Son casi nulas las posibilidades de que Mary Barra, la presidenta ejecutiva de General Motors Co., pueda hacer algo más que disculparse, asentir con arrepentimiento, responder preguntas y humillar de cualquier modo posible a GM y a ella misma cuando comparezca ante el Congresode Estados Unidos la próxima semana.
Rondando su cabeza, así como la de otros altos ejecutivos de GM, se encuentra un proceso penal, justo igual al que presionó a Toyota la semana pasada a aceptar una multa de 1,200 millones de dólares y tres años de periodo de prueba. No significa que el Gobierno tenga la intención de acusarla o que esto sea probable; pero, bueno, ¿quién se arriesgaría a ello, al mostrar algo distinto al remordimiento?
Una vez que los reflectores y las cámaras de televisión estén encendidas, cualquier cosa puede ocurrir. Varios miembros del Congreso guardan rencor a GM por algunos aspectos de la quiebra de la automotriz de 2009, incluyendo la forma en que fue utilizada como un instrumento -recuerdas el “Dejemos que Detroit vaya a la quiebra”- para debilitar la candidatura presidencial de Mitt Romney.
GM ya se ha declarado más o menos culpable de la acusación de que fue demasiado lenta para corregir un problema de encendido que descubrió por primera vez en 2004; y tal vez desde antes, en 2001. Los Saturn Ion y los Chevrolet Cobalt afectados sumaban alrededor de 1.6 millones. Mientras tanto, 12 muertes y 31 accidentes han sido atribuidas a la ignición defectuosa. El problema, según la evidencia, podía activarse cuando un llavero pesado sacudía inadvertidamente la llave desde la posición 'run' a 'auxiliar', deshabilitando las bolsas de aire y otros equipos de seguridad.
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El remordimiento no funcionó tan bien para Toyota. A principios de 2010, el presidente de la empresa, Akio Toyoda, se deshizo en disculpas ante el Congreso por una serie de accidentes que involucraron a los vehículos de la automotriz. Presuntamente, los autos afectados aceleraban sin presionar el pedal del acelerador, lo cual volvía incontrolables a los automóviles. Cuatro años más tarde, hay poca evidencia de que un defecto evidente fuera el responsable, aparte del hecho de que algunos clientes colocaban múltiples tapetes en el piso frente a los pies del conductor, lo cual, en algunos casos, atoraba el pedal del acelerador.
Toyoda expresó su pesar por los accidentes y sus condolencias por las víctimas; la empresa no admitió que la negligencia o actos deliberados de infracción hayan causado los accidentes o que haya pretendido ocultar evidencia.
Toyota había descubierto, gracias a comentarios de sus clientes en Europa y Estados Unidos, que algunos de sus aceleradores eran “pegajosos”. Corrigió el potencialmente peligroso problema con un retiro, aunque no se atribuyeron accidentes o lesiones a éste. Una tercera acusación, de que “gremlins” (“duendecillos”) electrónicos eran la culpa de la aceleración sin control, desconcertó a investigadores y finalmente se consideró que era falsa. Lo más probable es que algunos conductores de edad avanzada, como en el caso del Audi 5000, presionaron el pedal del acelerador cuando pensaban que estaban sobre el freno.
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La base del proceso penal del Gobierno de Estados Unidos contra Toyota, que condujo a la multa de 1,200 millones de dólares, se enfocó en dos aspectos. El primero, en 2009 Toyota retiró ocho modelos que experimentaron atoramiento de pedal; el Gobierno dijo que Toyota sabía que había más modelos que debían ser retirados del mercado. El segundo aspecto fue la afirmación de que Toyota no informó que estaba arreglando los pedales pegajosos.
En privado, los ejecutivos de la automotriz están en desacuerdo con ambas acusaciones, y seguramente no ven sus acciones como criminales; pero no estaban en condiciones, al enfrentarse a la abrumadora influencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para luchar contra los cargos. Si hubieran ido a juicio, la publicidad y titulares negativos habrían sido mortales para los negocios de Toyota.
El mismo terrible dilema enfrenta Barra y GM si, como se ha informado, el Departamento de Justicia, a través de su oficina del Distrito Sur de Nueva York, está considerando la posibilidad de iniciar un proceso penal contra el fabricante de automóviles. Uno podría preguntarse por qué el Gobierno no tomaría ese paso y tal vez exija una multa mucho mayor, considerando el resultado del caso de Toyota.
Mediante un solicitud presentada el lunes pasado, Moneda pide a la Superintendencia de Valores y Seguros analizar una serie de antecedentes respecto a un préstamo de Oro Blanco con CorpBanca, información que viene a complementar la expuesta el 21 de marzo, con la que buscaban que el regulador suspenda los procesos de aumentos de capital de la mencionada sociedad, y Norte Grande.