CORRUPCIÓN

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viernes, 16 de mayo de 2014

millonarios sueldos para asesores de Arenas

Diputado Lorenzini: "Aumentos deben ser razonables y no para asesores políticos"

Fernando Seymour Jueves 15 de mayo 2014 - 18:56 hrs. |  2

Aldo Cornejo, Alberto Arenas, Pablo Lorenzini

Según el parlamentario, los cuestionamientos de la oposición son válidos, sobre el incremento de los sueldos por asesorías a honorarios dentro del Gobierno, advirtiendo que "los asesores no pueden ganar más que un ministro o un subsecretario". Desde RN y la UDI exigen explicaciones a Alberto Arenas, sin descartar la solicitud de una comisión investigadora.

 Claves: 

Preocupación existe en algunos sectores políticos por lo que consideran un alza injustificada de los sueldos de asesores del ministerio de Hacienda, como también de la Presidencia y otras carteras. Esto, en comparación a los montos asignados durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según los parlamentarios denunciantes, se trata de 37 funcionarios, apuntando principalmente al círculo más cercano del ministro Alberto Arenas.

Así lo confirma el diputado RN José Manuel Edwards, quien asegura que se trata de incrementos arbitrarios, lo que en el contexto de la Reforma Tributaria, les permitirá beneficiarse por la baja de impuestos a los tramos de quienes reciben más ingresos.

Por ello, plantea la necesidad de determinar la legalidad de las disposiciones, sin descartar la solicitud de una comisión investigadora.

"El ministro Arenas, la Presidencia y otros ministerios tienen que dar una explicación de por qué se están pagando sueldos millonarios a tantas personas. Creemos que esto se presta perfectamente para que el Estado esté pagando favores políticos con altos sueldos", acusó.

En cuanto a sus argumentos, plantea que "la Constitución y la ley de Administración del Estado dice que las decisiones de la autoridad deben tener razonabilidad y no pueden ser arbitrarias. Por lo tanto, hemos exigido, en los 37 casos investigados, que se nos dé una explicación de los aumentos indiscriminados en los sueldos de estos asesores".

Dentro de los casos de Hacienda, destaca Fernando Dazzarola, asesor del gabinete ministerial, con una remuneración de seis millones de pesos, mientras que quien lo antecedió, Juan Bravo, tenía un ingreso de tres millones 25 mil 608, es decir, una diferencia de 98 por ciento.

También con seis millones de pesos aparece Sandra Novoa, asesora de comunicaciones del ministro, cargo que en el anterior gobierno ocupó Lucy Bennet, con un sueldo de cuatro millones 771 mil 97, lo que equivale a un 25 por ciento menos.

Asimismo, figura Enrique Paris Horvitz, contratado por seis millones 500 mil pesos como coordinador de la unidad de gestión de la subsecretaría, superando en un 19 por ciento el sueldo de Guillermo Sarabia, su antecesor durante la administración de Piñera, quien recibía cinco millones 460 mil.

Frente a estas denuncias, el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda, insiste en que tanto el ministro Arenas como el subsecretario Alejandro Micco le han asegurado que no existen tales aumentos, y que incluso corresponden a montos menores a los entregados en el gobierno anterior, por lo que se trataría de información errónea.

En ese contexto, reconoce que deben existir ciertos límites para quienes no tienen mayores responsabilidades, políticas o administrativas, como son los asesores.

"Está bien, los asesores ayudan, tal como lo hemos visto en la Reforma Tributaria. Los empresarios podrán pagar mucho por sus asesores, pero en el gobierno no pueden ganar más que un ministro, un subsecretario o que las autoridades. Aumentos pueden haber, porque cada gobierno privilegia las asesorías que requiere. Pero más que los aumentos, lo que me interesa es que los montos sean razonables y que no tengamos asesores políticos, sino que cumplan funciones adecuadas", advirtió.

En cuanto a las críticas opositoras, plantea que "es válido el cuestionamiento, pero en el caso del diputado Edwards lo está haciendo como revanchismo político, porque también criticamos varios de los asesores que ellos tenían en el gobierno anterior".

Respecto de las asesorías a la Presidencia, destaca María Eugenia Paris, quien se desempeña como directora de programación, con un sueldo de seis millones 479 mil 668 pesos, un 30 por ciento más de lo que se le pagaba a su antecesora, María Irene Chadwick, con un monto de cuatro millones 521 mil 187.

Aparece también Haydeé Rojas, directora de prensa, con un sueldo de cinco millones 787 mil 482, mientras que en la anterior administración Carla Munizaga recibía cuatro millones 520 mil 893, es decir, un aumento de 22 por ciento.

En los casos de Pedro Güell, director de políticas públicas, y Rodrigo Uribe, director de estudios del gabinete presidencial, cada uno recibe una remuneración de seis millones 479 mil 668. Esto, considerando que en el gobierno de Piñera, Ignacio Rivadeneira cumplía ambas funciones, con un sueldo de seis millones 701 mil 363.

Desde la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, directora de investigación e incidencia, asegura que no se trata de ilícitos, pues las autoridades tienen la libertad de fijar aquellos montos, aunque sí podría representar un cuestionamiento ético.

"Hay ciertos cargos que están a honorarios, los que no se rigen por la escala única de sueldos. Entonces, ahí existe plena voluntad de la autoridad para fijar los sueldos. Y la ley tampoco establece que tenga que consultarse a la Contraloría o a alguien en particular respecto de ese tema", aclara.

Sin embargo, propone que "la discusión va más bien por un lado ético, si se está discutiendo el sueldo mínimo o cuánto ganan las autoridades. Ahí podría discutirse éticamente, como ocurrió con el proyecto de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, sobre el sueldo de las autoridades en comparación a los ciudadanos comunes".

Además, insiste en que lo fundamental es la transparencia, por lo que el Gobierno está obligado a publicar en sus páginas web la información sobre las personas contratadas, las funciones que cumplen, el sueldo que reciben y la constatación de que poseen las capacidades para desempeñarse en las respectivas actividades.

Cabe destacar que si bien la información se encuentra disponible en Transparencia Activa, a través del sitio www.gobiernotransparente.cl, la propia María Jaraquemada plantea que no se han actualizado oportunamente los datos sobre quienes han ingresado al Gobierno.

Fuente:Udech

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Rodrigo González Fernández
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PDI indaga 12 casos denunciados de adopciones irregulares

PDI indaga 12 casos denunciados de adopciones irregulares

En dos de ellos los testigos involucrarían al sacerdote de los SS.CC., Gerardo Joannon. La investigación se concentra en dos centros asistenciales, uno de los cuales ya no existe.

por F. Díaz y S. Rodríguez - 16/05/2014 - 02:18
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La Fiscalía Centro Norte y la Brigada Investigadora de Derechos Humanos, de la PDI, están indagando 12 casos de posibles adopciones irregulares, que habrían ocurrido en la década de los 70 y principios de los 80.

Este proceso judicial se inició luego de que el Servicio Nacional de Menores (Sename) presentara una denuncia tras un reportaje de Ciper. Aquel artículo revelaba la existencia de una presunta red de adopciones irregulares, en la cual se habría falsificado la muerte de recién nacidos, para luego entregarlos a otras familias.

En dos de los casos que indagada la PDI el sacerdote Gerardo Joannon, perteneciente a la Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.), aparece mencionado como uno de los posibles involucrados.

Asimismo, casi la totalidad de las denuncias menciona a dos clínicas como los lugares de ocurrencia de estos hechos. Una se ubica en el sector oriente de Santiago y la otra, que estaba emplazada en la comuna de Santiago, ya  no existe.

La fiscal Erika Vargas también debe aclarar si esta red contaba con el apoyo de médicos u otros profesionales.

Escenario legal

En el servicio informan que las denuncias que hasta ahora se conocen podrían, eventualmente, configurar al menos dos delitos, ambos contemplados en el Código Penal.

"Suposición de parto (artículo 357), que se castiga con una pena que va desde 61 días a cinco años de presidio, más una multa de 21 a 25 UTM; y la usurpación de estado civil (art. 354), cuya  pena considera desde 541 días a cinco  años de presidio, más una multa de 11 a 20 UTM", informan en el departamento jurídico de esta entidad. Estos ilícitos, sin embargo, prescriben a los cinco años de su ocurrencia. La fiscalía y el Sename descartaron la aplicación de la figura legal de un "secuestro permanente".

Otro aspecto a considerar, para eventuales sanciones, es la primera ley de adopción Nº 16.346 (de 1965), que establece condenas por la entrega irregular de un menor por medio del "abuso de confianza, ardid, simulación o atribución de identidad o estado civil", entre otras circunstancias. Sus penas van de 61 días a cinco años de cárcel. 

Posteriormente, la ley de adopción de 1988  mantuvo los mismos castigos y la Ley 19.620, vigente desde 1999 sobre esta materia, modificó algunos de sus términos, pero conservó lo esencial de sus sanciones. 

Jorge Lavanderos, jefe del departamento jurídico del Sename, señala que "la responsabilidad y su prescripción se determinan sólo a través de la decisión de un tribunal, después de que el ente persecutor ha investigado. Hay que ver si existen delitos posteriores a las fechas denunciadas y si fueron continuos en el tiempo. Y en ese proceso no hay que revictimizar a quienes han sufrido durante años".

El miércoles, el Sename le entregó a la fiscalía ocho nuevas denuncias de posibles entregas irregularwes de lactantes. Marcela Labraña, directora de la entidad, subraya que "hay que buscar la verdad de lo que ocurrió. Es vital para todas las víctimas. Por eso, seguimos llamando a todos los involucrados a cooperar".

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ALA PITUTOCRACIA FORMA PREFERIDA DE BACHELET PARA NOMBRAR DIRECTORES EN EPMRESAS PUBLICAS

UDI oficia al gobierno y pide detalles de designación de directores en empresas públicas

Diputados gremialistas elaboraron unoficio para ser remitido al Ministerio de Economía y al SEP.

La solicitud coincide con el nombramiento de una de las hijas de Frei en EFE y de Carmen Frei en la Polla de Beneficencia.

por Paulina Toro - 16/05/2014 - 02:06
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El martes, cuando los diputados de la UDI Felipe Ward y Renzo Trizotti se enteraron por la prensa de que una de las hijas del ex Presidente Eduardo Frei, Magdalena, había sido nombrada directora de Ferrocarriles del Estado (EFE), de inmediato contactaron a sus asesores de bancada para elaborar un oficio. 

Un día después ingresaron el documento  para ser remitido al ministro de Economía, Luis Céspedes; a la subsecretaria de la cartera, Katia Trusich, y a Carlos Alvarez, presidente del consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), solicitando información detallada del proceso de nombramiento de los directores  de 32 empresas del Estado.

A la designación de Magdalena Frei, en la oposición también llamó la atención el nombramiento de la hermana del ex mandatario, Carmen Frei, en el directorio de la Polla Chilena de Beneficencia.

El oficio, firmado además por el diputado  Gustavo Hasbún, demanda conocer  sus currículos, el número de directorios que integran, las remuneraciones y cargos que ejercían antes de ser designados por este gobierno. También se pide conocer si actualmente desempeñan algún cargo en paralelo. 

Del mismo modo, a través del oficio, los legisladores  solicitan saber en qué sociedades o empresas relacionadas al actual cargo pudiesen haber tenido participación, para verificar eventuales conflictos de interés.

Pese al interés por conocer el proceso de nombramientos en EFE, los diputados gremialistas explican que la ofensiva no apunta únicamente al arribo de la hija del ex mandatario a la empresa. 

"Esto no es una cacería de brujas. Queremos saber si hay contrataciones en base a meritocracia o a pitutocracia", dijo Ward.

"Creemos necesario fiscalizar este tipo de nombramientos. La Concertación nos tuvo 20 años acostumbrados a nominaciones basadas en compadrazgos", agregó Trizotti.

La ofensiva de la UDI se suma a los oficios que serán remitidos a todos los ministerios para informar detalles de la remuneración de su personal, ante denuncias sobre alzas salariales.

Fuente:

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