CORRUPCIÓN

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martes, 13 de mayo de 2014

sinverguenza sigue apernado en cargo dijo un pequeño empresario en el norte que lo dejo clavado

70 facturas impagas dejó gestión de subsecretario de Minería en Cerro Dominador en 2013

Ignacio Moreno asumió el mando de la firma el 13 de enero de 2012. Según los registros judiciales, desde inicios del año pasado se comenzaron a precipitar los impagos en la empresa con sus proveedores. 

por:  La Segunda
martes, 13 de mayo de 2014

Un total de 70 facturas impagas, por montos que suman más de $ 700 millones correspondientes a servicios otorgados por proveedores y contratistas a la Minera Cerró Dominador -entre enero de 2013 y febrero de este año- dejó la gestión que realizó en esta compañía el actual subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, entonces gerente general de la firma.

La información aparece detallada en los registros de los tribunales civiles del país y sólo considera los procesos vigentes o en gestión preparatoria.

Esta situación abrió críticas de parlamentarios oficialistas y de oposición, que han pedido que deje el cargo.

Según las actas de directorio de Cerro Dominador, Moreno asumió la gerencia general de la firma tras ser ratificado por el directorio de la compañía a contar del 13 de enero de 2012 y en reemplazo de Fernando Alvareza, quién había renunciado a la gerencia de la empresa el 23 de agosto de 2011.

De esta forma, según los registros judiciales, parte importante de lo adeudado por la empresa de servicios a la minería a sus proveedores se originó durante el segundo año de gestión de Moreno y cuando éste ya debía encontrarse al tanto de la situación financiera de la compañía.

De hecho, las estimaciones iniciales apuntan a que Cerro Dominador adeudaría a sus proveedores, bancos y trabajadores cerca de US$ 30 millones, sin embargo el síndico de quiebras designado por el 28º Juzgado Civil de Santiago, Enrique Ortiz D'Amico, señaló que la cifra final de lo adeudado se conocerá a fines de junio, plazo hasta el cual los acreedores de la empresa tienen para presentar los documentos que los acreditan como acreedores valistas.

Ortiz agregó que de acuerdo a las evaluaciones realizadas, la compañía venía arrastrando problemas financieros al menos desde hace tres años, motivo por el cual se está evaluando su continuidad de giro, supeditada a la obtención de financiamiento bancario que a la fecha aún no consiguen.

Según los registros judiciales, Cerró Dominador a inicios de 2013 comenzó a dejar de pagar a sus proveedores de manera progresiva, acumulando hasta 26 facturas impagas con una misma empresa.

Entre los afectados se cuentan a empresas mineras, prestadores de servicios, firmas de aseo, navieras, empresas comerciales y de tecnología, personas naturales, empresas contratistas, una empresa de catering y una fábrica de muebles.

Carta del subsecretario

 

Si bien, La Segunda intentó contactar durante varios días al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, este se limitó a responder por medio de una carta al director en que señala que "poseo más de 16 años de experiencia profesional en el rubro minero, y como tal y por intermedio de un «head hunter» fui contratado como Gerente General de la empresa minera Cerro Dominador y no tuve nunca participación en su propiedad".

Agregó que "desempeñé mi cargo con profesionalismo y ética y tuve que enfrentar múltiples problemas financieros que se arrastraban desde mucho antes de mi contratación. Durante mi gestión la empresa mantuvo operaciones a pesar de las dificultades. Se pagaban las remuneraciones y leyes sociales de los trabajadores de la empresa, y se mantenían calendarios de pago regulares con los proveedores".

Señala que desde que asumió en la subsecretaría "no he tenido injerencia alguna en la gestión de Cerro Dominador" y añadió que "por lo mismo, no existen "conflictos de intereses para ejercer mi cargo".

Fuente:lasegunda

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Rodrigo González Fernández
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Cascadas: diferencias en procedimientos de SVS y Fiscalía complican éxito de arista penal

Cascadas: diferencias en procedimientos de SVS y Fiscalía complican éxito de arista penal

Se espera que en los próximos días se resuelva la investigación por la querella interpuesta por Julio Ponce contra el ex titular de la SVS, Fernando Coloma, por prevaricación administrativa.

  • Por J. Catrón/M. Villena

    US$ 400 millones sería el daño patrimonial a cascadas.

    Ya a comienzos de año el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, en entrevista con Diario Financiero, daba algunas luces respecto a una arista del Caso Cascadas que eventualmente podía convertirse en un problema: el standard que se sigue en investigaciones realizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y los que debe seguir el Ministerio Público.

    Reconociendo que parte del proceso que llevan en la Fiscalía Centro Norte iba a estar abocado a reconstruir la información recogida por el regulador, Morales señaló que "lo relevante para nosotros son los antecedentes, conclusiones y la evidencia que se pueda recopilar de la investigación de la SVS, y que más adelante, de haber sido recopilada ésta de forma legal, y respetando los derechos de las personas, puedan ser incorporadas en el proceso penal".

    Y ahí está el punto: según señalan abogados de algunas de las partes que están dentro del segundo grupo de formalizados de cargos, no se respetaron algunas de las garantías mínimas a la hora de tomar las declaraciones por parte de funcionarios del organismo, como por ejemplo en qué calidad se estaba haciendo dicha declaración (imputado, testigo, etc). Así, éstas no serían admisibles dentro del proceso penal.

    Lo mismo ocurriría con otros antecedentes incluídos en el expediente.

    ¿El mismo standard?

    Acá hay posturas encontradas. Por un lado, cercanos a la fiscalía sostienen que los aspectos técnicos de estos procedimientos son los mismos que debieran regir para la SVS. De hecho, ésa sería una de las razones por las que los antecedentes recabados por el regulador son aptos para ser entregados al Ministerio Público (como ocurrió en el caso La Polar, entre varios otros más).

    Por otro lado, abogados conocedores de los procedimientos de la SVS indican "respecto de las investigaciones que realizan la SVS y el Ministerio Público, que son funciones de naturaleza distinta, que obedecen a leyes y mandatos diferentes. La SVS, entre otras funciones, realiza una investigación administrativa tendiente a la posible aplicación de una sanción administrativa por infracciones a la normativa que rige un ámbito específico de regulación –Mercado de Valores- y que son impuestas por el mismo organismo; mientras que el Ministerio Público tiene la responsabilidad exclusiva de la persecución penal, esto es, de reunir los antecedentes que le permitan llevar a un infractor a la norma criminal (delito) para ser juzgado por los tribunales de justicia"

    Respecto al derecho a defensa, agregan fuentes del proceso, ha quedado de manifiesto que una diferencia con el procedimiento penal ha sido el conocimiento de los antecedentes por parte del imputado, y de la no obligación de los imputados para declarar, aspectos que no habrían sido puestos de manifiesto a la hora de realizar determinadas diligencias.

    Sin embargo, otras fuentes indican que las personas que prestan declaración a la SVS, firman su testimonio en un acta y son informados que su declaración puede ser utilizada para efectos de una investigación.

    Y como ejemplo de la efectividad de la investigación del regulador indican que todas las multas aplicadas por el organismo han sido ratificadas por la Corte Suprema, entre ellas delitos de uso de información privilegiada en el caso D&S-Falabella, infracciones al deber de abstenerse en el caso Lan, y la prohibición a los ex controladores de la fallida corredora Alfa de volver a ejercer el corretaje.

    De hecho, explican que a pesar de que la sanción fue ratificada en la suprema, la Fiscalía perdió el caso.

    Las mayores atribuciones de la fiscalía
    Son varias las facultades adicionales con las que cuenta el Ministerio Público a la hora de realizar una investigación, a las que la SVS no tiene acceso.
    Entre aquellas, más intrusivas que las del regulador, se encuentran la posibilidad de solicitar la intervención de teléfonos, requisar o allanar propiedad privada, solicitar información de movimientos bancarios, citar a declarar (de acuerdo al procedimiento penal), entre varias otras. Además, cuenta con el apoyo de la Policía de Investigaciones.
    De hecho, una de las medidas que, hasta el momento, no ha sido solicitada por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, es el requisar computadores y correos de distintas sociedades involucradas en la investigación. La razón estaría en que la causa, antes de pasar a la Fiscalía Centro Norte (de la que depende esta unidad), estuvo radicada cerca de un año en la Fiscalía Oriente, y en ese período no se ordenaron dichas diligencias, por lo que los equipos podrían haber sido renovados.
    Esto, a diferencia de la Superintendencia de Valores y Seguros, que entre sus atribuciones sólo puede tomar  declaraciones, solicitar informes y revisar procedimientos.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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