| Malversación de caudales en Seremi Metropolitana de Educación | |
| Subvenciones: ex funcionaria admite fraude de $310 millones | |
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| DAVID MUÑOZ Luego de pasar cinco meses en prisión preventiva, la ex funcionaria de la Seremi Metropolitana de Educación Franka Grez confesó ante el Ministerio Público haberse apropiado de 19 cheques, equivalentes a $310 millones, que estaban destinados al pago de subvenciones escolares. El reconocimiento de Grez fue una de las razones por las cuales la jueza Carla Capello rechazó ayer otorgarle la libertad a la principal imputada del llamado caso subvenciones. La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago puntualizó que ahora la ex funcionaria pública arriesga una pena de entre 10 y 15 años de cárcel, pues el perjuicio fiscal, inicialmente estimado en $180 millones, aumentó en 42%. El caso estalló en febrero, cuando la Contraloría instruyó un sumario administrativo en la Seremi tras detectar desórdenes en las conciliaciones bancarias de $260 mil millones y pidió la destitución del entonces seremi Alejandro Traverso y de la propia Franka Grez. El 25 de julio pasado, la ex funcionaria, que está imputada por el delito de malversación de caudales públicos, entregó una extensa declaración al fiscal Iván Millán, en la que reconoció todos los hechos que la investigación logró acreditar. En concreto, que como funcionaria del Departamento de Finanzas de la Seremi de Educación giró cheques a los otros tres imputados en la causa (Gladys Audala, Horacio Escobedo y Carmen Muñoz) por $310 millones, simulando pagos por subvenciones, pese a que ninguno de aquéllos era sostenedor. El trabajo de Grez era precisamente elaborar las conciliaciones bancarias, pero a fines de 2005 ejerció otras funciones, como ser una de las dos firmas autorizadas para girar dineros de la cuenta de la Seremi para pagar las subvenciones. Según la fiscalía, Grez tenía acceso a cheques en blanco y emitía los documentos desde su computador. En total, confesó haberse apropiado de 19 cheques, 14 de ellos por montos superiores a los $12 millones. Cheques en blanco Según la indagación, fue Escobedo, ex inspector del Liceo Polivalente Guillermo Labarca de Quinta Normal y pareja de Audala, quien contactó a Grez para ejecutar estas operaciones. Gracias a ello, Audala recibió ocho cheques por un monto cercano a los $140 millones. La excusa era el pago de subvenciones, pero Grez también les solicitaba que le devolvieran parte de los dineros, los que utilizó para fines personales. En su primera declaración ante la fiscalía, la ex funcionaria había dicho que no tenía acceso a esos cheques y que sólo se le había encomendado conseguir la devolución de los mismos debido a un error administrativo. En su confesión posterior, Grez mantiene sólo esta hipótesis, de que no era ella quien tenía a su cargo el manejo de estos recursos. El escándalo que derivó en la primera destitución de un ministro desde la UP A fines de febrero de este año, el contralor Ramiro Mendoza hizo público un informe que provocó un verdadero terremoto en el Ministerio de Educación, y cuya principal consecuencia fue una acusación constitucional que terminó destituyendo a la entonces ministra del ramo Yasna Provoste (DC). La investigación de la Contraloría derivó en un sumario que proponía la destitución del entonces seremi metropolitano de Educación, Alejandro Traverso, por desórdenes en las conciliaciones bancarias de $262 mil millones. También denunciaba el fraude de la ex funcionaria Franka Grez, quien no pudo justificar pagos por falsas subvenciones escolares que ascendían a $180 millones. Sin embargo, Provoste no destituyó a Traverso, quien terminaría optando por renunciar al cargo, y se transformó en la primera ministra de Estado destituida desde la Unidad Popular y en lo que va de los gobiernos de la Concertación. La acusación constitucional tuvo como base que Provoste no fiscalizó oportunamente las irregularidades en su ministerio ni adoptó las medidas pertinentes, pese a enterarse a tiempo de las graves anomalías. En el libelo -aprobado primero por la Cámara de Diputados (59 votos contra 55) y luego por el Senado (20 contra 18)- se acusó a Provoste por no destituir a Traverso, a quien se le imputan infracciones por no incumplir con las declaraciones patrimoniales de los jefes provinciales a su cargo, no devolver los saldos presupuestarios a fines de 2006 y no haber aplicado las leyes que sancionan dichas conductas. |
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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