CORRUPCIÓN

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miércoles, 28 de octubre de 2009

RSE: La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción: una perspectiva empresarial
28 de Octubre de 2009 - 08:50:17 por Redacción

 Empresa sin CorrupciónLa palabra corrupto suena a exabrupto, una práctica extrema con la que ninguna empresa se identifica. Sin embargo, la corrupción está mucho más cerca de lo que pensamos. La corrupción empresarial es una deslealtad en la toma de decisiones de un empleado o un directivo de una empresa cuando los intereses particulares se anteponen a los intereses de la compañía. Se trata de un grave problema para cualquier empresa porque, más allá de sus implicaciones morales y éticas, pone en peligro la estabilidad y el desarrollo futuro de la propia empresa, y compromete el equilibrio de la economía mundial.


 


Pero ¿pueden hacer algo las empresas contra la corrupción? El documento "La lucha contra la corrupción: una perspectiva empresarial" de la Cátedra 'la Caixa' de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo apunta que el sector privado forma parte del problema y, por tanto, tiene también la obligación moral de compartir responsabilidades y unir esfuerzos para combatir la corrupción.



Consejos para luchar contra la corrupción


En opinión de Antonio Argandoña y Ricardo Morel, la empresa necesita establecer una cultura corporativa ética e implementar una sólida estrategia anticorrupción. En este sentido, la organización de la sociedad civil más importante en la lucha contra la corrupción a escala mundial, Transparencia Internacional, establece los siguientes principios básicos para las empresas:



    * Conducir la actividad comercial de forma justa, honesta y transparente
    * No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirectamente, para conseguir ventajas comerciales
    * No aceptar sobornos, ni directa ni indirectamente, para conceder ventajas comerciales
    * Desarrollar un programa para implementar y respaldar estos principios

Existen otras iniciativas que también han sentado bases para la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas cuyo objetivo es comprometer voluntariamente a las empresas a ser socialmente responsables en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales, así como a luchar contra la corrupción. Por su parte, la institución independiente Iniciativa de Reporte Global (GRI, en sus siglas en inglés), propone una serie de directrices e indicadores para la elaboración de memorias de sostenibilidad para que las empresas puedan evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Por último, el Foro Internacional de Líderes Empresariales (IBLF, en sus siglas en inglés), organización internacional sin fines de lucro, señala que, a la hora de definir la estrategia anticorrupción, se deben contemplar tres tipos de acción: interna, externa y colectiva.


En primer lugar, la acción interna, que consiste en introducir políticas y programas anticorrupción en el seno de la propia empresa y de las operaciones de negocios, así como en evaluar los riesgos que puede conllevar la corrupción. Entre las actuaciones en el ámbito interno destacan:



   1. Adoptar un código ético de empresa. Una vez manifestado su compromiso de respetar la legalidad, es importante que cada empresa adopte sus propios principios empresariales y códigos éticos, de acuerdo con los valores de la organización y una serie de criterios para prevenir actos ilícitos, criterios establecidos con anterioridad y debidamente difundidos entre el personal.


   2. Definición de responsabilidades. El personal, y muy especialmente los altos directivos, debe conocer bien sus obligaciones en la gestión y aplicación de la estrategia anticorrupción. A este tenor, es importante para la empresa que todos sus empleados cuenten con la formación ética necesaria.


   3. Considerar las situaciones específicas. Existen determinadas situaciones sobre las que conviene ser particularmente escrupuloso, tales como las donaciones a instituciones caritativas, culturales, benéficas, etc., la financiación de campañas políticas, o los "pagos de facilitación" para agilizar un proceso u operación.


   4. Transparencia. Todas las operaciones de la empresa que supongan cobros y pagos deben recogerse puntualmente en la contabilidad o en los registros previstos.


   5. Supervisión y control. Para combatir la corrupción, es preciso implementar mecanismos internos de informes y monitoreo. El éxito de estas prácticas depende en gran medida de establecer procedimientos de vigilancia, control y seguimiento de situaciones de corrupción dentro de la empresa.


   6. Medidas disciplinarias y acciones de respuesta. La corrupción no debe quedar sin sanción. Fortaleciendo su estrategia anticorrupción, la empresa tiene ante sí la oportunidad de convertir un problema grave –la corrupción- en una oportunidad y una ventaja competitiva. Asimismo, debe quedar meridianamente claro el criterio en el que se basará la empresa para devolver pagos ilícitos y resarcir a los perjudicados por actuaciones corruptas.



En lo referente a la acción externa, el IBLF propone cuatro principios destinados a combatir la corrupción:



   1. Ser responsable y transparente. Con objeto de minimizar los riesgos de incurrir en corruptelas, resulta fundamental que la empresa sea responsable y transparente en todas las transacciones y operaciones.


   2. Comunicar los criterios. Los criterios anticorrupción no sólo deben ser conocidos dentro de la empresa, sino que es imprescindible que sean divulgados también entre los socios, clientes, proveedores, etc.


   3. Mecanismos de denuncia. Las prácticas corruptas también pueden ser denunciadas a instituciones externas que regulan el sector, e incluso a las autoridades gubernativas y judiciales.


   4. Supervisión y control. Como en la acción interna, el éxito de la acción externa pasa también por establecer procedimientos de vigilancia, control y seguimiento de situaciones de corrupción dentro de la empresa.



Por último, en cuanto a la acción colectiva se señalan dos actuaciones:



   1. Tomar medidas empresariales colectivas. La voluntad de una empresa de erradicar la corrupción puede no ser suficiente, porque la empresa se encuentre en un contexto mucho más amplio donde abunden las corruptelas. En tal caso, la acción colectiva con otras empresas es la mejor solución.


   2. Buscar la excelencia. Las empresas comprometidas en la lucha contra la corrupción deben ser perseverantes en su actitud de actuar siempre con arreglo a las normas legales y morales. A tal efecto, puede resultar muy beneficiosa la colaboración entre empresas, así como la cooperación de éstas con gobiernos, asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, etc.

En definitiva, los beneficios de institucionalizar una política anticorrupción son evidentes: facilita la creación de un clima de mayor confianza dentro de la organización, consolida la lealtad de los grupos de interés y dota a la compañía de una sólida reputación de empresa socialmente responsable, lo que sin duda se traduce en mejores resultados económicos, sociales, humanos y éticos.

 

 

Documento original: La lucha contra la corrupción: una perspectiva empresarial

Año: 2009

Idioma: Español

 

Fuente DIARIO RESPONSABLE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
Diplomado en Gestión del Conocimiento de la ONU
www.consultajuridica.blogspot.com
Dirección: Renato Sánchez 3586 Of 10
Fono Cel. 93934521
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CHILE: EN ENAP: SEXO, MENTIRAS Y ESCADALO EN ENAP

Informe reservado de Contraloría a Comisión Investigadora de la Cámara

Sexo, mentiras y escándalo en la ENAP

Sexo, mentiras y escándalo en la ENAP El Comité de Auditoría del Directorio de la petrolera investigó al ex gerente general Enrique Dávila Alveal (PS). El documento habla de sus vínculos con la ingeniera comercial Paula Hidalgo y el aumento del sueldo de ésta en  más de 1.500% en pocos años. También hay comisiones de servicios de ambos en Cancún, Río de Janeiro y Europa, sin que se dejaran claramente establecidos los motivos. Además, según algunos directores, se modificó entre gallos y media noche un acta que le entregaba el poder a la entonces ministra de Energía Karin Poniachik para aplicar una sanción por escrito al alto ejecutivo.

  • Dávila, de la admnistración Lagos a la de Bachelet

    Por Jorge Molina Sanhueza  EL MOSTRADOR

    Todo comenzó a mediados de 2007 con una sospecha de Radovan Razmilic, entonces jefe del Comité de Auditoría del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre el comportamiento del gerente general de la compañía, Enrique Dávila Alveal, quien renunció a fines de 2008 debido a las "pérdidas" de la estatal, según se dijo públicamente.

    Razmilic, junto a otros miembros de esa comisión, encargaron una investigación "confidencial" al auditor de ENAP Francisco Oyarzún, quien usó técnicas como la compartimentación para evitar dejar huellas de la indagatoria que realizaba. Incluso se obtuvo información del correo electrónico de Dávila, sin que éste se percatara. Y todo para buscar posibles evidencias de que existiese entre el suscrito y su más cercana colaboradora, la ingeniera comercial Paula Hidalgo, una relación más allá del ámbito estrictamente institucional.

    Pasaron los meses y el 25 de septiembre de 2007 la bomba explotó, porque el olfato de Razmilic dio sus frutos: Dávila había logrado modificar a su antojo las normas de contratación institucionales, para que Hidalgo pasara de ganar $ 600 mil en 2001 a más de 9 millones aquel año y más de $ 10 millones cuando dejó su cargo en enero de 2009, es decir, un aumento de más de 1.500 por ciento.

    Asimismo, se acreditó que la mujer tuvo 14 comisiones al extranjero desde febrero de 2004 a septiembre de 2007, "de las cuales 13 de ellas, coinciden en fechas y lugares con comisiones realizadas por don Enrique Dávila". La mayoría de ellas fueron informadas vía memorándum que no indicaban el destino, pero que la investigación reveló que algunos de ellos fueron Cancún, Río de Janeiro, Miami, París, Madrid, Lisboa, Londres, Buenos Aires, Quito y Lima. Respecto del primer y último destinos, la auditoría es clara en que hay anomalías evidentes, ejecutadas con el fin de esconder información.

    El auditor Oyarzún asegura que no se hará cargo de rumores internos sobre los suscritos, pero concluye que Dávila "ha incumplido gravemente claras normas" del directorio respecto a no modificar la estructura organizativa de la ENAP. Y que todas estas infracciones "se relacionan con una determinada funcionaria que trabaja con el gerente general (Paula Hidalgo)".

    "Sin embargo, es un hecho cierto que las extraordinarias condiciones laborales y salariales de la ejecutiva en cuestión, su ascenso meteórico, su sistemática dependencia directa con el gerente general, sus nombramientos como integrante de múltiples directorios o cargos de representación en organismos internacionales y la frecuencia de viajes compartidos al extranjero en comisiones de servicio, contribuyen lógica e imprudentemente a dar sustento a esos rumores".

    El informe concluye que debe realizarse una auditoría más profunda, porque surgen sospechas fundadas de que Dávila "ha excedido gravemente sus atribuciones y ha adoptado un conjunto de decisiones poco prudentes que no parecen justificarse por el interés de la empresa ni por razones profesionales, que a lo menos afectan el clima laboral... y que pone en cuestión la conducta funcionaria de la más alta autoridad de la empresa".

    Cubrirse las espaldas

    Pero las conclusiones del documento podían traerle problemas a los miembros del Comité de Auditoría, por lo que antes de darlo a conocer al directorio contrataron los servicios del abogado Davor Harasic para que emitiera un informe sobre las posibles ilícitos en que podrían haber incurrido al obtener información del correo de Dávila y de sus actos con dineros de la ENAP.

    En cinco páginas fechadas el 24 de septiembre de 2007, Harasic descartó que pudieran existir delitos ni violación al honor y la protección de la vida privada de las personas. Con dicho análisis jurídico, las conclusiones del auditor Oyarzún fueron aprobadas en la sesión del día siguiente por Razmilic, Gustavo Cubillos, más no por Eduardo González, quien aseguró que eran subjetivas respecto de Dávila.

    De la lectura de los documentos queda claro que la investigación confidencial ordenada por Razmilic, se realizó al menos un par de meses antes de que el directorio le encargara revisar cómo se estaba usando las políticas de contratación de gerentes, hecho que ocurrió recién en agosto del mismo año. En todo caso, la polémica aún no escalaba al peldaño siguiente.

    Pasó una sombra

    El 2 de octubre, el informe del Comité de Auditoría, ya blindado por el informe de Harasic, fue analizado en el directorio presidido por la entonces ministra Karin Poniachik. En dicha reunión expuso uno de los miembros de la instancia -Ramón Jara, representante de la Sociedad Nacional de Minería- las conclusiones de la indagatoria.

    Sin embargo, el extracto que se hizo del encuentro, que dio origen al acta 980, sólo fue aprobado por cinco de los ocho miembros del directorio: a saber Poniachik, Jorge Matute (representante de los trabajadores), Carlos Álvarez, Miguel Moreno (Corfo) y Eduardo González (Corfo).

    Más no por Jara, Razmilic (Sofofa) y Gustavo Cubillos (Instituto de Ingenieros en Minas). Los tres agregaron sus cuestionamientos por separado al acta, documentos que constan en el informe enviado por la Contraloría a la Cámara -más no el que le dio origen-, debido al nivel de debate que se originó respecto a Dávila.

    Los tres últimos aseguran que el texto final que no rubricaron se arregló entre gallos y media noche y que los antecedentes allí expuestos no se condecían con la gravedad de los antecedentes en contra de Dávila. Y más aún, se quitó arbitrariamente la orden del directorio entregada a Poniachik de aplicarle una amonestación privada, "pero escrita", al imputado.

    Y allí quedó todo. A Dávila no se le aplicó la sanción acordada y los votos de minoría quedaron para la posteridad. Pero la renuncia presentada por Razmilic en junio de 2008, tanto a la empresa como al Comité de Auditoría que presidió, son elocuentes. Se lo acusa de "falta de transparencia", de entregarle información falsa al directorio y a este último de firmar un acta evidentemente incompleta.

    Lea todos los documentos:

  • Documento enviado por Contraloría a la Cámara de Diputados
  • Acta del Comité de Auditoría del 26 de julio de 2007
  • Acta del Comité de Auditoría del 1 de agosto de 2007
  • Acta del Comité de Auditoría del 10 de septiembre de 2007
  • Acta del Comité de Auditoría del 25 de septiembre de 2007
  • Acta del directorio cuestionada del 2 de octubre de 2007
  • Informe de Davor Harasic del 24 de septiembre de 2007
  • Cuestionamiento al acta cuestionada del 2 de octubre de 2007
  • Renuncia del jefe del Comité de Auditoria a la ENAP de 2008
  •  
    MÁS INFORMACIÓN,
     
    Fuente: EL MOSTRADOR.CL
    Saludos
    Rodrigo González Fernández
    Diplomado en RSE de la ONU
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