Quienes fijen precios de venta o compra, limiten la producción o se asignen cuotas de mercado relativas a bienes o servicios de primera necesidad, serán sancionados con penas de entre 61 días a 5 años de cárcel y con multas que pueden llegar hasta las 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), aproximadamente $13.500 millones, de ser encontrados culpables.
Esa es una de las normas que aprobó la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el senador Alberto Espina, en el marco de la discusión del proyecto en primer trámite que sanciona penalmente la colusión.
Según explicó el integrante de esa instancia, senador José Antonio Gómez, "aprobamos algunos artículos y nos abstuvimos en otros, porque tenemos algunas dudas de cómo se resuelve la delación compensada que se está estableciendo, pero hemos avanzado bastante en lograr que aquellos que perjudican, se coluden y generan perjuicios a la población, subiendo o bajando precios tengan una sanción".
Si bien actualmente hay sanciones administrativas para quienes se coluden, el proyecto contempla un castigo penal de presidio menor en cualquiera de sus grados, esto es de 61 días a 5 años, además de multas de hasta 30 mil UTA.
DELACIÓN COMPENSADA
El proyecto también busca regula la delación compensada en materia penal, en el sentido de que se aplique a las mismas personas que frente a la Fiscalía Nacional Económica fueren objeto de ese beneficio, sin perjuicio de que deberán ratificar los mismos hechos que señalaron en esa entidad.
La idea es establecer exención de responsabilidad penal si se ha colaborado sustancialmente, primero en sede administrativa, al esclarecimiento de los hechos.
Al respecto el senador Gómez señaló que si bien existe un criterio común respecto de que se debe contemplar esa posibilidad, el punto en debate es cómo se compatibiliza la facultad que tiene la Fiscalía Nacional Económica de darle beneficios a aquel que da información en el ámbito administrativo y que eso tenga efecto en el ámbito penal.
"No hay diferencias de opinión, estamos todos concientes que es necesario que exista esta posibilidad eximente de responsabilidad penal, pero cómo lo operamos para que el Ministerio Público lo considere real y no se establezca que una persona da una información y finalmente termina procesada porque el Ministerio Público no consideró que ese eximente corresponda", señaló.
El legislador precisó que es fundamental ver "cómo hacemos para que esa delación compensada no le afecte en materia penal, porque si no, no va haber nadie que quiera ocupar el mecanismo, porque si se auto denuncia y termina eximido de la responsabilidad administrativa y de la multa, pero termina preso, probablemente no va a haber quien quiera utilizar ese mecanismo y esa conjunción es la que debemos ver".
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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