CORRUPCIÓN

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domingo, 2 de marzo de 2008

Oposición es partidaria de resolver esta semana si procede el trámite en contra de la ministra de Educación:

Oposición es partidaria de resolver esta semana si procede el trámite en contra de la ministra de Educación:
Directiva de RN tendrá hoy cita clave para la acusación constitucional contra Provoste

Alianza valora que Viera-Gallo admita que podría haber ilícitos en 2004 y 2005.

BERNARDITA MARINO

En la antesala del comienzo de una semana clave para resolver si habrá o no acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste -por su responsabilidad política en las irregularidades detectadas en el Mineduc-, el presidente de RN, Carlos Larraín, sostendrá hoy una reunión con senadores del partido para analizar cómo se procederá para impulsar el tema.

"El domingo (hoy) empiezo a tener reuniones con algunos senadores, el lunes tenemos reunión de la directiva, y el martes espero que tengamos reunión del comité de la Alianza", dijo el líder de Renovación Nacional.

Larraín -que se reintegra hoy al trabajo partidario luego de sus vacaciones- agregó que está por "acelerar" una decisión respecto del futuro de la secretaria de Estado, y recordó que en septiembre de 2007 fue su partido quien financió una serie de estudios del ex auditor del Mineduc Hernán Ortiz, los que revelaron millonarias irregularidades al interior de la cartera y que en su momento fueron calificadas por la ex subsecretaria de Educación Pilar Romaguera como "falsas e irresponsables".

"Si la criatura tiene un papá, éste es el trabajo que hizo Renovación Nacional el año pasado, y estamos muy seguros de que en la gestión del Ministerio de Educación hay muchas cosas extrañas", puntualizó Larraín.

Desde la UDI, en tanto, sus máximos dirigentes no han fijado ningún encuentro para hoy. En este partido se presenta una mayor dificultad para que la mesa se aboque a analizar este tema, por cuanto la integran varios senadores, y si éstos ejercen opinión, quedan inhabilitados para votar.

Por ello, la directiva espera que el lunes los diputados expongan sus análisis de cara al encuentro que el martes tendrán en el Congreso los parlamentarios aliancistas con mira a la posible acusación constitucional.

Viera-Gallo

Larraín, además, valoró en este contexto las declaraciones que el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, hizo a "El Mercurio" respecto de que "si se va a fondo en 2004 y 2005, pueden aparecer nuevos ilícitos" en la Seremi de la Región Metropolitana.

"Me parece bien que don José Antonio Viera-Gallo sea realista y acepte que en el ministerio puede haber muchas irregularidades, está procediendo de buena fe", declaró Larraín.

En tanto, desde la UDI, el diputado Rodrigo Álvarez afirmó que los dichos del ministro reflejan "la tremenda irregularidad y desorden con que manejan las platas en el Ministerio de Educación".

"Yasna Provoste no era ministra durante 2004 y 2005, pero no haber procedido a conciliar más adecuadamente y a perseguir eventuales irregularidades en ese período confirma y aumenta la necesidad de acusarla constitucionalmente", afirmó Álvarez.

El senador de la UDI Juan Antonio Coloma destacó las palabras de Viera- Gallo, las que a su juicio reflejan la valoración que éste tiene del funcionamiento transparente de las instituciones, aunque al mismo tiempo afirmó que las palabras del titular de la Segpres reflejan la existencia "de dos almas en la Concertación", en referencia a la ministra Provoste.

Agregó que es fundamental una revisión global de todo el Gobierno en 2004 y 2005", no sólo en Educación.

MARTES

LOS DIPUTADOS de la Alianza se reunirán este día en el Congreso para analizar el tema de la acusación constitucional en contra de la ministra Yasna Provoste.
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Rodrigo González Fernández
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CON YASNA PROVOSTE EN ELMINISTERIO ESTA EN RIESGO EL GOBIERNO DE BACHELET

lea en la tercera: Aquí lo que tenemos no son 260 mil millones desaparecidos

Diputado Rossi pide a ministra de Educación renunciar a su cargo

Aseveró que su permanencia en las funciones pone en riesgo a todo el Gobierno.

Alejandra Lobo


El diputado socialista Fulvio Rossi pidió a la ministra de Educación, Yasna Provoste, que renuncie a su cargo debido a las responsabilidades políticas que le competen en el caso del pago subvenciones.

El legislador iquiqueño apuntó que en este segundo tiempo del gobierno de Bachelet, es necesario e imperativo que se trabaje con la mayor responsabilidad y transparencia de cara a la ciudadanía. ?Aun cuando la ministra Provoste no tenga participación alguna en el desorden administrativo detectado por el caso subvenciones, debe asumir su responsabilidad política renunciando al ministerio. Aquí lo que tenemos no son 260 mil millones desaparecidos,  hay un problema grave  respecto de una adecuada contabilidad y administración de esos recursos. Ahora bien, hay que tener presente que hay responsabilidades penales de los sostenedores que han engañado al Estado, pero también cabe una responsabilidad política de quien está al mando del ministerio?, subrayó.

Rossi apuntó que en el ámbito público si bien las irregularidades administrativas son sancionadas por la Contraloría, mientras que las penales por la justicia, que las autoridades políticas deben asumir los costos, algo que poco se ha visto en el Gobierno. ?En el caso puntual de la ministra Provoste, considero incluso que ha tenido una buena gestión, prueba de ello fue el acuerdo de educación que se logró con la Alianza, sin embargo, al continuar en el cargo frente a un problema de este tipo, expone al gobierno en su conjunto a una acusación constitucional?, subrayó el legislador.

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Alvear y sanción a Traverso: "Me parece bien que no esté en el ministerio"

Alvear responde con mucha cautela, Ella sabe como abogada y Senadora la gravedad de los hechos...pero evita referirse a la realidad

Alvear y sanción a Traverso: "Me parece bien que no esté en el ministerio"

La timonel DC, eso si, declinó ahondar en la validez de la sanción, pues Traverso ya no responde al ministerio de Educación.


Una salida a terreno en Ñuñoa de la senadora y presidenta de la DC Soledad Alvear fue el escenario donde, tras su regreso de vacaciones, se refirió a la sanción que la ministra de Educación, Yasna Provoste, aplicó al seremi del ramo, Alejandro Traverso (PS).

"Quisiera señalar algo que no ha quedado claro: He conversado con la ministra, el seremi Traverso no sigue en el ministerio de Educación, no está en el ministerio de Educación. La ministra Provoste con antelación le aceptó la renuncia, de manera tal que ya no está en el ministro y me parece bien que no esté en el ministerio", dijo Alvear según radio Cooperativa.

Pese a esta declaración, la senadora declinó referirse a la invalidez de la sanción, puesto que el renunciado seremi ya no responde a dicho ministerio. "No tengo nada más que agregar que lo que ya señalé". Traverso fue suspendido por dos meses y se le aplicó una multa.

De esta forma, la titular de Educación desoyó la recomendación que formuló la Contraloría en orden a destituir a Traverso, a quien le aplicó una sanción menor. Si hubiese recogido lo señalado por el titular del organismo, Ramiro Mendoza, el ex seremi

no hubiese podido asumir cargos públicos por cinco años.

Ayer en tanto, el tribunal supremo del PS resolvió acoger a trámite la causa contra Traversa, una solicitud de la mesa directiva.

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FRAUDE ELECTORAL Y FRAUDE EN MINEDUC

A PROPOSITO DEL CASO MINEDUC QUE INVOLUCRA $ 260 MIL MILLONES DE PESOS Y DEL FRAUDE DE INTERVENCION ELECTORAL
RESPONDEMOS CON FELIX CAMPOVERDE VELEZ
El fraude se refiere al acto intencional de la administración,  personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de la realidad, por ejemplo en la  manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos y malversación de los activos.
 
De hecho el  fraude y el error e indica la responsabilidad de prevención en la administración del negocio, al no contar con información consistente, oportuna, completa, respaldada, fidedigna y falta de normativas (reglas) claras en las transacciones operativas, provocan que los Elementos del Fraude se hagan presente con la  Actitud, Oportunidad y Presión que son parte de la conducta de los individuos en los procesos empresariales.
 
La actitud de no respaldar la información, no contar con un control interno preventivo concurrente, refleja elemento intencional del fraude.
La oportunidad de evadir las normas y leyes vigentes empresariales y gubernamentales con llevan a la presencia del fraude. Oportunidad provocada por la falta de controles.
La presión que involucra al ejecutivo el no tomar las prevenciones en los procedimientos, evadido sus por voluntades y convicciones  endógenas y exógenas; constituyen la intención de realizar fraudes
 
 Sin duda la  cultura predominante del Fraude está marcada por el progresivo individualismo, el consumismo, la hegemonía de los principios del mercado centralista, el débil compromiso con lo público, una cierta mentalidad política que prescinde del horizonte ético de los valores, el afán por el poder, la codicia por obtener bienes materiales en forma indebida a cualquier costo que forman parte de la fuente de corrupción, esta se encuentra asociada con la obtención de beneficios, mediante la utilización de la influencia otorgada por cargos públicos o por la fortuna privada, que generan un enriquecimiento ilícito.
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Fraudes e intervención electoral

Fraudes e intervención electoral

En momentos en que el Ejecutivo anuncia una serie de reformas políticas -entre las que, sorprendentemente, no se incluyen normas que busquen poner freno a la intervención electoral-, es útil analizar la reciente acusación que la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Valparaíso presentó por los delitos de estafa y fraude al fisco en contra de ocho personas, incluidos la diputada Laura Soto (PPD) y el ex secretario regional ministerial del Trabajo José Manuel Mancilla (PS), por el desvío a la campaña de esa parlamentaria de recursos destinados a programas de empleo.

A ello cabe agregar también no sólo el proceso ju-dicial abierto en contra del diputado Rodrigo González (PPD) por similares hechos, sino además la condena dictada el año pasado en contra de un ex gobernador de la provincia de Choapa, Julio Werner Rojos (DC). En este último caso, se acreditó que dicho funcionario contrató a trabajadores con cargo al Fondo de Absor-ción de Cesantía, "a sabiendas de que no realizarían la función que señalaban los respectivos contratos de tra-bajo, sino que prestarían servicios como activistas de la campaña política de la diputada Adriana Muñoz (PPD), o no ejecutarían ningún trabajo".

En lo específicamente relativo a la diputada Soto, el Ministerio Público considera que con los diversos medios de prueba que acompaña puede acreditarse que esa parlamentaria, "conociendo el origen, fin o destino de los fondos estatales asignados para la ejecución de los proyectos antes indicados (empleo), (...) intervino en y facilitó los medios para la selección, contratación y pago de las labores de campaña de los trabajadores adscritos a dichos proyectos, las que además presenció, a sabiendas de haber sido ellos organizados para trabajar a tiempo completo en favor de su campaña para la reelección parlamentaria". Por ello solicita que se la condene, como autora de estafas reiteradas, a la pena de cinco años de presidio.

Dado que la parlamentaria y otros acusados ale-gan haber desconocido esta situación, se espera que en los próximos meses tenga lugar un juicio oral en este proceso. Con todo, las pruebas aportadas hasta ahora por la fiscalía -las que sirvieron de base para el desa-fuero aprobado por amplia mayoría, tanto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso como en la Corte Suprema- parecen contundentes, y dan cuenta de todo un aparato montado para defraudar al fisco y beneficiar a algunos candidatos de la Concertación.

Como se ha señalado en otras oportunidades, más allá de la determinación de las responsabilidades penales y administrativas, la gravedad de los hechos investigados -y de otros de diversa magnitud que no necesariamente tienen alcances penales, ocurridos en distintos lugares del país en período de elecciones- debe llamar no sólo a una profunda autocrítica de las autoridades de la época, sino también a que el Ejecutivo saque las debidas lecciones de tan condenables hechos. Siendo así, no resulta presentable que, al estudiar una profunda reforma a nuestro sistema político, se excluya un aspecto tan determinante como la intervención electoral. Sería prudente recordar los graves conflictos cívicos a que esa práctica ha dado lugar en nuestra historia y en la experiencia comparada. Cuando ilegítimamente se usan fondos fiscales -que en este caso estaban destinados a ayuda para los desempleados por medio de obras con claro beneficio comunitario- para campañas electorales, es ineludible la conclusión de que también resulta severamente lesionado el sistema político en su conjunto. Una real y convincente rectificación es impostergable, y el Ejecutivo debe abrirse a una reforma en esta materia.

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