CORRUPCIÓN

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martes, 12 de agosto de 2014

#CORRUPCIÓN: La corrupción es mala, pero puede ser peor

La corrupción es mala, pero puede ser peor

DEL EDITOR AL LECTOR

  • Ricardo Roa
Es una historia vieja y a la vez nueva, que parece más de lo mismo pero que no es más de lo mismo. Lo viejo es la corrupción. Lo nuevo es la corrupción asociada al tráfico de drogas. Y en esta historia hay de los dos.
Tiene diez años y una protagonista principal: la efedrina, un químico dual que sirve tanto para hacer remedios como para fabricar drogas ilegales. Util para curar o matar. Alrededor de la efedrina hay una trama de funcionarios negligentes y funcionarios corruptos, gendarmes sólo corruptos, narcoempresarios farmaceúticos y secretarias y algo más puestas por los narcoempresarios farmaceúticos. También, una interna feroz entre un hombre del riñón de Kirchner y un ministro clave de Kirchner.
El escenario fue la Sedronar, el organismo antidroga que tuvo mucho de droga y poco o nada de anti. En 2003 autorizaba importar hasta 1,5 tonelada de efedrina por año, suficiente para abastecer todo el mercado interno de medicamentos. En 2007 dejó entrar 20 toneladas y así como entraban salían rumbo a México, que en su lucha contra los carteles narcos había prohibido la importación.
Esa ruta se cortó de golpe a mediados de 2008 por el triple crimen de General Rodríguez. Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón aparecieron muertos en un zanjón de la ruta 24. Eran proveedores de efedrina a narcotraficantes y se habían quedado con el negocio de otro, que los mandó a matar y sigue prófugo.
La historia del triple asesinato tiene otra historia adentro: la historia de lo que en esos años pasó en la Sedronar y que ha comenzado cada vez más a salir a la luz, como lo revela la investigación de Nicolás Pizzi en Clarín (ver pág. 15).
En síntesis, un grupo de funcionarios durante la gestión de José Granero se asoció con droguerías a las que autorizaba importar cantidades industriales de efedrina.
Compra legal para uso ilegal: supuestamente eran para medicamentos, cuando eran principalmente para carteles mexicanos. La Gendarmería nunca vio o quiso ver nada a pesar de que debía hacer inteligencia en la Sedronar. Rafael Bielsa, que reemplazó a Granero, llamó a la Prefectura para hacer los sumarios internos.
Granero era un hombre del riñón de Kirchner y también lo era su secretario, Miguel Zacarías. Los dos llegaron del PAMI. Muchos dicen que en los hechos Zacarías era el jefe y Granero su secretario y que es Zacarías quien está comprometido de lleno en la corrupción. Los dos eran y son enemigos irreconciliables de Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete.
Un kilo de efedrina puesta en Europa podía valer mil veces lo que se pagaba acá. Un negociado increíble en el que están involucrados al menos los dueños de dos droguerías. Lo insólito es que en vez de despejar dudas sobre su papel en el escándalo, el Gobierno acuse a los medios de montar un relato periodístico. Pero ésta es la historia de siempre.

corrupcion: CORTE DE SANTIAGO DICTA SENTENCIA EN LA ARISTA PRINCIPAL DEL DENOMINADO CASO MOP-GATE

CORTE DE SANTIAGO DICTA SENTENCIA EN LA ARISTA PRINCIPAL DEL DENOMINADO CASO MOP-GATE
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por la serie de irregularidades cometidas en el Ministerio de Obras Públicas, y que los medios de comunicación denominaron: caso "MOP-Gate", causa que instruyó la ministra en visita Gloria Ana Chevesich Ruiz.
En el fallo (causa rol 2284-2010), la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Jorge Dahm, Juan Antonio Poblete y el abogado David Peralta- confirma la sentencia condenatoria en contra de un grupo de empleados públicos, pero revoca la absolución dictada en favor de varios ejecutivos ligados a empresas consultoras.
 
La confirmación de las condenas dictada por la ministra en visita el 30 de junio de 2010, son las siguientes:
-Sergio Cortés Castro: 5 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Carlos Cruz Lorenzen: 3 años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Óscar Araos Guzmán: 541 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Nassir Sapag Chain: 200 días de presidio por su responsabilidad como autor de fraude al fisco.
-Eduardo Bartholin Zanetta: 61 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Gonzalo Castillo Navasal: 61 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Héctor Peña Véliz: 61 días de presidio por su responsabilidad como cómplice del delito de fraude al fisco;
-Roberto Salinas Briones: 60 días de prisión por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Sergio Hinojosa Ramírez: 60 días de prisión por su responsabilidad como autor del delito fraude al fisco;
-Ramón Silva Améstica: 60 días de prisión por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Héctor Quiroz Astorga: 60 días de prisión por su responsabilidad como autor del delito de fraude al fisco;
-Dolores Rufián Lizana: 60 días de prisión por su responsabilidad como autora del delito de fraude al fisco, y
-Luis Jara Núñez: 40 días de prisión por su responsabilidad como encubridor del delito de fraude al fisco.
Revocaciones
A ellos se sumaron los imputados que habían sido absueltos en primera instancia, los que, ahora, la Corte de Santiago sanciona con penas de 60 días de prisión por su responsabilidad como autores del delito de fraude al fisco. Ellos son:Marcos Luraschi PandolfAbdón Naim PajundakisSergio González TagleFrancisco González del Río,Eduardo Valenzuela FrerautLuis Arrau del CantoFrancisco Donoso DíazAlejandro Gutiérrez Arteaga,Carlos Calderón Pinto Luis Solar Pinedo; en tanto, Jorge Quiroz Castro fue condenado a 41 días de prisión.
Por reunir los requisitos legales, a todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, salvo Cortés Castro, a quien se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Además, a todos se les impuso la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para cargos u oficios públicos y deberán pagar una multa correspondiente al 25% del monto fraudado.
Para establecer la responsabilidad de los 11 nuevos condenados, todos pertenecientes a empresas consultoras que firmaron contratos con el MOP, el tribunal de alzada capitalino consideró que: "Dentro del marco de aquellas licitaciones que el Ministerio de Obras Públicas realizó sin llamar a propuesta pública, sino que por estar bajo el monto para tener que utilizar ese procedimiento, recurrió a la licitación privada o por invitación o trato directo, donde antes de invitar a las distintas empresas consultoras para que presentaran sus ofertas para un determinado trabajo, funcionarios de esa cartera estatal tomaban contacto con una de ellas a la que se le proponía participar en la consultoría, pero se le solicitaba que aumentara su costo en una determinada cantidad, la que justificaría con una boleta de la empresa GATE S.A. por una asesoría inexistente, y de esta manera aseguraba que se le adjudicara el trabajo al que se llamaba por esta modalidad (…) Que, de esta manera, el consultor o empresa llamado antes de la licitación, aceptaba esa modalidad de operar. No está en cuestión así la existencia o calidad de la consultoría, como tampoco lo que efectivamente se contrataba o se cubría con el monto que se solicitaba, lo que se reprocha es que dentro del costo se incluía además, una partida importante de dinero, que se justificaba con una boleta de GATE S.A. por trabajos inexistentes. En definitiva, el trabajo le costaba al Fisco una cantidad mucho mayor que la real", sostiene la sentencia.
Resolución que agrega: "Así las cosas, los consultores o empresas consultoras, sabían de antemano, esto es, antes siquiera de postular a adjudicarse algún trabajo, que estaban cobrando un monto superior al real y que éste no era para su beneficio o utilidad, sino que ello simulaba un gasto inexistente, que se justificaba para pagar otras obras, servicios o mejorar los sueldos de los que laboraban en el Ministerio de Obras Públicas (…) el artificio expuesto, deja en evidencia que los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas se coludían con los consultores, los que obraban a sabiendas que se estaban alterando los precios, y que se prestaban a ello para adjudicarse la propuesta a que llamaba ese Ministerio. Es claro y notorio, que tales consultores no podían estar ajenos a lo anormal del procedimiento, ya que lo conocían y concertaban antes que se iniciara el proceso de invitación y presentación de propuestas, con la seguridad de que de esa forma aseguraban la adjudicación del trabajo".
Además, la Quinta Sala explica que no "(…) es posible aceptar la excusa de los consultores en orden a que como el procedimiento les era propuesto por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y éste les aseguraba que así se obraba en esa repartición pública, entendieran que ello era aceptable y enteramente lícito. Ello por cuanto todos los imputados son profesionales de carreras que importan altos estudios superiores, la mayoría con postgrado, de modo que le resulta perfectamente exigible entender que esta no es una manera normal de operar y menos aun tratándose de fondos públicos. Cualquier persona con una mediana inteligencia entiende que abultar el precio de un trabajo, justificándolo con una boleta de un tercero y entregando ese importe al girador de esa boleta por un trabajo inexistente y todo ello para asegurar que se adjudique en su favor una consultoría, representa un fraude para quien paga y encarga el trabajo. Por lo que no parece creíble que por el sólo hecho que se lo pedía un funcionario del Ministerio, ello no fuera representado siquiera por alguno de los consultores, lo que demuestra que sabían de la anormalidad y que ella operaba en su beneficio, ya que les aseguraba el contrato de consultoría".
Asimismo, el tribunal de alzada ratificó la decisión absolutoria en favor de: Leonel Vivallos Medina,Víctor Rey Pozo, Francisco Aguirre Arias, Jorge Echenique Larraín, Eduardo Paredes Molina y Yerko General Carrasco.
En el aspecto civil, se acogió la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, y se condenó a pagar:
-Carlos Enrique Cruz Lorenzen: $799.142.217;
-Sergio Cortés Castro: $777.842.217;
-Roberto Salinas Briones: $133.700.000;
-Héctor Peña Véliz: $777.842.217;
-Héctor Quiroz Astorga: $350.177.717;
-Ramón Silva Améstica: $57.925.617;
-Luis Antonio Jara Núñez: $150.390.000;
-Eduardo Bartholin ZanettaGonzalo Castillo Navasal Nassir Sapag Chain: $21.300.000 cada uno;
-Óscar Araos Guzmán: $543.562.836;
-María Dolores Rufián Lizana: $307.573.953;
-Marcos Luraschi Pandolfi: $22.550.000;
-Abdón Naim Pajundakis: $42.603.764;
-Francisco González del Río: $12.400.000;
-Jorge Quiroz Castro: $13.000.000;
-Eduardo Valenzuela Freraut: $ 11.520.000;
-Luis Arrau del Canto: $10.000.000;
-Francisco Donoso Díaz: $ 21.300.000;
-Sergio González Tagle: $15.000.000;
-Alejandro Gutiérrez Arteaga: $16.500.000, y
-Carlos Calderón Pinto solidariamente con Luis Solar Pinedo: $ 59.300.000.

Quinta Sala del tribunal de alzada confirma la sentencia condenatoria en contra de un grupo de empleados públicos, pero revoca la absolución dictada en favor de varios empresarios ligados a compañías consultoras.

jueves, 31 de julio de 2014

Sebastián Edwards por Caso Cascadas: "Tiene un efecto sobre la reputación de Chile y es enormemente negativo"


MINERÍA

31/07/2014

Sebastián Edwards por Caso Cascadas: "Tiene un efecto sobre la reputación de Chile y es enormemente negativo"

Por otra parte, el economista realizó una positiva evaluación respecto a la situación que enfrenta el país. "Sumando y restando, mi visión para Chile es positiva".

  • Por Romina Jara Oliva, Diario Financiero Online
    Sebastián Edwards por Caso Cascadas: "Tiene un efecto sobre la reputación de Chile y es enormemente negativo"

    El destacado académico y economista chileno de UCLA, Sebastián Edwards, analizó los elementos que restan en el país y entre ellos consideró los escándalos corporativos, como el Caso Cascadas.

    ""Hay elementos al debe que me preocupan. El efecto negativo de los escándalos de gobierno corporativo en Chile no se deben minimizar (...) El Caso Cascadas sí tiene un efecto sobre reputación de Chile y es enormemente negativo", aseguró ante la audiencia.

    Agregó que "es de decencia que administrativamente el problema camine por la vía rápida porque la lentitud administrativa, el ir sin claridad, le suma a pérdida de reputación del mercado de capitales de Chile que se había logrado con muchos años de esfuerzo".

    Por otra parte, el economista realizó una positiva evaluación respecto a la situación que enfrenta el país.

    "Sumando y restando, mi visión para Chile es positiva", afirmó en el marco de un seminario organizado por Moneda Asset Management y en el que también expuso el ministro de Hacienda.

    En esa línea, y tras escuchar la intervención de Arenas, el economista destacó la tarea que ha realizado el secretario de Estado.

    "Tenemos un gran ministro de Hacienda", expuso y agregó que "la exposición del ministro fue extraordinaria y no por su contenido, sino por el tono y la convicción (...) que haya planteado las ideas que planteó con tranquilidad, serenidad y perspectiva de Estado me da tranquilidad".

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Fuente:diariofinanciero

Saludos
Rodrigo González Fernández
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miércoles, 30 de julio de 2014

"Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de impunidad" Por: Adrián Bono

"Se necesita una Corte Internacional Anticorrupción para acabar con la cultura de impunidad"

Adrián Bono

Por: Adrián Bono abono@infobae.com

El juez norteamericano Mark Wolf, impulsor de un proyecto para crearla, habló en exclusiva con Infobae y contó cuáles son los desafíos que debe atravesar para convertirlo en realidad. Habló de la "relación directa entre corrupción y abuso de los derechos humanos".

Hace unos días, el juez de distrito Mark Wolf, de EEUU, publicó una columna de opinión en elWashington Post en la cual proponía la creación de una Corte Internacional Anticorrupción para luchar contra este mal endémico que afecta a la clase política de muchos países alrededor del mundo.

En conversación exclusiva con Infobae, Wolf -asistente especial del fiscal general de EEUU entre 1975 y 1977- describió qué lo impulsó a tomar esta iniciativa y cuáles son los pasos a seguir para que su propuesta se haga realidad, para así poder luchar contra una práctica responsable de afectar al 5 por ciento del producto bruto interno global.

La idea, que originalmente presentó este año en el Foro Mundial de Gobernanza, en Praga, tiene una estructura de funcionamiento que se asemeja a la de la Corte Penal Internacional.

"La corrupción es algo que ocurre en muchos países del mundo gracias a una cultura de impunidad, en la que funcionarios en puestos de poder no permiten que se investiguen los hechos que ellos mismos cometen", explica. "Entendí que había que crear una amenaza real de enjuiciamiento y castigo para erosionar esta cultura de impunidad".

Wolf opina que existe un "desafortunado vacío legal" que no permite enjuiciar en un foro internacional a aquellos involucrados en "grandes actos de corrupción. Aquellos líderes que abusan de su poder en la administración pública para provecho personal".

En la era de la transparencia y el acceso a la información gracias a las nuevas tecnologías, la corrupción tiene mayor exposición y la ciudadanía tiene mayor acceso a herramientas para combatirla en conjunto con el apoyo de medios independientes.

"La gente que usa las nuevas tecnologías para exponer la corrupción es de vital importancia", asegura Wolf. "Pero la mayoría de los países no posee medios independientes. Usar internet para documentar y diseminar información sobre actos de corrupción es muy importante. Eso crea evidencia y quizás la indignación de la ciudadanía, pero hay un vacío legal porque no hay nada que se pueda hacer con esa evidencia. La opinión pública puede hacer una diferencia, pero hay un crítico eslabón perdido, ya que no hay fiscales imparciales e independientes que puedan utilizar esa evidencia en una corte".

Este vacío es el que llevó al juez norteamericano a buscar el apoyo de la comunidad internacional en su proyecto de crear un instrumento legal que pueda lidiar de manera efectiva con la corrupción salvaje que se da en muchos países del planeta. Y si bien Wolf es quien lleva las riendas de la propuesta, su idea ya cuenta con el apoyo de colegas y ONG como Not in my country, encargada de brindar herramientas anticorrupción a ciudadanos en países que carecen de apoyo interno a la hora de denunciar a funcionarios gubernamentales.

Sin embargo, la creación de una CIAC requiere de un gran esfuerzo y apoyo de la comunidad internacional, en especial de aquellos países en los que la corrupción es moneda corriente y en los que someterse a su jurisdicción significaría correr el riesgo de verse afectados por ella. Lograr un apoyo activo a la causa no sería tarea fácil. Pero Wolf se mantiene optimista.

"Este fue un tema muy importante durante la creación de la Corte Penal Internacional", comenta, mientras explica que a pesar de la reticencia inicial, eventualmente muchos países se unieron porque "hubo una evolución en el consenso internacional al entender que los abusos a los derechos humanos, el genocidio, y los crímenes de guerra eran intolerables. Y cada vez más se cree que el mundo podría usar una corte similar para combatir la corrupción. Hay una fuerte relación entre la corrupción y el abuso de los derechos humanos. El enojo de la población por la corrupción causa desestabilización en los países, como pasó en Ucrania, Egipto o Túnez. Y a su vez, esto desestabiliza al mundo, ya que no son más fenómenos contenidos dentro de sus propias fronteras."

En efecto, es ese descontento social liderado por las generaciones más jóvenes -como el que se dio durante la Primavera Árabe- el que, según Wolf, servirá para dar un impulso adicional a su propuesta.

"Los jóvenes alrededor del mundo y a través del tiempo son los que han estado a favor de los cambios. Ahora la gente tiene un acceso a información que antes no tenía. La gente sabe que hay gobiernos honestos en otras partes del mundo y que la democracia funciona en otros países y consideran intolerable que no sea así en sus propios países", explica y agrega que a diferencia de sus mayores, los jóvenes "suelen ser idealistas" y no aceptan el status quo.

Esto no significa que la CIAC tenga allanado el camino para su creación. Si bien el apoyo de la ciudadanía ciertamente contribuye, se necesita una coalición de respaldo que incluya organizaciones internacionales activas en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos, así como también del sector empresarial.

Wolf también propone la necesidad de someterse a la jurisdicción de la CIAC como requisito para pertenecer a organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Muchos de los países africanos en los que la corrupción está fuera de control dependen de préstamos internacionales, por lo que el juez considera que apoyarían la idea para no quedarse fuera del sistema.

"Unos 140 países han firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y han asumido la obligación de gobernar de manera honesta. Si se pudiera revisar la convención para incluir como requisito la obligación de someterse a la jurisdicción de la corte, esto serviría como incentivo para su creación", dice Wolf.

El juez de Massachusetts, con vasta experiencia en derecho, acepta que su propuesta tiene un largo tramo por recorrer y que "no es posible predecir el resultado de ciertas cosas". La corrupción, a diferencia de figuras legales como el genocidio o los crímenes de guerra, es un fenómeno que se ha extendido y enquistado por muchos países y no serán muchos los líderes que acepten enjuiciar a funcionarios de sus gobiernos por una corte internacional en la cual se verían desposeídos de toda influencia.

Sin embargo, considera que el esfuerzo vale la pena.

"Hay gente que literalmente arriesga sus vidas -como en Ucrania, por ejemplo- para que sus gobiernos sean honestos. Ellos merecen el apoyo de gente como yo y el de muchos otros", dice.

Cuando hace años comenzó la campaña para crear la Corte Penal Internacional "parecía una posibilidad muy remota". "Nos llevó mucho tiempo, pero hoy es una realidad, y apenas empezamos a comprender su potencial".

Y a pesar del complejo proceso que se debe atravesar para que su plan se haga realidad, Mark Wolf no parece estar listo para darse por vencido fácilmente.

"No quiero vivir en un mundo en el que nadie se muestre interesado por crear un orden internacional honesto", concluye.














































































































































































Fuente:infobae

Saludos
Rodrigo González Fernández
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UDI envía oficio por vínculos de asesor de Hacienda con Asociación de Bancos

UDI envía oficio por vínculos de asesor de Hacienda con Asociación de Bancos

Francisco Zúñiga colaboraría con ministerio y agrupación gremial.

por Carlos Campos - 30/07/2014 - 09:27
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Mediante un oficio, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín solicitaron ayer a la Contraloría que se pronuncie sobre los vínculos de uno de los asesores del Ministerio de Hacienda con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

Se trata del abogado de la Universidad de Chile y ex integrante del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2009, Francisco Zúñiga Urbina, quien, según el sitio web del ministerio, colabora con la cartera.

Los parlamentarios señalan que distintas informaciones han dado cuenta que sus asesorías también se extenderían a la agrupación gremial, entidad que a principios de este mes presentó reparos al proyecto de fortalecimiento del Sernac Financiero firmado en junio por la Presidenta Michelle Bachelet, calificándolo, incluso, de "inconstitucional".

Es así, que en el oficio los parlamentarios gremialistas solicitan al ente fiscalizador "informar sobre una posible incompatibilidad en las funciones que cumple el señor Francisco Zúñiga".

Según el diputado Coloma, "es absolutamente impresentable que un abogado, que cumple funciones como asesor en el Ministerio de Hacienda, esté a su vez asesorando a la Asociación de Bancos en el tema del Sernac Financiero; y peor aún, que esté planteando que es inconstitucional, lo que atenta abiertamente con las posibilidades que tiene la gente de defenderse frente a los abusos".

Los legisladores enfatizaron en que resulta insostenible que el abogado figure como asesor de ambas partes: la Abif, que pretende introducir indicaciones al proyecto, y una cartera ministerial del gobierno.

"Acá no se puede estar trabajando con Dios y con el diablo al mismo tiempo", remató el diputado Coloma.

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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