Caso Cascadas: abogado apunta contra Leonidas Vial por posible repartición de beneficios con Ponce Lerou
"Es natural sospechar cuando vemos una estructura fraudulenta que ha operado durante años y que involucra a las mismas personas", dijo Mauricio Daza, quien en 2012 presentó una querella contra el controlador de SQM por operaciones similares a las que le significaron ser objeto de cargos por parte de la SVS.
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El abogado Mauricio Daza, quien patrocina a un pequeño accionista que el año pasado se querelló contra el controlador de Soquimich (SQM), Julio Ponce Lerou, por operaciones similares a las que llevaron a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a presentar cargos contra este último en el denominado caso de las sociedades Cascadas, está siguiéndole la pista a los beneficios que los ejecutivos involucrados habrían obtenido de estas operaciones y que cree fueron a parar a un paraíso fiscal.
Entrevistado por el vespertino La Segunda, Daza no dudó en apuntar a la corredora Larraín Vial, y específicamente a su presidente, Leonidas Vial, entre quienes habrían sido objeto de dichos beneficios.
"Hay un beneficio evidente: las comisiones que se cobran por estas operaciones. Pero habrá que determinar también cuál fue el beneficio para Leonidas Vial en específico y si éste fue compartido de alguna forma con Julio Ponce Lerou a través de operaciones que se hayan podido realizar tanto en Chile como en el extranjero, por las sociedades que cada uno de ellos controla", sostuvo.
El abogado agregó que "muchos de los palos blancos que compraban a un precio artificialmente bajo y vendían a precio artificialmente alto obtuvieron una ganancia y esa ganancia pudo haber sido, en forma completa o en parte, repartida con alguna de las sociedades cascadas o con alguno de sus dueños. Obviamente no en Chile, sino probablemente en algún paraíso fiscal. Tener sociedades en paraísos fiscales como las Islan Vírgenes y las Islas Caimán es una práctica habitual, normal y lícita, y todas aquellas personas en Chile que tienen grandes patrimonios cuentan con alguna. No tenemos los nombres, pero las estamos tratando de identificar".
Señaló al respecto que "es natural sospechar cuando vemos una estructura fraudulenta que ha operado durante años y que involucra a las mismas personas".
Sobre por qué con su cliente optó por la vía judicial señaló que se debe a que buscan una sanción eficaz, a diferencia de las que aplica la SVS, que, según dijo, "llegan tarde; son insuficientes y a lo más aplican multas que se pagan con una fracción de lo obtenido en las operaciones cuestionadas, con lo que cualquiera podría asumir ese valor como parte del costo de estos fraudes".
Por el contrario, afirmó que "la única forma de obtener una sanción eficaz respecto a estas conductas es la sede penal, y tiene el efecto de prevenir que otras personas se vean tentadas a cometer este tipo de ilícitos. Las sanciones que ha aplicado la SVS llegan tarde; son insuficientes y a lo más aplican multas que se pagan con una fracción de lo obtenido en las operaciones cuestionadas, con lo que cualquiera podría asumir ese valor como parte del costo de estos fraudes".
Finalmente señaló que "la Ley de Mercado de Valores, en cambio, contempla penas que van desde los 541 días a los 10 años de cárcel. Aplicarla es el desafío de la fiscalía y su unidad de alta complejidad, que a partir de su historial tiene mucho que demostrar en esta causa".
Saludos
Rodrigo González Fernández
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