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Saludos
Rodrigo González Fernández
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Aseveró que su permanencia en las funciones pone en riesgo a todo el Gobierno.
Alejandra Lobo
El diputado socialista Fulvio Rossi pidió a la ministra de Educación, Yasna Provoste, que renuncie a su cargo debido a las responsabilidades políticas que le competen en el caso del pago subvenciones.
El legislador iquiqueño apuntó que en este segundo tiempo del gobierno de Bachelet, es necesario e imperativo que se trabaje con la mayor responsabilidad y transparencia de cara a la ciudadanía. ?Aun cuando la ministra Provoste no tenga participación alguna en el desorden administrativo detectado por el caso subvenciones, debe asumir su responsabilidad política renunciando al ministerio. Aquí lo que tenemos no son 260 mil millones desaparecidos, hay un problema grave respecto de una adecuada contabilidad y administración de esos recursos. Ahora bien, hay que tener presente que hay responsabilidades penales de los sostenedores que han engañado al Estado, pero también cabe una responsabilidad política de quien está al mando del ministerio?, subrayó.
Rossi apuntó que en el ámbito público si bien las irregularidades administrativas son sancionadas por la Contraloría, mientras que las penales por la justicia, que las autoridades políticas deben asumir los costos, algo que poco se ha visto en el Gobierno. ?En el caso puntual de la ministra Provoste, considero incluso que ha tenido una buena gestión, prueba de ello fue el acuerdo de educación que se logró con la Alianza, sin embargo, al continuar en el cargo frente a un problema de este tipo, expone al gobierno en su conjunto a una acusación constitucional?, subrayó el legislador.
La timonel DC, eso si, declinó ahondar en la validez de la sanción, pues Traverso ya no responde al ministerio de Educación.
Una salida a terreno en Ñuñoa de la senadora y presidenta de la DC Soledad Alvear fue el escenario donde, tras su regreso de vacaciones, se refirió a la sanción que la ministra de Educación, Yasna Provoste, aplicó al seremi del ramo, Alejandro Traverso (PS).
"Quisiera señalar algo que no ha quedado claro: He conversado con la ministra, el seremi Traverso no sigue en el ministerio de Educación, no está en el ministerio de Educación. La ministra Provoste con antelación le aceptó la renuncia, de manera tal que ya no está en el ministro y me parece bien que no esté en el ministerio", dijo Alvear según radio Cooperativa.
Pese a esta declaración, la senadora declinó referirse a la invalidez de la sanción, puesto que el renunciado seremi ya no responde a dicho ministerio. "No tengo nada más que agregar que lo que ya señalé". Traverso fue suspendido por dos meses y se le aplicó una multa.
De esta forma, la titular de Educación desoyó la recomendación que formuló la Contraloría en orden a destituir a Traverso, a quien le aplicó una sanción menor. Si hubiese recogido lo señalado por el titular del organismo, Ramiro Mendoza, el ex seremi
no hubiese podido asumir cargos públicos por cinco años.
Ayer en tanto, el tribunal supremo del PS resolvió acoger a trámite la causa contra Traversa, una solicitud de la mesa directiva.
En momentos en que el Ejecutivo anuncia una serie de reformas políticas -entre las que, sorprendentemente, no se incluyen normas que busquen poner freno a la intervención electoral-, es útil analizar la reciente acusación que la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Valparaíso presentó por los delitos de estafa y fraude al fisco en contra de ocho personas, incluidos la diputada Laura Soto (PPD) y el ex secretario regional ministerial del Trabajo José Manuel Mancilla (PS), por el desvío a la campaña de esa parlamentaria de recursos destinados a programas de empleo.
A ello cabe agregar también no sólo el proceso ju-dicial abierto en contra del diputado Rodrigo González (PPD) por similares hechos, sino además la condena dictada el año pasado en contra de un ex gobernador de la provincia de Choapa, Julio Werner Rojos (DC). En este último caso, se acreditó que dicho funcionario contrató a trabajadores con cargo al Fondo de Absor-ción de Cesantía, "a sabiendas de que no realizarían la función que señalaban los respectivos contratos de tra-bajo, sino que prestarían servicios como activistas de la campaña política de la diputada Adriana Muñoz (PPD), o no ejecutarían ningún trabajo".
En lo específicamente relativo a la diputada Soto, el Ministerio Público considera que con los diversos medios de prueba que acompaña puede acreditarse que esa parlamentaria, "conociendo el origen, fin o destino de los fondos estatales asignados para la ejecución de los proyectos antes indicados (empleo), (...) intervino en y facilitó los medios para la selección, contratación y pago de las labores de campaña de los trabajadores adscritos a dichos proyectos, las que además presenció, a sabiendas de haber sido ellos organizados para trabajar a tiempo completo en favor de su campaña para la reelección parlamentaria". Por ello solicita que se la condene, como autora de estafas reiteradas, a la pena de cinco años de presidio.
Dado que la parlamentaria y otros acusados ale-gan haber desconocido esta situación, se espera que en los próximos meses tenga lugar un juicio oral en este proceso. Con todo, las pruebas aportadas hasta ahora por la fiscalía -las que sirvieron de base para el desa-fuero aprobado por amplia mayoría, tanto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso como en la Corte Suprema- parecen contundentes, y dan cuenta de todo un aparato montado para defraudar al fisco y beneficiar a algunos candidatos de la Concertación.
Como se ha señalado en otras oportunidades, más allá de la determinación de las responsabilidades penales y administrativas, la gravedad de los hechos investigados -y de otros de diversa magnitud que no necesariamente tienen alcances penales, ocurridos en distintos lugares del país en período de elecciones- debe llamar no sólo a una profunda autocrítica de las autoridades de la época, sino también a que el Ejecutivo saque las debidas lecciones de tan condenables hechos. Siendo así, no resulta presentable que, al estudiar una profunda reforma a nuestro sistema político, se excluya un aspecto tan determinante como la intervención electoral. Sería prudente recordar los graves conflictos cívicos a que esa práctica ha dado lugar en nuestra historia y en la experiencia comparada. Cuando ilegítimamente se usan fondos fiscales -que en este caso estaban destinados a ayuda para los desempleados por medio de obras con claro beneficio comunitario- para campañas electorales, es ineludible la conclusión de que también resulta severamente lesionado el sistema político en su conjunto. Una real y convincente rectificación es impostergable, y el Ejecutivo debe abrirse a una reforma en esta materia.