CORRUPCIÓN

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lunes, 16 de mayo de 2016

ANDRES CHADWICK HAY QUE ABRIR LOS OJOS

LUNES 16 DE MAYO DE 2016constitucionhay que abrir los ojos 


El proceso constituyente es un proceso tramposo.  ¿Por qué? No sólo por los vacíos y errores en su transparencia, ecuanimidad y equilibrios políticos. También por algo más grave aún y que permite entender el "control del gobierno" sobre este proceso y los evidentes errores democráticos en su implementación.

La Presidenta se ha comprometido a enviar en noviembre al Congreso una Reforma Constitucional. En ella, como ha anunciado, propondrá que el actual Parlamento apruebe -con los actuales quórums constitucionales de 2/3- cuatro mecanismos de reforma constitucional: una Asamblea Constituyente, una Comisión de Parlamentarios y Ciudadanos, una Comisión de Senadores y Diputados y, finalmente, que el Congreso pueda convocar a un plebiscito, para que la ciudadanía decida entre las tres anteriores. Pero además se agregará que sea el próximo Parlamento, electo en 2017, el que decida sobre los mecanismos de modificación constitucional propuestos. Y se establece para ello una rebaja de quórums de 2/3 a 3/5, que deberá ser aprobada por el Congreso.

¿Por qué la trampa? Es fácil entender que cualquiera de los mecanismos propuestos, que podría ejercer el poder constituyente originario, va a realizar su trabajo desde una hoja en blanco.

Por ello, a la Nueva Mayoría no le importan los contenidos constitucionales -llevamos dos años de debate y no se ha hablado una línea sobre qué quieren cambiar a la Constitución-, ni menos los debates en los cabildos, ni el resultado de ellos. Tampoco les importa el otro proyecto, de una nueva Constitución, que la Presidenta comprometió para fines de su mandato, en 2017. Porque saben que la NM -como han evidenciado las peleas internas de las últimas semanas y las diferencias en temas esenciales- no tiene cómo llegar a acuerdo en un texto constitucional.

Lo que les importa de verdad es el proyecto de reforma  sobre quién ejercerá el poder constituyente. Su único norte es rebajar los quórums y esperar un resultado favorable en la próxima parlamentaria, tras haber hecho un sistema electoral a su medida.

¿En qué sí les sirve el "proceso constituyente"? En que su principal conclusión va a ser que la gente quiere una Asamblea Constituyente. Y con ello crear el ambiente y la presión política y comunicacional para que el Congreso apruebe su reforma sobre los mecanismos y rebaja de quórums y dejar la discusión sobre los contenidos para la elección presidencial y parlamentaria, politizando el debate para evitar los temas que le importan a la gente y los pésimos resultados de este gobierno.

Hay que abrir los ojos. Hay que entender que hay un objetivo político claro y un camino predeterminado para lograr esos fines. El proceso de debate ciudadano -cuya representatividad nunca será suficiente y donde las dudas sobre instrumentalización serán permanentes- es el instrumento para, bajo la apariencia de respaldo ciudadano, darle legitimidad democrática a un proceso político con un diseño claro.

Por eso, Chile Vamos, junto con declarar la ilegitimidad de este proceso del gobierno y hacer una propuesta de contenidos constitucionales para un debate fructífero, tiene que estar muy unido y decidido para evitar la aprobación de la reforma de los mecanismos. No podemos caer en la trampa de la retroexcavadora constitucional.


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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MAX COLODRO EL SERVEL EN LLAMAS Y EL DETERIORO POLITICO EN CHILE

El Servel en llamas

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Ad portas de un nuevo ciclo electoral y luego de una reforma que buscó fortalecer su autonomía y atribuciones, el Servel enfrenta un incendio que abre duras interrogantes sobre su futuro inmediato. Como si no bastara ya con la generalizada pérdida de confianza en las instituciones, el órgano llamado a ser 'árbitro' en las próximas contiendas democráticas se agrega ahora al cuadro de descrédito.

Un consejero que debió renunciar al verse vinculado a una investigación judicial, fue el preludio al que siguieron los errores en la inscripción de las primarias de Nueva Mayoría.Corolario: una directora subrogante cuestionada por un fallo unánime del Tricel, seguido por un severo quiebre al interior del consejo directivo, que terminaron de poner a un actor clave de nuestra democracia electoral en un limbo peligrosamente cercano a la interdicción.

La frustrada inscripción del pacto oficialista generó una inicial controversia sobre la prolijidad de los procedimientos del Servicio Electoral. Lo que en primera instancia pareció una incapacidad de la Nueva Mayoría para arribar a tiempo a un acuerdo político, terminó, en definitiva, siendo sentenciado por el Tricel como un acto al margen de la ley, cometido por el organismo encargado precisamente de velar por la legalidad del proceso.

La imagen del Servel quedó, luego del incidente, en un serio entredicho, que se vio reforzado por su decisión de exigir una ley corta para poder adecuar los plazos a la pérdida de tiempo impuesta por la controversia. "Olor a desacato", sentenció el secretario general del PPD, Óscar Santelices, mientras la gestión de la directora cuestionada por el Tricel seguía siendo insistentemente respaldada por sus superiores.
Como remate para una situación ya a esa altura completamente inverosímil, el consejero Alfredo Joignant informa que el acta en que el consejo pide una ley express y avala el actuar de su directora, lo incluyó a pesar de estar ausente. Sin ambages, el integrante del organismo reconoce en una entrevista que desconfía de la actuación del presidente del consejo, Patricio Santamaría, y que ha solicitado su renuncia al cargo.
Parece un episodio de teleserie, pero es el desconcertante estado en que se encuentra una institución que acaba de ser reforzada, para, entre otras cosas, estar a la altura de los nuevos estándares en materia de fiscalización de las campañas.

Sin embargo, hoy los que deben dar confianza a la ciudadanía respecto de la seriedad y transparencia de las distintas etapas del proceso electoral, no confían entre sí; y aquellos que deben ser los garantes en el cumplimiento estricto de las normas, actúan, según el Tricel, al margen de la ley.
Resulta difícil imaginar que un sistema político duramente cuestionado pueda recuperar algo de su credibilidad cuando el órgano encargado de arbitrar las contiendas electorales no está en condiciones de generar una confianza básica respecto a sus propias actuaciones.

En el momento en que una sociedad ya no puede descansar en aquellos que deben asegurar el cumplimiento de las reglas del juego democrático, existe un alto riesgo de que una espiral de deterioro político se vuelva sistémica. Un escenario que a la luz de las evidencias de estos días no parece ya descartable, y que hace urgente agotar todos los esfuerzos para evitar.


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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