lunes, 26 de diciembre de 2011

LAS BLANCAS PALOMAS DE LA POLAR , SIGUEN CAYENDO

Presidentes de Canal 13 y Mega comparecerán como ex directores de la empresa

René Cortázar y Baltazar Sánchez en la lista de los próximos citados a declarar por el caso La Polar

"Vamos a llamar a declarar a todos los directores que hasta el momento no han declarado", detalló el fiscal José Morales, indicando para esta semana será el turno de Norberto Morita y Raúl Sotomayor, en su calidad de socios del fondo de inversión Southern Cross que controló la tienda de retail entre 1999 y 2006.

Los presidentes de Canal 13 y Mega, René Cortázar y Baltazar Sánchez, respectivamente, están en la lista de los futuros ex directores de La Polar que serán citados a declarar por parte del Ministerio Público en el marco de la investigación de los delitos cometidos por la firma de retail por las repactaciones unilaterales de las deudas de sus clientes.

El fiscal José Morales, en declaraciones a Pulso.cl, sostuvo que "vamos a llamar a declarar a todos los directores que hasta el momento no han declarado, esto es Raúl Sotomayor, Jacques de Montalembert, René Cortázar, Norberto Morita, Baltazar Sánchez, María Gracia Cariola y todos los que falten".

Esta semana, detalló, está considerada la comparecencia Norberto Morita y Raúl Sotomayor, ambos en su calidad de socios del fondo de inversión Southern Cross que en 1999 tomó el control de La Polar, el que dejó completamente en 2006 cuando vendió toda su participación, pero dando paso a la sociedad de inversiones Alfa.

Durante los ocho meses que tiene para investigar el caso, la fiscalía se abocará a acreditar el involucramiento en los delitos que se les imputan a los ejecutivos formalizados hace pocos días y que corresponden al ex gerente general y ex presidente de la compañía, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, todos quienes permanecen en prisión preventiva.

También fueron formalizados el ex gerente general Nicolás Ramírez, y el gerente de Finanzas Santiago Grage.

En los próximos días, además, se espera que el Ministerio Público dé a conocer el nombre de nuevos formalizados, información que se mantiene en reserva para prevenir una posible fuga de los eventuales encausados.

Fuente: WWW.ELMOSTRADOR.CL

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Rodrigo González Fernández
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productores de fruta de exportacion no lograran competitividad

FNE DEBE INVESTIGAR EL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACION

Los productores de fruta de exportación nunca lograrán la tan buscada competitividad. El mercado de fruta de exportacion esta coludido, prima la posición dominante del exportador , y es carente de transparencia.Este mercado opera en forma similar al cartel de los Pollos y posee también una AG que le sirve a los efectos.
Por lo tanto, la FNE debería investigar este mercado.
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EL EQUIPO ES ENCABEZADO POR EL ABOGADO FRANCISCO BRAVO

FNE DEBE INVESTIGAR EL MERCADO DE FRUTA DE EXPORTACIÓN POR POSICIÓN DOIMINANTE, COLUSIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA

EL EQUIPO ES ENCABEZADO POR EL ABOGADO FRANCISCO BRAVO

El modus operandi de la unidad agrícola de la FNE a un año de su creación

Salidas a terreno y reuniones con actores de las diversas actividades del agro son parte del procedimiento que se realiza.

Uno de los principales desafíos institucionales de la Fiscalía Nacional Económica durante el año pasado fue la gestación y puesta en funcionamiento de la unidad agrícola. A más de un año de ser creada (agosto 2010), acumula diversas actuaciones, a partir de las cuales surgieron investigaciones hoy en curso.

Sus primeros movimientos, comandados por el representante de esta unidad, el abogado Francisco Bravo, fueron sigilosos: analizar los diversos mercados silvoagropecuarios y acercarse a las regiones.

 

Visitas a terreno 

Es así como un grupo compuesto por economistas, abogados e ingenieros agrónomos, entre otros, encabezados por el director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Gustavo Rojas y Francisco Bravo, visitó las regiones de Los Ríos y Los Lagos tomando contacto directo con productores lecheros.

Las inspecciones continuaron hacia zonas de producción de cereales y carne.

Y es que una de las premisas de la unidad agrícola es visitar las diferentes actividades de su competencia, en virtud de las cosechas o de los procesos productivos que tengan relación con la época del año.

En una primera fase, como no tenían mayores contactos, las salidas a terreno fuera de la Región las organizaba la Odepa. Actualmente va personal de la unidad agrícola -en general un abogado y un economista-, y se reúnen directamente con las asociaciones gremiales o quienes lo soliciten.

 

Denuncia 

La unidad agrícola, así como la FNE, puede actuar por iniciativa propia -"investigación de oficio"-, o bien, en respuesta a una denuncia.

Estas últimas se pueden realizar a través de la página web, o bien, en las oficinas regionales del Sernac.

Cada denuncia pasa por un proceso de admisibilidad, mediante el cual se acepta o no, en base a las competencias del organismo.Si se aprueba, se abre un proceso de investigación. Una vez terminado ese proceso, se realiza el requerimiento que lo toma la división de litigios, en la cual trabajan abogados y economistas. Ellos son quienes realizan las diligencias ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y las otras instancias que se requieran, como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, etc.

En el caso de que la denuncia se trate de un tema que no es de la competencia de la FNE, se deriva al organismo pertinente, como a la Comisión Antidistorsiones.

Desafíos 

Uno de los contratiempos que la unidad ha encontrado en el camino es el desconocimiento, por parte de los agricultores, de su área de competencia, o sea, resguardar al mercado de la colusión y del abuso de posición dominante. Por ello, uno de sus desafíos es la difusión e instrucción.

Además, deberá continuar con las visitas a terreno, interiorizándose de nuevas actividades silvoagropecuarias donde, de acuerdo a los diversos actores del sector, encontrarán más trabajo que realizar.

Fuente:

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Las vinculaciones que reveló el sumario del Poder Judicial a los contratos de edificación

En cinco de seis proyectos sólo se presentó un oferente y las obras se las adjudicó la misma constructora.

por Andrés López y Sebastián Labrín

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En cinco de las seis licitaciones para adjudicarse la construcción y posterior arriendo de edificios del Poder Judicial, entre 2005 y 2007, analizadas por el contralor interno de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Jorge Viveros, sólo se presentó una oferta.

En este documento, que fue entregado el 25 de abril de 2008 al ex presidente de la Corte Suprema y entonces miembro del Consejo Superior de la Corporación, Urbano Marín, se reveló que los casos en que se presentó la oferta única se adjudicaron las obras a Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., Inmobiliaria Juan XXIII e Inmobiliaria Centro Iquique. Estas sociedades están vinculadas a la constructora Cosal S.A., la que fue también designada para construir las edificaciones en los cinco proyectos. El contralor Viveros hace ver por primera vez la existencia de estas vinculaciones de las empresas.

Este informe fue analizado en la sesión del Consejo Superior del 3 de agosto, según consta en una grabación difundida por CNN Chile. Allí, el ministro Sergio Muñoz manifestó al presidente del máximo tribunal, Milton Juica, que se podría estar frente a una colusión entre las empresas y que podría tener el carácter de delito. Sin embargo, Juica indicó que no se trataba de un tema penal, sino que administrativo y que no se debía denunciar a la fiscalía.

Fuentes judiciales dijeron que el motivo por el que se llamó a concurso la edificación de estos tribunales fue porque en 2006 partiría la nueva Justicia de Familia y los presupuestos no alcanzaban para comprar o construir los inmuebles. Por esto, se ideó el sistema de construcción de los tribunales a través de una inmobiliaria, la que, a su vez, se los arrendaría al Poder Judicial por largos períodos de tiempo. La que efectuó la mayor cantidad de obras fue la constructora Cosal, cuyo dueño es Samuel Levy Benveniste (66). El Poder Judicial necesitaba dar celeridad a las obras para poner en marcha la reforma.

Proyectos

El 6 de diciembre de 2005 fue la primera adjudicación: los juzgados de San Antonio. Allí sólo se presentó la oferta de la inmobiliaria Juan XXIII, y las obras las ejecutó la constructora Cosal. El segundo proyecto fue el Juzgado de Familia de Limache, cuyo contrato es del 20 de marzo de 2006. Quedó en manos de la Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., la única oferente, y Cosal erigiría el inmueble.

La tercera edificación fue de los juzgados y Corte de Apelaciones de Iquique. También se presentó una sola oferta, que quedó en manos de la Inmobiliaria Centro Iquique y la constructora Cosal. El contrato es del 5 de mayo de 2006.

El cuarto proyecto rompe la tendencia, dado que se presentan tres ofertas. La empresa constructora Sociedad Collao y Cid limitada se adjudicó el 5 de junio de 2006 la construcción de los Juzgados de Letras de Calama.

El quinto inmueble fue el Juzgado de Familia de Buin. También sólo hubo una oferta que se adjudicaron El Vergel y Cosal, el 19 de julio de 2007. Finalmente, ocurrió lo mismo que el caso anterior para el Juzgado de Familia de Peñaflor, cuyo contrato fue firmado el 19 de abril de 2007

Primera construcción de juzgados

El 6 de diciembre de 2005 se adjudicó la construcción de los Juzgados de Familia, Tribunales Orales en lo Penal, el 1° y 2° Juzgado de Letras de San Antonio, a la empresa inmobiliaria Juan XXIII. En la adjudicación, se designó a la constructora Cosal.

Aparece la Inmobiliaria El Vergel S.A.

El 20 de marzo de 2006, la Corte Suprema concedió la licitación de obras de los Juzgado de Familia de Limache, contrato que fue adjudicado a la Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A. Esta firma fue la única oferente durante el proceso de licitación.

La última obra concedida por el Poder Judicial

El 19 de abril de 2007 se concretó la adjudicación para construir los Juzgados de Familia de Peñaflor. La obra, al igual que en otros cuatro proyectos, fue otorgada a una firma cuyos socios están ligados a El Vergel S.A.

Los millonarios gastos

De acuerdo con los antecedentes que ha entregado el Poder Judicial, sólo en 2005 la Corte Suprema destinó más de $ 4 mil millones para poner en marcha la construcción, adquisición y/o remodelación de edificios destinados al funcionamiento de los tribunales. En 2006, el máximo tribunal habría solicitado más de $ 5 mil millones vinculados a estos mismos ítems.

Sin embargo, el año en que la mayor cantidad de recursos se destinó a infraestructura del Poder Judicial fue 2009. Ese año, según la cuenta pública de la Corte Suprema, se destinaron más de $ 37 mil millones "para construir, adquirir o renovar edificios que sean más funcionales a la tarea jurisdiccional y más seguros y acogedores para los usuarios del sistema judicial".

Consta en el informe elaborado por el contralor Jorge Viveros, que entre 2005 y 2007 -años en que se efectuaron las cuestionadas adjudicaciones- se otorgaron cinco de las seis licitaciones a una sola empresa.

La situación alertó a los ministros de la Corte Suprema que integran el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, ya que la inmobiliaria El Vergel S.A. y sus empresas relacionadas se adjudicaron -como único oferente de las obras- el 83% de las edificaciones. Esto se tradujo en que el Estado les canceló un total de $ 63 mil millones. Este hecho, a juicio del Poder Judicial, sólo ameritaría sanciones administrativas.

Fuente:

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Rodrigo González Fernández
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