CORRUPCIÓN

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martes, 27 de mayo de 2008

Ex director general del FMI comparece ante un juez por caso de corrupción

Ex director general del FMI comparece ante un juez por caso de corrupción
Martes, 27 de Mayo de 2008

AFP

Rodrigo Rato, quien dirigió el fondo entre 2004 y 2007, es acusado de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información.

MADRID.- El ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, compareció el martes ante un juez en Madrid en el marco de un caso de corrupción y apropiación indebida cuando fue ministro de Economía (1996-2004), informaron los medios españoles.

Rodrigo Rato llegó al tribunal por la mañana y su declaración duró alrededor de una hora. Su hermano Ramón Rato, también implicado en este asunto, declaró asimismo por la mañana ante el juez de instrucción José Sierra.

Ambos están acusados, junto con otras 13 personas, entre ellos el presidente del primer banco español, el Santander, Emilio Botín, en un caso relacionado con la compra en 1999 del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa de la familia Rato, por el banco Banesto, filial de Santander.

Están acusados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información.

Durante su declaración del martes, Rato, ministro de Economía de los dos gobiernos del conservador José María Aznar en el momento de los hechos, negó cualquier trato de favor hacia los dirigentes de Banesto durante esta operación financiera.

El ex ministro declaró no estar al tanto de los detalles de la operación puesto que su hermano estaba encargado de la venta, y aseguró que sus relaciones con Botín eran puramente institucionales, informaron a los medios sus abogados tras la comparecencia.

La justicia madrileña inició esta investigación tras una denuncia presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui, ampliada en 2005 por el abogado Antonio Panea, accionista de Santander y Banesto.

Según esta denuncia, Emilio y Jaime Botín aceptaron la compra del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la sociedad estaba "en situación de quiebra técnica", con el objeto de "ganarse el favor" del ministro de Economía.

Rato dirigió el FMI entre mediados de 2004 y 2007.


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Foxley reconoce que imagen país puede verse dañada por corrupción

Foxley reconoce que imagen país puede verse dañada por corrupción
El canciller aseguró que si bien Chile no es un país corrupto se debe trabajar para asegurar la trasparencia a "cualquier costo". 

El ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, salió al paso a la denuncia de supuestas irregularidades en la entrega de fondos de la comunidad internacional al combate del sida en el país, señalando que este tipo de acciones perjudican la imagen país en el extranjero. 

Respecto a la pérdida de más de 100 millones de pesos de los más de 18.000 millones entregados por el Fondo Global contra el sida, el canciller señaló que "hay alguna corruptela chica, pero nadie puede decir que este es un país corrupto; a veces esas cosas se agranda muchísimo da la impresión que en este país todos son ladrones y esto y no es verdad", indicó Foxley a Radio Cooperativa 

En ese sentido, añadió "Construir una buena democracia es una tarea que hay que hacer todos los días y a mi me parece que una de las cuestiones que realmente hay que remecer es el funcionamiento de todas las instituciones públicas, la transparencia a cualquier costo", señaló el ministro. 

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EL MOSTRADOR: Lagos W. y Recart fueron informados de irregularidades en C. de las Américas

7 de Mayo de 2008 

En octubre de 2007 
Lagos W. y Recart fueron informados de irregularidades en C. de las Américas
Una carta con todos los antecedentes, enviada por el director de Gestión de Finanzas de la entidad, alertó a la Segegob y a la subsecretaría de Hacienda de que algo no andaba bien con los fondos de administración de esa institución público-privada. Conozca el detalle de los préstamos y adelantos que el presidente, el secretario ejecutivo y el contralor de la entidad se hacían con cargo a la institución encargada de los fondos para el VIH en Chile. 

Claudia Urquieta Chavarría 

Una suerte de banco personal, pero sin intereses, es el rol que algunos de sus ejecutivos dieron al Consejo de las Américas (CDLA), organismo a cargo de administrar los US$ 38,6 millones adjudicados por el Fondo Global contra el SIDA para combatir el VIH en el país. 

De esa cifra, el 8,2 por ciento de los recursos son para la administración, que se divide en 7,8 por ciento para el Consejo y 0,4 por ciento para la Fundación Ideas, también a cargo del proyecto. 

Y es en este ítem, donde se encuentran las irregularidades, que empezaron a hacer ruido luego de que Cristián Moscoso asumió el cargo de director de Gestión y Finanzas de la CDLA en agosto de 2005. Al hacerlo, ya venía advertido de que algo no andaba bien con las finanzas de la institución de Orrego Luco 011. 

El propio contralor interno de la entidad, Marcelo Hidalgo, le explicó que el secretario ejecutivo del Consejo, Jorge Osorio, regularmente pedía adelantos de sueldo y préstamos a la entidad, los que eran entregados sin problemas por el anterior director de Gestión y Finanzas, Germán Appel, que fue quien lo integró a la institución en 1998. 

Luego de asumir en el cargo, Osorio, le solicitó reiteradamente anticipos y préstamos, presentando cheques a fecha como garantía. Pero a poco andar, solicitó que no fueran depositados porque no tenían fondos. 

Esto provocó que Moscoso solicitara una investigación interna que abordó el período agosto de 2004 y diciembre de 2005. Los resultados arrojaron que Osorio mantenía una deuda de $ 38 millones con la institución, información que fue remitida al Presidente del CDLA, Santiago Araya. Incluso, dentro de la deuda había un préstamo personal de Hidalgo, por un monto de $ 8.486.973, que fue pagado al contralor con recursos del consejo, a través de un cheque. 

Como una forma de encubrir este pago, se pidió una boleta de honorarios sin retención por el mismo monto a un auditor externo de la institución. 

Como consecuencia, se realizó un convenio privado para que Osorio comenzara a pagar las platas adeudadas a más tardar en agosto de 2007. Pero el convenio nunca se firmó. 

Desde enero de 2006, los préstamos se suspendieron, pero el secretario ejecutivo continuó solicitando anticipos, cercanos al 100% de su sueldo, que le eran descontados mensualmente. Pero la deuda anterior no estaba incluida en estos descuentos. 

Pero no sólo Osorio tenía de prestamista al Consejo. El propio presidente, Santiago Araya, solicitó préstamos institucionales en marzo y abril de 2006, por un monto total de $6.800.000, los que fueron autorizados por el secretario ejecutivo. Cuatro millones de estos eran para la Fundación Trafquin, de la que es el gerente general y el resto para uso personal. 

A través de un cheque por $5.800.000 de la Fundación Trafquin, intentó pagar la deuda en junio de 2006. Pero este no tenía fondos. 

La gota que rebasó el vaso 

Pero las sorpresas continuaban. En julio de 2007, ad portas del vencimiento del plazo para que Osorio finiquitara sus deudas con el Consejo, se enteraron de otra irregularidad. 

El CDLA había sido demandado por un particular, por el arriendo impago de la residencia de Osorio, que arrendó a nombre de la institución el 23 de julio de 2001. 

Esto redundó en una sentencia que condenó al consejo a pagar, pero las partes llegaron a un acuerdo que no se cumplió, por lo que el juicio sigue vigente. Curiosamente, en el avenimiento el contralor interno emitió un cheque que fue protestado. Y no habría sido la única vez en que actuó como "prestamista" de Osorio. La situación habría sido omitida por el involucrado y el hasta la fecha asesor jurídico del consejo, Diego Carrasco. 

Este nuevo antecedente fue la gota que rebalsó el vaso. Por ello, Moscoso solicitó una nueva investigación interna entre agosto de 2002 y julio de 2004. La elección de este período, se debió a que contaban con los registros desde ese año. 

En la revisión, se encontraron posibles pagos no justificados o deudas no saldadas de Osorio por un monto estimativo de $ 94 millones, que incluyen los $ 38 millones mencionados anteriormente Allí se constatan inconsistencias entre el registro contable efectuado en el libro de banco y el libro mayor del sistema contable de la institución. 

Ministerios se enteraron en octubre de 2007 

Toda esta historia, con antecedentes incluidos, fueron entregados por Moscoso primero a algunos miembros del Consejo, el 31 de agosto de 2007. Pero nada pasó. Incluso, fuentes ligadas al caso explican que hubo un enorme hostigamiento hacia los empleados, incluido Moscoso, de parte de Araya y Osorio. Moscoso entonces presentó su renuncia al cargo el 10 de octubre. 

Un día después informó de la situación a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), a través de una carta dirigida al entonces ministro vicepresidente del Consejo de las Américas, Ricardo Lagos Weber. 

El mismo día se remitió una misiva idéntica a la subsecretaría de Hacienda, a nombre de María Olivia Recart. En ambas, se detallaban los antecedentes ya relatados -así como otros datos- y se solicitaba una investigación en profundidad del caso. 

El día 12 de octubre fue recibido personalmente por el jefe de gabinete de Lagos Weber, Eduardo Jara, para respaldar lo señalado en la carta. El ministro fue informado por el jefe de la División Jurídica de la repartición, y ordenó realizar el sumario correspondiente, según fuentes de la cartera. 

Posteriormente, en una conversación telefónica, la asesora de Recart, Paulina Ortega, le señaló que el caso sería manejado por la Segegob, decisión que habría sido tomada por los 4 ministerios miembros del Consejo: Segegob, subsecretaria de Hacienda, Conama y Bienes Nacionales. 

Por su parte, Recart admite que recibieron esta información, a raíz de lo cual nombró a dos personas del ministerio para que se hicieran cargo del tema y verificaran los antecedentes. Y a fines de 2007 se solicitó que el consejo licitara una auditoría, "cuyos resultados fueron entregados en abril y nos llevó a establecer la querella contra Osorio y Moscoso", explica la subsecretaria. 

Consultado al respecto, Lagos Weber aseguró que mandó a hacer la auditoría. 


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Abierto juicio por corrupción contra ex gerentes de consorcio Siemens

Abierto juicio por corrupción contra ex gerentes de consorcio Siemens

En Múnich empezó hoy el primer juicio en relación con el caso de presuntos sobornos en el gigante tecnológico alemán Siemens con un ex directivo en el banquillo de los acusados por 58 supuestos casos de fraude.

Se trata de un ex directivo de la división de telefonía fija ICN de Siemens, de 57 años, quien desde esta mañana comparece ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Múnich. Según la Fiscalía de Múnich, el acusado habría configurado un sistema de fondos negros en el antiguo departamento de telecomunicaciones de Siemens para conseguir o acelerar contratos. La Fiscalía lo acusa también de haber malversado a través de ese sistema más de 50 millones de euros.

 

La Fiscalía espera que el acusado confiese en este proceso su implicación. "Damos por hecho que confesará en este juicio, hasta ahora sólo ha confesado a la Fiscalía", dijo esta mañana el portavoz de la misma, Anton Winkler.

 

Figura clave recibiría varios años de cárcel

 

Si finalmente es declarado culpable, podría recibir una pena de varios años de cárcel. "El acusado es una figura clave, porque fue responsable de la creación de los fondos negros", enfatizó Winkler. "Todo el mundo tiene que saber que los sobornos y los fondos negros son perseguidos por la ley", agregó en Múnich.

 

La de hoy es sólo la primera vista de un juicio que parece que será largo. De momento se han previsto 15 audiencias y en ellas declararán testigos como el ex presidente del grupo y ex titular del consejo de vigilancia Heinrich von Pierer, y el director de Finanzas de Siemens, Joe Kaeser.

 

Mayor escándalo de corrupción empresarial en la historia alemana

 

Su comparecencia ante los tribunales, la primera en el caso que se ha convertido ya en el mayor escándalo empresarial de la historia económica reciente de Alemania, podría desencadenar una larga lista de procedimientos penales.

 

Sin embargo, de momento se desconoce cuántos de los alrededor de 300 posibles implicados podrían tener que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados por su implicación en el presunto entramado de corrupción y sobornos que azota al grupo alemán, de más de 160 años de tradición.

 

Siemens involucrado en corrupción en Argentina

 

Hasta ahora se informó acerca de supuestos pagos ilegales por unos 1.300 millones de euros (cerca de 2.050 millones de dólares). Entre los casos denunciados se encuentran contratos de Siemens en Alemania, Grecia, Argentina, Italia, Nigeria, Turquía y ex repúblicas soviéticas.

 

De momento tampoco se sabe cuánto le va a costar a Siemens el esclarecimiento del caso, pero desde que se conoció el escándalo en el otoño (boreal) de 2006 ya ha tenido que desembolsar alrededor de 1.800 millones de euros (unos 2.800 millones de dólares). Además, todavía podría recibir una multa de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos.

 

José Ospina Valencia / Agencias

 

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