Al menos cuatro veces, el dossier que la justicia belga envió a Chile en 2007 -y que ahora forma parte del expediente del caso Mirage- menciona a una persona encargada de contactar al ex ministro de Defensa Patricio Rojas. El objetivo de ese nexo, de acuerdo al informe, era acercarse al entonces secretario de Estado justo en momentos en que se negociaba la compra de 25 aviones belgas, operación que se concretó en 1994.
El documento identifica a esa persona como Marcos Gonzales y no entrega más detalles sobre su cargo u oficio. En los diálogos y cartas incluidos en el dossier, los negociadores sólo se refieren a él con ese nombre.
El informe deja entrever que se trata de una persona que tenía un grado de cercanía con Rojas durante esa época y que tendría un rol relevante para llegar al gobierno chileno.
Según fuentes vinculadas al proceso que instruye el ministro Omar Astudillo, las pesquisas del magistrado apuntan a identificar a este nexo entre la empresa que vendió los aviones y Rojas. Aún no está claro si se trata de un militar o un civil chileno, pero las sospechas apuntan a que el nombre de Marcos Gonzales sería sólo una chapa o seudónimo para identificar a otra persona.
Rol clave
El expediente relata que los belgas buscaban "encontrar otras vías de penetración para constituir una segunda red de relaciones", en alusión a un contacto con el mundo político, aparte de los vínculos que ya existían con los militares. En ese contexto, se recomienda ubicar a Gonzáles, para "acercarse al ministro de Defensa Rojas".
Otra alusión a este contacto se incluye en un fax de Claude Baudrenghien, representante de Sabca, la empresa que vendió los Mirage. "En el reparto de las comisiones al parecer el ministro es el centro gravitante del sistema y no los militares. Es necesario tener una indicación sobre la manera de contactar a los políticos, ya que son ellos los que pueden decidir en lugar de los militares (...). Es necesario recontactar a Marcos Gonzales. El es una posible entrada con el ministro Patricio Rojas", dice la carta.
Fuentes vinculadas a la investigación precisan que conocer la identidad de Gonzales es fundamental para aclarar si Rojas u otra autoridad del gobierno de la época participaron en las negociaciones. El magistrado también busca dilucidar si en el gobierno de turno supieron o no sobre las millonarias comisiones.
Hasta ahora, el magistrado ha determinado que de los US$ 109 millones que el gobierno chileno pagó por los aviones, US$ 15 millones fueron destinadas a comisiones. Esto, pese a que el contrato inicial no contemplaba ningún tipo de remuneración para terceros que intervinieran en el negocio.
En su resolución del lunes, Astudillo estableció que US$ 2,8 millones fueron destinados a operaciones bancarias en beneficio del general (R) Ramón Vega y su familia. Sin embargo, aún debe aclarar el destino del resto del dinero en cuestión.
La Tercera intentó, sin resultados, conocer la versión de Rojas. El lunes pasado, tras el procesamiento de Ramón Vega y otros tres uniformados (R), el ex ministro emitió una breve declaración en la que dijo: "Deploro la situación producida" y que confía "plenamente en que la justicia establecerá la verdad y las eventuales responsabilidades".
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