CORRUPCIÓN

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martes, 5 de agosto de 2008

Más allá de ''Los Carejarro'' en el mostrador:

Más allá de ''Los Carejarro'' 
Narcos VIP en Chile
El comercio de drogas ilícitas es un fenómeno global que mueve más dinero que el PIB de muchos países. Cuando la crónica roja está copada con la historia de una banda relegada a la periferia de Santiago, vale la pena recordar quienes han operado desde el país las redes de narcotráfico a gran escala sin la espectacularidad de las cámaras de por medio. 

Felipe Saleh 

Cuando Ariel Marín, abogado de la banda de narcotraficantes liderada por Iván Caviares y bautizada como "Los Carejarro", vinculó al fiscal Juan Pablo Buono-Cuore con la organización, al mismo tiempo que dos efectivos de Carabineros eran dados de baja por aparecer en grabaciones telefónicas obtenidas durante la investigación, la alarma se encendió inmediatamente entre las autoridades aludidas. 

Por primera vez se constató públicamente y con tanta evidencia que los narcotraficantes locales eran capaces de penetrar el tejido social por donde menos se pensaba. Dueños de caballos y autos lujosos, desde mediados de junio la prensa se encargó de caracterizar a esta organización como un "imperio", o "la banda de narcotráfico más grande de Chile". 

Aunque la historia tiene buena parte de los ingredientes necesarios para presentarla como el principio de la "mexicanización" del país, el fenómeno del trafico de drogas y el lavado de dinero hace mucho que tiene alcance global y en ese contexto, los "Carejarro", "Los Guatones" o "Los Gaete" son sólo ejemplos pequeños, muy reducidos y de poca monta en relación a grandes operaciones de lavado de activos descubiertas en Chile, pero difundidas con menos ruido por la prensa. 

El recaudador de las FARC 

"Mucho más difícil de entender, y no digamos de combatir, es la difusión de los negocios de la droga en el entramado de la vida económica local y global, así como sus amenazadoras implicaciones políticas. Y sin embargo, más que ningún cartel, capo o jefe militar rebelde, es a esta generalización de alcance global del negocio a la que se enfrentan quienes luchan contra la droga", escribe Moisés Naím, director de la afamada revista Foreign Policy, en su libro "Ilícito", una completa e ilustrativa crónica de los negocios ilegales alrededor del mundo. 

La tesis del autor, que es la que está mandando el razonamiento actual sobre el crimen organizado global, es que existen cinco grandes guerras que se pelean: contra el tráfico de drogas, personas, armas, piratería y lavado de activos. Y Chile no está fuera de ese contexto. 

Y en el país, el Ministerio Público, las policías y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lidian todos los días contra organizaciones en ocasiones más tecnificadas y de alcances mayores que las bandas del sector sur de la capital. 

Prueba de ello es que la semana pasada se conoció la sentencia contra la organización desbaratada en la "Operación Pilar del Norte", en que la policía logró frustrar el envío de 400 kilos de cocaína, descubriendo que este grupo operaba desde 2005. 

En Chile la banda era liderada por el ciudadano israelí Oren Cohen, pero se estableció que el jefe del grupo era un mexicano apodado "el Bolívar". Entre los implicados está el colombiano José Manuel Cuellar, que trabajaba como captador de dinero para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Curiosamente los diez implicados en esta red fueron absueltos del delito de asociación ilícita, y condenados sólo por tráfico de drogas. Sin duda un duro golpe para las intenciones penales del Ministerio Público. 

El mercado de las drogas genera ganancias que superan los 32 mil millones de dólares anuales, según la cifra entregada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

Este monto representa más que el Producto Interno Bruto del 88% de los países del mundo. "Hoy no existe ningún país lo suficientemente aislado como para engañarse a sí mismo o engañar a sus críticos, imaginando que no tiene arte ni parte en el tráfico global de drogas", escribe Moisés Naim. 

"A diferencia de los años 80 y 90, cuando la encarnación del narcotráfico era Pablo Escobar y las organizaciones resultaban claramente distinguibles, hoy la epidemia parece no tener cara y si demasiados tentáculos. Uno añora los días de Pablo Escobar (narcotraficante colombiano que controlaba gran parte del negocio de drogas del mundo desde Colombia en los años 80) en el sentido que entonces se estaba luchando contra el crimen organizado. Hoy se está luchando contra señores de la guerra y esta gente tiene vínculos mucho más fuertes con las mafias internacionales", explica Francisco Thoumi, director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito en Colombia. 

El refugio en la nieve 

Algunos de los nuevos protagonistas han aterrizado en Chile, más sofisticados y bastante lejos de la periferia donde operaban las bandas que hoy protagonizan la crónica roja. 

Es el caso del traficante colombiano Hernán Prada Cortés alias "Ramazote" que se instaló en Chile a principios de esta década junto a varios de sus secuaces para "enfriarse" o esconderse en un lugar seguro donde no existiesen órdenes de detención en su contra. Prada compró un departamento en Valle Nevado por 250 mil dólares pagados al contado y un todoterreno nuevo. Sus testaferros se alojaron en el hotel Radisson. 

Prada fue detenido en Colombia, en octubre de 2005. Una de sus cómplices Adriana Forero, salió de Chile con destino a Ecuador en agosto de 2006, lo que indica que la red gozaba de buena salud, después de que el patrón cayera. La mujer fue detenida en Quito. 

Ramazote, según la DEA, estuvo involucrado entre otros casos, en la internación de 2 toneladas de cocaína vía centroamérica. Una cantidad que hace parecer niños de pecho a los sobrexpuestos "Carejarro". Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos logró determinar que Prada creó la sociedad Nancagua S.A. a principios de los '90 y algunos de sus secuaces, como el chileno Álvaro González García, ex gerente del hotel Embassy Suites, aún están prófugos. 

El imperio de los cambistas 

Cifras del Ministerio Público revelan que entre 2004 y 2007 se investigaron 106 causas por lavado de dinero y aún existen unos 28 millones de dólares cuyo origen se rastrea. 

Una de las causas más emblemáticas se conoció en marzo del año pasado. Esta vez la operación se llamó Suspiro Europeo y desarticuló una red de lavado desde casas de cambio, liderada por el "clan Mazza". 

La estrategia consistía en ingresar dinero proveniente del narcotráfico físicamente, a través de correos humanos y luego enviarlo a Estados Unidos y regresarlo a Colombia como dólares limpios. 

Esta familia está acusada de lavar US$280 millones en el mercado local. El chileno Mauricio Mazza, uno de los líderes de la organización, está preso en Estados Unidos. Igual que Fernando Zevallos, ex dueño de la aerolínea Aero Continente, quien purga prisión en Perú. Sobre él pesa una solicitud de extradición decretada por el magistrado Victor Montiglio. 

Zevallos estaba vinculado con el cartel peruano de Los Norteños que mantenían fuertes vínculos con el narco mexicano, enfrentando actualmente 16 cargos en la justicia norteamericana. 

La mano de la CIA 

El caso del sirio Kassem Al Samiri Mohamed detenido el año pasado, demuestra que las mafias internacionales no dejan de mirar a Chile como un lugar desde donde operar. En un departamento en Ñuñoa se encontraron 60 kilos de cocaína, que serían vendidos en 100 mil dólares cada uno en sus destinos, de preferencia Europa y el Medio Oriente. 

Se logró determinar que la organización tenía su centro de operaciones en Paraguay y la función del Al Samiri era recibir a los correos humanos y planificar la ruta que seguiría la droga. 

Otra familia que formaba parte de la "realeza" del narcotráfico es la que formaban los hermanos Patricio y Arturo Gálmez, que traficaban cocaína usando como fachada la empresa bananera Kristel Food. 

Ambos están involucrados en el traslado de toneladas de droga en distintos países. Arturo Gálmez está encarcelado en Alemania. Hasta ahora se ha logrado determinar que los hermanos Gálmez lograron blanquear cinco millones de dólares comprando terrenos, casas y vehículos en la Cuarta Región. 

Hoy el panorama no es muy alentador en la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales. Moisés Naim propone entre otras una alternativa revolucionaria: "la conclusión es que la desregulación, la descriminalización y la legalización tienen que ser opciones de política, sujetas al test de que reducen el valor a los traficantes y el daño a la sociedad. También significa que las políticas que no han probado tener este efecto deben reevaluarse".

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Multa a gerenta general de la Compañía Chilena de Fósforos

Multa a gerenta general de la Compañía Chilena de Fósforos 
La SVS ataca de nuevo
La resolución del organismo estableció que Viviana Horta Pometto actuó con negligencia al no cuidar debidamente los títulos accionarios, lo que permitió que un falso abogado se apropiara de más de US$ 4 millones en títulos. 

Jorge Molina Sanhueza 

La Superintendecia de Valores y Seguros (SVS) resolvió aplicar una dura sanción a la gerenta general de la Compañía Chilena de Fósforos (CChF) Viviana Horta Pometto, por la negligencia que mostró en el cuidado de las acciones de la empresa y la inexistencia de controles efectivos en la misma. 

Todo esto, en el marco del millonario fraude que realizó en 2007 Cristián Lizama, un sujeto que se hacía pasar por abogado y que trabajaba en el Departamento de Acciones de la CChF, quien durante seis meses se apropió de los títulos de algunas personas, alcanzando la no despreciable suma de US$ 4 millones para su bolsillo. 

La SVS estableció que Horta Pometto y la empresa -si bien denunciaron oportunamente los hechos una vez que los descubrieron en julio de 2007- no contaban con los llamados "controles cruzados" ni con "segregación de funciones" que hubieran evitado el robo de los títulos. 

Por esta razón la SVS le aplicó una multa de 300 UF, unos $ 6 millones, porque no cumplió con la obligación de llevar de forma diligente el registro de accionistas. 

En todo caso, la SVS reconoció que a lo largo del tiempo la CChF había tenido un comportamiento intachable y que buscó inmediata solución y denunció los hechos a la Fiscalía Oriente, donde se lleva una investigación contra Lizama y algunos miembros de su familia. 

Horta Pometto es una actora destacada en el mundo de los negocios chilenos. De hecho la facultad de negocios de la Universidad de Chile la tiene dentro de los líderes nacionales que egresaron de esa casa de estudios, junto a otros personajes como el renunciado director de D&S, Hans Eben, sancionado por la misma SVS por no guardar la debida reserva en un caso de uso de información privilegiada. 

Winner 

Actualmente el Ministerio Público de la zona oriente tramita una indagatoria en contra de Lizama y sus padres Alfredo y Aurora. 

El millonario fraude y estafa no habría sido descubierto a no ser por una llamada telefónica hecha a mediados de julio de 2007 por Inversiones Perquin, una de las mayores afectadas. La sorpresa fue mayúscula pues de 980 mil acciones sólo se hallaron 18 mil. 

Mientras en Chile Lizama contabilizaba un patrimonio de unos $ 162 millones también le fue descubierta en Nueva York, Estados Unidos, una cuenta en el Banco JP Morgan con más de US$ 1 millón. Pero Lizama hijo huyó a Buenos Aires junto a un empresario gastronómico, con quien instaló en el lujoso sector de avenida El Bosque un prominente restaurant. Por esta razón, el año pasado el Ministerio Público solicitó su extradición a través del Octavo juzgado de Garantía de Santiago, donde está incoada la causa. Lizama arriesga una pena que va desde los tres años y un día y los cinco años. 



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Denuncias contra gerenta de Fundación Mi Casa Delia del Gatto en la mira

Denuncias contra gerenta de Fundación Mi Casa 
Delia del Gatto en la mira
En mayo de 2006, un mes después de dejar la dirección del Sename, del Gatto se convirtió en gerente de la institución de acogida de niños, fundada por el cura Alfredo Ruiz-Tagle. Un reportaje emitido anoche por un canal de televisión ahondó en denuncias anteriores, como la de prohibición de dar a conocer abusos contra menores y la de irregularidades en la conformación del directorio, exponiendo que durante su administración se concluyó la venta del 87% del patrimonio de la Fundación. 

Miguel Paz 

El miércoles 17 de mayo de 2006, el presidente del directorio de Fundación Mi Casa Herman Chadwick Piñera anunció por intermedio de un comunicado la designación de Delia Del Gatto Reyes como gerente general de la entidad. El nombramiento se hizo efectivo un mes y pocos días después de que Del Gatto dejara la dirección del Sename el 7 de abril. 

Según un reportaje emitido anoche por Chilevisión, Delia Del Gatto quebrantó el artículo 56 de la ley 19.653, al pasar a un mes de su salida de Sename a Fundación Mi Casa, ente fiscalizado por ella en su labor anterior. Esto, indica el programa, sería incompatible hasta 6 meses después de su renuncia. 

Quien también tuvo que ver con su contratación fue Rodolfo de Bonnafos, un ingeniero dedicado a asesorar empresas que se incorporó a la institución el 26 de mayo de 2003 como administrador provisional, debido a los manejos irregulares efectuados por su presidente, el ex auditor del Ejército Juan Romero, y funcionarios de su confianza. 

De Bonnafos fue designado por un período de seis meses, plazo que se extendió por otros seis meses. Con el objetivo de sanear financieramente la institución se hizo cargo en forma inmediata, señalando que la fundación estaba en quiebra pues se debían alrededor de $600 millones en cotizaciones provisionales y pago de proveedores. Y que era necesario vender algunas propiedades. 

El martillero y las ventas 

En el año que estuvo como administrador provisional, De Bonnafos vendió once propiedades (entre ellas, cuatro de los 20 hogares residenciales) por un total de mil 652 millones de pesos. Y una vez asumida Delia del Gatto, las ventas continuaron con fuerza, provocando reclamos de funcionarios de la institución que reclamaban que la Mi Casa se estaba vendiendo "a pedazos" y que podría desaparecer. 

Hasta hoy se han vendido más de 5 mil millones de pesos en terrenos e inmuebles, lo que equivale al 87% del patrimonio de la Fundación. Todas las enajenaciones se hicieron a través de remates Macal, a precios excesivamente bajos, se indica en el reportaje. La empresa es presidida por Enrique Calvo, quien actualmente asesora al directorio de la Fundación. 

Consultado al respecto por El Mostrador, Calvo asegura ser "un colaborador" de la entidad pero descarta que los inmuebles hayan sido vendidos a bajo precio. Además, dice que Macal no le cobró un peso a Fundación Mi Casa por los remates. "Lo que nos motivó en este caso fue ayudar a una fundación", asegura. 

Directorio cuestionado 

Otra de las cuestiones tratadas por el reportaje dice relación con la legalidad del directorio de la Fundación. Los estatutos aprobados en 1990 señalan que su directorio estará compuesto por 12 personas pero en 2004 se modificó su composición, quedando sólo en siete. 

Dicha modificación fue realizada el 4 de mayo de 2004, cuando se integraron al directorio el administrador provisional Rodolfo De Bonnafos, la ex ministra demócrata cristiana del Sernam María Josefina Bilbao, la académica de la UC Ana María Aron Svigilsky, y el abogado, empresario y presidente de la Universidad de las Américas, el UDI Herman Chadwick Piñera. 

Más tarde se incorporaron al comité el gerente de la Corporación Privada de Desarrollo Social de la IX Región Guillermo Leay, el empresario ligado a la DC y dueño de la constructora Socovesa, Eduardo Gras Díaz, el abogado Cristián Sánchez y el ex ministro de Justicia y presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez. 

A lo largo de 2007 Chadwick, Gómez y Gras renunciarían y serían reemplazados en el directorio por el lobbista Enrique Correa, el ex ministro Edmundo Hermosilla y el empresario Carlos Foxley. 

Sin embargo, dichas modificaciones estatutarias debieron ser aprobadas por el Ministerio de Justicia. Hasta ahora, señalan en el Departamento de Personerías Jurídicas del Ministerio, los estatutos no han sido modificados por lo que la Fundación y su directorio podrían estar actuando de forma irregular o fuera de la ley vigente. Debido a ello, en Justicia existe una investigación en curso. 

Si se establece judicialmente que el directorio de la Fundación ha sesionado sin el quórum requerido por los estatutos vigentes desde 1990, podrían faltar requisitos en su constitución. Esto significaría que podrían revocarse las decisiones adoptadas por el directorio, incluidas las ventas. 

Abusos 

En octubre de 2007 también se dieron a conocer denuncias de funcionarios de Fundación Mi Casa respecto a cómo la ex jefa de Sename habría prohibido denunciar abusos sexuales en la institución. El tema, señalado además en el reportaje de "En la Mira", había estado en la agenda mediática el año anterior y preocupaba a la administración de la Fundación. 

Según Marco Pizarro, ex director del Hogar 3 de la entidad, a comienzos de junio de 2006 Delia del Gatto hizo expresa la orden de no denunciar abusos durante una reunión con su equipo de confianza, del cual Pizarro era parte. 

Su versión de lo ocurrido en la reunión de junio de 2006 fue ratificada por Andrea Velasco, sicóloga que llegó a la Fundación en 2005 para atender a niños con maltrato y que al tiempo se convirtió en directora del Hogar 5. "Efectivamente se dijo vamos a detener las denuncias. Nuestra labor era investigar e informar a gerencia y gerencia te decía qué hacer. Siempre esas conversaciones venían de la gerencia técnica que correspondía a Ana María Cerda y Ximena Correa", aseguró Velasco, quien renunció a su trabajo en abril de 2007 por estar en desacuerdo con las políticas implementadas por la administración de Delia Del Gatto. 

Los testimonios no son los únicos en la historia reciente de la Fundación. En julio de 2006 Luis Hermosilla, subdirector del Hogar 5, dijo a "El Mercurio" que "hay abusos sexuales que no se han denunciado" y "disposición a bajarles el perfil a los abusos". 

También hay dos actas de reuniones de funcionarios de Mi Casa donde se describe el procedimiento a seguir ante un eventual abuso. Son producto de la investigación realizada para este artículo en archivos judiciales. 

La primera acta es de la reunión del 21 de julio de 2006 del equipo de la residencia "Padre Alfredo Ruiz Tagle" y está firmado por el propio Pizarro diez meses antes de su despido. Describe el procedimiento a seguir en un caso de posible abuso en el hogar: "El director (Pizarro) expone que sería muy irresponsable de parte de la persona que efectuó la denuncia ya que si existiese una denuncia se llamará a declarar a la niña, a M. y a la familia siendo más complicado, pues se estaría encontrando con otro escenario, ya que la gerencia general no quiere denunciar casos". 

El segundo documento está firmado por el coordinador nacional de proyectos de la Fundación, Raúl Heck. Con fecha uno de septiembre de 2006 dice lo siguiente: "Procedimiento en caso de develación de abuso sexual: todas las denuncias pasan por Gerencia y ellos determinan el proceder. Sólo en casos constitutivos de delitos. Los acuerdos son verbales. (…) En cuanto a los informes, mostrar sólo los hallazgos y sugerir que Gerencia tome las medidas pertinentes. En oficio interno sugerir los pasos a seguir". 

Además de la rúbrica de Heck, en el acta se estampan las firmas de los ocho profesionales presentes en la reunión. Dos de ellos señalaron que Heck también ordenó verbalmente que cualquier antecedente debía ser entregado a la gerencia general de la Fundación y no a los tribunales. 

Cuando se conocieron las imputaciones en su contra, Delia del Gatto las rechazó categóricamente. Aseguró que tanto Pizarro como Velasco estaban "mintiendo" y dijo que las acusaciones en su contra eran "descabelladas". 

Sin embargo, según el programa de Chilevisión, los antecedentes fueron analizados por la Fiscalía Santiago Sur, que habría evaluado una eventual "obstrucción a la Justicia" por parte de Del Gatto. 



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Fiscalía investiga a seremi de educación en Talca

Fiscalía investiga a seremi de educación en Talca

Las acusaciones que indaga el ministerio público son las de prevaricación administrativa y negociación incompatible.

Orbe


05/08/2008 - 09:56

Investigado por los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible se encuentra el seremi de educación de Talca, Ricardo Díaz Mora, tras una querella presentada por la Sociedad Educacional San Andrés, a raiz del cierre de los establecimientos pertenecientes a esta sociedad a fines del año 2007. Las indagaciones están a cargo de la fiscal de esa ciudad, Paula Rojas.

Tras presentarse el caso ante la justicia, se iniciaron las primeras diligencias a petición del abogado en jefe de la Defensoría Pública de Talca, Joaquín Garcia, quien representa al seremi de Educación, con el objetivo de fijar un plazo para que la fiscalía determine si presenta cargos en contra de la autoridad educacional de la Séptima Región.

A la audiencia acudió, el seremi de Educación, Ricardo Díaz, acompañado por su abogado de la Defensoría Pública y, por la contraparte la fiscal, Paula Rojas, quien asumió la causa por orden del Fiscal Regional, Juan Pablo Kinast. En tanto, la parte querellante estuvo a cargo del abogado, Iván Gómez.


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domingo, 3 de agosto de 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= Encuentran mil 850 cuentas sospechosas más de alemanes en Liechtenstein

Encuentran mil 850 cuentas sospechosas más de alemanes en Liechtenstein

La defensa de tres acusados de extorsionar al Banco Nacional de Liechtenstein presentó dichos resguardos el viernes ante el tribunal de Rostock, agrega el rotativo.

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Rostock.-El escándalo de fraude fiscal a través de cuentas de alemanes en Liechtenstein podría tener una magnitud aún mayor de lo previsto, con la aparición de resguardos de unas 1.850 cuentas de ciudadanos alemanes que escondieron cantidades millonarias en bancos del principado alpino.

El tribunal regional de Rostock, en el norte de Alemania, tiene los resguardos de mil 850 cuentas de alemanes en bancos de Lichtenstein, según adelanta hoy el semanario alemán "Der Spiegel", en su próxima edición.

La defensa de tres acusados de extorsionar al Banco Nacional de Liechtenstein presentó dichos resguardos el viernes ante el tribunal de Rostock, agrega el rotativo.

Los acusados se sientan en el banquillo desde abril por haber cobrado presuntamente nueve millones de euros (casi 14 millones de dólares) de ese banco a cambio de no revelar información sobre unas 2.300 cuentas de posibles evasores fiscales.

La defensa de los acusados en Rostock quiere demostrar con esos resguardos que no sólo sus clientes son culpables, sino que también el propio banco actuó ilegalmente pagando sobornos a cambio del silencio.

Leonora Gottschalk-Solger, una de las abogadas del principal acusado, está convencida de que el LLB sacó provecho de su conducta delictiva. "Damos por hecho que el LLB nunca advirtió a sus clientes que los resguardos podrían haber llegado a manos de terceros", dijo a dpa.

El tribunal de Rostock tiene previsto analizar esas pruebas en las próximas semanas y declarar al respecto probablemente en la próxima vista, programada para el 25 de agosto.

Junto al de Rostock, en la ciudad occidental de Bochum se están celebrando una serie de procesos paralelos contra sospechosos de fraude fiscal. La Fiscalía de Bochum, encargada de delitos fiscales en Alemania, está investigando a un total de 700 sospechosos de fraude fiscal.

Hace algunas semanas comenzó el primer juicio del caso, y en él la Audiencia provincial de Bochum condenó a dos años de libertad condicional y a una multa millonaria a un empresario inmobiliario alemán que había reconocido haber ingresado en cuentas de bancos o fundaciones de Liechtenstein y de 2001 a 2006 unos 11 millones de euros (17,44 millones de dólares) que no declaró al fisco alemán.

El que se ha convertido ya en el mayor escándalo de evasión de impuestos en Alemania salió a la luz a principios de año gracias a las informaciones proporcionadas por un topo, un ex empleado del banco LGT de Liechtenstein, el primero del principado alpino.

El topo facilitó la información a Alemania previo pago de una cantidad de entre cuatro y cinco millones de euros (6,34 y 7,93 millones de dólares).

DPA

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lunes, 28 de julio de 2008

Decisión del Comité Penal : CDE se querella contra Cristina Girardi por malversación

Decisión del Comité Penal 
CDE se querella contra Cristina Girardi por malversación de fondos
El libelo criminal incluye también el ilícito de apropiación indebida contra la edil, y apunta además contra su ex gerente de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia, Marcelo Belmar, quien ya se encuentra formalizado por la Fiscalía Centro Norte debido a un déficit de más de $ 1.375 millones del presupuesto municipal, destinados originalmente a Educación. El texto de la acción penal debería ser revisado esta semana o la próxima, dijo a El Mostrador un consejero del organismo. 

Jorge Molina Sanhueza 

El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ordenó redactar una querella criminal en contra de la alcaldesa PPD de Cerro Navia, Cristina Girardi, por los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, por el déficit de más de $ 1.375 millones que originalmente estaban destinados al ítem educación de la comuna. 

El libelo criminal –según confidenció un consejero del organismo a El Mostrador.cl- incluye también a Marcelo Belmar (PPD), ex gerente de la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia (Cormucena), quien ya se encuentra formalizado por la fiscal Centro Norte Alejandra Bravo y querellado por la propia Girardi. 

La determinación de recurrir penalmente en contra de ambos fue adoptada por la entidad el pasado 22 de mayo. El libelo debiera ser revisado esta semana o la próxima para afinar algunos detalles, antes de que sea ingresado formalmente al Quinto Tribunal de Garantía. 

Se trata de un duro golpe al PPD, en momentos en que se desarrolla la campaña municipal, sumado a los problemas internos que se produjeron con el nombramiento del ex ministro de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro García, como candidato a alcalde de Cerro Navia. García fue designado por el partido en detrimento de Belmar, debido a la situación judicial que enfrenta. Belmar, ocupó el cargo de tesorero del partido durante la presidencia de Víctor Barrueto. 

Los cruces políticos no son menores, ya que la acción penal está dirigida al núcleo duro de poder del girardismo, que controla la colectividad. 

La historia de las anomalías con los dineros municipales se remonta a un informe que redactó el propio Belmar en octubre de 2007, el cual puso en conocimiento del concejo edilicio. En este se demostraba un déficit de más de $ 700 millones. 

De acuerdo a los hechos relatados por la propia Cristina Girardi en su querella de enero pasado, se resolvió nombrar a un interventor para cuantificar la envergadura del problema. Entonces designó al jefe de administración y finanzas Víctor Rolack. Su diagnóstico en noviembre del año pasado fue aún peor: la cifra alcanzaba a los $ 1.375 millones. 

Link tipificado 

La compleja situación de Cristina Girardi se suma a la del alcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC), sobre quien la Fiscalía Occidente mantiene una investigación desformalizada en su contra. 

Undurraga es uno de los hombres cercanos a la actual presidenta del PDC Soledad Alvear, quien lo ha elogiado públicamente por su labor en el municipio. El vínculo se produce porque el martes de la semana pasada el pleno del CDE, decidió no presentar la querella por fraude al fisco -"por ahora", dijo un alto miembro del organismo-, que el mismo Comité Penal había ordenado redactar. 

En la oportunidad, el criterio usado por los consejeros es que faltaba un informe de la Contraloría antes de tomar la decisión final. En todo caso, el libelo criminal ya está redactado y al igual que para el caso de Cristina Girardi, el asunto es sólo cosa de tiempo.


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sábado, 26 de julio de 2008

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el mercurio : Ley de Transparencia

Ley de Transparencia

El Tribunal Constitucional aprobó por mayoría la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y rechazó sólo un artículo referido al Banco Central. La innovación más significativa del nuevo cuerpo legal, que se promulgará próximamente, es la creación de un Consejo para la Transparencia, que fiscalizará el cumplimiento de las normas de esta ley.

Dicho consejo estará integrado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios del Senado. Entre sus funciones incluye la de resolver los reclamos que le sean formulados contra quienes se nieguen a entregar información. Para ello podrá recibir testimonios y obtener las informaciones y documentos necesarios, e imponer multas hasta por el 50 por ciento de la remuneración -cabe presumir que la ley alude a la mensual- del infractor.

Aunque las normas legales recién aprobadas parecen constituir un avance hacia una mayor transparencia, posiblemente no signifiquen grandes cambios, dadas las enormes posibilidades de crear excepciones a la apertura de la información que la misma ley contiene. No es éste el primer intento por transparentar la información pública que está en manos de diversas agencias del Estado, pero en cada una de las iniciativas anteriores las excepciones fueron tan amplias, que convirtieron a las nuevas disposiciones en una profunda desilusión. En esta oportunidad, es alto el riesgo de que suceda lo mismo, pues la ley establece excepciones que parecerían ir más allá de lo que dispone la propia Constitución, aunque no lo entendió así la mayoría del TC. Si el artículo 8° de la Carta señala que "sólo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto" cuando se cumplan ciertos requisitos, la nueva ley amplía las posibilidades de negar la información y acepta que se mantengan todas las reservas legalmente establecidas antes de la reforma constitucional que creó dicho artículo 8°, afirmando simplemente que "se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado".

Las leyes de transparencia son hoy una tendencia reciente en el derecho comparado. Con excepción de Suecia, que tuvo la primera ley sobre la materia hace siglos, los demás países sólo la han normado en los últimos decenios. Los resultados prácticos tampoco han sido muy significativos, como hemos visto en Chile con los documentos sobre nuestra historia reciente difundidos por agencias estadounidenses con las palabras o párrafos clave borrados. Pese a ello, en varios países se ha logrado que los ciudadanos conozcan alguna información que, de lo contrario, les estaría vedada. 

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Rodrigo González Fernández
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CHILE: SENADO, Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

Plantean que declaraciones de patrimonio y de intereses de los senadores sean publicados en la página web

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20080722/imag/FOTO_0720080722164852.JPG

Senador Hernán Larraín, Región del Maule.

 

 

Según el senador Hernán Larraín, con ello no sólo se daría cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, que entrará en vigencia en marzo de 2009, sino que se fortalecerá la transparencia

http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20080722/imag/FOTO_0420080722164852.jpgLa publicación de las declaraciones de intereses y de patrimonio de los senadores en el sitio web de la Cámara Alta, sería a juicio del senador Hernán Larraín una positiva señal para fortalecer la transparencia por parte de los legisladores, con miras a la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, que comenzará a regir en marzo de 2009.

 

El parlamentario, quien es autor de la iniciativa junto al senador Jaime Gazmuri, valoró la pronta entrada en vigencia de la Ley al mismo tiempo que propuso complementar la información sobre el quehacer del Senado, que se entrega a través de Internet.

 

"Aquí de lo que se trata, es de transmitir que quienes ejercemos cargos de responsabilidad  pública estamos sirviendo al país y no aprovechando los cargos en beneficio propio, y por eso es indispensable que haya esta transparencia. En ese sentido, creo que sería positivo que la declaración de intereses y de patrimonio personal estuvieran incorporadas dentro de las publicaciones que hace el propio Senado", señaló.

 

Según el legislador, "somos algunos los que las tenemos en nuestras páginas web. Se puede encontrar mi declaración de patrimonio y de intereses en mi página, pero eso debería ser algo hecho por parte del Senado para que la transparencia en todos los ámbitos sea un dato de la causa".

 

TRANSPARENCIA ACTIVA

 

El senador Larraín valoró que la iniciativa haya pasado su último trámite en el Tribunal Constitucional la semana pasada, argumentando que "estoy muy contento de que se haya terminado la tramitación de un proyecto de ley que presentamos en enero del 2005 y que tres años después pareciera que va a conocer la luz del día".

 

Junto con agradecer el apoyo que le entregó el senador Gazmuri al impulsar esta iniciativa cuando ambos eras miembros de la Mesa del Senado, el parlamentario advirtió que la entrada en vigencia de esta ley va a revolucionar el funcionamiento del Estado.

 

"Vamos a terminar con la cultura del secretismo, vamos a incorporar la transparencia en el funcionamiento de nuestras autoridades públicas en todos los ámbitos y va a significar no solamente un freno a la corrupción sino que también una mayor participación y por lo tanto una mejor democracia", advirtió.

 

No obstante, el legislador destacó lo que ha hecho la corporación en materia de transparencia, argumentando que "ya tenemos prácticamente  todo lo que se hace internamente publicado en nuestra página web y por lo tanto, hemos convertido al Senado en una de las instituciones más transparentes del país".

 

Sin embargo, señaló que "todavía quedan aspectos que alcanzar, de manera que toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos sea finalmente susceptible de conocimiento público y si hay alguien que requiera algún antecedente en ese sentido, entonces tendremos que hacer un esfuerzo especial por darlo y al mismo tiempo aprovechar para generalizar cualquier solicitud de información para que el Senado efectivamente sea un modelo de transparencia y por lo tanto un ejemplo de democracia y de participación para todo Chile".

 

La iniciativa que debería ser promulgada los primeros días de agosto, obliga a todos los organismos de la administración central, regional y comunal a entregar en un plazo de 20 días hábiles los antecedentes requeridos por la ciudadanía.

 

Para velar por el cumplimiento de las disposiciones, se crea el Consejo para la Transparencia que estará integrado por cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República y ratificados por los dos tercios del Senado.

 

Los organismos públicos deberán divulgar en la web sus dotaciones de personal y las remuneraciones de los funcionarios, sus presupuestos, las nóminas de beneficiarios de programas sociales y contrataciones y adquisiciones entre otros.

 


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martes, 22 de julio de 2008

Bachelet pone presión a la Alianza para que apruebe proyectos que evitan intervencionismo electoral

RECORDAR EL DESCARADO INTERVENCIONISMO DEL GOBIERNO DE LA CONCERTACION EN ELECCIONES PASADAS , SANCIONADO POR LA JUSTICIA.

Bachelet pone presión a la Alianza para que apruebe proyectos que evitan intervencionismo electoral

El ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, dijo que cuando "la derecha dice que el gobierno no ha tomado medidas en contra de la intervención electoral no es exacta su afirmación".

Cristián Chandía


21/07/2008 - 18:02

    La Presidenta Michelle Bachelet decidió sacar al pizarrón a la Alianza al definir las urgencias que tendrán los proyectos sobre fideicomiso ciego y aquel que busca impedir la intervención electoral indebida de las autoridades, en una estrategia que busca poner presión a la oposición luego de las acusaciones de este sector sobre eventual intervencionismo del gobierno.

    La jefa de Estado y sus ministros decidieron poner suma urgencia (10 días por Cámara) al de fideicomiso ciego. Y discusión inmediata (3 días por Cámara) al que regula el gasto e impide el intervencionismo electoral.

    El objetivo del gobierno es que las iniciativas puedan ser ley antes de las elecciones municipales de tal manera que "ningún alcalde, sea del partido que sea, pueda intervenir directa o indirectamente de forma indebida para su propia reelección, o que ningún funcionario municipal pueda intervenir inadecuadamente para favorecer a un determinado candidato".

    El ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, dijo que "no hay ninguna razón para que se pretenda generar en Chile un movimiento por las elecciones libres" en referencia indirecta a la postura del abanderado de RN Sebastián Piñera.

    "Buscamos una elección libre de cualquier injerencia indebida y como hemos concordado con la oposición un conjunto de normas que haga más estricto el gasto electoral para que no se sobrepase todo límite sin ninguna sanción y por otra parte una serie de autolimitaciones de autoridades durante el período electoral, quisiéramos que ese proyecto de ley sea despachado por la Cámara y por el Senado con discusión inmediata de tal manera que pudiera ser ley en el mes de agosto", explicó el ministro.

    Respecto al fideicomiso ciego, el ministro dijo que este proyecto está presentado en la comisión de constitución de la Cámara de Diputados y busca "separar interés particular de interés general".

    Viera Gallo manifestó que esta iniciativa "recoge consenso amplio". En esta línea reiteró que "cuando la derecha dice que nosotros y el gobierno no ha tomado medidas en contra de la intervención electoral no es exacta su afirmación porque nosotros presentamos las indicaciones y ellos las aprobaron unánimemente. Si ellos promueven más rigor en ese sentido, que hagan sus propuestas en el Senado cuando se discuta, pero que valga no sólo para la elección parlamentaria ni presidencial sino para esta elección".


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    lunes, 21 de julio de 2008

    =?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= EL MOSTRADOR : Los procesos de acreditación en el ojo del huracán

    tras escándalo de la U. de las Américas 
    Los procesos de acreditación en el ojo del huracán
    En el Consejo Superior de Educación cayó como balde de agua fría la publicación que develó el grave conflicto de interés de algunos de sus miembros que terminaron con altos puestos en la casa de estudios acreditada por ellos mismos. El escenario es aún más complejo para cuando empiecen a operar las agencias acreditadoras, instancias privadas que están ad portas de iniciar el proceso de acreditación de miles de programas. 

    Claudia Urquieta Chavarría 

    A la educación le llueve sobre mojado. Y a estas alturas no es una simple metáfora, ya que al "jarrazo" recibido por la ministra Mónica Jiménez se suma el balde de agua fría experimentado por el sistema de acreditación que, varias veces cuestionado, sufrió un duro revés luego de que se hiciera público el conflicto de intereses tras la acreditación de la Universidad de Las Américas denunciado por La Nación Domingo. 

    Y no es para menos. Mal que mal la luz verde entregada a la casa de estudios por la renunciada vicepresidenta del Consejo Superior de Educación (CSE), Paulina Dittborn que luego fue anunciada como la próxima rectora del plantel educacional, y del ex jefe de la división de educación del Minsal, Julio Castro, que hoy es el asesor educacional de la red de instituciones académicas, plantearon más de una alerta en torno al funcionamiento de las instancias acreditadoras. 

    No es la primera vez que algo no huele bien en el sistema liderado por el CSE y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este medio ya había detallado otras situaciones que dejaban en duda las motivaciones que movían las opiniones y los votos en contra o a favor de acreditar un centro de educación superior. 

    Al respecto, el académico Juan Eduardo García Huidobro considera "poco presentable" este tipo de situaciones y asegura que "aunque no hay nada ilegal, el hecho le quita confiabilidad al sistema". 

    En tanto, el columnista Juan Guillermo Tejeda señala que esto "es un indicio de cómo marchan las cosas en el sistema educacional chileno. El baile de nombres con un pie en organismos públicos y el otro en empresas privadas y además la manito o la nariz en alguna trenza política es, a mi juicio, escandaloso. Y sin embargo es difícil remediarlo porque hay muchos aspectos de inhabilitación que no están reglados en la actualidad". 

    En el caso del CSE, que es un organismo público autónomo creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 1990, no hay una normativa interna que inhabilite a sus miembros a participar en las instituciones de educación que son objeto de procesos de acreditación. Potencialmente podrían estar regidos por la Ley de Bases de la Administración del Estado, que da una moratoria de seis meses para funcionarios públicos y autoridades fiscalizadoras para desempeñarse en alguna institución fiscalizada. Pero, según fuentes ligadas al sistema de acreditación "los alcances de esa norma aún necesitan ser precisados, ya que es bastante interpretativo". 

    En vista de esto, el presidente la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Manuel Monsalve (PS) impulsa una moción junto a otros parlamentarios, que prohíbe durante dos años a los miembros que dejan el cargo en el CSE integrarse a las filas de instituciones que hayan participado en procesos de acreditación. Y en el caso de la CNA, que surge a partir de de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada en octubre de 2006, se propone ampliar la incompatibilidad que establece el artículo 7º de dicha ley, de seis meses a dos años. 

    Y además, la comisión acordó citar para el próximo 29 de julio al presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, y al representante del CSE para que den cuenta del proceso de acreditación de la Universidad de las Américas, para aclarar por qué la CNA por unanimidad rechazó la acreditación y luego el CSE por unanimidad se la entregó. En todo caso, según fuentes ligadas al caso, "no hay espacio legal para revocar la acreditación a la Universidad de las Américas". 

    Para Monsalve, más allá de lo que suceda con el caso puntual de dicha casa de estudios,"está en cuestionamiento la transparencia de los procesos de acreditación". 

    Y agrega que "tomando en cuenta la masificación de las universidades en los últimos 10 años, que ya cuenta con unos 700 mil alumnos, de los cuales 200 mil están en instituciones no acreditadas, la CNA y el CSE van a jugar un rol muy importante al garantizar la calidad de estos estudiantes y es fundamental que no quede la duda de que existen otro tipo de intereses". 

    Desde el CSE, anuncian que están realizando una investigación interna sobre lo sucedido, y que en los próximos días se pronunciarán oficialmente sobre el tema. 

    Las Agencias Acreditadoras entran al ruedo 

    Otro papel crucial en la educación superior lo tendrán las agencias acreditadoras, actualmente en proceso de aprobación por parte de la CNA, que hasta el momento ha dado el visto bueno a tres de las cinco inscritas. 

    El rol que jugarán estas entidades privadas, será el de acreditar carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, magíster y especialidades en el área de la salud. 

    Para García Huidobro el panorama es complejo, porque "tendremos cientos o miles de acreditaciones y somos un país chico donde el sistema académico es muy reducido. Por eso, tendrá que hacerse un código de inhabilidades más explícito". 

    De hecho, según explica el abogado de la Universidad de Chile Eric Palma, el reglamento aprobado por la CNA respecto de las agencias señala que "las agencias, sus propietarios, socios o miembros directivos no podrán prestar, por un lapso de veinticuatro meses, a lo menos, servicios de consultoría o asesoría a las instituciones de educación superior en las que hubieren, estén o vayan a desarrollar procesos de acreditación". 

    Pero no queda claro cómo se garantizará que no haya conflictos de interés, ya que para muchos no es coherente que las agencias sean pagadas por las mismas instituciones que deben acreditar. O que miembros de los planteles puedan actuar a favor de su propia casa de estudios o desfavorecer a la competencia. Otro punto que preocupa, es que no existan restricciones sobre quienes las integran, ya que incluso en la Agencia Akredita QA, se encuentra el diputado Maximiano Errázuriz (RN). 

    Para Monsalve "no está en cuestión la ética de nadie, sino cómo la institucionalidad da garantías a la ciudadanía de que los procesos que van a garantizar calidad de los centros de estudio apunten a eso y no la protección de otros intereses". 

    Y recuerda que el tema de la acreditación fue ampliamente abordado por el Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, que concluyó que es necesario revisar el sistema "a fin de asegurar la imparcialidad de las agencias que en él participen, eludir los conflictos de intereses, verificar los criterios que se aplican, examinar los procedimientos y modalidades para la fijación de tarifas y asegurar la publicidad de sus deliberaciones y fomentar la inclusión de todas las instituciones en el sistema". Agregando que "la propia Comisión Nacional de Acreditación debiera reglar los conflictos de intereses de sus miembros y las consecuencias a ellos asociados, todo ello sin perjuicio de que la ley mejore y haga más rigurosas las actuales causales de inhabilidad para ser miembro de él". 

    El conflicto público-privado 

    Que las agencias acreditadoras sean instancias privadas no es lo ideal a ojos de Monsalve, que preferiría una institucionalidad similar a la agencia de aseguramiento de la calidad que regirá a la educación primaria y media, que es una entidad autónoma pero pública. "El objetivo es proteger un bien común y creo que el derecho a una educación de calidad se garantiza más con instituciones de carácter público". 

    Opción que para Tejeda es más bien técnica y que depende de la complejidad de cada acreditación."Lo que importa es el adecuado y firme control público de lo que los privados hacen, y en eso hay en Chile una debilidad evidente. Es esta una falla que atraviesa todo el sistema nacional, hay demasiadas zonas grises entre lo privado y lo público, y no debiera haberlas", asegura el docente. 

    Y recalca que en Chile se insiste en llamar "universidades" a entidades "que tienen cero peso académico, y que se dedican exclusivamente al rubro de impartir docencia. Las universidades son otra cosa. Que sean universidades -públicas o privadas- aquellas entidades que se dedican al conocimiento como un todo, en todas sus manifestaciones, incluyendo investigación, estudios multidisciplinarios, publicaciones, extensión, carrera académica, libertad de cátedra, etc. Y que se llamen institutos esos otros espacios donde va uno a sacar un título profesional". 



    Los conflictos de interés que enturbian la acreditación de universidades

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