CORRUPCIÓN

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jueves, 10 de septiembre de 2009

Escándalo salpica a presidenta argentina BBC Mundo en Español

Escándalo salpica a presidenta argentina BBC Mundo en Español

10 de Septiembre de 2009 | 8:58 am Dejar un comentario »

Un escándalo que involucra la venta de medicamentos falsos y el tráfico de drogas ha salpicado a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

La investigación que lleva a cabo el juez federal Norberto Oyarbide encontró lazos entre la llamada "mafia de los medicamentos" y la campaña que llevó a Fernández a la presidencia en 2007.

La causa que instruye el magistrado investiga la venta de remedios contra el cáncer y el SIDA que fueron adulterados, vencidos o robados. El principal imputado en el caso habría aportado cerca de un cuarto de millón de dólares a la carrera presidencial de la mandataria.

Eso se desprende de las evidencias halladas por Oyarbide durante un allanamiento de las oficinas del primordial sospechoso, el empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier.

Según reveló el juez a la prensa, durante el registro halló "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial".

Fuentes judiciales detallaron que se trataría de copias de cheques por valor de cerca de US$250.000 entregadas por Lorenzo a colaboradores del partido oficialista, Frente para la Victoria.

Efedrina

Según la Justicia, éste no sería el único vínculo entre la venta ilegal de drogas y la campaña presidencial de Fernández: otro empresario farmacéutico investigado por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes también habría financiado la candidatura de la mandataria.

Se trata de Sebastián Forza, una de las víctimas de un triple homicidio ocurrido en agosto de 2008, quien según las autoridades estaba relacionado con la venta ilegal de efedrina, un precursor químico utilizado en la fabricación de drogas sintéticas.

La jueza María Servini de Cubría investiga los aportes que Forza habría realizado a la campaña de la presidenta, estimados en más de US$50.000.

Su par Oyarbide informó que le envió a la magistrada -que lleva la causa por las presuntas irregularidades en el financiamiento de la candidatura de Fernández- las evidencias que vinculan a Lorenzo con Héctor Capaccioli, ex superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña presidencial.

La Justicia argentina también investiga los vínculos comerciales entre Lorenzo y Forza, y los posibles lazos entre la llamada "ruta de la efedrina" y la venta de medicamentos falsos.

Fuentes judiciales informaron este miércoles que el fiscal que investiga el triple homicidio citará a Lorenzo para que declare en la causa, en la que aún no hay imputados.

Obras sociales

Este miércoles el juez Oyarbide ordenó una serie de allanamientos en los que halló un alto número de medicamentos vencidos.

El magistrado ordenó la detención de un empresario farmacéutico en uno de los depósitos registrados.

De acuerdo con su investigación, los medicamentos falsificados se han suministrado a los pacientes a través de las obras sociales de algunos sindicatos, entre ellos el de los empleados bancarios y el del Ministerio de Economía, que están bajo investigación.

La defraudación al Estado alcanzaría los US$155 millones.

La investigación de la "mafia de los medicamentos" causó el despido de un alto funcionario del Ministerio de Salud de Buenos Aires, que según Oyarbide estaría implicado en la causa.

Tras anunciar el alejamiento del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa, el jefe de la cartera bonaerense, Claudio Zin, causó controversia al afirmar que "es muy posible que el 10% de los medicamentos que circulan en el país sea falsificado".

Por su parte el ministro de Salud nacional, Juan Manzur, consideró "aberrante y criminal" la adulteración de medicamentos, y sostuvo que se pondrá a disposición de la Justicia para ayudar a identificar "si hay gente vinculada al ambiente de la política" involucrada en los hechos delictivos.

Hasta el momento, el gobierno no ha realizado declaraciones respecto a los presuntos vínculos entre la "mafia de los medicamentos" y la campaña presidencial.

Lavado de dinero

Una de las principales denunciantes de los vínculos entre grupos delictivos y las obras sociales de los sindicatos es la ex ministra de Salud de la nación, Graciela Ocaña.

La ex funcionaria dejó sus funciones el 29 de junio pasado, el día después de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas.

Según los analistas, su alejamiento habría estado vinculado a su fuerte confrontación con los gremialistas relacionados con la cartera sanitaria.

El martes la ex ministra se presentó ante el juez Oyarbide para ampliar sus denuncias.

Según dijo, el tráfico ilegal de remedios estaría vinculado a un operativo aún más grande: una enorme red de lavado de dinero.

Tras el encuentro, Oyarbide afirmó que ampliará su indagatoria y anticipó que investigará a Lorenzo por lavado de dinero, además de extender sus pesquisas a otras obras sociales bajo sospecha.

El escándalo por la "mafia de los medicamentos" se sumó a una serie de acusaciones vertidas en la prensa contra el gobierno de Fernández, que mantiene un enfrentamiento con los principales grupos mediáticos del país.

FUENTE :
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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Juez investiga irregularidades en mantención de helicópteros del Ejército

Juez investiga irregularidades en mantención de helicópteros del Ejército

Un ex oficial de la Brigada de Aviación de esa rama castrense denunció que se habrían pagado cerca de US$ 3 millones por piezas y arreglos inexistentes de helicópteros y aeronaves.

por Andrés López - 10/09/2009 - 07:14

Eran cerca de las 10 de la mañana de ayer y el juez Manuel Valderrama llegaba, junto a un equipo de efectivos de Investigaciones, a la Brigada de Aviación del Ejército (Bave), en Rancagua. El objetivo de la diligencia era obtener documentación referente a una denuncia efectuada en secreto hace más de un mes por un ex oficial, quien aseveró que se habían pagado de cerca de US$ 3 millones entre 2005 y 2007 por arreglos y piezas inexistentes de helicópteros y aeronaves de esa unidad.

La declaración llevó al juez a abrir una nueva arista en el caso Riggs. Ahora, el magistrado indaga desde cuándo se habría comenzado a utilizar este sistema y a los beneficiarios de estos dineros. En ese contexto, Valderrama busca establecer si estas irregularidades comenzaron mientras estaba al mando del Ejército el fallecido general Augusto Pinochet.

"Es efectivo que se investigan hechos de esta naturaleza, dentro del marco de los delitos de estafa, malversación o fraude al Fisco. El monto todavía no se determina y se decretaron las primeras diligencias", dijo el magistrado a La Tercera.

LA RUTA DEL DINERO
Según fuentes del caso, el ex oficial declaró que durante 2007 estuvo a cargo de revisar, ordenar y chequear los contratos de adquisiciones con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. 

En la institución existía un presupuesto anual para ítemes relativos a reparaciones y compra de repuestos de helicópteros y aviones. Para adquirir las piezas, se debía comprobar el daño de la aeronaves, entregar un contrato de la compra del repuesto, emitir una cotización, elaborar las guías de despacho y mandar la factura a una agregaduría chilena en el extranjero, que depositaba los fondos.

El ex oficial, según fuentes del caso, declaró que comenzó a sospechar cuando se ordenó reparar piezas sin la factura correspondiente, por lo que se dirigió a los hangares para verificar la existencia de la parte dañada. Así habría descubierto que en ese período se generaron fondos por cerca de US$ 1 millón anua y denunció el hecho a sus superiores, cuyos nombres están en manos del magistrado. Consultado por su denuncia, el testigo sólo afirmó que era imposible hablar del tema.

Los antecedentes también están en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

INVESTIGACIÓN EN EL EJÉRCITO
Fuentes de la institución castrense informaron que tras enterarse de las pesquisas del juez, ordenaron una indagación propia a cargo de la contraloría interna del Ejército. Y agregaron que en 2002 se suscribió un convenio por cinco años con la empresa Dekoven, para la mantención de los helicópteros. El convenio tenía un costo de US$ 700 mil anuales, monto que el primer año del servicio se cargó al ítem correspondiente en el presupuesto del Ejército. Pero después se justificó el pago, cambiando mantención por compra de repuestos.

FUENTE :
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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