CORRUPCIÓN

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domingo, 23 de septiembre de 2007

Publicam: La última hebra antes del cierre de investigación a campaña de Girardi

aqui se ha movido todo el aparataje de la concertación
dicen quienes quieren al senador Giraradi en la Carcel.
Publicam: La última hebra antes del cierre de investigación a campaña de Girardi
 
 
El fiscal Iván Millán pronto deberá oficializar si el caso está pronto a su fin.

Ricardo Farías, el administrador de la campaña: rendiciones anómalas por más de 50 millones.

El senador PPD Guido Girardi: su defensa adelanta que no habrá cargos contra él.
 
 
Servicio de transporte contratado a una mueblería despertó sospechas en el Ministerio Público.Contratista, cercano al parlamentario, enfatiza legalidad del servicio.Fiscal consultó al senador si conocía cómo esta firma compró los camiones.

Por Juan Manuel Ugalde R.

Un gasto en transporte que aparece en la rendición electoral de la campaña 2005 del senador Guido Girardi es la duda que debe despejar el Ministerio Público, antes de dar por cerrada la investigación a las cifras del comando del parlamentario PPD, ahora que se cumplió el plazo para terminar la indagación.

El caso estalló tras conocerse que en la rendición electoral del senador PPD había facturas de Publicam, sociedad fraudulenta creada por terceros para facilitar abultamientos de gastos y así reducir el pago de impuestos. En su momento, desde el círculo del senador se explicó que usaron las facturas para rendir gastos de gente que no podía emitir boletas (puerta a puerta, brigadistas). Luego se sumarían otras denuncias.

La investigación hasta el momento tiene al administrador de su campaña, Ricardo Farías, formalizado: según el fiscal, para obtener devoluciones que no correspondían ($ 55 millones hasta el momento) rindió servicios de outsourcing irreales; arriendos ficticios de bodegas; falso transporte de personal de campaña, entre otros.

Fiscalía mantiene suspenso

Ayer la defensa del senador anticipó que no se le levantarán cargos a su cliente.

Consultada la fiscalía centro norte si acaso se dio por cerrado el capítulo del arriendo de camiones, la respuesta oficial fue: "No se ha formalizado... la causa está abierta, cuando se cierre la investigación y se adopte una resolución será comunicada".

¿En qué consiste la hebra en suspenso? Esta se liga a la figura de Cástor Toledo Jofré, reconocido amigo del senador de acuerdo a fuentes ligadas al caso.

Según antecedentes recogidos por La Segunda, en la campaña se justifica -a través de una empresa dedicada a la venta al detalle de muebles-, un gasto por transporte. Y así se dio cuenta en la rendición ante el Servicio Electoral.

Tal situación despertó la sospecha del fiscal del caso, Iván Millán, ya en junio pasado, según lo adelantó en ese momento a este diario.

No existió reembolso

A través de la empresa Diseño Mobiliario y Arte Limitada, de propiedad de Cástor Toledo y su esposa, María Paz Egaña, se avala un gasto de un millón 800 mil pesos por el concepto de transporte en la campaña de Girardi.

Hoy la empresa ubicada en Pedro de Valdivia 3245, que funcionaba bajo el nombre "Básico", se encuentra cerrada. Esta se ubicaba en la parte posterior de una casona de propiedad del padre de Toledo, el que arrienda el frontis a otra firma.

Vecinos recuerdan que la fábrica de muebles se dedicó por muy poco tiempo a la confección de lámparas y otros artículos menores. Desconocían si desarrollaba paralelamente actividades de transporte.

A fin de conocer el detalle de los servicios prestados por la empresa de Cástor Toledo, La Segunda solicitó los antecedentes al Servicio Electoral.

Esta entidad reconoció que dicha factura o comprobante no existe, pues no fue anexada por el jefe de campaña, Ricardo Farias. ¿La razón? No existe obligación para ello, pues el comando no pidió reembolso específico de dicho gasto.

Pero, pese a ello, la fiscalía siguió indagando el tema.

"Al fiscal le entregué toda la documentación"

Toledo -contactado por La Segunda- reconoció que declaró ante el fiscal, enfatizando en todo caso que lo ha hecho en calidad de "testigo".

"Al fiscal le entregué toda la documentación, porque todo lo que hicimos fue absolutamente legal", se limitó a contestar.

Otras fuentes agregan que Toledo, de profesión ingeniero, habría ampliado el giro de su empresa al rubro de transporte, tras la compra de camiones a su nombre. Con estos mismos, habría prestado el mencionado servicio al comando de Girardi.

A principios de julio, el senador se reunió por segunda vez con el fiscal. Y aunque trascendió que la diligencia habría buscado despejar algunas dudas sobre dichos de Jorge Schaulsohn, fuentes informadas revelan que el servicio de Toledo a su comando estuvo entre las preguntas de Millán. Aún más, se le habría consultado si conoció de la compra de camiones hecha por la empresa de Toledo.

Defensor: Fiscal le anticipó que no habrá "ni formalización ni desafuero" al senador

El abogado de Girardi, Alfredo Morgado -quien ha asistido a los dos interrogatorios del parlamentario-, indicó que no conoce el "menudeo" de la causa, lo que le impide profundizar en el tema.

Y enfatiza: "Sostuve una reunión con el Ministerio Público en la cual se me informó, oficialmente, que no existía mérito para deducir cargo alguno en contra del senador Guido Girardi, razón por la cual no será objeto de formalización ni petición de desafuero. Y que tampoco pedirá ampliación de plazo de investigación".

Pese a la cautela con que se han desarrollado las indagaciones, falta que la fiscalía oficialmente se pronuncie sobre el tema. Claro que no tendrá la última palabra, pues el caso es monitoreado por un querellante que puede ser clave en el caso: el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Lo más probable es que el senador Giraradi salga libre de polvo y paja....
aunque las facturas eran más falsas que judas y todo...Lo han blindado al Senador
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
www..Consultajuridicachile.blogspot.com
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"Es aberrante pagar 3,2 millones de UF a un privado" ...¿POR ERRORES DEL ESTADO?

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Domingo 23 de septiembre de 2007
Por Por Beatriz Michell / La Nación Domingo

Bitrán contra el fallo arbitral que favorece a las concesionarias

"Es aberrante pagar 3,2 millones de UF a un privado"

El ministro de Obras Públicas está indignado. Hasta ahora el Estado deberá pagar alrededor de 120 millones de dólares a los constructores de tres cárceles, aunque todas las evidencias apuntan a la exculpación del MOP.


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Eduardo Bitrán está reflexionando. Este fin de semana es Yom Kippur, y como buen descendiente de judíos se fue a ayunar por 26 horas donde su madre, después de cenar el viernes en la casa de su suegra. Aunque es agnóstico, sigue esta tradición porque es una oportunidad para "reflexionar" y hacer balances. Algo necesario para un ministro de Obras Públicas que vive momentos difíciles y que se trata de defender con uñas y dientes frente al gigante de BAS, el consorcio que ganó la concesión de la construcción y operación de las cárceles I y II, que agrupa a Besalco, Torno Internazionale y Sodexho.

BAS se adjudicó el 2002 la construcción de los tres primeros penales concesionados: Alto Hospicio, La Serena y Rancagua.

El primer intento de concesionar las cárceles iba viento en popa, hasta que el 14 de octubre de 2004 BAS presentó un reclamo porque, supuestamente, el MOP habría impuesto obras adicionales a la concesionaria, aumentando significativamente los costos que la sociedad consideró inicialmente y con los que ganó la licitación.

La suma que esperan recibir es 3,2 millones de UF. "Muchísimo dinero", acota Bitrán, quien no puede entender "cómo se genera tanto revuelo político por el subsidio al Transantiago por montos que son comparables con esta cantidad, que hay que transferir a un privado. Pero en este tema no veo a nadie atónito, siendo que es una situación aberrante".

La comisión conciliadora, integrada por Manuel Díaz de Valdés, en representación del MOP; Alfonso Reymond, representando a BAS, y Antonio Bascuñán, elegido por consenso, presentó un acuerdo en el que el MOP pagaría un mínimo de 250 mil UF y un máximo de 1,1 millones, o sea un tercio del total reclamado por la empresa. La concesionaria no aceptó el trato y la comisión se convirtió en un tribunal arbitral.

En mayo de este año el fallo fue unánime, incluyendo al representante del MOP, y la cartera de Bitrán fue condenada a pagar los 3,2 millones de UF, unos 120 millones de dólares a las empresas privadas. Monto muy superior a las 250 mil UF que los mismos árbitros habían considerado en su propuesta de acuerdo, dos años antes. Pero el ministro no se quedó tranquilo con el fallo e, indignado, recurrió a la Corte de Apelaciones, que decidirá este jueves a quién le da la razón.

-¿Cómo califica la decisión de los tres árbitros?

-He llegado al convencimiento de que estamos frente a una situación que limita en el escándalo. Si uno considera los antecedentes, la actuación del tribunal arbitral resulta del todo inexplicable y absurda.

PRUEBAS IRREFUTABLES

Un documento que apoya las palabras de Bitrán es el acta de la primera reunión entre BAS y el inspector fiscal, Jorge Maureira, el 9 de agosto de 2002. Fue la propia concesionaria y no el MOP la que solicitó cambios en el proyecto. Además, en el acta, firmada por ambas partes, se especifica que "los cambios no significan un aumento en el monto global de la inversión". El ministro considera que esta es una prueba de lo "absurdo" del fallo del tribunal arbitral. "Cuando uno cree que se le ha hecho una exigencia desmedida, de inmediato reclama, pero curiosamente aquí pasó un año y medio antes de que la sociedad reclamara", denuncia el titular de Obras Públicas.

El segundo argumento que da la comisión arbitral para fallar en contra del MOP es que intervino Gendarmería en el proceso de construcción. Sin embargo, en la misma reunión de agosto de 2002 fue la concesionaria la que pidió trabajar junto a Gendarmería. "Nos sancionan por el mero hecho de que haya participado Gendarmería y así lo dice el fallo. Es ininteligible que se sancione al MOP por haber accedido a una solicitud de la concesionaria. No se explica", alega el ministro.

En medio de esta comedia del absurdo, lo que resulta irrisorio es que incluso Díaz de Valdés haya fallado contra el ministerio, su representado, advierte Bitrán.

-¿Díaz de Valdés fue cooptado por las concesionarias y por eso se alineó con los privados?

-No voy a entrar en especulaciones sobre la actuación del árbitro del MOP, simplemente digo que es inexplicable y que hay una incoherencia en la actuación de toda la comisión arbitral.

Manuel Díaz de Valdés nunca entregó información durante el proceso, argumentando que él era independiente. Mientras, Alfonso Reymond, representante de BAS, actuó como abogado de la empresa y transmitió toda la información a la concesionaria.

"Yo no reclamo que un árbitro actúe con independencia, yo reclamo la ley, que en ese aspecto es aberrante porque nos pone en una situación de desigualdad. Es obvio que el árbitro contratado por el privado actuará como su abogado y defensor. El Banco Mundial, que nos está apoyando en el proceso de modernización, señala que la situación de desprotección en que está el Estado chileno es extrema", explica Bitrán.

La Ley de Concesiones determina que la comisión arbitral debe ser financiada por la concesionaria, pero no establece la obligación de pagar. De hecho, el árbitro para la construcción del aeropuerto Arturo Merino Benitez falló dos veces a favor del MOP en el Gobierno de Lagos y la concesionaria no le pagó los honorarios y renunció.

Lo sorprendente es que nadie ha levantado la voz por este fallo que obligaría al MOP a pagar una cifra exorbitante a un grupo de empresas privadas, pese a las serias dudas que enturbian este caso.

Por el momento, Bitrán está esperando el fallo de la Corte de Apelaciones sin adelantarse a ningún escenario y seguirá empeñado en modificar la Ley de Concesiones, que tantos dolores de cabeza le ha traído. LND

¿QUIEN VA A LEVANTAR LA VOZ CUANDO HAY INVOLUCRADOS PERSONEROS DE GOBIERNO?

Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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