CORRUPCIÓN

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viernes, 29 de noviembre de 2013

ESCANDALO LA POLAR : TODOS SE SIENTEN ABSOLUTAMENTE INOCENTES

Caso La Polar: Fiscalía cierra investigación contra 21 ex directores, ejecutivos y familia

28 NOVIEMBRE, 2013 0
Caso La Polar: Fiscalía cierra investigación contra 21 ex directores, ejecutivos y familia

El pasado 30 de octubre, el fiscal José Morales decidió dividir las causas atingentes al llamado caso La Polar. En una quedaron los actuales formalizados por el escándalo financiero —entre ellos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno—, mientras que en una segunda carpeta se dejó a una serie de ejecutivos, ex directores, y sociedades querelladas, pero no formalizadas.

A menos de un mes de que se cumpla la fecha para terminar con la investigación, Morales ya tomó su primera decisión con respecto a la mayoría de las personas que componen este segundo grupo. El abogado ingresó al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el cual asegura que no perseverará en la investigación de 21 ex directores, ejecutivos y familiares de los formalizados.

"Se ha cerrado la investigación y en la misma fecha se ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación", señala la solicitud.

Esta petición de no perseverar recae sobre los ex directores del retailer acusados por la Superintendencia de Valores y Seguros en la arista administrativa, Heriberto Urzúa, Fernando Francke, Andrés Ibáñez, Francisco Gana, René Cortázar, Baltazar Sánchez, María Gracia Cariola y Raúl Sotomayor.

Además de los ex ejecutivos Jaime Ripoll, Manuel de la Prida y Rolando Harnish, junto al actual gerente de Asuntos Legales de la multitienda, Andrés Escabini.

A su vez, se incluyó a las esposas del ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y del ex presidente y gerente general, Pablo Alcalde, Ana Beatriz Tudela y María Inés Lagos, respectivamente. Y a siete personas relacionadas con la ex gerenta de de Administración, María Isabel Farah, entre las que están su hermana Marcela; sus sobrinos Marcelo Vergara —y su pareja Carolina Silva—, Diego Tanus y Mauro Farah; su hija Katherine D'Angelo; y su amiga María Raquel Alarcón.

En la misma línea, el fiscal decidió cerrar la investigación relacionada con las sociedades La Polar e Inversiones SCG, entidad que esta a cargo de emitir las tarjetas de la compañía.

Dado este escenario, dentro de la segunda carpeta, dividida recientemente, sólo queda pendiente la resolución sobre el socio de PwC (ex PricewaterhouseCoopers), Alejandro Joignant y la sociedad Siglo XXI 1 y 2. Según fuentes conocedoras del tema, esto último se encuentra aún en evaluación.

El tribunal fijó una audiencia para el 2 de enero próximo en la que se formalizará esta petición y se espera que en ella, las defensas soliciten el sobreseimiento definitivo de estas 21 personas.

En la instancia, no obstante, los querellantes podrían rechazar esta solicitud y pedir la formalización de estas personas. Finalmente, será la justicia la que tome la decisión final.

Arista principal

De esta manera, el fiscal Morales se centra ahora sólo en la arista principal del caso, donde ya se prepara el cierre y la posterior acusación.

Actualmente existen nueve formalizados en el proceso. Se trata de Moreno, Alcalde, Farah y los ex gerentes Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Pablo Fuenzalida, Martín González, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.

Según fuentes de la indagatoria, el Ministerio Público llevará a juicio oral a la mayoría de los imputados y sólo evalúa en cuatro casos un eventual juicio abreviado en que los formalizados deberían aceptar culpabilidad a cambio de que se les reconozca la atenuante de "colaboración sustancial", para así bajar en un grado la pena a la que se exponen.

La fiscalía debe cerrar la investigación a más tardar el 16 de diciembre, fecha en que termina el plazo legal de 2 años fijado por la justicia. Luego tiene un período máximo de 10 días para materializar la acusación que recaería sobre los nueve formalizados, tras lo cual comenzará la preparación del juicio oral, proceso que debería durar cerca de un mes, para luego dar paso al juicio.

De esta manera, comienza a cerrarse uno de los principales escándalos financieros de una compañía en el país. El caso estalló el 11 de junio del año 2011, cuando la empresa dio a conocer una serie de problemas en sus balances derivados de más de un millón de repactaciones unilaterales.

Fuente: Economía y Negocios

 



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Rodrigo González Fernández
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Escandalo Cascadas: querella criminal en contra de Fernando Coloma SVS por prevaricación administrativa y abusos contra particulares.

Julio Ponce presenta querella criminal en contra de Fernando Coloma
viernes, 29 de noviembre de 2013 
Economía y Negocios

Pamela Ohlbaum
El texto involucra también al intendente de Valores, Hernán López, y a Hugo Caneo, jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por delitos de prevaricación administrativa y abusos contra particulares.



























Las críticas de Julio Ponce respecto del actuar del superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, en el caso Cascadas, adquirieron ahora un carácter penal, luego de que el empresario —que controla SQM a través de las cascadas— presentara una querella criminal en contra del regulador y otros dos ejecutivos de la superintendencia. 


El documento fue declarado admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y, según consta en el sitio web del Poder Judicial, el empresario acusa a Coloma, al intendente de Valores, Hernán López Bohner, y al jefe del área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, Hugo Caneo Ormazábal, de cometer dos delitos. 

El primero, el de prevaricación judicial y administrativa. Este está definido en el Código Penal como el que realiza "un empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos". 

El segundo es por abusos contra particulares, que según el mismo texto legal, se produce cuando un funcionario, "desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo". 

Según explicó el abogado Jorge Bofill, que representa al controlador de SQM, la querella se basa en que las denuncias formuladas por Norte Grande o Julio Ponce han recibido un trato "completamente desigual" al que recibieron cuestionamientos presentados por terceros en contra del empresario.

"Nuestras quejas, peticiones y reclamaciones han sido rechazadas y desoídas, y dado que cuando una autoridad administrativa actúa de manera manifiestamente injusta y no le brinda a los particulares la protección que la ley les manda brindar, son constitutivas de delito, hemos presentado esta querella para demostrar que ellos han actuado injustamente", señaló.

Contenido


"La defensa de Julio Ponce ha dicho que una de las manifestaciones de la indefensión en la que se encuentra —el empresario— ha sido el trato desigual que ha recibido respecto de terceros, especialmente de Moneda Asset Management, las AFP, y personas vinculadas a ellas", afirmó Bofill. 

Y aunque se refirió sólo en términos genéricos al contenido de la demanda, el abogado querellante explicó que el documento legal destaca la diferencia que hizo la SVS en casos como la denuncia que efectuó Norte Grande en contra de Moneda Asset Management por el bloqueo de transacciones sobre acciones de las cascadas que esta firma se habría autoimpuesto.

"Se demostró que, a pesar de lo declarado por Moneda, hubo operaciones en ese periodo, pero a pesar de ello el superintendente califica las operaciones que demostramos como inmateriales o poco importantes, lo cual es no es un criterio que la ley le entregue a él para los efectos de decidir si es o no constitutivo de una infracción a la Ley de Mercado de Valores", dice.

En esa línea, critica que mientras la SVS desplegó "una investigación frenética por un año y medio" a partir de una denuncia anónima de Moneda, tras la cual formuló cargos en el plazo que le permite a Coloma dictar resolución días antes de terminar su mandato, en el caso de la denuncia presentada por Norte Grande, la misma autoridad no hizo "prácticamente nada". 

La querella aborda también las transacciones en bolsa cuestionadas por la SVS —por las cuales formuló cargos en contra de Ponce y otros tres ejecutivos ligados a él— en las que, según la defensa, participaron sociedades de inversión ligadas al Presidente Sebastián Piñera. 

Según Bofill, "extrañamente" en el informe de formulación de cargos el superintendente detalló al extremo las operaciones en las que participaron Ponce o ligados a él. Sin embargo, plantea, cuando se trató de las transacciones en las que compraron o vendieron firmas ligadas al Mandatario "simplemente las pasó por arriba". "Nosotros no tenemos que dar explicaciones por eso. El que tiene que darlas es el SVS y esperamos que eso sea lo que haga en esta investigación penal", dice el abogado. 

Al respecto, la SVS aseguró que ninguno de los funcionarios ha sido notificado de la querella.
Fuente:

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¿corrupción en periodo de bachelet?

UDI pide a Contraloría indagar recursos de ANFP en administración de Bachelet

Jefe de bancada, Gustavo Hasbún, solicitó investigar eventuales anomalías en traspasos de fondos.

por P. Toro y A. Labra - 29/11/2013 - 03:20
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Ayer en la tarde, el jefe de bancada UDI, Gustavo Hasbún, envió dos oficios para solicitar información sobre el posible financiamiento estatal recibido por la ANFP en el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

En los documentos -a los que tuvo acceso La Tercera y que fueron remitidos a Contraloría y al actual ministro del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle- se pide especificar los montos, destino y ejecución de los recursos, así como las justificaciones de aquellos gastos. Esto, durante los años 2008 y 2009.

En la UDI dicen manejar una serie de correos electrónicos que intercambiaron el entonces titular de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, y Rodrigo Egaña, quien se desempeñaba en Presidencia.

Según explican en el gremialismo, en uno de esos e-mails, Mayne-Nicholls informa a La Moneda que se rebajaría en un 16% el precio de las entradas de un partido entre las selecciones de Chile y Venezuela, y que se podría anunciar que aquello fue gracias a una gestión realizada por Bachelet. Lo anterior, comprometiendo una inyección por parte del gobierno a la ANFP por el total de ese monto que se dejará de recaudar, dineros que se utilizarían para la construcción de estadios, entre otras cosas.

El intercambio de mensajes habría sucedido en los meses previos a la elección presidencial de 2009, en la que Eduardo Frei se enfrentaba a Sebastián Piñera.

"Es muy grave que se haya concertado la anterior administración de la ANFP con el gobierno de la época para favorecer a un determinado sector político", dijo Hasbún, junto con explicar que con los oficios enviados a Contraloría y al Ministerio del Deporte pretenden dilucidar si hubo "entrega de fondos por parte del Estado a la ANFP, sin pasar por los concursos ni cumpliendo las reglamentaciones que existen para este tipo de subvenciones".

Dependiendo de la respuesta que obtenga de Contraloría, el jefe de bancada espera remitir los antecedentes al Ministerio Público.




























































































Fuente:emol

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