CORRUPCION EN CHILE Y EL MUNDO: 9 abr 2008

miércoles, 9 de abril de 2008

CORRUPCION:

Bachelet dice que hay clima de beligerancia política y lo atribuye ...
La Tercera - Ñuñoa,Santiago de Chile,Chile
... respecto de la corrupción. "A veces en Latinoamérica hemos visto una
política beligerante. Eso es muy destructivo. Una cosa que hemos aprendido
en Chile ...
<http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_347129889,00.html>
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<http://news.google.com/news?hl=es&ncl=http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_347129889,00.html>

Bachelet presenta en Londres la cara amable del progresismo ...
AFP -
... denunciando la corrupción y llamando al fortalecimiento de las
instituciones democráticas y del estado de derecho en la región. Chile y
América Latina ...
<http://afp.google.com/article/ALeqM5h0-klQqg-MA7ucnDmeDJU6PGttdg>
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Senador independiente

NO CONFUNDIR LOBBY CON TRAFICO DE INFLUENCIAS

Senador independiente

VOTO DE CARLOS BIANCHI PODRÍA "SALVAR" A LA MINISTRA PROVOSTE

VOTO DE CARLOS BIANCHI PODRÍA

La decisión del senador Carlos Bianchi de votar en base a "méritos jurídicos" y desmarcarse de la postura del bloque independiente podría abrir un panorama favorable a la ministra de Educación, Yasna Provoste, ante la posibilidad de que su acusación constitucional sea rechazada por la Cámara Alta.

"Voy a actuar como jurado y definiré mi voto de acuerdo a los méritos jurídicos que tenga el libelo", afirmó el senador al diario La Tercera.

".El ex parlamentario de RN afirmó que no se prestará "para ser suma de la postura de la Alianza o de la Concertación", y subrayó que no se dejará llevar por "preconceptos

Los dichos de Bianchi responden a lo afirmado por Carlos Cantero (ex RN), quien había declarado que los cuatro parlamentarios del comité independiente -que también componen Adolfo Zaldívar y Fernando Flores- votarían en bloque.

La postura del senador por Magallanes abre una posibilidad de desechar la destitución de la ministra, para lo que la Concertación necesita de un voto adicional a los 18 con que ya cuenta en la Cámara Alta.

De cara a la crucial votación que se efectuará el próximo miércoles 16 de abril, el lobby del Gobierno se intensifica hacia Carlos Bianchi, en un intento por repetir lo que sucedió en junio de 2007, cuando consiguió un préstamo de 290 millones de dólares para financiar el Transantiago gracias al voto del parlamentario ex RN.

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Varios asesores de congresistas demócratas tenían vínculos con firmas que hacían 'lobby' por el TLC

LOBBY EN WASHINGTON

Varios asesores de congresistas demócratas tenían vínculos con firmas que hacían 'lobby' por el TLC

Medios de E.U., como el New York Times y The Político (especializado en el mundo del poder en Washington), dedicaron ayer extensos reportajes a explorar los posibles conflictos de intereses.

El único caso que se había conocido hasta ahora era el de Mark Penn, ex estratega de Hillary Clinton y presidente de Burson-Marsteller que cayó en desgracia tras reunirse con la embajadora Carolina Barco para promover el TLC.

Según el New York Times, la administración Uribe les ha pagado a los 'lobbistas' más de un millón de dólares desde comienzos del año pasado.

Un ejemplo flagrante es Glover Park Group, al que Colombia le paga 40.000 dólares anuales. Fue constituido hace pocos años por ex funcionarios de la administración de Bill Clinton, entre ellos Joe Lockhart, su portavoz, y Joel Johnson, asesor de comunicaciones.

En la firma también figura Howard Wolfson, director de comunicaciones de Hillary y quien asumirá muchas funciones de Penn.

Hasta Pelosi 'lleva del bulto'

Wolfson pidió permiso el año pasado para separarse temporalmente de la empresa, y por eso no figura en nómina. Pero posee casi un millón de dólares en acciones y mantiene contacto con sus socios.

Para rematar, su esposa, Terri McCullough, es la asesora en jefe de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara y principal opositora del TLC. McCullough también posee acciones en Glover.

Johnson, Madigan, Peck, Boland & Stewart, otra de las compañías contratadas por Colombia, tiene entre sus directivos a Bill Danvers, ex asesor de Bill Clinton y cuya misión, dice el Times, es convencer a demócratas pro comercio, como el representante Joseph Crowley.

Andrew Samet, subsecretario de Trabajo del ex presidente demócrata, también asesora a Colombia.

El Times y el Político (www.politico.com) se refieren al caso colombiano como una prueba de la intrincada red de intereses que se mueve en Washington. De funcionarios que tras su retiro entran a firmas de relaciones públicas, donde representan a grandes grupos económicos o gobiernos extranjeros y, paralelamente, asesoran campañas políticas que van en contravía de los intereses de sus clientes.

Los republicanos son "maestros" en este arte, dice el Político, que cuenta cómo varios de los asesores del candidato John McCain trabajaron en firmas que representaban a los responsables de la crisis inmobiliaria en E.U.

"Para evitar dañar al candidato o a sus clientes, muchos se ofrecen como voluntarios en las campañas. Así no se puede establecer un vínculo directo (el salario). Otros se distancian de sus clientes mientras están en la arena pública. Y algunos, como Penn, tratan de caminar por la cuerda floja manteniendo ambos trabajos", dice este diario.

Muchos se preguntan para qué han servido 4 firmas y más de un millón de dólares en gastos si los demócratas siguen bloqueando el TLC.

Lo cierto, en buena medida, es que no había otra opción. En Washington, el mundo de los 'lobbistas' no solo es aceptado y legal, sino necesario para acceder a los círculos de poder. Perú, por ejemplo, se gastó 3 millones de dólares moviendo su TLC hasta que fue aprobado a finales del año pasado, y recurrió a algunas de las empresas contratadas por el Gobierno colombiano.

Democrats Abroad Colombia, con el TLC

En una carta fechada el lunes y dirigida al senador demócrata Daniel K. Akaka, Sylvia Alejandre y Andrew Dier, de Democrats Abroad Colombia, organización que representa a ese partido en el país, urgieron al congresista de Hawai a votar en favor del TLC.

Esto, según ellos, en consideración a cuatro razones, ampliamente argumentadas por los republicanos:

-Colombia es el aliado más fiel de E.U. en América Latina. Darle la espalda enviaría un mensaje errado a la región, donde regímenes antiamericanos, como los de Nicaragua y Venezuela, buscan expandir su influencia.

-Votar en contra castigaría a un país que está haciendo enormes esfuerzos para mejorar en derechos humanos.

-Colombia necesita nuevas fuentes de ingresos para no depender del narcotráfico.

-El tratado beneficiará a la economía estadounidense.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

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el mostrador: La Contraloría y el ambiente de control

La Contraloría y el ambiente de control

Es útil resaltar la labor que viene desarrollando la Contraloría General de la República en orden a establecer un ambiente más claro de fiscalización y control del ejercicio de la función de administración del Estado. Ella no solo impacta de manera muy positiva en la probidad funcionaria y la ética pública, sino también pone un freno de legalidad al ejercicio del poder político gubernamental.

El número creciente de casos de corrupción en las instituciones del Estado, tanto en la administración central como en la municipal, indican que el país no está exento de un riesgo de criminalización del poder. Ello pese a que se insiste que Chile no es un país corrupto, y figura en posiciones favorables en el ranking internacional de transparencia y probidad. Se precisa de un control firme a objeto de prevenir que el tema se transforme en una macropatología social que amenace el tejido institucional del Estado y la confianza en el mismo.

La fiscalización y control es en el Estado moderno una de sus funciones más delicadas. Tanto porque debe ejercerse bajo un estricto principio de legalidad, como porque requiere de un ambiente de consenso político, para que sus resultados se transformen en lecciones aprendidas y desemboquen en un fortalecimiento institucional del Estado.

De ahí que junto con valorar el trabajo que viene desarrollando la Contraloría, especialmente bajo el impulso del actual Contralor General, sea necesario llamar la atención sobre un par de puntos relevantes.

El primero, dice relación con la creciente falta de sintonía institucional y política que exhiben los más altos poderes del Estado en cuanto al orden y jerarquía en el funcionamiento legal del país. Es notorio que luego de las últimas reformas introducidas a la Constitución de 1980, su sistema de contrapesos institucionales se descompensó. En especial, el vínculo entre el Ejecutivo y el Parlamento.

El segundo, se refiere a la extrema fragilidad de la base legal de la propia Contraloría, cuya ley orgánica, pese a las reformas de que ha sido objeto, perfila una institución marcadamente premoderna y extremadamente personalizada.

Esto se ve agravado por el hecho de que el Estado no ha logrado armonizar un concepto de fiscalización y control integrado, sino que se guía por la interpretación de un conjunto de leyes, producto de agregaciones sucesivas en el tiempo y sin consolidación orgánica entre sí, entre las que se encuentra la mencionada Ley Orgánica de la Contraloría.

Su fecha de publicación data de julio de 1964 y, pese a las reformas de que ha sido objeto desde entonces, es evidente que tiene una estructura que no encaja bien con la actual Constitución.

En sus dictámenes en torno a la fiscalización efectuada en la SEREMI Metropolitana del Ministerio de Educación, el Contralor ha sido perentorio en señalar su voluntad de ir hacia a la calificación del fondo (o mérito) de las decisiones tomadas por los órganos de la administración. De esta forma, el control se extiende tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como también a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.

Para lo anterior, el órgano fiscalizador se ampara en lo expresado en la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, es decir, hace una interpretación extensiva de las normas de competencia de la Contraloría, poniendo el tema en un borde jurídico constitucional complejo (al no existir mandato constitucional que lo autorice para ello). Además, no existe aún la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que el camino procedimental para la resolución de controversias, está cerrado.

En estas circunstancias, la fiscalización y control activo en que acertadamente se empeña el Contralor General de la República debe ejercerse con suficiente prudencia y voluntad de cooperación entre todos los órganos del Estado involucrados. De modo que el ambiente de control se transforme en un sentido común republicano, apartado de de las naturales tensiones políticas y la cotidiana lucha por el poder.