CORRUPCIÓN

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martes, 5 de abril de 2011

AGRICULTURABLOGGER Fiscalía interviene a productores de pollo y uno de los motivos sería eventual colusión

Fiscalía interviene a productores de pollo y uno de los motivos sería eventual colusión

05:00  | Se esperaría que la FNE presentara ante el TDLC un requerimiento donde revele los detalles de su indagación...

Si bien no se ha revelado oficialmente a que asunto hace referencia una investigación que realiza la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la industria del pollo, trascendió que uno de los temas que estaría analizando es una eventual colusión de precios.

Pero la fijación no estaría solamente en el gremio que agrupa a los productores avícolas, APA, sino que también en otros círculos de alimentos, como en la cadena de producción y venta del arroz.

Fuentes ligadas al proceso explicaron que la acción se lee como un acto que refuerza las nuevas facultades que tiene la Fiscalía Nacional Económica y además la atención que el organismo dijo que pondrían sobre los gremios, ello tras lanzar su guía de recomendaciones al sector.

En efecto, el organismo presidido por Felipe Irarrázabal señala explícitamente en ese documento que "debemos advertir, desde ya, que hasta las más informales comunicaciones o conversaciones sobre precios, cantidades y calidades del bien producido, o estrategias de negocios u otras variables competitivas, pueden ser susceptibles de facilitar, o traducirse en acuerdos o prácticas concertadas u otros ilícitos anticompetitivos", indica la FNE en su texto Asociaciones Gremiales y Libre Competencia: Guía para la acción.

La magnitud de la investigación de oficio realizada por la FNE sería bastante grande, ya que, además de las industrias del pollo y del arroz, las indagaciones y solicitud de antecedentes habría llegado inclusive a industrias cercanas a estos rubros, como la del huevo.



Investigación contra gremios


La FNE no ha revelado los motivos de su investigación, pero se esperaría que por los ribetes que ésta ha alcanzado, la entidad presente un requerimiento contra, ya sea, la APA o alguna empresa en particular.

Pese a que recién la Fiscalía lanzó su guía de recomendaciones para asociaciones gremiales, ya ha sostenido disputas -aún vigentes- con otras asociaciones.

Una de ellas es el requerimiento que presentó contra la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap).

El 30 de septiembre de 2008 presentó un Requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra el gremio, su directorio, su presidente ejecutivo, y casi la totalidad de las agencias miembros de dicha asociación, acusando la "existencia de un acuerdo colusorio entre competidores, que en abril de este año buscó hacer fracasar procesos de licitación de servicios de publicidad de las empresas Metro S.A., Transbank S.A., y la Universidad Diego Portales".



La disputa con la Cámara de Comercio de Santiago


También la FNE tiene una disputa más reciente con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) ante el TDLC por haber abusado de su posición dominante al establecer condiciones injustificadas a Sistemas Integrados de Información S.A. (SIISA), como exigencia para renovar el contrato de suministro del Boletín de Informaciones Comerciales, insumo esencial para las empresas que entregan informes comerciales a empresas y público en general y del cual la CCS tiene la administración exclusiva.


Fuente:df

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Comisión investiga responsabilidades de ex ministros del Interior

Becas Valech: Comisión investiga responsabilidades de ex ministros del Interior

El diputado Gustavo Hasbún afirmó que las autoridades involucradas durante el gobierno de Michelle Bachelet actuaron con desidia frente a un problema en que, según han establecido, hubo fraude al Fisco y falta de prolijidad.

por Jorge Maltrain Macho - 04/04/2011 - 21:16

En las próximas semanas, la comisión investigadora de las presuntas irregularidades en el otorgamiento de Becas Valech, presidida por el diputado UDI Gustavo Hasbún, entregará su informe final tras casi diez meses de trabajo. Y las ramificaciones del caso podrían extenderse, según el parlamentario, incluso, a los ex ministros del Interior del gobierno de Michelle Bachelet: Belisario Velasco y Edmundo Pérez Yoma.

Según explicó Hasbún, luego de que en enero la Cámara de Diputados aprobara un informe que responsabiliza a las ex ministras de Educación, Yasna Provoste y Mónica Jiménez, ahora "estamos buscando también responsabilidades en quienes tienen que ver con el Ministerio del Interior".

"Y, por lo tanto, en ese sentido, nuestro análisis se orienta a ver cómo se calificaron los casos, qué parámetros se utilizaron, en qué circunstancias y por qué, de acuerdo al dictamen de Contraloría, se vulneraron ciertas leyes. Y podríamos, por lo tanto, estar en presencia de faltas administrativas graves", agregó.

-¿Y eso podría involucrar, incluso, a ministros del Interior del gobierno pasado?
-Es que siempre habrá una responsabilidad por parte de quienes están al mando. En este caso del ministro del Interior, pero es un tema que en su minuto la comisión va a determinar, en cuanto a las responsabilidades administrativas y políticas que les cabe a cada una de las personas que debían actuar, que eran las jefaturas directas.

-¿Han podido establecer si los ministros sabían del problema o su responsabilidad pasa más que nada por ser la cabeza de los ministerios involucrados?
-De hecho, cuando nos referimos a este tema, creemos que se actuó con cierto grado de desidia por parte de las autoridades de la época, que teniendo conocimiento de la situación que se estaba viviendo, no tomaron cartas en el asunto y no hicieron las investigaciones correspondientes.

-¿Esta responsabilidad partiría cuando el ministro era Velasco o sólo durante el periodo de Pérez Yoma?
- Es un tema que debemos abordar de acuerdo a los méritos de la investigación que estamos llevando, así que no podemos adelantar juicios de valor en una situación frente a la que debemos actuar con mucha responsabilidad, porque tampoco podemos andar haciendo acusaciones al voleo.

El diputado confirmó que, pese a los problemas para llevar adelante la investigación, por el alto número de casos involucrados, "nos hemos propuesto en las próximas semanas terminar y tener un informe final. A todas luces, aquí hay fondos públicos que han sido comprometidos".

"Entendemos que no tan sólo existió la figura de fraude al Fisco en algunos casos puntuales, sino que también hubo falta de prolijidad al momento de hacer las calificaciones de los exonerados y creemos que estas investigaciones tienen que profundizarse para determinar que grado de anomalía existe y si efectivamente esas responsabilidades administrativas son constitutivas de delito o no", finalizó

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Investigación Exclusiva: LAS MÁCULAS ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIALPosted: 2 abril, 2011 by rinsunza in Investigación

Investigación Exclusiva:

LAS MÁCULAS ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL

Posted
 
 by rinsunza

Una serie de hechos y situaciones irregulares afectan a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Dos investigaciones sumariales internas apunta sus dardos al Director Nacional del órgano, Miguel Sánchez Brito y al Jefe del Departamento de Infraestructura, Gonzalo Díaz Dosque. Faltas a la probidad y ética laboral son algunos de los valores puestos a prueba en esta investigación donde, además, importantes recursos fiscales se han fugado en una deficiente gestión administrativa. A esto se suma la nula facultad fiscalizadora de parte de la Contraloría General de la República que, constitucionalmente, se ve imposibilitada de intervenir en este poder del Estado, para que aclare el uso de millonarios recursos que pertenecen a todos los chilenos.
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Por RODRIGO INSUNZA G.
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Miguel Sánche Brito, Director CAPJSegún fuentes de Palacio, el pasado 31 de enero y de manera extraordinaria, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa sesionó para informar a sus miembros, integrados por el presidente Milton Juica, los consejeros y ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, Patricio Valdés, Sonia Araneda y Rubén Ballesteros; que una fiscal de la Corporación designada para  investigar administrativamente a un funcionario de la CAPJ, se inhabilitó para ello, en razón a que había advertido que se le "ocultó información relevante". La fiscal apuntó responsabilidades al Director Nacional de la Corporación, Miguel Sánchez Brito y al Jefe del Departamento de Infraestructura, Gonzalo Díaz Dosque. La incapacidad de la sumariante se explica por la jerarquía de los denunciados, y conforme al reglamento interno de investigaciones disciplinarias, se designó al ministros Sergio Muñoz para instruir el sumario correspondiente.

Una investigación periodística independiente llevada a cabo por quien suscribe este reporte, confirma estas y otras irregularidades que denotan graves faltas a la probidad pública.

LAS DENUNCIAS

Aprovechando que la ley 20.285 obliga al Poder Judicial publicar en la web institucional, los criterios de transparencia activa que detalla el artículo 7; he cotejado la información divulgada y se detectan las siguientes irregularidades que redundan en un execrable uso de recursos fiscales.

Desde el año 2006 y hasta mediados de marzo del año en curso, la página poderjudicial.cl informaba que Rodrigo Herrera Marchant, Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ, era Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Chile. Posteriormente y producto de esta investigación, informan que es egresado de la Escuela de Ingeniería, aunque la realidad indica otra cosa. No existen registros profesionales de su supuesta especialidad y este certificado emitido por la Escuela de Ingeniería lo confirma, al indicar que "no aparece registrado con título" y que "fue eliminado de la carrera" en el año 2000. En la actualidad Herrera Marchant percibe un sueldo a honorarios que asciende a los $3.830.392

¿Cómo se entiende que el Poder Judicial vulnere el artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales donde se señala expresamente que para ocupar el cargo de "Jefe de Departamento" solo pueden ser nombradas personas que posean título profesional de carreras universitarias de a lo menos 8 semestres académicos?

¿Quién autorizó la incorporación de Herrera Marchant a la jefatura del Departamento de Desarrollo Institucional y por qué?

El cómo se usan los recursos fiscales ha sido siempre una materia delicada cuando se exhibe al escrutinio público y, especialmente, cuando dentro de una repartición se generan lazos de amistad y estrecha relación parental. Situación que ocurre con otro jefe, Mauricio Rodríguez Avilés del Departamento de Informática y Computación que hasta fines de noviembre de 2009 era concuñado con Rodrigo Herrera. Ambos estaban casados en esa fecha con Mabel Aguilar Miranda y Carolina Aguilar Miranda, respectivamente.

Los hechos señalan que el 6 de diciembre de 2005 nació el programa de fortalecimiento institucional de la Corporación Administrativa, a través de un préstamo en dinero que se obtuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID por 5,4 millones de dólares, con el fin de mejorar la gestión administrativa de la CAPJ y potenciar su funcionamiento. Con estos recursos Rodrigo Herrera percibió su primer sueldo en la Corporación como jefe del Departamento de Desarrollo Institucional.

¿Ejerció algún grado de influencia Rodríguez para que su concuñado quedara a cargo de esa jefatura?

¿Estuvo el Consejo Superior en conocimiento de esta afinidad parental que ambos jefes de departamento tenían entonces?

Si bien el Código Órganico de Tribunales sólo plantea que "en ningún caso podrán ser designados como director y subdirector los cónyuges ni los parientes consanguíneos o afines de un funcionario del escalafón primario del Poder Judicial o de la Corporación", no deja de ser sensible y generar suspicacias la posibilidad de abusos administrativos, cuando dos Jefes de Departamento tienen una estrecha relación parental por tantos años en el ejercicio de sus cargos.

Las sorpresas no se detienen y al momento que llevo a cabo esta investigación, las aguas en la CAPJ están revueltas. Un aspecto que vulnera la probidad y que pone en cuestión las políticas implementadas en el último tiempo en asuntos de transparencia y gestión administrativa e institucional, se centra en la figura del Director Nacional, Miguel Sánchez Brito.

Con frecuencia se utiliza en las labores que cumplen ministros, jueces y funcionarios en el ejercicio de su profesión, la de viajar largas distancias, tanto a nivel nacional como al extranjero. Para ello, la Corporación Administrativa cuenta con dineros asignados y que destina a distintas agencias de viaje y aerolíneas que ofertan al mejor postor. Una administración eficiente se encarga de estos asuntos, sin embargo, parece nos ser la premisa ética de Miguel Sánchez.

Por más de cinco años, la sobrina del director de la CAPJ, María Pía Cavallari Sánchez, ejecutiva de viajes de una reconocida empresa retail, es la agente asignada al Poder Judicial para ejecutoriar las necesidades de transporte aéreo nacional e internacional. La gravedad del hecho se acrecienta al existir una sola licitacion pública entre 2003 y 2010 y que por acta 291 de 2008, el Consejo Superior resolvió "mantener los actuales procedimientos de adquisición de pasajes". En ese sentido, ninguna resolución ha tomado la Corporación Administrativa para mejorar la gestión y hacer más eficiente el uso de los recursos fiscales. Recién en enero de este año se hizo un llamado público que permite cambiar al proveedor que se relaciona con Cavallari Sánchez, cuando el ruido que generaba esta situación hizo insostenible el error.

Pese a que existen varias empresas proveedoras de servicios turísticos en las oficinas zonales de la CAPJ, a nivel central los dineros desembolsados por la CAPJ, denotan una evidente concentración de los servicios a través de la sobrina del Director, superando con creces, entre los años 2008 y 2010, los 470 millones de pesos.

Al respecto surgen varias interrogantes. ¿Qué destino tuvieron las comisiones desprendidas de estas millonarias transacciones? ¿Quién o quiénes se han beneficiado de este contubernio administrativo económico? ¿Es posible que nadie en la Corporación detectara esta anomalía o las órdenes superiores acallaban cualquier intento de transparencia?

Esta última pregunta es clave si se considera que Miguel Sánchez integra desde sus inicios en el 2008, la comisión de transparencia del Poder Judicial.

Si es capaz de beneficiar a una sobrina con dineros del fisco, ¿con qué calidad moral puede integrar una comisión de transparencia?

Probidad, buenas prácticas administrativas y ética laboral, son algunos de los valores puestos a prueba en estos años de gestión de Sánchez Brito.

Documentos filtrados con fecha de abril 2008, durante la presidencia en la Corte Suprema de Urbano Marín, demuestra la desidia con que se actuó para corregir las debilidades detectadas.

Este escrito, elaborado por la única instancia fiscalizadora con que cuenta la Corporación, el contador auditor Jorge Viveros, centra su atención en los procedimientos utilizados por el Departamento de Infraestructura de la CAPJ y que dirige a la fecha el arquitecto Gonzalo Díaz Dosque. En general concluye que dicha área "presenta un nivel de riesgo alto en el control interno", fundamentalmente, por los riesgos detectados en el proceso de construcción y habilitación de obras inmobiliarias. (ver documento)

Este punto es especialmente sensible cuando, por la necesidad de contar con más juzgados de familia, juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal a lo largo de todo el país, los proyectos fueron entregados sin licitaciones ni concursos públicos, sino, únicamente, a través de "una carta" ofertando los servicios que inmediatamente eran adjudicados, sin más alternativas económicas para analizar.

Millonarios recursos fiscales se fugaron por esta causa y la transparencia se ve hasta hoy cuestionada en estos procesos de contratación. A partir de 2009 se corrigió la modalidad mediante licitaciones públicas, pero otro vicio permanece vigente.

Al revisar en la pagina web del Poder Judicial, las licitaciones para la adquisición de inmuebles publicadas desde el 2009, se distingue una gran variedad de empresas oferentes. No obstante, lo que el Poder Judicial no transparenta, es que existe una triangulación de socios capitalistas que forman estas empresas y donde aparece como denominador común un mismo nombre, el conocido empresario de la construcción, Samuel Levy Benveniste, quien por concepto de lo adjudicado como adquisición de inmueble, construcción de juzgados y reanudación de obras durante el 2009, superó los 13 mil millones de pesos.

¿Será esta la forma de garantizar que los precios pagados por la construcción de un inmueble sean los más competitivos posibles? ¿Es esta una manera transparente y eficaz de hacer uso de los recursos fiscales? ¿Quién evalúa a las empresas oferentes?

El contralor interno dijo en su informe de 2008: "Se verificó que la pauta de evaluación técnica de las empresas oferentes para un nuevo proyecto, no evalúa la concentración de obras en ejecución que el contratista pueda mantener con la Corporación".

Tres años han pasado desde este informe y no se corrigieron los filtros y se siguen cometiendo los mismos errores.

¿Qué responsabilidad le cabe en esto al jefe del Departamento de Infraestructura? ¿Qué responsabilidad le cabe en esto al Director de la Corporación? y ¿Qué responsabilidad le cabe en todo lo expuesto al Consejo Superior?

El Código Órganico de Tribunales es claro y establece en su artículo 508 que: "La dirección de la Corporación Administrativa corresponderá al Consejo Superior"

AUTONOMÍA v/s FISCALIZACIÓN

En el inicio del año judicial 2011, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica señaló orgulloso que "la labor de la Corporación ha sido eficiente, ha cumplido el rol que la ley le asigna en materia de administración de recursos del Poder Judicial y su importancia es reconocida en el extranjero". Esta apreciación es tan subejtiva como quien declara que le quedan mil pesos, cuando la realidad indica que solo tiene quinientos o tal vez mil quinientos y como nadie le mete la mano al bolsillo, no hay como corroborarlo. Lo mismo pasa con el Poder Judicial.

Se requiere una mayor y eficaz fiscalización del Estado y de ninguna manera atribuir a un Poder, absoluta potestad o independencia administrativa, sobre todo en materias ajenas a su naturaleza. Administrar y aplicar justicia en Chile es resorte del Poder Judicial, pero supervisar y controlar el uso de millonarios recursos que entrega el fisco para ello, debiera tener a un responsable… La Contraloría General de la República.

Si bien la CAPJ tiene su propio contralor interno, a través del contador auditor Jorge Viveros, el Código Orgánico de Tribunales exige que debe rendir cuentas e informar directamente a Miguel Sánchez, y dadas las acusaciones que recaen sobre el Director, el sistema se hace vulnerable.

Revisando las memorias anuales que publica la web del Poder Judicial, se detallan varios guarismos como ingresos y gastos que intentan validar con un informe de una consultora externa que, se supone, realiza las auditorías.

"Deloitte" es quien las lleva a cabo, pero sin intervenir las cuentas, sin escrutar los ítem y sin discernir las asignaciones. El informe de esta empresa independiente señala con claridad que los estados financieros de la CAPJ "son responsabilidad de la administración del Programa. Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros".

Criterios de transparencia y probidad que deben ser corregidos a la brevedad, con voluntad política, sin intereses egoístas y al servicio de todos los chilenos.



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