POR INFRACCIÓN A LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LEY DE MERCADO DE VALORES
SVS formula cargos contra Julio Ponce y ejecutivos delas sociedades cascadas
Entidad afirmó que las operaciones entre relacionadas se hacían a precios fuera de mercado, y que no perseguirían el interés social de las compañías.
A más de un año de que se iniciara la investigación sobre las operaciones financieras de las llamadas "sociedades cascada", finalmente ayer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra Julio Ponce y los principales ejecutivos de dichas compañías por supuestas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.
Mediante un comunicado, el regulador señaló que los cargos "se circunscriben a la presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM".
Por ello, el regulador resolvió formular cargos contra Julio Ponce, en su calidad de presidente del directorio y controlador de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios, Nitratos, Inversiones SQ e Inversiones SQYA, estas dos últimas, controladoras de Norte Grande.
Junto a Ponce, la SVS también presentó cargos contra el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco (hasta mayo de 2013) y de Pampa Calichera, Aldo Motta, quien además hasta 2011 fue el máximo ejecutivo de Potasios, Inversiones SQ e Inversiones SQYA.
También se presentaron cargos a Patricio Contesse Fica, hijo del actual gerente general de SQM, y gerente general de Potasios desde 2011; así como a Roberto Guzmán Lyon, asesor cercano a Ponce.
El levantamiento de cargos se produce dos semanas antes de que los accionistas minoritarios y los controladores de las cascadas acudan a las juntas extraordinarias de accionistas de las compañías para votar un aumento de capital en Oro Blanco por US$ 290 millones, otro en Norte Grande por
US$ 177 millones, y la fusión de Pampa Calichera con Potasios.
A mediados de 2012, Moneda y las AFP pidieron al regulador que investigara una serie de operaciones relacionadas entre las sociedades cascadas, transacciones que según señalaron en su momento, implicaron pérdidas por millones de dólares, y que entre ellas sumarían más de
US$ 7.000 millones.
Cuestionamientos a operaciones
Según indicó la SVS, en los cargos se presume "la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llevado a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios que, en la generalidad, pueden ser entendidos bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas, entre otras, a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce L., y en menor medida a sociedades relacionadas a Roberto Guzmán".
Estas sociedades -explica la superintendencia-, por lo general, tiempo después, enajenaban dichas acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado, siendo las contrapartes de estas operaciones, mayoritariamente, las propias Sociedades Cascada.
"Lo anterior, daría cuenta de la realización de prácticas que no habrían perseguido el interés social de las Sociedades Cascada, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo y que, por otra parte, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo", sentenció el regulador.
Las personas cuestionadas tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar sus descargos. Una vez cumpliendo ello, la SVS deberá resolver si los mantiene.
(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.
(ii) Presunta infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de S.A., que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.
(iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de S.A. sobre operaciones entre partes relacionadas.
(iv) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir, a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
(v) Presunta infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto que es contrario a dicho cuerpo legal efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.
Desde hace meses que las partes involucradas en el conflicto por las operaciones entre partes relacionadas de las sociedades no miraban con buenos ojos que la Superintendencia de Valores y Seguros no entregara las conclusiones de su investigación, iniciada hace más de un año. De hecho, en la primera jornada del Chile Day realizada ayer en Londres se comentaba que los accionistas minoritarios que se encuentran en la cita, harían notar su malestar por la demora de la indagatoria al regulador, Fernando Coloma, que precisamente expone hoy.
"Hasta el momento no me ha parecido que las compañías se sientan presionadas (por el regulador) porque veo que siguen actuando y tomando iniciativas, prescindiendo de las inquietudes que han manifestado los minoritarios", comentó ayer en Londres, antes de conocerse el resultado de la investigación, el presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán.
Pero las críticas por la demora de la indagatoria no son nuevas.
A fines de agosto pasado, el socio y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, planteaba la inconveniencia de que los accionistas minoritarios tomaran decisiones sobre aumentos de capital o fusiones de las sociedades cascada, sin conocer el resultado de la investigación que llevaba adelante el regulador.
"Nosotros estamos esperando lo que vaya a decir la Superintendencia sobre las transacciones de Julio Ponce, respecto de lo cual aún no se ha manifestado", aseguraba ya en abril pasado una fuente de una AFP a Diario Financiero.
(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de S.A., que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social. (ii) Presunta infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de S.A, que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. (iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas sobre operaciones entre partes relacionadas. (iv) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. (v) Presunta infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto que es contrario a dicho cuerpo legal efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.
(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.
(ii) Presunta infracción del numeral 7 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.
(iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, que dice relación con operaciones entre partes relacionadas.
(i) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
(ii) Presunta infracción al inciso primero del artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto establece que es contrario a la ley efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.
Hasta 10 años de cárcel arriesgaría Julio Ponce, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, y Roberto Guzmán Lyon por los cargos que ayer la SVS formuló en su contra.
Según el socio y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, "los cargos formulados por la SVS dan cuenta de operaciones que a los ojos de la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores, constituyen infracciones gravísimas". En esa línea, Gutiérrez agregó que "algunas de estas infracciones son constitutivas delitos sancionados con penas que llegan hasta los 10 años de presidio".
Un alto ejecutivo de una AFP
indica que la "estas son las primeras formulaciones de cargo y deja abierta la puerta a que más ejecutivos entren en el proceso y reciban estos cargos. Además, con esto se abre la parte penal. Al tener la SVS la sospecha de que se cometieron delitos que tienen sanción penal, necesariamente debe pasar a la fiscalía correspondiente".
De hecho, indica que infringir el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores es un delito que amerita un proceso penal.
Con todo, desde las AFP indican que "aún no se ha resuelto nada relacionado a la información que debe proveer la compañía respecto a las operaciones con empresas relacionadas, que es lo que nosotros queremos. Lo único que se hizo fue levantar cargos, entre otros sobre inversiones con partes relacionadas, pero no ha tomado una decisión respecto a si realmente los va a obligar o no a entregar esa información".
A ello, se suma que el regulador no ha resuelto si suspenderá o no las juntas de accionistas del próximo 27 de septiembre.
De hecho, el gerente general de AFP Habitat, Cristián Rodriguez, había solicitado al regulador "ordenar la suspensión de toda junta de accionistas de dichas compañías que tenga por objeto aumentos de capital o fusión y que pudieran tener un impacto en los estados financieros y en los derechos de sus accionistas, en tanto no se nos proporcione todos los antecedentes e información relativa a las cuestionadas operaciones con partes relacionadas".
Unas semanas antes, en entrevista con Diario Financiero, Pedro Pablo Gutiérrez planteaba en la misma línea que "es difícil e inconveniente que estas juntas se lleven a cabo antes de que culmine esta etapa de la investigación de la SVS. Es imprescindible que los minoritarios tengamos claro lo que ha ocurrido con las operaciones relacionadas que se han denunciado. Además, si hemos impugnado los balances y estados financieros, lo lógico es que la SVS culmine esta etapa de su investigación antes de que se les pida a los accionistas que tomen decisiones sobre fusiones o aportes adicionales de plata".
Saludos
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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