CORRUPCIÓN

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viernes, 31 de julio de 2009

Ex director de Chiledeportes fue condenado a tres años de libertad vigilada

La sancion es un Chiste; ...la sacó barata....

Ex director de Chiledeportes fue condenado a tres años de libertad vigilada

Juan Michel no estará en la cárcel pero quedará inhabilitado durante este tiempo para ejercer cargos públicos.
David Muñoz, El Mercurio
Viernes 31 de Julio de 2009 12:20
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SANTIAGO.- El Tercer Tribunal Oral en Lo Penal condenó hoy al ex director metropolitano de Chiledeportes, Juan Michel, a tres años y un día con el beneficio de libertad vigilada por malversación de caudales públicos en uno de los nueve cargos que el Ministerio Público le había imputado.


No obstante, Michel quedará inhabilitado de por vida para ejercer sus derechos políticos, como el voto y el derecho a ser elegido.


Además, deberá pagar una multa de 11 UTM así como no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.


En tanto, el fiscal Xavier Armendáriz aseguró que a partir de ahora tendrá que estudiar el fallo para determinar los pasos a seguir, como presentar un recurso para anular el fallo e ir a un nuevo juicio oral.


Michel por su parte aseguró que esperaba una pena bastante más baja porque asumía que se trató de una comida para los funcionarios de Chiledeportes, por lo que él actuó de buena fe y en beneficio de ellos.


La malversación se registró en el proyecto "Todos podemos recrearnos", el que fue presentado en noviembre de 2005 por David Morales, entonces alcalde de Isla de Maipo, quien solicitó un aporte de Chiledeportes de $5 millones para realizar eventos recreativos para los sectores más desposeídos de dicha comuna.


Según el fallo, esta suma fue aumentada a petición de Juan Michel, quien aprobó la entrega de $9 millones a través de asignación directa.


Finalmente, se acreditó que en lugar de los eventos recreativos se realizó un asado de fin de año para los funcionarios de la Dirección Regional de Chiledeportes y la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (Asofind).

Este evento tuvo un costo de $4 millones y fue cubierto con una factura de la Fundación Educacional Origen, que, según los testimonios, fue gestionado personalmente por Michel y Juan Negrete, uno de los supervisores de la entidad.


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Rodrigo González Fernández
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jueves, 30 de julio de 2009

ALEMANIAENCHILE: Ulla y el auto robado: ¿tendrá que renunciar la ministra?

Ulla y el auto robado: ¿tendrá que renunciar la ministra?

 

Apareció el coche oficial de la ministra de Salud alemana. El Mercedes de Ulla Schmidt fue encontrado por la policía cerca del lugar en donde pasaba sus vacaciones, en el sur de España. Algunos piden su renuncia.

 

El auto de Ulla Schmidt había sido robado el pasado 27 de julio en Alicante, mientras ella disfrutaba de sus vacaciones. El hecho de que llevara a su chofer y su auto oficial consigo levantó polémica. El "caso Ulla" pasó a llenar un poco el vacío político en este caluroso verano alemán, y, de cara a las elecciones parlamentarias alemanas del 27 de septiembre, despertó opiniones encontradas. Entre ellas, que la ministra debía renunciar a su cargo.

A pesar del apoyo de su partido, el SPD (Partido Social-Demócrata), según el periódico alemán Handelsblatt, Schmidt evalúa no ocupar su puesto en el equipo del candidato a canciller, el actual ministro de Exteriores Frank-Walter Steinmeier. Por lo pronto, se espera el regreso de España de la ministra.

"Actitud poco justa ante el contribuyente"

El experto en Finanzas del Partido Liberal alemán (FDP), Frank Sus reformas, ¿un motivo más?Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  Sus reformas, ¿un motivo más?Schäffler, exigió la dimisión inmediata de la ministra de Salud. "Su comportamiento no es para nada justo hacia los contribuyentes", dijo Schäffler al diario Bild.

La Unión de Contribuyentes alemanes criticó la falta de información sobre el caso del robo del auto oficial: "La ministra aclara a cuenta gotas, y el caso se hace cada vez más confuso", dijo el presidente de la Unión, Reiner Holznagel al periódico Passauer Neuen Presse. No sólo la Unión, que representa a quienes pagan impuestos al Estado alemán, sino también el ciudadano común se sigue preguntando para qué Ulla Schmidt necesitaba su automóvil oficial durante unas vacaciones en Alicante.

La Unión de Contribuyentes exige no sólo un nuevo reglamento para el uso de coches oficiales, sino también solicita que, en el futuro, los ministros paguen los viajes con dichos vehículos de su propio bolsillo.

La ministra, con final abierto

Las bromas en torno al sonado caso de la ministra que se pasea en El Mercedes de Ulla Schmidt.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  El Mercedes de Ulla Schmidt.coche por España a costas de los ciudadanos alemanes abundan. La empresa de coches de alquiler "Sixt", por ejemplo, utiliza el affaire para promocionar coches a dos páginas en un periódico local bajo el slogan "A las mujeres con coches caros se las llama Ulla".

En cuanto al costo real del viaje con el Mercedes "S" del ministerio, que completará su viaje de ida y vuelta, unos 5.000 km en total, en pocos días, se cree que es de aproximadamente 3.200 euros. Esto es lo que figura en un informe del secretario de Estado para la Salud, Klaus Theo Schröder, según informa la agencia DPA.

Dicha suma se vería justificada, según Schröder, por la necesidad La ministra en la picota.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  La ministra en la picota.de transportar el equipamiento de la ministra de Salud, consistente en una oficina móvil con computadora, impresora y papel, lo que hubiera costado, de enviarse todo por avión, cerca de 3.700 euros. "Si se contempla esto en su totalidad, la variante por avión habría sido más cara", escribe el secretario de Estado.

Pero de lo que, al parecer, se olvidó Schröder, es de la pérdida en el valor del automóvil, un vehículo de "leasing" o alquilado. A este argumento, la Unión de Contribuyentes aduce que el costo total, inclusive el uso, asciende a 9.400 euros. Ulla Schmidt responderá sobre el asunto el miércoles, cuando esté de regreso en Alemania.

Autor: CP, DPA, Reuters.

Editora: Claudia Herrera Pahl


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miércoles, 29 de julio de 2009

¿esto si no es intervencion electoral en horas de trabajo que seria?

Posteado por:
Gabriel Troncoso Troncoso
28/07/2009 14:23
[ N° 65 ]
El mercurio

 EN LA MAÑANA Y EN HORAS DE TRABAJO ....SI ESTO NO ES INTERVENCION ELECTORAL ¿QUE ES?


SANTIAGO.- Con la presencia de los ministros y subsecretarios DC, la colectividad que encabeza el diputado Juan Carlos Latorre celebra su 52° aniversario, ceremonia que es encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet y el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei.

Entre los asistentes se encuentran los ministros de Vivienda, Patricia Poblete; de Educación, Mónica Jiménez; del Sernam, Laura Albornoz; y de Economía, Hugo Lavados. Junto a ellos participan los subsecretarios del Mideplan, Eduardo Abedrapo; de Minería, Verónica Barahona; del Trabajo, Mauricio Jélvez; y de Carabineros, Javiera Blanco, además del Intendente de Santiago, Igor Garafulic.


Y PENSAR QUE A LA KAREN QUERÍAN SACARLA DE TVN POR SER LA ESPOSA DE MEO. FRESCOS Y CORRUPTOS!!!!


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martes, 28 de julio de 2009

Víctor Pérez: "La Concertación es la que tiene que dar explicaciones"

Víctor Pérez: "La Concertación es la que tiene que dar explicaciones"

El secretario general gremialista defendió a Sebastián Piñera de las acusaciones sobre el Banco de Talca.

por latercera.com - 28/07/2009 - 15:19

El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, calificó de "oportunistas y majaderas" las declaraciones de los dirigentes de la Concertación en contra del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, en relación al caso del Banco de Talca.

"Aquí quienes deben dar explicaciones al país son los que han gobernado los últimos 20 años y han utilizado al Estado como un botín de guerra, adjudicando licitación públicas a amigos y socios, y contratando a familiares en las reparticiones estatales", aseguró.

El senador puntualizó que "han sido ellos quienes han despilfarrado los recursos de todos los chilenos, han sido ellos quienes han sido descubiertos pagando sobresueldos, han sido ellos los que han prometido recuperar el tren al sur con el sólo objetivo de ganar una elección y dejar en la ruina a una empresa estatal, son ellos lo que han manejado Codelco a su antojo transformándola en una empresa ineficiente".

A renglón seguido, Pérez dijo que la ciudadanía "aún espera que los dirigentes de la Concertación respondan por estos y por muchos otros casos y no sigan eludiendo los temas de fondo, inventando polémicas que no tienen ningún sentido".


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QUE CALIDAD DE EMBAJADOR, TIPICO DE LA CONCERTACIÓN Y DE LAGOS

Formalizado y en libertad queda ex embajador de Chile en Ecuador

El Ministerio Público imputó a Nelson Hadad por delitos reiterados de malversación de caudales públicos.

por latercera.com - 28/07/2009 - 17:14

El 1° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad pero sometido a medidas cautelares al ex embajador de Chile en Ecuador, Nelson Hadad Jeresic, imputado por malversación de caudales públicos mientras ocupó el cargo diplomático.

El fiscal de la zona metropolitana Centro Norte, José Manuel Ramírez, formalizó a Nelson Hadad por irregularidades ocurridas mientras ocupó la sede diplomática en los años 2005 y 2006 y que apuntan a que solicitó en cuatro oportunidades a la Cancillería dineros para realizar reparaciones en la casa habitación que ocupaba, trabajos que no se realizaron.

Las irregularidades quedaron al descubierto,  a principios de 2008, cuando la Cancillería encargó una investigación a la rendición de cuentas de Nelson Hadad.

El tribunal rechazó dejar con arresto preventivo a la ex autoridad y optó por decretar la imposibilidad de salir del país y de tomar contacto con los testigos de la causa.

Hadad asumió como embajador de Chile en Quito en junio de 2003. También ocupó la subsecretaría de aviación durante el gobierno del ex presidente, Ricardo Lagos.


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LAS IRREGULARIDADES EN GOBIERNO DE EDUARDO FREI RUIZ TAGLE

GOBIERNO EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994-2000)  CON LAS MANOS LIMPIAS

AÑO 1994
Seremi de Transporte, Concepción
Acusaciones de extorsión y chantaje.
Oficina Nacional de Retornos
Desviación de los dineros supuestamente destinados a "retornados" que regresaban a Chile desde el extranjero.
Servicio Nacional de Aduanas
Conflictos de intereses
Empremar/ Empresa Marítima del Estado
Protagonizó transacciones ilegales por parte de sus directores, con las que desfalcaron al Estado en $495 millones. Tres ejecutivos ligados a la Concertación (Patricio Vidal Walton, Heriberto Guerra Gálvez y Alexis Ramírez) fueron condenados en primera instancia por los delitos reiterados de fraude al Fisco y cohecho.
Empresa Nacional de Carbon, Enacar-VIII Región
Graves denuncias de narcotráfico e irregularidades. Las acciones venían realizándose desde el año1992.
Esval-Viña del Mar
Las labores de construcción del colector de Viña del Mar-Valparaíso fueron encargadas a la Empresa Sanitaria de Valparaíso. Un informe de una comisión investigadora de la Cámara y de la Contraloría de Valparaíso demostraron en septiembre de 1994, que se había cometido una seguidilla de irregularidades y anomalías, al punto de que el proyecto había cuadruplicado los valores iniciales de la obra. Se generaron pérdidas por $13.500 millones.
CORFO-Aisén
Ventas irregulares.
Ministerio de Educación
Se generan dudas sobre el destino de US$ 4.700.000 del Mineduc, utilizados hacia 1994 y poco antes de las parlamentarias, cuando Lagos era el ministro. Los dineros habrían ido a parar a la polémica compra de herramientas informáticas que ese ministerio realizó ese año a un conocido empresario socialista español, amigo de Lagos, sin concursos ni licitaciones ¿aulas tecnológicas?
Codelco
Durante el verano de 1994 se descubren pérdidas por cerca de US$ 217 millones, relacionadas con el operador de mercados a futuro de la CORFO. Juan Pablo Dávila, que venía realizando este tipo de operaciones desde fines de 1993 y ostentaba grandes cuentas de enriquecimiento personal como prueba de que se estaba frente a una organización especialmente coordinada para estos ilícitos. No se determinaron otras responsabilidades directas, pero el escándalo trajo como consecuencia las renuncias de importantes figuras de la Concertación, como el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Alejandro Noemí, el Vicepresidente de Comercialización de la Minera, Gonzalo Trivelli, el Gerente de Ventas, Owen Guerrini y el Subgerente de área, Carlos Derpsch

AÑO 1995
Servicio de Vivienda y Urbanismo
Irregularidades en fiscalización de viviendas.
Serviu-Arica
Fraude al fisco.
Oficina de Inspección del Trabajo
Aparente extracción ilegal de dineros.
Servicio Nacional de Aduanas-Santiago
Se descubrió contrabando de prendas de vestir.
Banco Central
Falta al procedimiento de licitación pública.
Biblioteca Nacional
Desórdenes financieros.
Servicio de Aduanas-Arica
Fraudes descubiertos en el complejo aduanero de Chacalluta.
Empremar
Compra irregular de computadores en el país y fraude al fisco en la V Región.
Correos de Chile
Múltiples licitaciones indebidas.
Banco del Estado
Otorgamiento irregular de créditos.
Servicio Nacional de Aduanas / SAG
Denuncias de corrupción.
Esval-V Región
Claras muestras de nepotismo.

AÑO 1996
SAG
Irregularidades en gastos de la institución.
Servicio Nacional de Aduanas
Irregularidades en declaraciones de importación por pago simultáneo.
Metro de Santiago
Irregularidades en contratos.
Intendencia de Valparaíso
Irregularidades y problemas de gestión, se destituyó al intendente Hardy Knittel.
Congreso Nacional
Escándalo de tráfico de drogas al interior del Congreso.
Banco del Estado-Angol
Contrataciones de contraparte y nuevos créditos irregulares.
Empresa Municipal de Obras Sanitarias, Emos
Múltiples negocios irregulares en Santiago. El más recordado derivó de gestiones anómalas en el pago del colector para el Zanjón de la Aguada.
Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE
Irregularidades administrativas y financieras.
Ministerio de Salud / Servicio de Salud-Bíobío
Irregularidades en Concepción.

AÑO 1997
Compín-Santiago
Actividades incompatibles.
CONADE
Compra irregular de terrenos y derechos de agua en la Región de la Araucanía.
Instituto Nacional de la Juventud
Irregularidades en el manejo de los recursos del organismo para cuotas políticas, que terminaron con pérdidas por cerca de $600 millones. Los ilícitos más comunes fueron fallas administrativas, falsificación de facturas, entregas reiteradas de adjudicaciones a un grupo específico de empresas y consultorías millonarias
Zona Franca Internacional de Iquique
Múltiples irregularidades
Junta Nacional de Abastecimientos y Becas, Junaeb
En junio, la Contraloría investiga y descubre la existencia de coimas y pagos adelantados de concesiones, para los contratos de adquisición de alimentos por $5.600 millones, que aparecían utilizados sin ningún respaldo.
Empresa Nacional de Minería, Enami
Pago de dineros a la secretaria de un diputado DC.
Minvu / Copeva
Invierno 1997, Puente Alto, "Casas de Nylon": Cientos de casas departamentos recién entregadas a sus moradores, a través del fondo de subsidios, quedaron completamente llovidas, con graves filtraciones y daños estructurales severos, producto de las lluvias, que obligaron a sus residentes a poner pliegos de plástico para intentar frenar la entrada de agua. La empresa concesionaria Copeva era de Francisco Pérez Yoma, hermano del ex ministro de Defensa. Luego se supo que el ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla había recibido de regalo un fino caballo de parte de Pérez Yoma, lo cual le costó el puesto. Investigaciones de ingenieros demostraron la existencia de graves irregularidades en las construcciones.
La Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efectos el sometimiento a proceso, a los tres máximos ejecutivos de Copeva por el delito de estafa que había resuelto el ministro en visita, Ismael Contreras.
Seremi de Puerto Natales
Ventas irregulares de terrenos.
Digeder
Entrega de dineros para la campaña política del fallecido diputado DC y ex dirigente sindical, Manuel Bustos.
MOP
Irregularidades en licitaciones para tramos de carreteras y modernización de la ruta 5 Sur. En 1995, una empresa del contratista Francisco Ortúzar había ganado una concesión por $700 millones, pero en 1997 ésta le fue retirada y entregada a Bitumix Ltda, que pedía $2.100 millones.
Serviu-Concepción
Fraude al fisco y cobros indebidos de subsidios. Caso conocido como las "Casas Bilbao": 896 modestas familias de Concepción postularon vía Serviu a adquirir casas propias encargadas a la inmobiliaria Empresa de inversiones Bilbao S.A. A pesar de que la firma recibió un millonario adelanto de $1.700 millones, tomados del fondo de subsidio, las casas nunca fueron construidas. Se indicó como culpable al ex director del Serviu de la VII Región, Ignacio Soler Viada y de la misma inmobiliaria Bilbao por apropiación de dineros fiscales sin cumplir los contratos

AÑO 1998
Junaeb-VII Región
Irregularidades en la entrega de raciones.
Intendencia de la XII Región / FNDR
Uso inaceptable de recursos fiscales en campañas políticas de la Concertación.
Serviu-X Región
Cuestionada compra de terrenos Rahue, Alto Osorno.
Dirección de Gendarmería de Chile
El director de la institución arrendaba su propia residencia al servicio y la ocupaba en el cargo, recibiendo una gran cantidad de dinero por ella. En vista del escándalo, debió presentar su renuncia.
MOP
La empresa mexicana Tribasa ganó la licitación para la remodelación de la Ruta 5 y el Acceso Norte a Concepción, pero en medio de las faenas, la firma quebró y abandonó la obra, sin pagar las indemnizaciones pertinentes. En marzo de 2003 apareció una posible evidencia de irregularidades, comprometiendo a Tribasa con el escándalo MOP-Gate. También se supo que el primo de la Primera Dama, Matías de la Fuente, participó en estos negocios como Director de Planeamiento MOP-Gate y MOP-Tribasa, siendo sometido a proceso en dos oportunidades por esta causa el año 2005
Dipreca
Acusaciones de asociación ilícita y fraude al fisco. Se contabilizan desfalcos por $150 millones.
Banco del Estado / Oficina Nacional del Retorno
Irregularidades en la entrega de recursos para los retornados proveniente desde Alemania. Los recibieron personas íntimamente ligadas a las Concertación, como la esposa del PRSD Anselmo Sule, cuando era senador, Óscar Guillermo Garretón, cuando era presidente del Metro; el director de cine Miguel Littin, cuando era alcalde de la Palmilla; el PPD Pablo Vergara, cuando era alcalde de Ñuñoa.

AÑO 1999
ISP-Santiago
Operaciones ilícitas de una empresa de fachada y otras irregularidades.
Intendencia de la II Región
Denuncia por uso indebido de recursos fiscales.
Servicio de Salud Maule
Irregularidades.
Municipalidad de Tocopilla
Escándalo por apropiación de dineros del organismo.
Gobierno de Chile / Comando electoral de Ricardo Lagos
Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plena campaña electoral

Fuente: despiertachile
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Fuente:DESPIERTACHILE.
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domingo, 26 de julio de 2009

caso mirage debe ser resuelto por la justicia

LA VERDAD TIENE QUE SABERSE Y SER SANCIONADA CON TODO EL RIGOR DE LA LEY

Lo importante es aclarar el porque se ordena la destrucción de documentos a posterioridad. Siempre se ha sabido de los involucrados en el caso Mirage y las jugosas coimas que son "transversales " , todos saben quienes estaban involucrados y sus contactos políticos e institucionales ,fuertemente arraigados en la concertación. Obviamente que quienes sabiendo y conociendo la ley que venía, ordenan la destrucción de documentos que jamás debieron ser destruidos por Seguridad Nacional. Es muy fácil actuar en la impunidad  ,usando todo el poder del estado,  cobrar comisiones, hacer "repartija" a diestra y siniestra y quedar libre de polvo y paja cuando se sabe que las pruebas serán incineradas. Eso a los ciudadanos nos causa tremenda molestia

Entonces, ahora le toca a la justicia que es la única que puede  y debe tener acceso a la realidad y juzgar como se lo ordena la ley y la moral.

 


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jueves, 23 de julio de 2009

otro escandalo de funcionarios de la concertación

Chofer que transportaba a seremi atropella a mujer y se da a la fuga

  • Obras Públicas expulsó al conductor que viajaba ebrio y protagonizó una persecución a 160 km/h. Además inició un sumario para establecer la eventual responsabilidad de la autoridad.
Ariel Ramos, El Mercurio
Jueves 23 de Julio de 2009 18:52
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SAN FERNANDO.- El seremi de Obras Públicas de la Región de O'Higgins, Sergio Araya, se vio envuelto esta tarde en un confuso incidente, luego que el vehículo en el que viajaba atropellara a una mujer y luego se diera a la fuga.


El hecho ocurrió en el kilómetro 21 de la Ruta I-50, sector Callejones, en Nancagua, cuando la camioneta Nissan conducida por Daniel Mella arrolló a una ciclista, causándole lesiones leves.


Según fuentes policiales, tras el incidente el conductor escapó del lugar a 160 kilómetros por hora iniciándose una persecución que terminó en la Ruta 5 Sur, a la altura del sector La Paloma, donde el vehículo fue interceptado.


Tras ello, el chofer fue sometido a una alcoholemia que marcó 1.78 grados de alcohol.


El sujeto fue detenido y mañana será formalizado en el Tribunal de Garantía de Santa Cruz.


Obras Públicas, en tanto, emitió un comunicado informando que Mella fue dado de baja, "porque su accionar no se condice con la calidad de funcionario público".


Además, inició un sumario para aclarar la situación del seremi, quien habría señalado que no se percató del atropello, ya que venía durmiendo en la parte de atrás de la camioneta.

¿,,,y que pasó con el SEREMI? Lo protege el Gobierno....


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martes, 21 de julio de 2009

También recurrirán a la contraloría y a los tribunales de justicia, explican

lA iNTERVENCIÓN ELECTORAÑ  DEL ESTADO ESTA A LA VISTA TODOS LOS DÍAS Y OTRAS MUY CAMUFLADAS

INTERVENCIÓN QUE FREI VALIDA....UNA DESFACHATEZ

 

Alianza denuncia intervención electo

ral y evalúa acusación constitucional

Exequiel Pino DF

Decididos a terminar de raíz con todos aquellos actos, discursos, regalos, y cualquier acción gubernamental que bajo su óptica pueda ser catalogada como intervención electoral están los máximos dirigentes de la Coalición por el Cambio.

Y para lograrlo evalúan recurrir a un conjunto de medidas que van desde la denuncia pública, pasando por recurrir a la Contraloría y los Tribunales de Justicia, hasta usar el mecanismo de la acusación constitucional en contra de varios ministros de Estado.

Así fue conversado ayer en la sede del candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, entre todos los presidentes y representantes de los partidos que integran el comando estratégico del abanderado opositor.

Y en la reunión incluso evaluaron los nombres de los primeros ministros que podrían ser citados al Congreso para responder a las denuncias, tras concluir que las autoridades del gobierno están aumentando este tipo de prácticas.

Cabe precisar que en la cita estuvieron presentes los presidentes de la UDI y RN, Juan Antonio Coloma y Carlos Larraín, respectivamente, además de los senadores Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick (UDI); y los candidatos al parlamento, Joaquín Lavín y Jorge Schaulsohn, entre otros.

Fuentes que participaron en la cita, añadieron que ya están en la mira para ser acusados: la ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá; de la Vivienda, Patricia Poblete; y de Agricultura, Marigen Hornkohl; además del subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, entre otros.



Las razones

Y es que al interior del comando de Sebastián Piñera llegaron a la conclusión que el gobierno aumentará la intervención utilizando con fines electorales gran parte de los recursos que actualmente dispone, por la vía de entregar subsidios y bonos directos a la ciudadanía.

Pero la gota que rebalsó el vaso -explican las fuentes- fueron las declaraciones de la ministra Tohá, alertando sobre las razones por las cuales sería peligroso que la Alianza llegue al gobierno, más la  millonaria campaña publicitaria desplegada para difundir las medidas pro empleo del Ejecutivo.

"Vamos a ocupar todas las instancias que estén a nuestro alcance y éstas van desde las denuncias públicas, hasta -si logramos tener los antecedentes- ir a la Contraloría y a los tribunales. Nada está descartado. Todo dependerá del tipo de intervención que vayamos detectando", recalcó Chadwick.

Añadió que "lo más grave es que el senador Eduardo Frei como candidato presidencial ha justificado el uso de los recursos públicos a favor de una campaña electoral y, en este caso, de la Concertación. Que haya justificado, avalado e incentivado el uso de los recursos públicos para una intervención electoral, nos parece gravísimo", sentenció.

Mientras que el presidente de RN, Carlos Larraín, arremetió sobre todo en contra del subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy porque "tiene un presupuesto de $ 600 mil millones a su disposición y eso se usa muchas veces con criterio político. ¿Qué asunto tiene informarnos sobre las medidas que se toman contra el desempleo a un costo de $ 6 mil ó $ 7 mil millones, cuando esos dineros se podrían destinar a crear empleos?", reclamó.



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Rodrigo González Fernández
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domingo, 19 de julio de 2009

FREI DEBE RESPONDER POR LOS SOBRESUELDOS DE SU GOBIERNO PASADO

¿HA RESPONDIDO FREI POR LOS SOBRESUELDOS DE SU ADMINISTRACION?

 

Hay que refrescar la memoria a los Chilenos respecto a un hecho del hoy Candidato a la Presidencia Eduardo Frei  otrora Presidente de la República  :  el desvergonzado pago de sobresueldos en su gobierno (1994-2000), que fluctuaban entre 1 y 3 millones de pesos, a sus ministros, intendentes, gobernadores, subsecretarios, etc. Esta práctica comenzó durante la Presidencia de Patricio Aylwin Azócar, convirtiéndose en un método habitual de los gobiernos de la Concertación hasta que Ricardo Lagos Escobar fue descaradamente descubierto al utilizar los gastos reservados para usos no legítimos, contratando al famoso "hombre del maletín'' para pagar estos sobresueldos a los empleados de las distintas reparticiones fiscales; otra característica del evidente hecho de corrupción, es que estos sobresueldos no pagaban impuestos, por lo tanto no figuraban en las declaraciones de ingresos de quienes lo recibían. Asi se destapo en caso MOP GATE y todas sus aristas delicticvas sancionadas por la Justicia y que funcionaba como "cajero automático" del Partido Socialista de Chile

Una persona asi , lógicamente no puede ser Presidente de la Republica


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Los cambios que proponen su directora, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría:

Los cambios que proponen su directora, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría:
La insospechada crisis que amenaza al Archivo Nacional

Siempre fue el pariente ignorado de la administración, pero la Ley de Acceso a la Información y la destrucción de información clave sobre la compra de los Mirage en la FACh dirigen las miradas a la necesidad de poner al día la documentación histórica y revisar las normas sobre su eliminación. Para peor, en 2011 su capacidad se copará.  

Pilar Molina A.  EL MERCURIO

La eliminación en 2001 de documentos claves que podrían aclarar si hubo pagos irregulares en la compra de 25 aviones Mirage en 1994 por parte de la FACh y la entrada en vigencia, en abril, de la nueva norma que consagra el acceso a toda la documentación pública han dejado al desnudo lo atrasados que están nuestros archivos históricos.


No se trata del lío con los respaldos de 262 mil millones de pesos del pago de subvenciones escolares, los cuales buscaban afanosamente en 2008 funcionarios del Ministerio de Educación en bodegas, asegurando que estaban, pero no sabían dónde...


Aparte del desorden casi natural que en ocasiones se ha visto en la administración pública, la Ley de Acceso a la Información se ha convertido en un látigo para mejorar la gestión documental y de archivo de los 262 servicios públicos y los municipios.


Los ministerios, acicateados por la nueva normativa, han enviado un 40% más de información al registro nacional que los años anteriores.


No es que nuestro Archivo Nacional no cumpla con su misión, que es almacenar los documentos oficiales y fiscalizar que todas las reparticiones públicas cumplan con su deber de mandarle la información que tiene más de 5 años en el caso de los ministerios, 60 en el caso de los municipios e intendencias, 80 en el caso de los notarios y conservadores, y 30 en el de los tribunales.


Oficios desde 2006 solicitando a los servicios remitir documentación


Es que por dónde se empieza cuando hay sólo 6 ministerios con los datos parcialmente al día. Hay intendencias, como la de Coquimbo o Maule, que no envían la documentación al sistema desde fines del siglo 19; gobernaciones que no la registran desde mediados del mismo siglo, y el caso de los municipios es el peor de todos.


Son los más atrasados. La mayoría de ellos debe información de las actas del Concejo -lo único que deben despachar- de gran parte del siglo XX.


Con todo, Nivia Palma está orgullosa de los 90 millones de documentos catalogados que almacena el Archivo Nacional, los cuales se encuentran en 10 minutos, y 2 millones de ellos digitalizados, que son los más consultados desde cualquier parte del país por Internet.


La directora del Archivo Nacional y también de la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) asegura que no empezaron la tarea de pedir los registros atrasados con la ley que entró en vigencia en abril pasado, sino que ella tiene oficios desde 2006 solicitándoles a los servicios remitir la documentación oficial. Antes de la nueva normativa se vio copada por la demanda de asesorías y capacitación, y mandó a todas las reparticiones en febrero un instructivo recordando cómo deben manejar y archivar los documentos oficiales que hoy debieran considerar también los correos electrónicos.


10 pesos de multa que debe aplicar ¡el Presidente de la República!


Pero la realidad es que el Archivo Nacional -que depende de la Dibam y ésta del Ministerio de Educación- sólo tiene 100 funcionarios, un archivo central que funciona en la Biblioteca Nacional con 24 mil metros lineales de documentos y sólo dos archivos regionales (Araucanía y Tarapacá). Y según su ley de 1929, puede sancionar los incumplimientos con multas de 10 pesos por día de atraso que debe aplicar ¡el Presidente de la República!


El proyecto de ley que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados, sobre el Instituto del Patrimonio, propone crear un archivo por región. Pero Nivia Palma quiere más: "La ley de Acceso a la Información subió al país la exigencia de archivos institucionales, y como no hay cultura ni conciencia de la gestión documental y archivística en la administración pública, nosotros hemos planteado que cada servicio haga un diagnóstico de lo que no tiene (por incendios, inundaciones y otros), y nos envíe una resolución fundada de por qué esa información no está disponible".


La abogada niega que en el período militar haya habido eliminación masiva de documentos: "No tengo información fundada de ese período, sólo rumores. Pero tampoco hemos tenido los recursos para hacer el diagnóstico".


Además, pidió al Gobierno 50 funcionarios más en 2010 y que en cada ministerio, servicio público y municipio haya una persona responsable del archivo.


Y al Ejecutivo le hizo una advertencia final: "En 2011 no puede entrar un documento más al Archivo Nacional, porque se termina de copar".

 

Consejo para transparencia quiere evitar que la excusa del archivo convierta en ineficaz la Ley de Acceso a la Información

A pesar de todas las marchas blancas que pidió el ministro José Antonio Viera-Gallo al Consejo para la Transparencia frente a la información histórica -impulsar, antes que sancionar-, reconociendo que "hay muchas reparticiones públicas que no han cumplido con la obligación de entregar cada 5 años su documentación al Archivo Nacional", el Consejo no ha tenido tiempo de tejer una jurisprudencia.


De los 40 reclamos que ha recibido por información denegada desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información en abril, sólo un caso se refiere a datos de archivo. Al no estar notificado el reclamo, sólo se puede informar que un ciudadano pidió una boleta de 2003, que el municipio alegó haberlo eliminado legalmente, a pesar de lo cual el Consejo resolvió que está obligado a entregar otra información relacionada al documento que pueda acreditarlo.


"Ese municipio tiene que hacer todos los esfuerzos para satisfacer el derecho a la información", señala el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo.


Respecto a quién responderá y será sancionado cuando una información histórica no esté disponible porque administraciones anteriores la eliminaron o no la enviaron al Archivo Nacional, Olmedo señala que "el Consejo exigirá continuidad institucional para responder al derecho a la información, lo cual significa que los funcionarios de turno tendrán que justificar legalmente la inexistencia de una información, como haber aplicado normativa de expurgación, pero si no es así, serán sancionados".


El abogado señala que su repartición está disponible para trabajar con el Ejecutivo en políticas para diagnosticar y mejorar los archivos, lo cual siente como un desafío que necesariamente obligará a la modernización del Estado, instando a responder dentro de plazos.


"La Ley de Acceso tiene 3 causales de reserva y el peligro latente es que la respuesta 'no tengo la información disponible' del servicio se convierta en una cuarta causal que si es sistemática haría la ley inefectiva".


Evitar eso es el desafío del nuevo órgano creado para garantizar la transparencia pública.

Las definiciones pendientes después del caso FACh

Hoy sería imposible que la FACh repitiera lo que hizo en 2001, cuando su comandante en jefe Patricio Ríos fue autorizado por el contralor Arturo Aylwin a eliminar "los antecedentes relativos a la rendición de cuentas" de los gastos hechos con los ingresos de la ley del cobre del período 1981-1996.


La FACh no incumplió una norma, porque la ley orgánica constitucional que creó la Contraloría permite que los libros, documentos y cuentas sean incinerados después de 3 años de su revisión definitiva, "salvo que el Contralor considere de especial interés conservarlos" (artículo 21).


Y en 2001 Aylwin autorizó eliminar esas cuentas, a pesar de que había una investigación judicial en curso en los tribunales, iniciada por el senador Nelson Ávila por supuestas irregularidades en la compra de los aviones Mirage a Bélgica.


Consultado en una actividad oficial, el actual contralor, Ramiro Mendoza, señaló que "hoy sería muy improbable una destrucción tal de documentos. Se autorizan muy pocas eliminaciones y, en todo caso, después de auditado el 100% de las cuentas y descartando que haya alguna investigación judicial en marcha. El mismo criterio se está aplicando en regiones, de manera que la decisión que autorice la destrucción de documentos tenga una sola mirada a nivel nacional. Por último, hoy todo lo que se elimina, si es trascendente, puede ser respaldado digitalmente".


Si hubiera respaldo digital de la información que incineró la FACh, hoy podría saberse si los 14 millones de dólares fueron una comisión o el pago del pie de la compra de los Mirage, según sostienen contradiciéndose los ex comandantes en jefe Ríos y Vega.


Desde que Mendoza asumió en abril de 2007, las tres peticiones para incinerar información en Santiago han sido denegadas, porque las cuentas respectivas no han sido 100% auditadas. Sí se han autorizado 11 expurgaciones en otras 4 regiones, pero en todas la contabilidad había sido 100% auditada y sin procesos judiciales pendientes.


Excepciones: FF.AA., policías, Cancillería


No todas las reparticiones se guían por la misma ley para archivar y eliminar. La directora del Archivo Nacional cuenta que son excepciones la Cancillería, que tiene sus propios archivos, y también las FF.AA. y las policías, a las cuales la ley 18.771 de 1988 autorizó a archivar y eliminar según sus propias disposiciones.


Palma cree que "es muy peligroso tener normas especiales para eliminar documentos porque se pueden prestar para cosas como las ocurridas con la compra de los aviones FACh". Y se pregunta si se justifica esa excepción todavía, cuando la misma ley de 1929 que creó la Dibam y el Archivo Nacional permite también la confidencialidad: "Todos los antecedentes y datos de la Comisión de la Tortura, por ejemplo, tienen carácter de reservado por 50 años, y el responsable político es el subsecretario de Interior".


Según Palma, esta ley es la que explica que Carabineros pueda proceder a eliminar una circular, si consideró que ésta no es un documento oficial, aunque para efectos de la directora del Archivo Nacional "sí lo es".


Es lo que ocurrió con una circular de 1992 que instruía al personal en servicio sobre el trato a parlamentarios y en la cual se amparó la institución para sancionar en 2008 al cabo que le cursó un parte al chofer del senador Guido Girardi por exceso de velocidad.


"El Mercurio" solicitó formalmente el documento, pero Carabineros respondió en marzo último que como no era un escrito oficial y estaba en desuso, había sido incinerado.


A estas alturas son tantas las dudas respecto de qué es o no oficial y si se puede o no y cómo eliminar, que Contraloría proyecta poner al día el instructivo del ex contralor Iturriaga de 1981, referente a eliminación de documentos en la administración pública.



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viernes, 17 de julio de 2009

Castigarán la colusión con cárcel y millonarias multas

Castigarán la colusión con cárcel y millonarias multas
 
La Comisión de Constitución avanzó en la aprobación de las normas contenidas en el proyecto que sanciona la colusión y podría despachar la iniciativa a Sala durante su próxima sesión de trabajo.

Quienes fijen precios de venta o compra, limiten la producción o se asignen cuotas de mercado relativas a bienes o servicios de primera necesidad, serán sancionados con penas de entre 61 días a 5 años de cárcel y con multas que pueden llegar hasta las 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), aproximadamente $13.500 millones, de ser encontrados culpables.

 

Esa es una de las normas que aprobó la Comisión de Constitución del Senado, presidida por el senador Alberto Espina, en el marco de la discusión del proyecto en primer trámite que sanciona penalmente la colusión.

 

Según explicó el integrante de esa instancia, senador José Antonio Gómez, "aprobamos algunos artículos y nos abstuvimos en otros, porque tenemos algunas dudas de cómo se resuelve la delación compensada que se está estableciendo, pero hemos avanzado bastante en lograr que aquellos que  perjudican, se coluden y generan perjuicios a la población, subiendo o bajando precios tengan una sanción".

 

Si bien actualmente hay sanciones administrativas para quienes se coluden, el proyecto contempla un castigo penal de presidio menor en cualquiera de sus grados, esto es de 61 días a 5 años, además de multas de hasta 30 mil UTA.

 

DELACIÓN COMPENSADA

 

El proyecto también busca regula la delación compensada en materia penal, en el sentido de que se aplique a las mismas personas que frente a la Fiscalía Nacional Económica fueren objeto de ese beneficio, sin perjuicio de que deberán ratificar los mismos hechos que señalaron en esa entidad.

 

La idea es establecer exención de responsabilidad penal si se ha colaborado sustancialmente, primero en sede administrativa, al esclarecimiento de los hechos.

 

Al respecto el senador Gómez señaló que si bien existe un criterio común respecto de que se debe contemplar esa posibilidad, el punto en debate es cómo se compatibiliza la facultad que tiene la Fiscalía Nacional Económica de darle beneficios a aquel que da información en el ámbito administrativo y que eso tenga efecto en el ámbito penal.

 

"No hay diferencias de opinión, estamos todos concientes que es  necesario que exista esta posibilidad eximente de responsabilidad penal, pero cómo lo operamos para que el Ministerio Público lo considere real y no se establezca que una persona da una información y finalmente termina procesada porque el Ministerio Público no consideró que ese eximente corresponda", señaló.

 

El legislador precisó que es fundamental  ver "cómo hacemos para que esa delación compensada no le afecte en materia penal, porque si no, no va haber nadie que quiera ocupar el mecanismo, porque si se auto denuncia y termina eximido de la responsabilidad administrativa y de la multa, pero termina preso, probablemente no va a haber quien quiera utilizar ese mecanismo y esa conjunción es la que debemos ver".


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El nuevo herald: Argentina, Demandan investigar a los Kirchner

Demandan investigar a los Kirchner


Cristina Fernández de Kirchner junto a sus esposo, Néstor, en el Calafate, dando un paseo por el Lago Argentino en junio del 2006.
 
Cristina Fernández de Kirchner junto a sus esposo, Néstor, en el Calafate, dando un paseo por el Lago Argentino en junio del 2006.
efe

BUENOS AIRES

Un grupo de legisladores opositores solicitaron el jueves a la Justicia que investigue a la presidenta Cristina Fernández y a su esposo y ex mandatario Néstor Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de que el matrimonio declaró un aumento del 158 por ciento de su patrimonio en el último año.

En tanto que un abogado particular pidió reabrir una causa contra el ex presidente (2003-2007) por presunto enriquecimiento ilícito que fue cerrada en el 2008.

Los diputados Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán, de la opositora Coalición Cívica, acudieron a los tribunales federales para ampliar una denuncia que habían presentado el año pasado contra Kirchner y un grupo de funcionarios por asociación ilícita.

En el nuevo escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, los legisladores piden se ''amplíe los términos de la denuncia a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner'', quien no figuraba en la demanda original, y que además al matrimonio Kirchner se lo ``investigue por la posible comisión de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero''.

La presentación se realizó en base a la última declaración jurada de los Kirchner presentada ante la Oficina Anticorrupción y que se difundió el martes. En ella, informan que durante el 2008 su patrimonio neto pasó de 17.8 millones de pesos ($4.6 millones) a 46 millones de pesos ($12 millones), lo que representa un incremento del 158 por ciento.

''La obviedad y novedad de la ampliación de la denuncia es la imposibilidad de explicar de manera razonable el incremento de dinero en la declaración de patrimonio que presentó Cristina Fernández'', explicó en un comunicado.

Los Kirchner justificaron el incremento por la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, provincia natal del ex presidente; la triplicación de sus depósitos bancarios; y la creación de dos nuevas empresas vinculadas al negocio hotelero.

También como consecuencia de la nueva declaración jurada, el abogado Ricardo Monner Sans solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la reactivación de la causa contra Néstor Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito iniciada a principios del año pasado y que fue archivada por la Cámara Federal por falta de pruebas.


Fuente:el nuevo herald
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jueves, 16 de julio de 2009

la discusion: Crece monto de malversación detectada en Departamento de Educación local

                Crónica
 
 
Crece monto de malversación detectada en Departamento de Educación local
principal afectado ha entregado antecedentes que apuntan a la responsabilidad de otras personas en el delito, que habrían formado una red
Jueves 16 de Julio de 2009.

La Corte de Apelaciones de Chillán determinó que el funcionario del Departamento Provincial de Educación acusado de malversación de caudales públicos deberá retornar a la penitenciaría mientras dure la investigación.

La medida dejó conforme a la fiscal a cargo del caso, Patricia Suazo, quien cree firmemente que se dan todas las condiciones para que el imputado, Eugenio Martínez, y autor confeso del millonario delito retorne a prisión.

El caso, comenzó a develarse luego que la propia directora provincial de Educación, Juana Castro, comenzara una investigación interna tras conocer una denuncia presentada por una sostenedora de un establecimiento educacional de Coelemu.

Según se conoció, Martínez ordenaba pagar una cifra mayor a los sostenedores y luego los contactaba para que restituyeran las respectivas diferencias en un cheque abierto y no a nombre de la Secretaría Ministerial de Educación.

Si en un comienzo se consideraba que la pérdida de dineros fiscales ascendería a los 10 millones de pesos, con el transcurso de los días se ha llegado a determinar que serían unos 15 establecimientos los que habrían sido defraudados por un total de al menos 60 millones de pesos.

El funcionario, que tenía un grado muy bajo dentro del escalafón del Deproe, estaba muy bien considerado al interior del servicio y habría generado buenos lazos con personal de finanzas de diversos establecimientos de la provincia.

Si bien se pensaba que Martínez había actuado solo, en los últimas semanas surgió una pista que podría llevar a otras personas que habrían formado parte de una red.

Esta hipótesis, comenzó a ser analizada luego que el inculpado, quien ha mostrado muy buena disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, manifestara que hay otras personas involucradas en la apropiación indebida.

Sin embargo, la fiscal Patricia Suazo, quien trabaja con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, no ha podido acreditar que otras personas se coludieran con el imputado.

Eventuales cómplices.

Los detectives de aquella repartición ya tomaron declaraciones a los eventuales cómplices de Martínez y hasta ahora no aparece ninguna prueba de que haya existido vinculación entre ellos.

"Él, señala haber actuado con otras personas de otros colegios; no directamente sostenedores, pero sí jefes de contabilidad y distintas personas", agregó la fiscal.

Sin embargo, es una tesis que no se puede dejar de lado, pero la principal vía de investigación apunta a que el ex funcionario estatal habría ideado la forma de retener fondos para su provecho, toda vez que sus ingresos eran muy bajos".

La fiscal sostiene que reiteradamente el imputado, quien arriesga 5 años de reclusión, ha manifestado que los dineros que obtuvo los habría utilizado para cancelar deudas, mejorar su calidad de vida, ayudar a su madre, quien se encontraría enferma, entre otros gastos. Pero hasta ahora no han surgido antecedentes que lleven a pensar que Martínez se haya enriquecido con el dinero sustraído, o lo hubiera invertido en bienes inmuebles o en viajes al extranjero.

De hecho, en la carpeta de investigación se consultaron cuentas bancarias propias y de otras personas, además de pedirse antecedentes sobre eventuales viajes fuera del país lo que no ocurrió.

La investigación no está pronta a terminar, toda vez que se deberán analizar las cuentas de 100 establecimientos educacionales de toda la provincia, con quienes tenía contacto Martínez. Ayer no fue posible obtener una versión de la directora provincial de Educación, Juana Castro, quien realiza un sumario interno..


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lunes, 13 de julio de 2009

Indulto sí, indulto no

UNA BUENA IDEAS DE JORGE SCHAULSOHN

Indulto sí, indulto no

Jul. 13 , 2009

1 Comments

 

·          

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La cosa está que arde. El indulto concedido por Eduardo Frei a un condenado por narcotráfico es para él una de esas pesadillas recurrentes que nos visitan varias veces por semana. Como la de soñar que caemos desde una gran altura o que de pronto estamos desnudos en medio de la vía pública.

La crítica a Eduardo Frei es enteramente legítima, le costará votos y él debería, más que enojarse, explicarle al país cuales fueron las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. No tengo dudas de que se lo preguntarán en el primer debate presidencial. Puedo escuchar al periodista diciendo: "Senador, en el año tal, usted indultó a una persona que estaba condenada a 20 años de cárcel por internar 500 kilos de cocaína al país, ¿podría explicarnos por qué lo hizo? ¿En qué estaba usted pensando? ¿Cuál fue la lógica de su decisión?". Por eso creo que es mejor que lo haga ahora, en forma voluntaria, escogiendo él la hora y el lugar y cuando podrá disponer de todo el tiempo necesario para hacerlo y no de los pocos minutos típicos de un debate en televisión. Además sus adversarios, que estarán en mayoría, no podrán replicarle de inmediato, obligándolo a pelear contra tres o cuatro.

Tal vez el ex Presidente haya tenido sus razones, y si así fue, es bueno conocerlas. Tal vez estaba distraído y simplemente firmó un papel sin leerlo. Si así fue, sería preocupante por cuanto la facultad de indultar es indelegable y por lo tanto tiene que tomarse seriamente. Tampoco sería el único mandatario que no le habría prestado atención a sus indultos. El otro día, la Presidenta Bachelet consultada en Tolerancia Cero sobre si ella los había concedido, dijo no estar segura, pese a que lo ha hecho en 61 oportunidades.

Por lo demás Frei indultó a Cupertino Andaur y a Juan Zenón Soto campos, conmutándoles la pena de muerte por asesinato y violación de dos menores por la de presidio perpetuo; y defendió con valor su determinación por ser contrario a la pena de muerte.

Frei no sería el único arrepentido por conceder un indulto. Hace no mucho tiempo, un carabinero fue asesinado mientras trataba de detener un asalto en pleno centro de Santiago por un ex lautarista que estaba en libertad beneficiado por una Ley de Indulto dictada por las mas amplia mayoría del Congreso (Concertación y Alianza), por un delito similar cometido en 1991, es decir en plena democracia.

El indulto presidencial ha existido desde siempre y es una facultad consagrada en nuestra Constitución. Sólo está prohibida para aquellos condenados por Ley Antiterrorista. Podríamos argumentar que, de igual modo, no debería existir para los narcotraficantes a gran escala, pero hoy no es así.

Para acceder al beneficio hay que estar condenado por sentencia ejecutoriada, es decir sin recursos pendientes. Se supone que se debe otorgar cuando existen grandes razones de justicia, equidad o conveniencia pública. En los países donde hay  pena de muerte, los Pactos Internacionales y que Chile ha suscrito, obligan a que exista la facultad de indultar.

Pero los sistemas y procedimientos no son iguales en todas partes. En Chile quien decide es exclusivamente el Presidente de la República. Pero en España es menester requerir la opinión del Tribunal Supremo de Justicia; y si bien es cierto que dicho pronunciamiento no es vinculante para el Jefe del Estado, nunca se ha otorgado un indulto en ese país contra la opinión del más alto tribunal.

Pienso que sería una muy buena solución para Chile: Reformar la constitución de modo que antes de concederlo el Presidente deba oír al pleno de la Corte Suprema. Así, si resuelve ignorarla, deberá asumir todo el costo político personal y directamente; y si lo hace en concordancia con ella, la ciudadanía tendrá mas confianza en que la determinación tenía fundamentos suficientes ya que el poder judicial, que condenó al beneficiario en primer lugar estuvo de acuerdo con indultar.


Fuente:la tercera
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