El Caso Cascadas continúa remeciendo el mercado. En paralelo a la nueva formulación de cargos realizada hace poco más de una semana por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la arista judicial se ha mantenido activa tomando declaraciones y enviando requerimientos de información a diferentes actores de la industria.
El fiscal José Morales, a cargo de la causa en el Caso Cascadas, explica que parte de la investigación de carácter administrativo deberá ser reconstruida para cumplir con las exigencias que impone el proceso penal. No obstante, Morales advierte que este caso plantea un desafío al Estado, que no siempre cuenta con los recursos que le permitan enfrentar casos de esta complejidad.
- Con la nueva formulación de, ¿toma fuerza la posibilidad de una eventual asociación ilícita?
- Son cosas distintas. Más bien, la hipótesis de la existencia de ese delito no se ha planteado seriamente aún por la fiscalía, porque lo primero para lograr hacerlo es determinar si hay delitos. En estos momentos, estamos determinando eso, y una vez que se pase esa etapa podríamos ver la forma en la que se cometieron.
- ¿Cuántas personas han prestado declaración hasta el momento?
- Tanto con nosotros como con la PDI, no menos de 20 personas, y también se han hecho más de 100 requerimientos a distintas instituciones del mercado.
- ¿Alguno de los imputados ya prestó declaración?
- Ellos, por ahora, no han declarado. Ya consideraremos el momento oportuno para citarlos, y ellos decidirán si quieren renunciar o no a su derecho de guardar silencio.
- ¿Qué sucede con la investigación penal si finalmente la SVS decide no sancionar?
- La sanción de la SVS no es requisito para que exista una sanción en la arista penal. Obviamente, lo relevante para nosotros son los antecedentes, conclusiones y la evidencia que se pueda recopilar de la investigación de la SVS, y que más adelante, de haber sido recopilada ésta de forma legal, y respetando los derechos de las personas, puedan ser incorporadas en el proceso penal.
Mayor standard legal
- La información entregada por la SVS, ¿es suficiente?
- La SVS ha entregado una gran cantidad de información, se le está pidiendo otra gran cantidad, pero también hay mucha investigación de carácter administrativo que la Fiscalía tiene que reconstruir desde el punto de vista penal, porque se trata de un proceso distinto, donde hay otro nivel de exigencia, donde, además de requerirse la reconstrucción de mucha información, hay muchas citaciones que tienen que realizarse de nuevo por la diferencia en los procesos. El penal tiene un standard de convicción mucho más alto y un standard de legalidad bastante mayor que los procedimientos administrativos.
- Concretamente ¿en qué son distintos?
- El derecho a defensa en el procedimiento penal es mucho más estricto desde el punto de vista de la forma de incorporar los antecedentes a las carpetas de investigación, del conocimiento de los antecedentes por parte del imputado, de la oportunidad en que las personas pidan las diligencias, de los tiempos para que puedan realizar las diligencias las defensas, de la no obligación de los imputados para declarar, de la posibilidad que tiene la Fiscalía para incautar o no. Además, el standard de convicción para los efectos de condenar a una persona en materia penal y especialmente en este tipo de delitos, como por ejemplo el caso Alfa u otros, es bastante más exigente que en materia administrativa.
- ¿Es necesario contratar peritajes adicionales?
- Esperamos poder contar con peritajes, estudios de los antecedentes, entre otros, porque es la única forma de probarlos en un juicio. Otra cosa es cómo se van a financiar éstos, y cómo el Ministerio Público pretende contar con ellos, que no es algo fácil por nuestros limitadísimos recursos.
Las dificultades del caso
- ¿Qué es lo más complicado de este caso?
- Lo que podría ser más complicado es cómo determinar, con la mayor certeza posible, si las operaciones pueden ser constitutivas de delito a la luz de lo que establece la Ley de Mercado de Valores, si puede haber manipulación bursátil, entrega de información falsa, etc, y cómo determinar eso desde el punto de vista pericial y con una certeza aceptable para los efectos de poder sancionar o no a determinadas personas. Además, lo otro difícil en casos en los que hay una determinada estructura societaria, es determinar la participación de personas físicas en estos delitos, y no sólo respecto a personas que ejercen determinados cargos, sino también controladores, ejecutivos, etc.
- De acuerdo a los casos más públicos que han llevado ustedes, se podría pensar que la ley y normativa han estado sometidas a un test de stress.
- La Polar obviamente fue un caso que puso a prueba en general toda la legislación que existía respecto a sociedades. De hecho, después de éste se han dictado una serie de normas de gobiernos corporativos y otras materias. Lo que sucede en este caso (cascadas), es que hay mayor cantidad de involucrados en distintas posiciones del mercado, y se trata de aspectos del mercado de valores que son más difíciles de comprender, desde determinar por ejemplo, si era o no el precio de mercado en el que se vendían o transaban las acciones. Son materias muy complejas, donde además se pone a prueba la capacidad del aparato estatal para los efectos de contar con investigaciones que puedan ser acordes a la complejidad de estos asuntos.
- Hasta el momento, ¿es acorde?
- Cuando se abordan delitos con este mayor grado de complejidad, como La Polar, e incluso como el caso INE, se requiere necesariamente el concurso de expertos que no están en el Estado, y que están en organismos internacionales, consultoras, etc.
