CORRUPCIÓN

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jueves, 9 de agosto de 2007

GOOGLE NOTICIAS: Dictan primera condena por desvíos de fondos a campañas


Canal13.cl
Dictan primera condena por desvíos de fondos a campañas
El Mercurio (Chile) - hace 12 horas
Fallo afirma que ex gobernador DC de Choapa usó dineros anticesantía para pagar a activistas de la diputada del PPD Adriana Muñoz. Una condena de tres años arriesgaría el ex gobernador DC de la provincia del Choapa Julio Rojos Astorga tras ser ...
Ovalle: Condenan ex gobernador Julio Rojos por fraude al Fisco El Mostrador
Condenan por fraude al Fisco al ex gobernador de Choapa 24 Horas
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ley PROTEGE AL FUNCIONARIO QUE DENUNCIA IRREGULARIDADES Y

Biblioteca del Congreso Nacional

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Identificación de la Norma : LEY-20205

Fecha de Publicación : 24.07.2007

Fecha de Promulgación : 13.07.2007

Organismo : MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

LEY NUM. 20.205

PROTEGE AL FUNCIONARIO QUE DENUNCIA IRREGULARIDADES Y

FALTAS AL PRINCIPIO DE PROBIDAD

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha

dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Modifícase el decreto con fuerza de

ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley

N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la

siguiente forma:

1) Reemplázase la letra k) del artículo 61, por la

siguiente:

"k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la

policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el

funcionario presta servicios, con la debida prontitud,

los crímenes o simples delitos y a la autoridad

competente los hechos de carácter irregular,

especialmente de aquéllos que contravienen el principio

de probidad administrativa regulado por la ley Nº

18.575.".

2) Incorpórase el siguiente artículo 90 A:

"Artículo 90 A.- Los funcionarios que ejerzan las

acciones a que se refiere la letra k) del artículo 61

tendrán los siguientes derechos:

a) No podrán ser objeto de las medidas

disciplinarias de suspensión del empleo o de

destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba

la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en

definitiva no tenerla por presentada o, en su caso,

hasta noventa días después de haber terminado la

investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la

citada denuncia.

b) No ser trasladados de localidad o de la función

que desempeñaren, sin su autorización por escrito,

durante el lapso a que se refiere la letra precedente.

c) No ser objeto de precalificación anual, si el

denunciado fuese su superior jerárquico, durante el

mismo lapso a que se refieren las letras anteriores,

salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si

no lo hiciere, regirá su última calificación para todos

los efectos legales.

Aceptada la denuncia por una autoridad competente,

la formulación de ella ante otras autoridades no dará

origen a la protección que establece este artículo.".

3) Incorpórase el siguiente artículo 90 B:

"Artículo 90 B.- La denuncia a que se refiere el

artículo precedente deberá ser fundada y cumplir los

siguientes requisitos:

a) Identificación y domicilio del denunciante.

b) La narración circunstanciada de los hechos.

c) La individualización de quienes los hubieren

cometido y de las personas que los hubieren presenciado

o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare

al denunciante.

d) Acompañar los antecedentes y documentos que le

sirvan de fundamento, cuando ello sea posible.

La denuncia deberá formularse por escrito y ser

firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar,

lo hará un tercero a su ruego.

En ella podrá solicitarse que sean secretos,

respecto de terceros, la identidad del denunciante o los

datos que permitan determinarla, así como la

información, antecedentes y documentos que entregue o

indique con ocasión de la denuncia.

Si el denunciante formulare la petición del inciso

precedente, quedará prohibida la divulgación, en

cualquier forma, de esta información. La infracción de

esta obligación dará lugar a las responsabilidades

administrativas que correspondan.

Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en

los incisos primero y segundo precedentes se tendrán por

no presentadas.

La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde

esa fecha un plazo de tres días hábiles para resolver si

la tendrá por presentada. En caso que quien reciba la

denuncia carezca de competencia para resolver sobre

dicha procedencia, tendrá un término de 24 horas para

remitirla a la autoridad que considere competente.

Si habiendo transcurrido el término establecido en

el inciso anterior, la autoridad no se ha pronunciado

sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá

por presentada.".

4) Agrégase una letra d) en el artículo 125,

pasando la actual letra d) a ser e):

"d) Efectuar denuncias de irregularidades o de

faltas al principio de probidad de las que haya afirmado

tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las

cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado

de perjudicar al denunciado.".

Artículo 2°.- Modifícase la ley N° 18.883, que

aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios

Municipales, de la siguiente forma:

1) Sustitúyese la letra k) del artículo 58, por la

siguiente:

"k) Denunciar ante el Ministerio Público, o ante la

policía si no hubiere fiscalía en la comuna en que tiene

su sede la municipalidad, con la debida prontitud, los

crímenes o simples delitos y al alcalde los hechos de

carácter irregular o las faltas al principio de probidad

de que tome conocimiento;".

2) Incorpórase el siguiente artículo 88 A:

"Artículo 88 A.- Los funcionarios que ejerzan las

acciones a que se refiere la letra k) del artículo 58

tendrán los siguientes derechos:

a) No podrán ser objeto de las medidas

disciplinarias de suspensión del empleo o de

destitución, desde la fecha en que el alcalde tenga por

presentada la denuncia y hasta noventa días después de

haber terminado la investigación sumaria o sumario,

incoados a partir de la citada denuncia.

b) No ser trasladados de localidad o de la función

que desempeñaren, sin su autorización por escrito,

durante el lapso a que se refiere la letra precedente.

c) No ser objeto de precalificación anual, si el

denunciado fuese su superior jerárquico, durante el

mismo lapso a que se refieren las letras anteriores,

salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si

no lo hiciere, regirá su última calificación para todos

los efectos legales.".

3) Incorpórase el siguiente artículo 88 B:

"Artículo 88 B.- La denuncia a que se refiere el

artículo precedente deberá ser fundada y cumplir los

siguientes requisitos:

a) Identificación y domicilio del denunciante.

b) La narración circunstanciada de los hechos.

c) La individualización de quienes los hubieren

cometido y de las personas que los hubieren presenciado

o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare

al denunciante.

d) Acompañar los antecedentes y documentos que le

sirvan de fundamento, cuando ello sea posible.

La denuncia deberá formularse por escrito y ser

firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar,

lo hará un tercero a su ruego.

En ella podrá solicitarse que sean secretos,

respecto de terceros, la identidad del denunciante o los

datos que permitan determinarla, así como la

información, antecedentes y documentos que entregue o

indique con ocasión de la denuncia.

Si el denunciante formulare la petición del inciso

precedente, quedará prohibida la divulgación, en

cualquier forma, de esta información. La infracción de

esta obligación dará lugar a las responsabilidades

administrativas que correspondan.

Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en

los incisos primero y segundo precedentes se tendrán por

no presentadas.

La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde

esa fecha un plazo de tres días hábiles para resolver si

la tendrá por presentada.

Si habiendo transcurrido el término establecido en

el inciso anterior, la autoridad no se ha pronunciado

sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá

por presentada.".

4) Agrégase una letra e) en el artículo 123,

pasando la actual letra e) a ser f):

"e) Efectuar denuncias de irregularidades o de

faltas al principio de probidad de las que haya afirmado

tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las

cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado

de perjudicar al denunciado.".

Artículo 3°.- Modifícase el artículo 62 del decreto

con fuerza de ley N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría

General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, en el siguiente sentido:

1. Reemplázanse, en el número 7, la conjunción "y"

y la coma (,) que la precede por un punto y coma (;) y

en el número 8, el punto final (.) por la conjunción "y"

precedida de una coma (,), y

2. Agrégase el siguiente número 9:

"9. Efectuar denuncias de irregularidades o de

faltas al principio de probidad de las que haya afirmado

tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las

cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado

de perjudicar al denunciado.".".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º

del Artículo 93 de la Constitución Política de la

República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y

sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto

como Ley de la República.

Santiago, 13 de julio de 2007.- MICHELLE BACHELET

JERIA, Presidenta de la República.- José Antonio

Viera-Gallo Quesney, Ministro Secretario General de la

Presidencia.- Belisario Velasco Baraona, Ministro del

Interior.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud., Edgardo Riveros Marín,

Subsecretario General de la Presidencia.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que protege al funcionario que denuncia

irregularidades y faltas al principio de probidad

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien

suscribe certifica que la Honorable Cámara de Diputados

envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado

por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal

ejerciera el control de constitucionalidad respecto de

su artículo 3º, del proyecto y que por sentencia de 27

de junio de dos mil siete en los autos Rol Nº 799-O7-

CPR.

Declaró:

Que el número 2 del artículo 3º del proyecto

remitido a control de este Tribunal, es constitucional

en el entendido señalado en el Considerando 10º de esta

sentencia.

Santiago, 28 de junio de 2007.- Leopoldo Núñez

Tomé, Secretario (S).

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Polémica por Microsoft en Chile BBC

Polémica por Microsoft en Chile
Andrea Henriquez
Santiago de Chile

Michelle Bachelet y Craig Mundi
El acuerdo ha sido criticado por cibernautas chilenos.

Cientos de cibernautas se han valido de las mejores herramientas tecnológicas para organizarse en la red y hacer escuchar su férreo rechazo a un acuerdo de cooperación firmado recientemente entre Microsoft y el Ministerio de Economía de Chile.

Para la empresa estadounidense se trata de un convenio "a favor de la economía del conocimiento", y el gobierno chileno sostiene que es un "aporte para el país".

Sin embargo, el Movimiento de Liberación Digital asegura que la molestia radica principalmente en que "no se consideró la opinión de la ciudadanía" y "no se les deja elegir".

Este miércoles el debate llegó hasta el Congreso Nacional.

El polémico convenio

La alianza de cooperación contempla doce iniciativas, entre ellas programas de capacitación digital, la implementación de tecnologías de vanguardia en salas de clases, la creación de centros de innovación en universidades chilenas, herramientas de negocios para pequeños empresarios, y apoyo técnico a instituciones públicas.

Juan Olguín y Cristián Sepúlveda, integrantes del Movimiento de Liberación Digital.
El MLD dice que defiende el derecho de los ciudadanos a elegir.

"La compañía ha manifestado permanentemente el interés de contribuir al desarrollo económico local a través de diversos programas sociales y herramientas tecnológicas que se ponen al servicio de la ciudadanía", dijo Craig Mundie director de Investigación y Estrategia de Microsoft.

Si bien el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro aseguró a BBC Mundo que el convenio "no significa exclusividad ni alterar la neutralidad tecnológica que impulsa el Estado de Chile", los cibernautas agrupados en el Movimiento de Liberación Digital (MLD) mantienen su postura crítica.

"Se pone en juego la plataforma tecnológica en Chile y las personas no van a poder elegir. El acuerdo me está obligando, porque cuando yo quiero pagar impuestos tengo que usar un determinado navegador o un determinado sistema operativo y todos esos productos son Microsoft", dijo a BBC Mundo Juan Olguín, vocero del MLD.

Mundo heterogéneo

El Movimiento de Liberación Digital nació como una respuesta crítica a la firma del convenio y en él participan personas de entre catorce y más de sesenta años, que realizan diversas actividades.

"Si restringes el uso de las tecnologías se está unificando a distintos sectores de la ciudadanía, y eso no se puede hacer porque en el aspecto tecnológico las necesidades son heterogéneas", dijo Olguín a BBC Mundo.

El acuerdo me está obligando, porque cuando yo quiero pagar impuestos tengo que usar un determinado navegador o un determinado sistema operativo y todos esos productos son Microsoft
Juan Olguín, vocero del MLD

"Tenemos mucho que decir para modificar las políticas públicas en temas tecnológicos con el fin de acortar la brecha digital y aportar al desarrollo del país", dijo a BBC Mundo Cristián Sepúlveda del MLD.

Sepúlveda y otros integrantes del MLD presentaron este miércoles sus inquietudes a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Antes, en esa misma sesión, el ministro Alejandro Ferreiro y representantes de Microsoft explicaron los alcances de este acuerdo.

"Estamos más que disponibles para que quienes quieran participar en la construcción de una agenda digital que nos involucra a todos puedan tener un rol fundamental en el diseño de lo que estamos haciendo", señaló el ministro Ferreiro a BBC Mundo.

Movimiento descentralizado

En pocas semanas el MLD se convirtió espontáneamente en un fenómeno social que ha causado revuelo en la red.

En distintas regiones del país se han creado grupos autónomos de trabajo y también se han incorporado cibernautas de otras partes del mundo.

La compañía ha manifestado permanentemente el interés de contribuir al desarrollo económico local a través de diversos programas sociales y herramientas tecnológicas que se ponen al servicio de la ciudadanía
Craig Mundi, Microsoft

Este movimiento forma parte de la tendencia "Smart Mob" o "multitud inteligente" que se organiza eficientemente utilizando herramientas tecnológicas. A través de mensajes de texto, correos electrónicos, foros y blogs los integrantes del MLD se comunican y acceden a la información de manera instantánea.

"Cuando hay una decisión sobre un tema todos actúan coordinadamente. La información es totalmente transversal y se invierte la estructura piramidal de organizaciones tradicionales", dijo Cristián Sepúlveda a BBC Mundo.

Mientras el gobierno chileno señala que "existe una disposición a seguir conversando" y pide "una voz representativa", los integrantes del MLD continúan el debate en la red.

Según señalan, su meta es lograr que en la implementación de políticas públicas se escuche la voz ciudadana y se garantice la libertad de elegir.

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Escándalo por "el hombre del maletín"

Escándalo por "el hombre del maletín"
Max Seitz y Carlos Chirinos
Max Seitz y Carlos Chirinos
BBC Mundo, Buenos Aires y Caracas

Maletín
El incidente del maletín ocurrió poco antes de la visita oficial de Chávez.

En medio del escándalo por el caso del venezolano que ingresó a Argentina unos US$790.000 sin declarar, el gobierno del presidente Néstor Kirchner despidió este jueves a un funcionario presuntamente vinculado con el caso.

Se trata de Claudio Uberti, quien hasta ahora estaba a cargo de la dirección del Órgano de Control de Concesiones Viales.

Uberti y otros dos funcionarios de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) llegaron a Buenos Aires el sábado a bordo de un avión privado procedente de Caracas.

En la misma aeronave viajaban cuatro directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el ciudadano venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, a quien agentes aduaneros argentinos le incautaron más de US$790.000 que no había declarado al ingresar al país.

Uberti habría permitido que el empresario venezolano abordara el vuelo rentado por Enarsa.

El ahora ex funcionario manejaba millonarias negociaciones comerciales con Venezuela, desde convenios con PDVSA a la venta de maquinaria agrícola.

"Caiga quien caiga"

Se trata de un nuevo escándalo que sacude al gobierno de Kirchner. Refiriéndose al caso, el mandatario dijo que "por primera vez en Argentina se combate la corrupción en serio", le "toque a quien le toque y caiga quien caiga".

Ha habido un abuso de la buena fe de los funcionarios argentinos por parte de funcionarios venezolanos que le pidieron que traigan a una persona que traía una valija con semejante cantidad de dinero sin que nadie lo supiera
Alberto Fernández, jefe del Gabinete

El incidente ocurrió poco antes de la visita oficial del presidente venezolano, Hugo Chávez, a Buenos Aires, quien negó toda responsabilidad en el hecho.

Uberti presentó su renuncia a petición del ministro de Planificación, Julio de Vido, quien dijo haberla aceptado por los "errores que se cometieron" durante el viaje de funcionarios argentinos y venezolanos.

Según el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, "ha habido un abuso de la buena fe de los funcionarios argentinos por parte de funcionarios venezolanos que le pidieron que traigan a una persona que traía una valija con semejante cantidad de dinero sin que nadie lo supiera".

Los más de US$790.000 fueron descubiertos durante un control aduanero. Las autoridades se incautaron del dinero y dispusieron que el infractor pagara una multa del 50% del monto no declarado.

Las leyes argentinas prohíben ingresar al país sumas superiores a los US$10.000 en efectivo sin hacérselo saber a la aduana.

El hecho está siendo investigado por la justicia federal argentina y por la Unidad de Información Financiera, encargada de indagar sobre presuntas operaciones de lavado de dinero.

Además, Buenos Aires le va pedir explicaciones a PDVSA.

"Pote de humo"

En las primeras reacciones oficiales que se han producido en Caracas, el vicepresidente venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que era "una estupidez" el escándalo del maletín.

Sencillamente es una estupidez. Es una imbecilidad que, como siempre, lo que intenta es enlodar lo que no puede ser enlodado, tapar lo que no puede ser tapado
Jorge Rodríguez, vicepresidente venezolano

"Sencillamente es una estupidez. Es una imbecilidad que, como siempre, lo que intenta es enlodar lo que no puede ser enlodado, tapar lo que no puede ser tapado", explicó Rodríguez según una nota de prensa distribuida por su despacho.

Para el vicepresidente venezolano los medios de comunicación intentan "montar un pote de humo que (...) disminuya el impacto comunicacional que en el mundo entero tiene el hecho de que las naciones del sur vayamos avanzando aceleradamente hacia la integración".

Aunque negó cualquier vínculo entre el "hombre del maletín" y la comitiva que acompañó al presidente Chávez en su gira, Rodríguez afirmó que hay que esperar a que la investigación que se realizará en Argentina aclare el caso.

Investigación venezolana

Además, el Superintendente del Servicio Nacional Aduanero y Tributario, José Vielma Mora, anunció el nombramiento de un fiscal especial para investigar el origen de los dólares que salieron de Venezuela.

Vamos a indagar cómo ese dinero llegó al maletín de alguien
Vielma Mora, Servicio Nacional Aduanero y Tributario

"Vamos a indagar cómo ese dinero llegó al maletín de alguien", dijo Vielma Mora, quien lamentó que el caso "empañe" la imagen del país al ser relacionado con la visita del presidente Chávez a Argentina.

Vielma Mora recordó que todo ciudadano que piense viajar con más de US$10.000 debe declararlos a su salida del país como manda la Ley contra ilícitos cambiarios.

Desde diciembre de 2002 en Venezuela rige un control de cambios que limita el acceso de los venezolanos a divisas extranjeras en efectivo.


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Ex gobernador de Choapa Julio Rojos: fraude al fisco y negociación incompatible

¿DEBERIA RENUNCIAR DIPUTADA PPD ADRIANA MUÑOZ?
 
Senadora Matthei instó a Adriana Muñoz a renunciar a su escaño

 
Ex gobernador de Choapa Julio Rojos:
Primera condena por desvío de fondos PGE

MARCO ANTONIO SULANTAY

 


Tribunal lo encontró culpable de fraude al fisco y negociación incompatible. Contrató a personas que trabajaron como activistas de diputada Adriana Muñoz.



MARCO ANTONIO SULANTAY

OVALLE.– Una condena de hasta tres años podría enfrentar el ex gobernador de la provincia de Choapa Julio Rojos Astorga (ex DC), tras la declaración de culpabilidad por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible emitida en su contra por el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle.

La resolución fue adoptada en sesión de deliberación efectuada ayer en la corte ovallina tras 52 días de juicio.

En la audiencia se decidió, sin embargo, absolver a la ex autoridad provincial del delito de aplicación pública diferente, debido a que no se acreditó que haya ejercido funciones no establecidas en el cargo que desempeñó en el gobierno de Ricardo Lagos.

Julio Rojos fue destituido en 2002 tras una investigación de la Contraloría solicitada por la senadora por la Cuarta Región Evelyn Matthei (UDI).

En la indagación se estableció que Rojos contrató, entre los meses de noviembre y diciembre de 2001, a personas en Planes de Generación Empleo (PGE), que finalmente trabajaron como activistas en la campaña de la diputada Adriana Muñoz (PPD).

Este ilícito quedó acreditado en el juicio con los testimonios y contratos laborales de siete personas que aseguraron haber trabajado en el comando de la parlamentaria concertacionista.

Asimismo, el Ministerio Público logró mantener la imputación de negociación incompatible acreditando con documentos que Julio Rojos contrató a su padre e hija, con un sueldo de 70 mil pesos y un bono de $150 mil, en los PGE a su cargo. Durante el juicio, Rojos reconoció que "mi padre no estaba jubilado y no tenía trabajo. Mi hija es madre soltera, con dos hijos, y también estaba desempleada. No sabía que no podía contratarse a familiares".

Nulidad del juicio

A la salida de la audiencia el acusado manifestó que no compartía el criterio del tribunal, por lo que estudiará la posibilidad de solicitar la nulidad del juicio. "En una administración de 12 personas era imposible controlar los destinos de los recursos destinados a la aplicación de programas de empleo", dijo.

Una visión contraria tuvo la fiscal del caso, Carmen Gloria Segura, quien aseguró durante el proceso que el acusado en todo momento estaba consciente de lo que estaba haciendo.

En Santiago, con satisfacción recibió en el Palacio de Tribunales el abogado querellante del caso de los denominados "empleos brujos", Cristián Letelier, la primera condena en el marco de dicha causa.

El abogado aseguró que la sentencia "tendrá incidencia directa en los otros juicios que se están tramitando en Valparaíso".

Durante el juicio se presentaron más de 70 testigos provenientes de Los Vilos, Illapel y Salamanca, además del senador por la Región de Coquimbo Jorge Pizarro Soto, quien fue la única autoridad que concurrió en calidad de testigo de la defensa a las audiencias.

Según la legislación, las penas establecidas para el delito de negociación incompatible son de 541 días de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y una multa equivalente al 50 por ciento del valor del interés que tomó en el negocio.

Diputada anuncia querella

Conocido el fallo contra el ex gobernador Rojos, la diputada por el distrito de Choapa, Adriana Muñoz, emitió una declaración pública en la que sostiene que "frente al intento por denostar mi dignidad y mi honra públicamente, iniciaré acciones legales por injurias y calumnias contra quienes resulten responsables".

En la nota la parlamentaria oficialista también apunta que "el 6 de junio de 2006, el abogado Cristián Letelier presentó una solicitud de desafuero en los tribunales de La Serena, acción que fue desestimada automáticamente por su inconsistencia y mérito. Por todo lo anterior, no me cabe realizar ninguna declaración en torno a un caso que ya quedó cerrado en tribunales".

Las claves de la resolución

De acuerdo al acta de deliberación del Tribunal Oral en Lo Penal de Ovalle, se estableció que el ex gobernador de Choapa Julio Rojos cometió fraude al fisco entre octubre del año 2001 y marzo del año 2002 cuando "contrató a diversas personas en Illapel con cargo a fondos públicos, pertenecientes al denominado Fondo de Absorción de Cesantía (FOSAC) del Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del Interior, y pagó remuneraciones de los mismos a sabiendas de que dichas personas no realizarían la función que señalaban los respectivos contratos de trabajo, sino que prestarían servicios como activistas de la campaña política de la diputada doña Adriana Muñoz o no ejecutarían ningún trabajo", señaló el Tribunal Oral en lo Penal al leer su deliberación.

Durante el histórico juicio oral -que duró 60 días y por el cual desfilaron más de 100 testigos- se estableció también que Rojos cometió el delito de negociación incompatible porque "suscribió en la ciudad de Illapel, el día 14 de enero del año 2002, con su padre don Óscar Rojos Fuentes y con su hija doña Valeska Rojos Sasso, sendos contratos de trabajo pagados con cargo a fondos públicos pertenecientes al denominado FOSAC (...) Los familiares directos del acusado, esto es, tanto su hija como su padre, recibieron por concepto de contrato de trabajo la suma de $70.333 cada uno, todo lo anterior a sabiendas del acusado", dicen los jueces.

El tribunal lo absolvió del delito de aplicación pública diferente -gastar dineros presupuestarios en otra cosa- porque se exige "arbitrariedad para su consumación, elemento que no se acreditó con la prueba rendida en juicio". También se le absolvió de falsificación de instrumento público debido a que los querellantes no rindieron prueba sobre los contratos aprobados por la gobernación mediante resoluciones.

Senadora Matthei instó a Adriana Muñoz a renunciar a su escaño

La senadora Evelyn Matthei (UDI), querellante en el caso, junto con valorar el fallo en contra del ex gobernador del Choapa emplazó a la diputada Adriana Muñoz (PPD) a renunciar al cargo y cederle la vacante al dirigente comunista Jorge Insunza, quien compitió en ese distrito.

Matthei indicó que es realmente importante que por fin haya una condena por desvío de fondos públicos para campañas políticas. "Desde hace mucho tiempo que veníamos señalando que esto existía y hoy día esto ha quedado claro".

Respecto a la querella anunciada por Adriana Muñoz, la senadora la instó a que la presente lo antes posible. "En el juicio quedaron múltiples testimonios de personas que señalaron que no solamente trabajaron para ella, sino que además ella estaba enterada de todo esto. Tanto es así que participó personalmente en una reunión en la gobernación del Choapa pidiéndole a todas estas personas que firmaran contratos en blanco", indicó.

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