Eduardo Bitrán está reflexionando. Este fin de semana es Yom Kippur, y como buen descendiente de judíos se fue a ayunar por 26 horas donde su madre, después de cenar el viernes en la casa de su suegra. Aunque es agnóstico, sigue esta tradición porque es una oportunidad para "reflexionar" y hacer balances. Algo necesario para un ministro de Obras Públicas que vive momentos difíciles y que se trata de defender con uñas y dientes frente al gigante de BAS, el consorcio que ganó la concesión de la construcción y operación de las cárceles I y II, que agrupa a Besalco, Torno Internazionale y Sodexho.
BAS se adjudicó el 2002 la construcción de los tres primeros penales concesionados: Alto Hospicio, La Serena y Rancagua.
El primer intento de concesionar las cárceles iba viento en popa, hasta que el 14 de octubre de 2004 BAS presentó un reclamo porque, supuestamente, el MOP habría impuesto obras adicionales a la concesionaria, aumentando significativamente los costos que la sociedad consideró inicialmente y con los que ganó la licitación.
La suma que esperan recibir es 3,2 millones de UF. "Muchísimo dinero", acota Bitrán, quien no puede entender "cómo se genera tanto revuelo político por el subsidio al Transantiago por montos que son comparables con esta cantidad, que hay que transferir a un privado. Pero en este tema no veo a nadie atónito, siendo que es una situación aberrante".
La comisión conciliadora, integrada por Manuel Díaz de Valdés, en representación del MOP; Alfonso Reymond, representando a BAS, y Antonio Bascuñán, elegido por consenso, presentó un acuerdo en el que el MOP pagaría un mínimo de 250 mil UF y un máximo de 1,1 millones, o sea un tercio del total reclamado por la empresa. La concesionaria no aceptó el trato y la comisión se convirtió en un tribunal arbitral.
En mayo de este año el fallo fue unánime, incluyendo al representante del MOP, y la cartera de Bitrán fue condenada a pagar los 3,2 millones de UF, unos 120 millones de dólares a las empresas privadas. Monto muy superior a las 250 mil UF que los mismos árbitros habían considerado en su propuesta de acuerdo, dos años antes. Pero el ministro no se quedó tranquilo con el fallo e, indignado, recurrió a la Corte de Apelaciones, que decidirá este jueves a quién le da la razón.
-¿Cómo califica la decisión de los tres árbitros?
-He llegado al convencimiento de que estamos frente a una situación que limita en el escándalo. Si uno considera los antecedentes, la actuación del tribunal arbitral resulta del todo inexplicable y absurda.
PRUEBAS IRREFUTABLES
Un documento que apoya las palabras de Bitrán es el acta de la primera reunión entre BAS y el inspector fiscal, Jorge Maureira, el 9 de agosto de 2002. Fue la propia concesionaria y no el MOP la que solicitó cambios en el proyecto. Además, en el acta, firmada por ambas partes, se especifica que "los cambios no significan un aumento en el monto global de la inversión". El ministro considera que esta es una prueba de lo "absurdo" del fallo del tribunal arbitral. "Cuando uno cree que se le ha hecho una exigencia desmedida, de inmediato reclama, pero curiosamente aquí pasó un año y medio antes de que la sociedad reclamara", denuncia el titular de Obras Públicas. El segundo argumento que da la comisión arbitral para fallar en contra del MOP es que intervino Gendarmería en el proceso de construcción. Sin embargo, en la misma reunión de agosto de 2002 fue la concesionaria la que pidió trabajar junto a Gendarmería. "Nos sancionan por el mero hecho de que haya participado Gendarmería y así lo dice el fallo. Es ininteligible que se sancione al MOP por haber accedido a una solicitud de la concesionaria. No se explica", alega el ministro.
En medio de esta comedia del absurdo, lo que resulta irrisorio es que incluso Díaz de Valdés haya fallado contra el ministerio, su representado, advierte Bitrán.
-¿Díaz de Valdés fue cooptado por las concesionarias y por eso se alineó con los privados?
-No voy a entrar en especulaciones sobre la actuación del árbitro del MOP, simplemente digo que es inexplicable y que hay una incoherencia en la actuación de toda la comisión arbitral.
Manuel Díaz de Valdés nunca entregó información durante el proceso, argumentando que él era independiente. Mientras, Alfonso Reymond, representante de BAS, actuó como abogado de la empresa y transmitió toda la información a la concesionaria.
"Yo no reclamo que un árbitro actúe con independencia, yo reclamo la ley, que en ese aspecto es aberrante porque nos pone en una situación de desigualdad. Es obvio que el árbitro contratado por el privado actuará como su abogado y defensor. El Banco Mundial, que nos está apoyando en el proceso de modernización, señala que la situación de desprotección en que está el Estado chileno es extrema", explica Bitrán.
La Ley de Concesiones determina que la comisión arbitral debe ser financiada por la concesionaria, pero no establece la obligación de pagar. De hecho, el árbitro para la construcción del aeropuerto Arturo Merino Benitez falló dos veces a favor del MOP en el Gobierno de Lagos y la concesionaria no le pagó los honorarios y renunció.
Lo sorprendente es que nadie ha levantado la voz por este fallo que obligaría al MOP a pagar una cifra exorbitante a un grupo de empresas privadas, pese a las serias dudas que enturbian este caso.
Por el momento, Bitrán está esperando el fallo de la Corte de Apelaciones sin adelantarse a ningún escenario y seguirá empeñado en modificar la Ley de Concesiones, que tantos dolores de cabeza le ha traído. LND
¿QUIEN VA A LEVANTAR LA VOZ CUANDO HAY INVOLUCRADOS PERSONEROS DE GOBIERNO?
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