación que no están reglados en la actualidad".

En el caso del CSE, que es un organismo público autónomo creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 1990, no hay una normativa interna que inhabilite a sus miembros a participar en las instituciones de educación que son objeto de procesos de acreditación. Potencialmente podrían estar regidos por la Ley de Bases de la Administración del Estado, que da una moratoria de seis meses para funcionarios públicos y autoridades fiscalizadoras para desempeñarse en alguna institución fiscalizada. Pero, según fuentes ligadas al sistema de acreditación "los alcances de esa norma aún necesitan ser precisados, ya que es bastante interpretativo".

En vista de esto, el presidente la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Manuel Monsalve (PS) impulsa una moción junto a otros parlamentarios, que prohíbe durante dos años a los miembros que dejan el cargo en el CSE integrarse a las filas de instituciones que hayan participado en procesos de acreditación. Y en el caso de la CNA, que surge a partir de de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada en octubre de 2006, se propone ampliar la incompatibilidad que establece el artículo 7º de dicha ley, de seis meses a dos años.

Y además, la comisión acordó citar para el próximo 29 de julio al presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, y al representante del CSE para que den cuenta del proceso de acreditación de la Universidad de las Américas, para aclarar por qué la CNA por unanimidad rechazó la acreditación y luego el CSE por unanimidad se la entregó. En todo caso, según fuentes ligadas al caso, "no hay espacio legal para revocar la acreditación a la Universidad de las Américas".

Para Monsalve, más allá de lo que suceda con el caso puntual de dicha casa de estudios,"está en cuestionamiento la transparencia de los procesos de acreditación".

Y agrega que "tomando en cuenta la masificación de las universidades en los últimos 10 años, que ya cuenta con unos 700 mil alumnos, de los cuales 200 mil están en instituciones no acreditadas, la CNA y el CSE van a jugar un rol muy importante al garantizar la calidad de estos estudiantes y es fundamental que no quede la duda de que existen otro tipo de intereses".

Desde el CSE, anuncian que están realizando una investigación interna sobre lo sucedido, y que en los próximos días se pronunciarán oficialmente sobre el tema.

Las Agencias Acreditadoras entran al ruedo

Otro papel crucial en la educación superior lo tendrán las agencias acreditadoras, actualmente en proceso de aprobación por parte de la CNA, que hasta el momento ha dado el visto bueno a tres de las cinco inscritas.

El rol que jugarán estas entidades privadas, será el de acreditar carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, magíster y especialidades en el área de la salud.

Para García Huidobro el panorama es complejo, porque "tendremos cientos o miles de acreditaciones y somos un país chico donde el sistema académico es muy reducido. Por eso, tendrá que hacerse un código de inhabilidades más explícito".

De hecho, según explica el abogado de la Universidad de Chile Eric Palma, el reglamento aprobado por la CNA respecto de las agencias señala que "las agencias, sus propietarios, socios o miembros directivos no podrán prestar, por un lapso de veinticuatro meses, a lo menos, servicios de consultoría o asesoría a las instituciones de educación superior en las que hubieren, estén o vayan a desarrollar procesos de acreditación".

Pero no queda claro cómo se garantizará que no haya conflictos de interés, ya que para muchos no es coherente que las agencias sean pagadas por las mismas instituciones que deben acreditar. O que miembros de los planteles puedan actuar a favor de su propia casa de estudios o desfavorecer a la competencia. Otro punto que preocupa, es que no existan restricciones sobre quienes las integran, ya que incluso en la Agencia Akredita QA, se encuentra el diputado Maximiano Errázuriz (RN).

Para Monsalve "no está en cuestión la ética de nadie, sino cómo la institucionalidad da garantías a la ciudadanía de que los procesos que van a garantizar calidad de los centros de estudio apunten a eso y no la protección de otros intereses".

Y recuerda que el tema de la acreditación fue ampliamente abordado por el Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, que concluyó que es necesario revisar el sistema "a fin de asegurar la imparcialidad de las agencias que en él participen, eludir los conflictos de intereses, verificar los criterios que se aplican, examinar los procedimientos y modalidades para la fijación de tarifas y asegurar la publicidad de sus deliberaciones y fomentar la inclusión de todas las instituciones en el sistema". Agregando que "la propia Comisión Nacional de Acreditación debiera reglar los conflictos de intereses de sus miembros y las consecuencias a ellos asociados, todo ello sin perjuicio de que la ley mejore y haga más rigurosas las actuales causales de inhabilidad para ser miembro de él".

El conflicto público-privado

Que las agencias acreditadoras sean instancias privadas no es lo ideal a ojos de Monsalve, que preferiría una institucionalidad similar a la agencia de aseguramiento de la calidad que regirá a la educación primaria y media, que es una entidad autónoma pero pública. "El objetivo es proteger un bien común y creo que el derecho a una educación de calidad se garantiza más con instituciones de carácter público".

Opción que para Tejeda es más bien técnica y que depende de la complejidad de cada acreditación."Lo que importa es el adecuado y firme control público de lo que los privados hacen, y en eso hay en Chile una debilidad evidente. Es esta una falla que atraviesa todo el sistema nacional, hay demasiadas zonas grises entre lo privado y lo público, y no debiera haberlas", asegura el docente.

Y recalca que en Chile se insiste en llamar "universidades" a entidades "que tienen cero peso académico, y que se dedican exclusivamente al rubro de impartir docencia. Las universidades son otra cosa. Que sean universidades -públicas o privadas- aquellas entidades que se dedican al conocimiento como un todo, en todas sus manifestaciones, incluyendo investigación, estudios multidisciplinarios, publicaciones, extensión, carrera académica, libertad de cátedra, etc. Y que se llamen institutos esos otros espacios donde va uno a sacar un título profesional".

Los conflictos de interés que enturbian la acreditación de universidades

El caso de Ana María Laguna, socia de la empresa fundada por Pilar y Marilú Velasco , EXTEND

Sanción de la SVS por uso de información privilegiada

El espinudo factor Extend

El caso de Ana María Laguna, socia de la empresa fundada por Pilar y Marilú Velasco - que fue multada por faltar al deber de reserva de información confidencial-, revivió una discusión pendiente en el mundo de las comunicaciones corporativas: la ausencia de estándares públicos y por escrito para el sector. El asunto devela un sospechoso triángulo de relaciones que completan los grandes medios y los clientes-avisadores. Aquí, académicos y profesionales del rubro ponen el dedo en la llaga.

Miguel Paz

La sanción de 100 UF impuesta el jueves pasado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Ana María Laguna, una de las socias la empresa de comunicaciones Extend, por incumplimiento del deber de reserva de las negociaciones de D&S con Falabella, difícilmente no afectará la imagen de la compañía fundada por Pilar y Marilú Velasco. Laguna, quien era la encargada de llevar la cuenta de D&S en Extend, fue multada por 100 UF (US$4 mil) ya que según la autoridad habría entregado información privilegiada a su marido Peter Studer sobre el acuerdo de fusión de ambas compañías, y este adquirió $7.879.585 en acciones de la supermercadista de Nicolás Ibáñez, el 16 de mayo de 2007. Es decir, un día antes que se anunciara públicamente la fusión e "inmediatamente después que ella tuvo acceso a tal información por razones laborales".

El caso es inédito en el mundo de las comunicaciones corporativas donde la confianza es un valor clave para los clientes y los medios con los que trabajan las agencias de comunicaciones.

Aunque en Extend negaron los cargos formulados por la SVS y consultados por El Mostrador otorgaron su total respaldo a la ejecutiva "porque la conocemos y sabemos que ella no cometió ninguna falta ya que no reveló ninguna información a su marido", el tema de inmediato provocó discusión en el sector. No tanto por si es o no efectivo lo que plantea la "Súper": Laguna buscará demostrar su inocencia en tribunales y ya se anunció que está siendo representada por el abogado Enrique Alcalde Rodríguez, experto en derecho civil y legislación comercial y económica; sino más bien porque reinstaló el debate sobre la necesidad de un código de ética común para las empresas de comunicaciones. Algo que vaya más allá de las cláusulas de confidencialidad a las que están sujetos los profesionales de la mayoría de las grandes agencias, incluida Extend, empresa que no quiso comentar esta materia. "Es necesario porque permite poner las reglas claras", dice Paulina Gómez, académica de la UC y experta en comunicaciones corporativas.

Son las menos

En Chile son muy pocas las compañías de comunicaciones que cuentan con un código de ética. "Este caso es uno de los que hace que sea necesario que existan y se hagan públicas cuáles son las normas éticas de las agencias para que los clientes tanto como los mercados y la gente puedan conocer su funcionamiento", explica Gómez. "Como no sabemos cuáles son las normas éticas autodefinidas se entra a especular y a imaginar cómo funcionan. Por eso que Extend está en una situación muy complicada, porque es una socia, amiga de muchos años. Es muy razonable que partan de la presunción de inocencia, y tener base para apoyarla", agrega.

Según Gómez, quien hizo un estudio sobre la materia, salvo las transnacionales Burson Marsteller, Hill & Knowton Captiva, de Cristina Bitar, "que lo traen de afuera", o Imaginacción de Enrique Correa, que lo tiene publicado en su página web, el resto está en deuda. Pero incluso en estos casos, asegura otro consultor de una agencia top que pide anonimato, que exista un código o sea público no siempre se traduce en que se siga al pie de la letra. "Correa puede tener un código y publicitarlo cuanto quiera pero anda a pillarlo en una reunión oficial y pública con la contraparte de sus clientes", ironiza y asegura que la sanción de la SVS fue "una luz amarilla, porque en más de un caso se ha visto rota la confidencialidad con que nos debemos manejar".

No es primera vez que el modo de operar de las empresas de comunicaciones es materia de discusión. En septiembre de 2006, en un artículo de su revista institucional la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó la inquietud de editores y periodistas de varios medios por la labor de las empresas de comunicación estratégica como intermediarias entre los periodistas y las fuentes de empresas de los sectores público y privado.

En uno de los párrafos clave, Guillermo Turner (actual presidente de la ANP) señaló la ausencia de manuales de conducta y de un consejo de ética como un peligro para el sector y los medios: "Cualquiera puede denunciar a un medio si ha actuado de manera poco ética. Pero, ¿hay una instancia a la cual recurrir cuando una empresa de comunicaciones ha actuado de manera poco ética? No hay código, no hay normas y al no existir esos criterios no conocemos los códigos de conducta. Dado que en otras partes del mundo sí existen, no estamos hablando de algo descabellado. Que las agencias digan cuáles serán los criterios que van a aplicar, para así saber si los validamos o no".

Además, como "este es un sector que se ve o percibe como poco transparente, entonces se producen más dudas porque si tu no estableces un compromiso escrito queda la idea de que el código de conducta no es tan relevante para ti. Cuánto interés en convertir el problema en oportunidad va a depender de quien dirige. Establecer un código no hace sino fortalecer el sector y se puede convertir en una tremenda oportunidad", agrega Gómez.

Al otro lado de la vereda

En Europa y Estados Unidos los códigos de ética de las agencias de comunicaciones, e incluso los manuales de procedimiento frente a situaciones específicas, están a la orden del día. Al otro lado de la vereda, el tema también está presente y toca el actuar de los periodistas de sectores donde se maneja información altamente sensible para evitar el uso de información privilegiada y la especulación a partir de trascendidos de prensa.

En Inglaterra, por ejemplo, la BBC tiene un estricto código para sus periodistas del área financiera. Peter Day, corresponsal de negocios del programa "Global Business", asegura que como "los reguladores financieros ahora observan a los periodistas muy de cerca, la BBC requiere que sus periodistas registren sus inversiones e intereses".

Así se evitan casos como el ocurrido en 2005 en Chile con Schwager Energy. A fines de ese año, el director del diario Estrategia, Víctor Manuel Ojeda, fue multado por la SVS en 270 millones de pesos por publicar noticias "falsas o tendenciosas" que señalaban que Schwager tenía excelentes negocios entre manos, cuando en realidad no era así. La multa para Ojeda además, indicó la autoridad, se debió a que el periodista usó el medio "para influir en el precio de la acción y obtener ganancias por $183 millones por la compra y venta de estos títulos, a través de la sociedad de inversiones Gestión".

Triángulo complejo

El citado artículo de la ANP también abordó "el triángulo que se genera entre las empresas que contratan a las agencias de comunicación, que son las mismas que avisan en los medios". Esta cuestión para Gómez se hizo evidente en cómo se informó inicialmente al público de las sanciones impuestas por la SVS a los ocho imputados, incluida Ana María Laguna. "El tema está tocando a los medios porque pasa por los avisadores. Por ejemplo, vi el noticiero de Chilevisión la misma noche del jueves y no apareció nada, cosa que me extrañó. Inmediatamente después vino la publicidad y apareció Tottus, que es de Falabella. El Mercurio tampoco mencionó de inmediato que Ana María Laguna sea socia de Extend. No hago ninguna presunción de que el cargo que se le imputa sea verdadero o no, eso debe verlo la justicia. Pero los hechos son los hechos. Y este comportamiento de algunos medios no es el mismo que tienen frente a otros casos donde informan con lujo de detalles. Entonces no sólo se tiene que hablar de las agencias de comunicación estratégica, también de los medios. A mi me impresionan omisiones claras de la información en un canal como Chilevisión, con una línea editorial de denuncia y fiscalización. Algo que deja muy mal a Tottus y Falabella. Si quisieron hacerle un favor, lo hacen muy mal. Porque la gente hace una relación entre ellos".

"Claramente hay un doble estándar", dice otro analista sobre el modo que se enfrentó la información. "Además, desde una perspectiva comunicacional es fatal que algunos ejecutivos dijeron que no apelarán a las sanciones porque queda un manto de duda enorme frente a ellos y las empresas. Eso implica arrojar dudas sobre la Superintendencia que es muy malo para el país también".

Detienen a padre de abogado de los "Car'e Jarro" en operativo contra banda de narcotraficantes

Gracias a las diligencias se logró determinar que la agrupación "Los Guatones", ingresaba al menos cien kilos de cocaína mensuales al país.

La Tercera.com

21/07/2008 - 11:19

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Cae importante banda proveedora de cocaína en la zona sur de Santiago

En medio de un nuevo golpe al narcotráfico, dado a conocer a última hora de ayer, se logró desbaratar una banda dedicada a la venta de clorhidrato de cocaína de alta pureza en la zona sur de Santiago, que además proveía de esta sustancia a los "Car'e Jarro".

Según se informó, con la operación "Hermandad", al mediodía de ayer fueron incautados 40 kilos de cocaína en Antofagasta. La carga tendría su origen en Perú y su ingreso al país habría sido por el norte.

Según se dio a conocer por la Brigada Antinarcóticos, entre los quince detenidos en esta operación, se encuentra Hernaldo Marín, padre del abogado de los "Car'e Jarro", Ariel Marín.

En un principio se esperaba que se formalizaran hoy los miembros de la banda, no obstante, el plazo de la investigación se amplió a cinco días, por lo que los sujetos serán formalizados este viernes, acusados de narcotráfico, asociación ilícita y lavado de dinero.

OPERATIVO
En las diligencias la Brigada Antinarcóticos desplegó un operativo simultáneo en la Región Metropolitana. La acción más importante de la operación se produjo en San Bernardo, donde se logró detener a los"Hermanos Carter". Se trata de Víctor y Sergio Carter, los que encabezarían una de las bandas proveedoras de droga más importantes del sector sur capitalino.

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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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domingo, 20 de julio de 2008

Huechuraba: equipo de Plaza presenta denuncia contra candidato oficialista

Carolina Plaza

Huechuraba: equipo de Plaza presenta denuncia contra candidato oficialista

La acción fue presentada en la Contraloría contra el concejal Sergio Escobar.

La acción fue presentada en la Contraloría contra el concejal Sergio Escobar.

Margaret Valenzuela

19/07/2008 - 15:21

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Más de $ 3 millones -correspondientes a su dieta de 10 meses- devolvió ayer a la tesorería de la Municipalidad de Huechuraba el concejal Sergio Escobar (PPD), futuro candidato a alcalde de la Concertación por esa comuna.

Su decisión respondió a una denuncia interpuesta por la concejala Valentina Egert (ex UDI) ante la Contraloría donde pide al organismo pronunciarse sobre eventuales sanciones por la existencia de un doble contrato del concejal.

En el texto, Egert relata que desde el 1 de mayo al 10 de diciembre de 2006 Escobar se desempeñó, al mismo tiempo, como concejal y director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Durante ese período el personero PPD recibió remuneraciones y demás asignaciones por ambas funciones lo que viola -según sostiene Egert- varias disposiciones legales, entre ellas, la ley 19.882 que dispone que "los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán sujetos a prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la ley 19.863".

La ofensiva de Egert -cercana de la alcaldesa Carolina Plaza- busca que Contraloría se pronuncie respecto de si Escobar debe restituir las dietas correspondientes al período cuestionado, si sus actos como concejal referidos a ese mismo tiempo quedan nulas o si cometió un ilícito al desempeñar cargos incompatibles entre sí. Si Contraloría se pronuncia a favor de cualquiera de esas opciones, la candidatura de Escobar podría quedar inhabilitada.

Escobar concurrió ayer a la Dirección de Administración y Finanzas del municipio donde firmó un Formulario de Reintegro por un monto total de $ 3.131.936. Junto a ello, el concejal anunció a La Tercera que el lunes pedirá a Contraloría un pronunciamiento sobre su situación. Pese a ello, agregó que no existe ninguna irregularidad ya que "hay jurisprudencia administrativa" que demuestra que no hay incompatibilidad.

CORRUPCIÓN

lunes, 28 de julio de 2008

sábado, 26 de julio de 2008

martes, 22 de julio de 2008

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