CORRUPCIÓN

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jueves, 24 de noviembre de 2011

LO QUE PROCEDE ES LA ABOLICIÓN DEL BOLETIN COMERCIAL (DICOM) Y ESTABLECER NUEVO SISTEMA DEINFORMACIÓN INDEPOENDIENTE DE UN GREMIO

Expertos refutan necesidad de impulsar una legislación que consolide la información comercial

Publicado el 24 de noviembre del 2011

Ante la Comisión de Economía, Felipe Morandé, Carlos Villarroel y Gonzalo Sanhueza plantearon que sería preferible avanzar en otras líneas para enfrentar temas como el sobreendeudamiento y el acceso a crédito con tasas razonables.

    Una visión bastante crítica manifestaron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados los economistas Felipe Morandé y Gonzalo Sanhueza y el abogado Carlos Villarroel respecto del proyecto (boletín 7886) del Ejecutivo que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio, tema más conocido como deuda consolidada.

    En general, los tres invitados plantearon que el proyecto es innecesario y que no cumple los principales objetivos propuestos, cuales son, fomentar el acceso a créditos más convenientes para los usuarios y abordar el tema del sobreendeudamiento. Consideraron más conveniente seguir otras líneas legislativas y administrativas, que la ya intentada durante la administración de Michelle Bachelet, en donde se alcanzó a lograr la aprobación en general del proyecto respectivo.

    El diputado Miodrag Marinovic (IND) dijo que, después de las audiencias que han recibido en la Comisión, tal como está planteado hoy el proyecto, favorece a los bancos y a las instituciones financieras grandes. "No vemos con claridad cuáles son los beneficios para la gente, que es el objetivo que nosotros perseguimos para legislar. Más bien se percibe que va a generar concentración del mercado", planteó.

    Estimó que la propuesta permitiría "la expropiación de la información de las personas y un uso que va a ser usado en forma asimétrica por parte del acreedor".

    "Así que por lo menos yo tengo serias observaciones respecto del proyecto. No me he convencido que es un proyecto favorable y hemos visto que no es la primera vez que se presenta. Tal vez sea necesario buscar por otra línea y que los acreedores sepan y asumir su riesgo crediticio", recalcó.

    Sostuvo que en el tema financiero es fundamental aumentar la competencia y garantizar la movilidad de los clientes, terminando con las barreras que tienen los bancos para la salida de los usuarios. Asimismo, señaló que es preciso establecer sanciones para las entidades abusadoras y los ejecutivos que traman situaciones que son reñidas con la ley, como fue en el caso de La Polar.

    La diputada Mónica Zalaquett (UDI) destacó que los tres expositores concordaron en que pareciera no ser correcta la forma en que se pretende encarar normativamente los objetivos del proyecto y que se estaría frente a simples hipótesis que no están respaldadas por un estudio comparado. "No hay ninguna legislación en otro país que nos demuestre que esto puede ser garantía de solución a los objetivos que busca solucionar este proyecto", afirmó.

    Planteó que, tras la exposición de los invitados, queda la convicción de que la Comisión va a requerir de un estudio profundo sobre la materia y mucho debate antes de legislar, por lo que llamó al Ejecutivo a quitarle la calificación de suma urgencia (quince días de trámite) que tiene el proyecto.

    Además, coincidió con los expositores en que se requerirá de más de una reforma legislativa para abordar la problemática del sobreendeudamiento y el acceso al crédito. "También tenemos que hacernos cargo del tema de las tasas, que en nuestro país son altas, de los seguros de cesantía y, sobre todo, no me canso de decir que tenemos que educar. Necesitamos una población más preparada para enfrentar el nuevo acceso a bienes y servicios de un país que crece y se desarrolla", precisó.

    Expositores

    El ex Ministro de Transportes, Felipe Morandé, estimó que no se aprecia en la constitución del proyecto una evaluación más precisa sobre los riesgos que acarrearía un sistema de consolidación de deuda, por lo cual afirmó que sería mejor no insistir en la iniciativa y propuso avanzar en un fortalecimiento del empleo, mejorar el sistema de seguros de cesantía, facilitar la movilidad interbancaria y abordar el tema de las tasas de interés.

    Sin embargo, de decidirse continuar legislando, llamó a enfrentar algunos temas, como por ejemplo, el plazo de cinco años que se propone para mantener la base de datos de información positiva y negativa, el cual calificó como excesivo.

    Planteó que, si se insiste en que las instituciones no bancarias entreguen la información positiva de sus deudores, sería mejor que "el informe comercial que produzcan las entidades de registro sea únicamente sobre la situación a la fecha, cuántos créditos tiene vigentes, por qué montos y si está al día en ellos".

    Señaló también que, si se quiere preservar el incentivo de las casas comerciales a expandir el crédito a personas sin historia crediticia, pero limitar las rentas que obtienen de identificar a los buenos pagadores, se podría plantear que estas instituciones entreguen la información positiva, cuando sean requeridas, con un año de desfase.

    Gonzalo Sanhueza, representante de Econsult, sostuvo que con la aplicación de las normas propuestas por el proyecto se reduciría el acceso al crédito y aumentaría las tasas de interés de las colocaciones de créditos de consumo. Asimismo, se fomentaría la concentración de la industria del crédito de consumo, reduciendo la participación del retail financieros y otros actores no financieros y aumentando la participación de los bancos.

    Indicó que una mayor concentración implicará menos competencia, por lo que las tasas de interés de los créditos de consumo terminarán subiendo. Además, consideró que los deudores serán más vulnerables a su información comercial, al contener las bases de datos no sólo su comportamiento de morosidad sino también el monto de sus créditos.

    Criticó que no existe un diagnóstico serio, por ejemplo, del DICOM, sobre quiénes son las personas que caen en él, si es un problema de stock o de flujo; si se trata de personas que una y otra vez caen en la morosidad o si se trata de un flujo constante que se va renovando. Recalcó que, una vez identificado el problema, recién se podría empezar a proponer una solución.

    Carlos Villarroel fue enfático en señalar que el proyecto no será el instrumento que resuelva los problemas del sobreendeudamiento y el acceso al crédito, estimando que existen otras vías, como por ejemplo, no aceptar avances en efectivo o limitar los sobregiros. En todo caso, dijo que si se quiere seguir avanzando en la iniciativa, debería mejorarse la relación entre deudor y acreedor, estimando que resulta inadmisible la asimetría entre ambos.

    "El acreedor es el privilegiado del proyecto. Él tendrá toda la información; él decide quién es y quién no es sujeto de crédito; él decide cuando el deudor está sobreendeudado", puntualizó.

    También cuestionó la duplicidad de funciones que tendría el Sistema de Obligaciones Económica, recopilando la información comercial y financiera de las personas, con la existencia de administradoras y distribuidoras; acusó que se privilegia la información comercial por sobre la privacidad; y planteó que, frente a un cuadro de información completa y garantizada por el Estado no es absurdo discutir el "derecho al crédito para el deudor".
    Fuente:

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    Y DE LOS MILLONES DE DOLARES DE LA CORFO (JARRON DE LAGOS? NUNCA MÁS SE SUPO

     
    EL VICE `PRESIDENTE DE CORFO NO FIGURA POR NINGUN LADO
     
    fallo en segunda instancia

    Corte dicta sentencia en caso Inverlink pero responsables no irán a la carcel

    Eduardo Monasterio deberá pagar $ 11.400 millones.

     
    El fallo fue por unanimidad. Ayer la corte de Apelaciones de Santiago revertió el fallo en primera instancia que negaba beneficios a los principales responsables del escándalo financiero de Inverlink, con lo que podrán cumplir la sentencia fuera de la cárcel.

    El fallo de segunda instancia en la investigación del caso Inverlink, arista Banco Central, determinó que a la secretaria del entonces presidente del Banco Central, Pamela Andrada Díaz, se le concediera el beneficio de libertad vigilada en lugar de pena de cárcel, no obstante deberá devolver la suma recibida como cohecho, esto es aproximadamente 
$ 26 millones.

    A Enzo Bertinelli Villagra, ex gerente general de la corredora, se le entregó el beneficio de la remisión condicional, pero deberá pagar una multa por 
$ 11,4 millones. Bajo la misma pena quedó Pablo Schaffhauser Muñoz.

    En el caso del ex presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio, se le sentenció a pagar una multa por $ 11.400 millones en beneficio fiscal. Respecto a los 300 días de reclusión "por su responsabilidad como autor del delito de cohecho", se considero como cumplida por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.

    Por su parte, Cristian Schultz y José Torres del Pin, fueron condenados a 541 días de presidio por "destrucción de datos de un sistema informático", pero a ambos se les concedió el beneficio de la remisión condicional.


    Fuente:DF

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    LAVADO DE DINERO: NO SOILO EN CASO LA POLAR, HAY MAS

     

    la visión de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional

    No sólo La Polar: hay otros casos de  lavado de dinero por delitos económicos

    Experto admite que hay una mirada distinta de este fenómeno si surge asociado a faltas a la Ley de Valores o Bancos.

     
    por marcela gómez


    Por primera vez en Chile existiría una formalización por lavado de activos en relación a delitos económicos. Es que en el caso La Polar, los fiscales José Morales y Luis Inostroza levantarán cargos de lavado de dinero en relación a delitos definidos en la Ley de Valores, entre ellos entrega de información falsa y uso de información privilegiada.
     


    Pero no es el único caso en carpeta. Marcelo Contreras, subdirector de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, indica que si bien no hay otras formalizaciones con base en delitos económicos, sí hay investigaciones de este tipo donde se revisa si existe o no un acto de ocultamiento de bienes. "Han habido investigaciones, pero no hay ninguna formalizada", aclara.

    El experto recuerda que los primeros casos de lavado en 2007 fueron todos asociados a tráfico, posteriormente hubo algunos referidos a corrupción pública (por ejemplos el caso Fragatas) y una condena por trata de personas. "Y ahora ya esta fijada la audiencia de La Polar, donde lo que ha salido a la luz pública indica que los delitos base podrían ser más bien de tipo económico", añade.

    Esto confirma que en Chile se estaría verificando lo que la experiencia internacional muestra respecto al surgimiento de casos de lavado de activos. "Siempre se parte por tráfico, luego corrupción y después por delitos económicos", asegura. La próxima etapa sería la creación de asociación ilícita para lavar dinero.

    Contreras destaca que a esta progresión la Fiscalía ha respondido con un enfoque de persecución penal inteligente, que ha logrado crecientes condenas que muestran positivos indicadores en el combate de este delito.



    De cuello y corbata


    Contreras admite que los delitos "de cuello y corbata" tienen una mirada especial a todo nivel, ya que no se asocian al lavado de dinero.

    "Cuando uno habla de lavado con tráfico, todo el mundo entiende que el dinero proviene de esa actividad. Pero cuando se trata de un delito económico, las personas se empiezan a cuestionar porque el "cuello y corbata" influye y no siempre se entiende que se trata de un delito tan delito como el tráfico. Y entonces se dice que la persona investigada armó sociedades o una estructura tributaria distinta. Pero si son platas que provinenen de un delito, eso va a ser lavado", afirma.

    Insiste en que independientemente del delito base que se trate, lo que quiere el legislador al sancionar el lavado de dinero es que "el delincuente se tenga que sentar sobre el dinero que produjo el delito", porque cualquier grado de interaccíón con otro genera lavado. La idea, insiste, es que "no se ingresen platas de origen ilícito al sistema económico y financiero para que no se generen distorsiones".

    Es que, agrega, cuando una persona o grupo organizado delinque "lo que más les importa son sus bienes y es ahí donde más les duele la acción penal".

    Y aclara que para evitar que ese delito quede sin sanción, ni siquiera se exige condena en el delito base. "Por ejemplo, puede haber un uso de información privilegada que genera recursos, pero no se descubre. Y cinco años después la persona inicia una sociedad de la nada con una gran suma de capital. Ahí el delito base puede estar prescrito o no haber sanción, pero de todas maneras puede haber condenas por lavado si establece que el capital provino de un delito", añade.

    
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    AUN NO PARECE EL JARRON DE RICARDO LAGOS

    LOS MÁS DE 100 MILLONES DE DOLARES DE LA CORFO NUNCA MAS SE SUPO

    TAMPOCO  DEL YERNÍSIMOO DEL PRESIDENTE QUE ERA EL VICEPRESIDENTE DE CORFO

    Responsables del caso Inverlink reciben penas de hasta cuatro años de cárcel

    Adicionalmente, la Corte de Apelaciones cursó multas por más de $ 11 millones contra los tres principales involucrados.

    Diario Financiero Online

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    Penas de hasta cuatro años de presidio dictó la Corte de Apelaciones (sentencia de segunda instancia) contra los responsables del denominado escándalo financiero Inverlink, caso que investigó el ministro en visita Patricio Villarroel.

    A través de un comunicado, el Poder Judicial dijo que en fallo unánime los ministros de la sexta sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Manuel Antonio Valderrama y la abogada integrante Andrea Muñoz determinaron las siguientes penas contra quienes se individualiza:

    Pamela Andrada, la secretaria del ex presidente del Banco Central, Carlos Massad, que filtró información privilegiada a la firma financiera, fue sancionada con 4 años de presidio por su responsabilidad como autora del delito de cohecho y 600 días de presidio por su responsabilidad como autora del delito de revelar información privilegiada, ilícito contemplado en la Ley de Valores.

    "Se concedió el beneficio de la libertad vigilada. Además se aplicó una pena de 5 años y un día de inhabilitación para cargos públicos y la devolución de la suma recibida como cohecho, esto es aproximadamente $ 26.000.000", señala el documento.

    El ex gerente general del holding, Enzo Bertinelli, quien recibió la información filtrada por Andrada, recibió 800 días de reclusión por su responsabilidad como autor del delito de cohecho y 600 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de uso de información privilegiada. Se concedió el beneficio de la remisión condicional. Además se aplicó una pena de 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de $ 11.400.000 en beneficio fiscal.

    Eduardo Monasterio, el dueño del holding financiero, recibió 300 días de reclusión por su responsabilidad como autor del delito de cohecho. Además se aplicó una pena de 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de $ 11.400.000 en beneficio fiscal. La pena se dio por cumplida por el tiempo que estuvo en prisión preventiva esto es entre el 10 de marzo de 2003 y 11 de marzo de 2004.

    Para Pablo Schaffhauser Muñoz. 600 días de presidio por su responsabilidad en el delito de cohecho Se concedió el beneficio de la remisión condicional. Además se aplicó una pena de 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de $ 11.400.000 en beneficio fiscal.

    Cristian Schultz Rosales. 541 días de presidio por destrucción de datos de un sistema informático, delito previsto en la ley que tipifica figuras penales relativas a la informática. Se concedió el beneficio de la remisión condicional. Por el mismo periodo de tiempo se decretó la suspensión de cargo público.

    José Torres del Pino. 541 días de presidio por destrucción de datos de un sistema informático, delito previsto en la ley que tipifica figuras penales relativas a la informática. Se concedió el beneficio de la remisión condicional. Por el mismo periodo de tiempo se decretó la suspensión de cargo público.

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