CORRUPCIÓN

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martes, 17 de abril de 2007

UDI presenta querella por irregularidades en Ferrocarriles del Estado


No descartan que durante la investigación se cite a declarar a los ex altos ejecutivos de EFE


UDI presenta querella por irregularidades en Ferrocarriles del Estado


La senadora Evelyn Matthei y los diputados Claudio Alvarado y Gastón Von Mühlenbrock de la UDI y Cristián Monckeberg de RN presentaron una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra de quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos fiscales, fraude al Fisco y estafa, los cuales fueron detectadas en decenas de contratos que suscribió EFE y que involucran 130 millones de dólares durante los últimos cuatro años.

Según explicó, Claudio Alvarado, integrante de la Comisión Investigadora que se creó especialmente para indagar este caso, "la querella se entabló a fin de que se investiguen judicialmente las presuntas irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría General de la República en la empresa estatal".

Para investigar los hechos, los legisladores no descartaron que durante la investigación se cite a declarar a los ex altos ejecutivos de EFE, "incluidos los ex presidentes de la República que correspondan".

Según informaron los parlamentarios, también se solicitó que el tribunal oficie al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduanas para que determine, en mérito de los antecedentes entregados, los posibles ilícitos que pudieran acreditarse.

Finalmente, Alvarado y Von Mühlenbrock puntualizaron que esta acción legal que se presentó hoy en el tribunal, busca que a través de él se conozca la verdad y que se individualice a los responsables con nombre y apellido, ya que en este caso "son más de mil millones de dólares botados prácticamente a la basura".


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corrupcion: Firman acuerdo en la OEA

Firman acuerdo en la OEA para fortalecer lucha contra la corrupción



OEA
Abril 14, 2007, 14:37 EDT

Washington DC, Estados Unidos --

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) firmaron hoy un acuerdo para fortalecer la lucha contra la corrupción en las Américas. El memorando de entendimiento establecerá un marco jurídico sobre el cual ambas entidades realizarán acciones conjuntas de cooperación en materia de modernización del Estado y anticorrupción.

 

"Se trata de dos temas interrelacionados y cruciales para la consolidación de la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestros países", dijo el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, durante una breve ceremonia en la sede del organismo regional.  

 

Insulza explicó que estos temas "son muy importantes para que nuestras democracias no solamente sean democracias del punto de vista electoral, sino países que sean capaces de ir desarrollando cada vez más la ciudadanía política y civil, y la participación de sus ciudadanos".

 

En materia de modernización del Estado, ambas organizaciones identificaron diversas áreas temáticas, entre las cuales se incluyen gobierno electrónico (E-government), empleo público y administración; presupuesto y gasto público; gobierno abierto y participación ciudadana.

 

Asimismo, en lucha contra la corrupción, se contempla cooperar en temas como la prevención de conflictos de intereses; promoción de la integridad a través de la transparencia y la responsabilidad; y el fortalecimiento de esfuerzos anticorrupción en áreas de mayor riesgo, como contratación y administración pública y cabildeo, o "lobbying".

 

Por su parte, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, señaló que su organización tiene una trascendente trayectoria en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Sin embargo, subrayó la importancia de poder trabajar más en esta región, "porque solamente tenemos un país miembro en la OECD de América Latina –México. Esta es una oportunidad positiva e importante para poder cooperar con una institución que a su vez trabajaría con todos los países de la región para ofrecer este apoyo".

 

Al reiterar que el combate contra la corrupción es una de las prioridades más importantes de la OEA, el Secretario General Insulza se refirió a la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en 1996, primer instrumento jurídico internacional en la materia. Dicho instrumento "se ha convertido en la carta de navegación de nuestra acción colectiva en este campo", señaló Insulza. "Hoy, este tratado ha sido ratificado por 33 de nuestros 34 Estados miembros", apuntó.

 

Al igual que la OEA, la OECD ha dado prioridad a la lucha contra la corrupción. En 1997 adoptó la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, cuyo cumplimiento se monitorea a través de su Grupo de Trabajo en la materia.

 

Ambas organizaciones han impulsado, además, la modernización del Estado para permitir una mayor transparencia y eficacia.

 

El acuerdo firmado entre la OEA y la OCDE amplía una relación de cooperación que data desde 1963. Entre las colaboraciones recientes se incluye la reunión técnica sobre soborno internacional, celebrada en Chile en septiembre de 2006, y la reunión sobre conflictos de intereses, que tuvo lugar en mayo de 2004 en Brasil.

 

La OECD es un foro que reúne a 30 democracias, proporcionando un espacio en que los gobiernos pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a los problemas comunes, identificar las mejores prácticas y trabajar para coordinar las políticas nacionales e internacionales.

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LORENA FRIES: ¿TRANSPARENCIA A LA CHILENA?

Transparencia a la chilena?

por  Lorena Fries*

No cabe duda que la agenda de transparencia y probidad para el buen ejercicio de la democracia empieza a calar en la ciudadanía.

Los escándalos de corrupción han puesto de relieve la necesidad de contar con procedimientos claros y públicos sobre la asignación de recursos, así como también de conocer una posible colisión de intereses en nuestros servidores frente a sus activos privados.

En ese marco, la sección de reportajes de un matutino (La Tercera) emitió un interesante artículo sobre la obligación de transparencia a la que se habría sometido un conjunto de diputados frente a Transparencia Internacional. Se trata de dar a conocer, voluntariamente, las actividades de los parlamentarios, su declaración patrimonial y de renta, y el uso que hacen de las partidas presupuestarias de las que gozan por ser nuestros representantes.

Meritorio que lo hagan, aún cuando debiera ser una obligación legal. En todo caso, y a esto apunta esta opinión, sorprende que no se haga hincapié en las falencias que tiene en general nuestro sistema político y, en particular, el parlamento en esta materia.

En primer lugar, las declaraciones patrimoniales no son de fácil acceso ciudadano, si bien los interesados pueden lograrlo viajando al parlamento. En segundo lugar, las mismas fichas carecen de información relevante a la hora de determinar el universo de intereses económicos de un parlamentario, lo que dificulta la transparencia de su gestión. Así, si bien se puede conocer si un determinado parlamentario/a es parte o no de una sociedad, qué tipo de sociedad y en qué porcentaje participa, no se sabe a qué se dedica dicha empresa o sociedad en la que participa, lo que podría ser relevante cuando se legisla por ejemplo sobre un ámbito de la producción del país.

Por otra parte, sólo en caso de matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal están obligados los parlamentarios a declarar los bienes matrimoniales, incluidos los de la cónyuge. Recordemos, que sobre un 65% de los matrimonios de este país se realizan bajo esta modalidad, y sin embargo, la tendencia en el Congreso es radicalmente contraria.

En el Congreso se casan o llegan los separados de bienes. ¿Por qué se invierte la tendencia de toda la sociedad en el Parlamento? A lo menos se puede deducir que algo resulta atractivo de este régimen, que se ha visto favorecido por los parlamentarios y sus señoras, o las parlamentarias y sus cónyuges. Puede que existan muchas razones, de esas que lo justifican y de las que no, pero lo cierto es que es una mala señal en términos de transparencia, puesto que finalmente el patrimonio y los arreglos patrimoniales que se hacen en el seno de las familias pudientes que vaya más allá de la persona, suelen incluir a otros miembros de la familia. Se requiere, por lo tanto, una transparencia que vaya más allá de lo legalmente establecido como patrimonio propio o conyugal.

Pongamos un ejemplo, ¿es acaso lo mismo en términos de patrimonio el que declara la diputada Saa, que no es casada, que el senador Chadwick que hace parte de una familia donde el patrimonio y los activos van mas allá de su persona y al menos pueden incorporar a la cónyuge? Qué creen ustedes que pasaría si algún diputado y senador casado bajo régimen de separación de bienes, ve que van a afectar los intereses de su esposa en un debate legislativo. ¿No es exponer mucho a nuestros servidores públicos? Obviamente confío en la probidad de nuestros parlamentarios, pero en democracia, si bien la confianza es un elemento vital, no es malo que ésta se construya sobre información real, completa y accesible.

Por último, es muy difícil tener una impresión completa del patrimonio que tiene cada diputado o senador si esto no va acompañado de la declaración de renta anual. Es en la comparación entre la ficha de declaración patrimonial, lo que declara ante el Servicio de Impuestos Internos, y lo que recibe por su labor en tanto parlamentario, que se puede establecer la correspondencia y coherencia en lo patrimonial. Aún tenemos problemas con transparentar, parece que el viejo mal que heredamos de la dictadura, el secretismo como atributo de la autoridad, sigue en pie. Y, por cierto, no ayuda.

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Lorena Fries. Presidenta Corporación Humanas
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no confundir tecnocracia con corrupcion

posteado en la columna de Eugenio Tironi, 17 de abril 2007, el mercurio.com
Equivoca su enfoque Eugenio Tironi. Que perdido está nuestro estimado blogger.  No hay que confundir tecnocracia con falta de etica y probidad . El desastre del transantiago es un reflejo de la  lógica de la corrupción , trafico de influencias, amiguismo, nepotismo, compadrazgo, negociación incompatibles, sobresueldos, mismos nombres  de imputados ante la justicia, influencia de algunos Think Tanks de todos los días , empresas que operan con personas involucradas en los controles anteriores,    etc.etc, llevado a efecto desde sus inicios en el diseño y licitaciones del Transantiago. Con esa "escuela"  que se repiten en uno y otro caso reiterado de corrupción denunciados en los últimos años ( con esa ideología de la corrupción al decir de Schaulsohn ) difícilmente se pueda llevar adelante una reestructura de un negocio como transantiago . Como muestra veamos las reacciones del Ministro Cortázar, nada dice de costos ni de problemas , ni de gentes involucradas. . Se encontrará con una muralla de intereses creados al interior de transantiago como en el exterior. Mientras tantos los Chilenos deberán pagarle los costos que beneficiarán a unos pocos y el resto seguirán con sus derechos vulnerados, con una galopante violación a los derechos humanos y ciudadanos que el gobierno deberá responder.
Esta claro, la eficiencia comunicacional del gobierno no e sla misma que la de Lagos y el discurso de Bachelet no es el de Lagos , entonces, los empresarios ya no aman a Bachelet como lo hicieron con Lagos y para ello le dan un Depreciación acelerada  que en nada beneficia a la PYME que era el anzuelo. Asi las cosas no estamos bien.
Es recomendable a esta tecnocracia concertacionista   un bañito que sea por  la  etica en el gobierno, un bañito de probidad administrativa  y autoridades en general; una pasadita de responsabilidad social corporativa en el Estado que pèrmitiría una limpieza fundamental  en la restauración de una democracia  enferma.
Saludos
Rodrigo Gonzalez Fernández
consultajuridicachile.blogspot.com
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desde el DF: un extracto transpalitos, aplausos DC, Ferrocarriles, proceso,

¿Transpalitos, aplausos DC, Ferrocarriles, proceso, acceso a información privilegiada.Un negocio de un concertacionista ex MOP ?

El pais y sus ciudadanos se merecen una explicación de la autoridad y del Ministro de Transportes.

En relación al Transantiago, hay un caso que salió a la luz pública que resulta sorprendente. El ministro Cortázar, consultado por la eventual relación entre el ex subsecretario de transportes Guillermo Díaz y la empresa Transpalito - cuyo giro es reciclar buses para que eventualmente ingresen al Transantiago - respondió con un escueto 'sin comentarios'. Esta situación merece más de un comentario. Díaz fue seremi de transportes, y posteriormente subsecretario de transportes entre 2002 y 2006. Fue involucrado en el caso MOP-Gate. Ante estas acusaciones, fue apoyado por la DC y posteriormente ovacionado en un Consejo de su partido. Cuando deja la subsecretaría de transportes, es nombrado por nuestro notable Sistema de Empresas Públicas, Presidente de Ferrocarriles del Estado. Hereda el colosal y desastroso 'Plan Trienal 2003-5' de su correligionario Luis Ajenjo. Duró sólo unos meses en el cargo y renuncia cuando es procesado por el caso MOP-Gate. Al parecer ni siquiera alcanza a enterarse de los problemas de EFE. Sin lugar a dudas, tenía otras cosas importantes de las que preocuparse.

Las empresas privadas son fiscalizadas. Los accionistas de las empresas que transan en bolsa entienden lo que significa el uso de información privilegiada. El ciudadano común y corriente también comprende lo que significa tener acceso a información que los otros desconocen. Sin embargo, ¿alguien supervisa los conflictos de interés para aquellos que tienen acceso a información privilegiada del estado? Aunque este no sería el primer caso, si Díaz está directa o indirectamente relacionado a Transpalito y conocía los contratos que la opinión pública no conocía (y que sólo ahora empezamos a conocer), ¿pudo prever que reciclar buses sería un buen negocio? Como dijo Cortázar: sin comentarios.


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CORRUPCION: Mañana ante comisión investigadora de diputados

Mañana ante comisión investigadora de diputados

Trabajadores de EFE pedirán a diputados intervenir empresa

(Publicado : 17/4/2007, 5:0 horas)



Representantes sindicales afirmaron que las irregularidades reveladas por la Contraloría son sólo "la punta del iceberg" y que superan los US$ 130 millones señalados en la investigación.


Marco Gutiérrez V

Para que se investigue de forma eficaz y transparente, los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) planean pedir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que intervenga a la compañía.

La intención de los representantes sindicales -que agrupan al 78% de los empleados de la estatal-, es que un "grupo de notables" de diferentes partidos políticos se haga cargo de la empresa, hasta que se diluciden las irregularidades dadas a conocer por ellos y también por la Contraloría General de la República, que investigó situaciones previas a 2005 que han afectado el patrimonio de la firma.

Hoy martes los cinco dirigentes sindicales de EFE debatirán los detalles de la solicitud, antes de exponerla mañana miércoles ante la comisión de diputados.

El presidente del Consejo Nacional Ferroviario, Jaime Rebolledo, comentó que con esta medida pretenden proteger a empleados "que saben muchas cosas", pero que temen represiones por parte de la actual administración, si es que las dan a conocer.

Rebolledo afirmó que el actual presidente de EFE, Vicente Domínguez, los ha estado tratando de "traidores" y que ha habido ciertas presiones por la participación de los sindicalistas en la denuncia de hechos irregulares. Por ello, también solicitarán a los diputados que los apoyen en la presentación de un recurso de protección en favor de los trabajadores de EFE.

Otra de las presentaciones que harán ante la comisión será la de un informe del profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Rolando Pantoja Bauzá, el que expresa que todas las secciones de terrenos de EFE deben licitarse. Esto, con relación al traspaso de cuatro hectáreas a la empresa Temoinsa por parte de la estatal.

Respecto del informe de Contraloría, donde se detallan varias irregularidades, Rebolledo lo valoró, pero sostuvo que eso es sólo la punta del iceberg y afirmó que los casos ilícitos suman una cifra superior a los US$ 130 millones señalados en el documento de la entidad.



Querellas

Por otra parte, parlamentarios de la Alianza Evenlyn Matthei (UDI) y Baldo Prokurica (RN) presentarán dos querellas, en el antiguo sistema judicial y en el nuevo, acusando los delitos de malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y estafa en EFE.

La acción será patrocinada por el abogado, Cristián Letelier, y se enmarca en las múltiples medidas impulsadas por los congresistas para transparentar la situación financiera de la estatal, que ha perdido unos $ 100.000 millones en los últimos 6 años.


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