CORRUPCIÓN

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jueves, 12 de abril de 2012

Abogado de Pablo Alcalde: "Las personas privadas de libertad lo pasan muy mal"

EL DELITO DE CUELLO Y CORBATA TIENE SUS PRIVILEGIOS

Abogado de Pablo Alcalde: "Las personas privadas de libertad lo pasan muy mal"

Jorge Bofill se manifestó satisfecho por la resolución de la justicia que revocó la prisión preventiva del ex gerente general de La Polar. Calificó este tiempo en la cárcel como "muy duro" para su cliente.

SANTIAGO.- El abogado Jorge Bofill se manifestó satisfecho con la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en fallo dividido, revocó la prisión preventiva de su cliente el ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, y del ex gerente de Productos Financieros Julián Moreno, reemplazando esta medida cautelar que cumplían en el anexo cárcel Capitán Yáber por arresto domiciliario total.


En conversación con 24H, dijo sentirse "muy satisfecho" y aseguró que el propósito de esta apelación a la decisión del Segundo Juzgado de Garantía -que el jueves pasado había confirmado la prisión de los ejecutivos- era "obtener un pronunciamiento de los tribunales que dijera que Pablo Alcalde en lo sucesivo no tiene que estar privado de libertad".


Junto con ello, el jurista sostuvo que el fallo de la Corte capitalina "más que un triunfo, lo más importante es decir que las personas privadas de libertad lo pasan muy mal y por lo tanto vamos a poder permitir que Pablo esté en mejores condiciones en lo sucesivo, eso influye en la capacidad que él tenga para que junto con nosotros pueda trabajar para el juicio".


Bofill además relató que imaginaba que su cliente ya estaba enterado del fallo y que sin duda eso lo pondría muy contento. "Su estado de ánimo puede ser mucho mejor que ayer. Muy duro para una persona de su edad que toda su vida se ha dedicado a trabajar, esto ha sido tremendamente duro", aseguró.






















































Fuente: EMOL

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Rodrigo González Fernández
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INCREIBLE : Corte de Apelaciones revoca prisión para ex ejecutivos Alcalde y Moreno

Caso La Polar: Corte de Apelaciones revoca prisión para ex ejecutivos Alcalde y Moreno

Los jueces establecieron que ambos deben cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total.

jueves, 12 de abril de 2012 / Upi.

Santiago.- La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, revocó la prisión preventiva decretada en contra del ex presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde, y del ex gerente de asuntos corporativos, Julián Moreno.

Los ministros Omar Astudillo y la abogada integrante María Cristina Gajardo señalaron que por el tiempo transcurrido ya no ameritaba la necesidad de cautela de la cárcel para Alcalde y Moreno, con el voto en contra de la fiscal judicial Clara Carrasco.

Por lo anterior ambos inculpados quedaron sujetos a arresto domiciliario total.

Los jueces analizaron extensamente el fallo emitido el jueves 5 de abril por el magistrado del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, César Orellana, quien resolvió mantener en prisión preventiva a ambos ex altos ejecutivos de la compañía, quienes están en el anexo cárcel capitán Yaber desde el 15 de diciembre del año pasado.

El juez Orellana aseguró que más allá de las imputaciones de lavado de dinero, uso de información privilegiada e infracciones a la ley de Mercado de Valores y Ley de Bancos, los dos ex altos ejecutivos de la compañía "generaron una pérdida de confianza de los agentes del mercado en el propio mercado".

Asimismo, el juez Orellana agregó que "hay un perjuicio patrimonial importante, más allá que no se quiera ver ese punto por las defensa de los imputados, que ha afectado no solamente al sistema accionario, de valores, sino que otros sistema como son el de AFP'es, y al público en general. Se suma a todo esto tanto el número de delitos imputados como la reiteración." aseguró el juez.

Los imputados saldrán esta tarde desde el anexo cárcel Capitán Yaber.


Fuente:

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Principios de transparencia y prevención de la corrupción

Transparencia Internacional presenta un decálogo anticorrupción para las empresas

Principios de transparencia y prevención de la corrupción


12/04/2012 08:39:50 Transparencia Internacional España ha presentado el decálogo "Principios de transparencia y prevención de la corrupción para las empresas" con el objetivo de ser un punto de partida para lograr, desde la actividad empresarial, una adecuada prevención de la corrupción y contribuir así a la transparencia y a la competencia leal. Con estos principios la organización recomienda a las empresas que informen públicamente de las retribuciones de sus directivos así como de las contrataciones con el sector público, entre otras medidas.

Con el paso del tiempo el concepto de corrupción se ha ido ampliando y se ha visto que afecta a distintos sectores y empresas y por ello, la organización Transparencia Internacional España ha ampliado el término de corrupción al mundo de las empresas. "Antes la definición de corrupción era el aprovechamiento de un cargo publico en beneficio propio y ahora decimos que se trata del aprovechamiento de un cargo público o privado en beneficio particular. En definitiva hemos ampliado esta definición al mundo empresarial y fundamentalmente a aquellas empresas que tienen interés público", ha afirmado Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ante esta situación la organización ha elaborado un decálogo de principios con el que pretende "dar una orientación con unos criterios que permiten prevenir la corrupción no solamente dentro de la empresas sino también para y con las administraciones púbicas", ha comentado Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y ponente del texto. "La cooperación y la responsabilidad de la empresa es especialmente necesaria como un elemento esencial para prevenir estas conductas que afectan a la competencia leal de la empresa", ha añadido Bacigalupo. En definitiva el decálogo de "Principios de transparencia y prevención de la corrupción para las empresas" pretende llegar a "a un cambio en la cultura empresarial que actualmente se ha forjado en unos contextos de desregularización y que debemos ir cambiando si queremos ir en otro sentido", ha explicado la catedrática de Derecho Penal.

Según Transparencia Internacional España los principios que presenta son sólo un punto de partida para la discusión a partir de la cual se irán enriqueciendo y desarrollando en función del feedback obtenido por parte de las empresas. "La finalidad última es establecer unos puntos de partida hacia una nueva cultura empresarial responsable y sostenible y que nos permita, sobre todo, contribuir a la reducción o a la prevención de la corrupción", ha concluido Silvina Bacigalupo.

Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para las empresas

1. Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo (Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo)
Los actuales Códigos de Buen Gobierno Corporativo sólo son de cumplimiento voluntario, por un lado, y solo aplicables a empresas cotizadas, por otro. Las empresas independientemente de ser o no cotizadas deberían voluntariamente cumplir con las Recomendaciones de Buen Gobierno, dado que la transparencia de buen gobierno es mecanismo relevante para la prevención de la corrupción con independencia de que sean cotizadas o no, permitiendo además contribuir a la creación de una "cultura empresarial" tendente a crear y recuperar los valores de la buena gestión empresarial.

2. Implementación en la empresa de un Código Ético
El Código Ético debe ser de conocimiento obligatorio y respeto obligad para todos los integrantes de la empresa y su incumplimiento deberá ser comunicado al comité encargado dentro de la estructura empresarial de velar por su cumplimiento.

3. Implementación de Programas de cumplimiento normativo (Compliance Programmes)
Los Programas de Compliance cumplen un importante papel para la prevención, entre otros, de los riesgos de corrupción y fortalecen la consciencia del cumplimiento normativo de la empresa, por lo que deberían ser integrados tanto en las grandes empresas como en las PYMES, permitiendo formar una cultura empresarial de cumplimiento normativo.

4. Implementación de canales de denuncias para la comunicación de posibles incumplimientos de las normas internas de la empresa y/o de las normas legales
Los canales de denuncia deben permitir, por un lado, la posibilidad de que cualquier integrante de la empresa pueda denunciar de forma confidencial el incumplimiento por parte de otros miembros de la empresa y, por otro, ofrecer la posibilidad de que terceros también puedan comunicar incumplimientos de las normas o bien conductas ilícitas o ilegales.

5. Información Pública de las retribuciones de los directivos y administradores
La transparencia y publicidad en la remuneración e incentivos (bonus) a los directivos no solo afecta al buen gobierno corporativo, sino que también es relevante en relación a la prevención de la corrupción, toda vez que permite garantizar una mayor transparencia y una mayor gobernanza de las políticas retributivas de los entes colectivos.

6. Información pública de las contrataciones con el sector público e información de las actividades subvencionadas por ayudas públicas
Con la finalidad de lograr un sistema de transparencia e información para la prevención de la corrupción sería importante que se dé publicidad, a través de la página web corporativa por ejemplo, de aquellas administraciones públicas con los que la empresa tenga relaciones mercantiles.

7. Información pública de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa
La RSC no debería centrarse exclusivamente en buenas políticas y respeto de medio ambiente, sino también en una contribución activa en la prevención de prácticas de corrupción lesivas del buen funcionamiento de las administraciones públicas y desestabilizadoras de la libre competencia.

8. Evitación de prácticas de favorecimiento y corrupción en el sector privado
Es necesario introducir normas especiales que permitan prevenir dentro de la empresa la realización de conductas corruptas. Para una adecuada prevención de estas conductas es necesario también que los canales de denuncias estén abiertos a terceros (proveedores, clientes, etc.), así como que existan protocolos adecuados de prohibición de recibir o entregar cualquier tipo de contraprestaciones incumpliendo las normas internas de contratación.

9. Evitación de prácticas de corrupción de funcionarios extranjeros en las transacciones internacionales
Para evitar la corrupción transnacional sería recomendable que los programas de compliance establecieran los mismos estándares de controles anticorrupción para el cumplimiento con su legislación nacional también a las empresas que un grupo empresarial pueda tener en el extranjero, con independencia de que en el país extranjero los estándares anticorrupción sean menores o incluso estén permitidas determinadas formas de lobby que se encuentran prohibidas conforme a la ley española.

10. Cumplimiento de las obligaciones fiscales
La elusión del pago de tributos, además de afectar a la Hacienda Pública, también lesiona la competencia leal. Por esta razón se debería insistir en el compromiso del cumplimiento de las obligaciones fiscales pues la elusión del pago de tributos o la obtención de ventajas tributarias permiten tener más medios a las empresas defraudadoras frente a las empresas que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales.

La versión completa de los principios puede consultarse en su página web.



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Grupo Cruzat: Es un hecho que el grupo tiene problemas de liquidez

 

Superintendente coloma sobre empresas de Manuel Cruzat:

"Es un hecho que el grupo tiene problemas de liquidez"

Regulador no descarta entregar antecedentes al Ministerio Público y evaluar responsabilidades del controlador.

 

por e. robledo / I. rojas /
m. villena



Con el paso de los meses, el escenario para el grupo Cruzat parece tornarse cada vez más oscuro. Y es que la suspensión de las transacciones de los papeles de Capitales desde el pasado 2 de abril, la búsqueda de recursos frescos para Curauma y la reciente suspensión de las operaciones de CB Corredores han terminado por configurar una situación en que el factor determinante han sido las dificultades de solvencia y liquidez del conglomerado controlado por Manuel Cruzat.

Ayer, y tras dar la cuenta pública, el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, señaló que "es un hecho de la causa que (el grupo) está con problemas de liquidez y ha sido reconocido públicamente por algunos representantes de la firma, por gente que tiene el encargo de ver la situación de Curauma".

De hecho, Coloma añadió que "en las otras empresas del grupo ha habido problemas públicos y notorios. Curauma es un caso que la Superintendencia también ha estado revisando hace bastante tiempo".

Mientras, sobre Capitales -matriz de CB Corredores, Curauma y Mis Cuentas, entre otras firmas -, el regulador recordó que la suspensión fue "porque el auditor se abstuvo de dar opinión y todavía no se ha resuelto eso".



Los problemas de CB


Con una investigación en curso, las posibilidades de nuevas aristas son múltiples, así como la llegada a tribunales, algo respecto de lo cual Coloma indicó que "lo estamos evaluando en estos momentos".

La situación de la firma no es menor, y en algunos casos son problemas que desde hace tiempo se vienen presentando. Según Coloma "ya en un año ha habido una serie de incumplimientos en los indicadores y se les instó a corregirlos, pero además se les formularon cargos en octubre pasado".

La situación de la firma ya venía causando ruido desde el año pasado en el mercado. En 2011 Celfin tomó medidas para que aquellos clientes que habían tomado simultáneas con ellos y que habían dejado en garantía acciones de Curauma, procedieran a pagar en efectivo estas garantías pues desconfiaban del valor de mercado de esta acción.

Respecto del proceso iniciado en 2011, Coloma detalló que involucra al ex gerente general de la firma, Jaime Herrera.

Mientras, los cargos formulados el martes tiene como origen el pasado 29 de marzo, cuando la intermediaria no habría cumplido con los ratios de liquidez y solvencia exigidos, toda vez que ésta no contabilizó en sus estados financieros "la deducción de los activos entregados en garantías a terceros por alrededor de 
$ 1.000 millones". 
Según dicta la resolución, el gerente general y el tesorero de la corredora informaron ese día al regulador que los depósitos a plazo (valorizados en $ 1.176 millones, y que representaban el 35,6% de los activos de la firma) se mantenían en Banco de Chile, Bice, Internacional y Santander, y que "no se encontraban en garantía o prenda".

Sin embargo, en la reunión con la SVS del 10 de abril, Romo admitió que los recursos habían sido entregados en garantía. "Estoy consciente que la corredora no estaría cumpliendo con las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia para operar".

Mediante un comunicado, la corredora precisó que en lo referido al cumplimiento de los índices de liquidez y solvencia para operar, "al día de ayer (martes) había concluido las operaciones necesarias para dar estricto cumplimiento a lo señalado en la normativa vigente y a lo requerido" por el regulador. Añadieron que no han tenido la intención de entregar información que no se ajuste la realidad.




Sanciones al controlador


Coloma tampoco descartó responsabilizar al directorio de la intermediaria o al controlador. "En la medida que se vaya detectando por la investigación, uno podría decir por ejemplo que no había mecanismos de control interno. Siempre se puede a través de eso buscar otro tipo de responsabilidades", apuntó.



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ayer SVS afirmó que gerente de CB Corredores de Bolsa reconoció irregularidades

¿otro caso de irresponsabilidad social empresarial?

SVS afirmó que gerente de CB Corredores de Bolsa reconoció irregularidades

Según indicó el superintendente, Fernando Coloma, desde hace un año habían registrado una serie de incumplimientos en los indicadores.

Tomás Maquehue, Diario Financiero Online

El Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, se refirió a los cargos que formularon ayer a CB corredoras de bolsa, perteneciente al grupo Cruzat, señalando que su gerente general, Eduardo Romo Martínez, reconoció las irregularidades ocurridas.

"En el día de ayer se tuvo una reunión con el gerente de la compañía y ahí él (Romo) reconoció que efectivamente esos valores estaban dados en garantía para otras operaciones relacionadas con el grupo en otras compañías y no estaban de libre disponibilidad", sostuvo el Superintendente de la SVS.

En ese sentido, afirmó que en ese instante detectaron "que hubo una entrega de información que era falsa".

Ante esta situación, Coloma aseguró que desde hace un año habían registrado una serie de incumplimientos en los indicadores, los cuales "fueron cuestionados por la Superintendencia y se les instó a corregirlos, pero además se le formularon cargos una vez que hubo la convicción de la negligencia y los incumplimientos que se habían planteados".

Es por esto que la SVS tomó la resolución de suspender a CB corredoras de bolsas por siete meses o hasta que termine el proceso sancionatorio, donde también existe la posibilidad de una suspensión definitiva.

En la resolución dada a conocer por la SVS en su página web, se dictamina además que "CB corredores de bolsa S.A., respecto de sus recursos, deberá abstenerse de realizar transacciones de financiamiento u otorgar garantías a sus personas relacionadas, por un periodo de 3 meses a contar de la fecha".

A esta difícil situación que está viviendo el grupo Cruzat, se suman otros episodios complejos en sus otras sociedades, como Curauma y Capitales.

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Luksic ratifica a PwC( la de La Polar) como auditora externa de CCU pese a la firme oposición de las AFP

PROVIDA DEJÓ EN EL ACTA LA CONSTANCIA DE SU DISCONFORMIDAD


Luksic ratifica a PwC como auditora externa de CCU pese a la firme oposición de las AFP


Las administradoras advirtieron que rechazarán la reelección de la firma en todas las empresas donde tienen inversiones.

 

POR CONSUELO MEJÍAS SMITH



La elección de los auditores externos de las sociedades, que antes era un mero trámite, hoy es un punto de análisis y discusión en las juntas de accionistas luego de que PricewaterhouseCoopers (PwC) fuera sancionada con 8.000 UF por su desempeño en el caso La Polar. Así lo han hecho notar los representantes de las AFP que se han opuesto en cada ocasión que se propone a la firma cuestionada para su reelección.

Hace un par de semanas la constructora Salfacorp y BCI ya cambiaron a PwC por Deloitte y las AFP buscan repetir el cambio en otras compañías auditadas por PwC como Cencosud, Multifoods, CGE, Australis, BancoEstado, Molymet, Sociedad de Inversiones Oro Blanco, Soquimich Comercial, LAN, Gasco, Watt's, CMPC, Copec, Antarchile y Camanchaca. 

Cabe destacar que incluso, en casos en que se ha ratificado a PwC como auditora, con el apoyo de la mayoría de los accionistas, las AFP dejan constancia a viva voz -como indica el procedimiento- de su disconformidad con la decisión.

En todo caso, también en circunstancias en las que una misma firma -no necesariamente PwC- ha auditado a una sociedad por más de dos o tres años, los representantes de las AFP presentes hacen ver la inconveniencia de que se mantenga por un período prolongado a la misma auditora.



Voto de confianza


En el caso de la junta de accionistas de Viña San Pedro Tarapacá, la señal emitida por las AFP fue fuerte y clara: "Atendida la relevancia de 
la función de auditoría y, 
por comprometer ella la fe pública, AFP Habitat (con el 4,74% de participación) ha 
decidido rechazar la designación de PricewaterhouseCoopers, como auditor de la sociedad, ya que esta compañía ha sido sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros por transgresiones a la normativa y el deber de cuidado en la auditoría de la empresa La Polar, con las consecuencias por todos conocidas", leyó el representante. 

Acto seguido, el resto de las AFP presentes, es decir, Cuprum, Provida y Capital se sumaron al rechazo.

Sin embargo, el 12,46% de participación que suman las AFP no fue suficiente para cambiar el voto de confianza que dio la familia Luksic, a través de CCU Inversiones -dueño del 50% de las acciones de la industria- a PwC.

Algo similar ocurrió luego en la junta de accionistas de CCU: "Se propone a los accionistas la firma PwC y para el efecto que no se llegare a un acuerdo o que no pudiera prestar sus servicios dicha firma, se propone a KPMG", leyó el presidente de la industrial, Guillermo Luksic a los presentes. 

Por ello, se sometió a votación por papeleta y el resultado fue similar al de la junta anterior: PwC fue respaldada por la mayoría de los accionistas. En todo caso, nuevamente AFP Provida dejó constancia en actas de su disconformidad con que la auditora fuese una de las opciones.

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