CORRUPCIÓN

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lunes, 21 de julio de 2008

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= EL MOSTRADOR : Los procesos de acreditación en el ojo del huracán

tras escándalo de la U. de las Américas 
Los procesos de acreditación en el ojo del huracán
En el Consejo Superior de Educación cayó como balde de agua fría la publicación que develó el grave conflicto de interés de algunos de sus miembros que terminaron con altos puestos en la casa de estudios acreditada por ellos mismos. El escenario es aún más complejo para cuando empiecen a operar las agencias acreditadoras, instancias privadas que están ad portas de iniciar el proceso de acreditación de miles de programas. 

Claudia Urquieta Chavarría 

A la educación le llueve sobre mojado. Y a estas alturas no es una simple metáfora, ya que al "jarrazo" recibido por la ministra Mónica Jiménez se suma el balde de agua fría experimentado por el sistema de acreditación que, varias veces cuestionado, sufrió un duro revés luego de que se hiciera público el conflicto de intereses tras la acreditación de la Universidad de Las Américas denunciado por La Nación Domingo. 

Y no es para menos. Mal que mal la luz verde entregada a la casa de estudios por la renunciada vicepresidenta del Consejo Superior de Educación (CSE), Paulina Dittborn que luego fue anunciada como la próxima rectora del plantel educacional, y del ex jefe de la división de educación del Minsal, Julio Castro, que hoy es el asesor educacional de la red de instituciones académicas, plantearon más de una alerta en torno al funcionamiento de las instancias acreditadoras. 

No es la primera vez que algo no huele bien en el sistema liderado por el CSE y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este medio ya había detallado otras situaciones que dejaban en duda las motivaciones que movían las opiniones y los votos en contra o a favor de acreditar un centro de educación superior. 

Al respecto, el académico Juan Eduardo García Huidobro considera "poco presentable" este tipo de situaciones y asegura que "aunque no hay nada ilegal, el hecho le quita confiabilidad al sistema". 

En tanto, el columnista Juan Guillermo Tejeda señala que esto "es un indicio de cómo marchan las cosas en el sistema educacional chileno. El baile de nombres con un pie en organismos públicos y el otro en empresas privadas y además la manito o la nariz en alguna trenza política es, a mi juicio, escandaloso. Y sin embargo es difícil remediarlo porque hay muchos aspectos de inhabilitación que no están reglados en la actualidad". 

En el caso del CSE, que es un organismo público autónomo creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 1990, no hay una normativa interna que inhabilite a sus miembros a participar en las instituciones de educación que son objeto de procesos de acreditación. Potencialmente podrían estar regidos por la Ley de Bases de la Administración del Estado, que da una moratoria de seis meses para funcionarios públicos y autoridades fiscalizadoras para desempeñarse en alguna institución fiscalizada. Pero, según fuentes ligadas al sistema de acreditación "los alcances de esa norma aún necesitan ser precisados, ya que es bastante interpretativo". 

En vista de esto, el presidente la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Manuel Monsalve (PS) impulsa una moción junto a otros parlamentarios, que prohíbe durante dos años a los miembros que dejan el cargo en el CSE integrarse a las filas de instituciones que hayan participado en procesos de acreditación. Y en el caso de la CNA, que surge a partir de de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, promulgada en octubre de 2006, se propone ampliar la incompatibilidad que establece el artículo 7º de dicha ley, de seis meses a dos años. 

Y además, la comisión acordó citar para el próximo 29 de julio al presidente de la CNA, Emilio Rodríguez, y al representante del CSE para que den cuenta del proceso de acreditación de la Universidad de las Américas, para aclarar por qué la CNA por unanimidad rechazó la acreditación y luego el CSE por unanimidad se la entregó. En todo caso, según fuentes ligadas al caso, "no hay espacio legal para revocar la acreditación a la Universidad de las Américas". 

Para Monsalve, más allá de lo que suceda con el caso puntual de dicha casa de estudios,"está en cuestionamiento la transparencia de los procesos de acreditación". 

Y agrega que "tomando en cuenta la masificación de las universidades en los últimos 10 años, que ya cuenta con unos 700 mil alumnos, de los cuales 200 mil están en instituciones no acreditadas, la CNA y el CSE van a jugar un rol muy importante al garantizar la calidad de estos estudiantes y es fundamental que no quede la duda de que existen otro tipo de intereses". 

Desde el CSE, anuncian que están realizando una investigación interna sobre lo sucedido, y que en los próximos días se pronunciarán oficialmente sobre el tema. 

Las Agencias Acreditadoras entran al ruedo 

Otro papel crucial en la educación superior lo tendrán las agencias acreditadoras, actualmente en proceso de aprobación por parte de la CNA, que hasta el momento ha dado el visto bueno a tres de las cinco inscritas. 

El rol que jugarán estas entidades privadas, será el de acreditar carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado, magíster y especialidades en el área de la salud. 

Para García Huidobro el panorama es complejo, porque "tendremos cientos o miles de acreditaciones y somos un país chico donde el sistema académico es muy reducido. Por eso, tendrá que hacerse un código de inhabilidades más explícito". 

De hecho, según explica el abogado de la Universidad de Chile Eric Palma, el reglamento aprobado por la CNA respecto de las agencias señala que "las agencias, sus propietarios, socios o miembros directivos no podrán prestar, por un lapso de veinticuatro meses, a lo menos, servicios de consultoría o asesoría a las instituciones de educación superior en las que hubieren, estén o vayan a desarrollar procesos de acreditación". 

Pero no queda claro cómo se garantizará que no haya conflictos de interés, ya que para muchos no es coherente que las agencias sean pagadas por las mismas instituciones que deben acreditar. O que miembros de los planteles puedan actuar a favor de su propia casa de estudios o desfavorecer a la competencia. Otro punto que preocupa, es que no existan restricciones sobre quienes las integran, ya que incluso en la Agencia Akredita QA, se encuentra el diputado Maximiano Errázuriz (RN). 

Para Monsalve "no está en cuestión la ética de nadie, sino cómo la institucionalidad da garantías a la ciudadanía de que los procesos que van a garantizar calidad de los centros de estudio apunten a eso y no la protección de otros intereses". 

Y recuerda que el tema de la acreditación fue ampliamente abordado por el Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior, que concluyó que es necesario revisar el sistema "a fin de asegurar la imparcialidad de las agencias que en él participen, eludir los conflictos de intereses, verificar los criterios que se aplican, examinar los procedimientos y modalidades para la fijación de tarifas y asegurar la publicidad de sus deliberaciones y fomentar la inclusión de todas las instituciones en el sistema". Agregando que "la propia Comisión Nacional de Acreditación debiera reglar los conflictos de intereses de sus miembros y las consecuencias a ellos asociados, todo ello sin perjuicio de que la ley mejore y haga más rigurosas las actuales causales de inhabilidad para ser miembro de él". 

El conflicto público-privado 

Que las agencias acreditadoras sean instancias privadas no es lo ideal a ojos de Monsalve, que preferiría una institucionalidad similar a la agencia de aseguramiento de la calidad que regirá a la educación primaria y media, que es una entidad autónoma pero pública. "El objetivo es proteger un bien común y creo que el derecho a una educación de calidad se garantiza más con instituciones de carácter público". 

Opción que para Tejeda es más bien técnica y que depende de la complejidad de cada acreditación."Lo que importa es el adecuado y firme control público de lo que los privados hacen, y en eso hay en Chile una debilidad evidente. Es esta una falla que atraviesa todo el sistema nacional, hay demasiadas zonas grises entre lo privado y lo público, y no debiera haberlas", asegura el docente. 

Y recalca que en Chile se insiste en llamar "universidades" a entidades "que tienen cero peso académico, y que se dedican exclusivamente al rubro de impartir docencia. Las universidades son otra cosa. Que sean universidades -públicas o privadas- aquellas entidades que se dedican al conocimiento como un todo, en todas sus manifestaciones, incluyendo investigación, estudios multidisciplinarios, publicaciones, extensión, carrera académica, libertad de cátedra, etc. Y que se llamen institutos esos otros espacios donde va uno a sacar un título profesional". 



Los conflictos de interés que enturbian la acreditación de universidades

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Rodrigo González Fernández
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El caso de Ana María Laguna, socia de la empresa fundada por Pilar y Marilú Velasco , EXTEND


Sanción de la SVS por uso de información privilegiada 
El espinudo factor Extend
El caso de Ana María Laguna, socia de la empresa fundada por Pilar y Marilú Velasco - que fue multada por faltar al deber de reserva de información confidencial-, revivió una discusión pendiente en el mundo de las comunicaciones corporativas: la ausencia de estándares públicos y por escrito para el sector. El asunto devela un sospechoso triángulo de relaciones que completan los grandes medios y los clientes-avisadores. Aquí, académicos y profesionales del rubro ponen el dedo en la llaga. 

Miguel Paz 

La sanción de 100 UF impuesta el jueves pasado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a Ana María Laguna, una de las socias la empresa de comunicaciones Extend, por incumplimiento del deber de reserva de las negociaciones de D&S con Falabella, difícilmente no afectará la imagen de la compañía fundada por Pilar y Marilú Velasco. Laguna, quien era la encargada de llevar la cuenta de D&S en Extend, fue multada por 100 UF (US$4 mil) ya que según la autoridad habría entregado información privilegiada a su marido Peter Studer sobre el acuerdo de fusión de ambas compañías, y este adquirió $7.879.585 en acciones de la supermercadista de Nicolás Ibáñez, el 16 de mayo de 2007. Es decir, un día antes que se anunciara públicamente la fusión e "inmediatamente después que ella tuvo acceso a tal información por razones laborales". 

El caso es inédito en el mundo de las comunicaciones corporativas donde la confianza es un valor clave para los clientes y los medios con los que trabajan las agencias de comunicaciones. 

Aunque en Extend negaron los cargos formulados por la SVS y consultados por El Mostrador otorgaron su total respaldo a la ejecutiva "porque la conocemos y sabemos que ella no cometió ninguna falta ya que no reveló ninguna información a su marido", el tema de inmediato provocó discusión en el sector. No tanto por si es o no efectivo lo que plantea la "Súper": Laguna buscará demostrar su inocencia en tribunales y ya se anunció que está siendo representada por el abogado Enrique Alcalde Rodríguez, experto en derecho civil y legislación comercial y económica; sino más bien porque reinstaló el debate sobre la necesidad de un código de ética común para las empresas de comunicaciones. Algo que vaya más allá de las cláusulas de confidencialidad a las que están sujetos los profesionales de la mayoría de las grandes agencias, incluida Extend, empresa que no quiso comentar esta materia. "Es necesario porque permite poner las reglas claras", dice Paulina Gómez, académica de la UC y experta en comunicaciones corporativas. 

Son las menos 

En Chile son muy pocas las compañías de comunicaciones que cuentan con un código de ética. "Este caso es uno de los que hace que sea necesario que existan y se hagan públicas cuáles son las normas éticas de las agencias para que los clientes tanto como los mercados y la gente puedan conocer su funcionamiento", explica Gómez. "Como no sabemos cuáles son las normas éticas autodefinidas se entra a especular y a imaginar cómo funcionan. Por eso que Extend está en una situación muy complicada, porque es una socia, amiga de muchos años. Es muy razonable que partan de la presunción de inocencia, y tener base para apoyarla", agrega. 

Según Gómez, quien hizo un estudio sobre la materia, salvo las transnacionales Burson Marsteller, Hill & Knowton Captiva, de Cristina Bitar, "que lo traen de afuera", o Imaginacción de Enrique Correa, que lo tiene publicado en su página web, el resto está en deuda. Pero incluso en estos casos, asegura otro consultor de una agencia top que pide anonimato, que exista un código o sea público no siempre se traduce en que se siga al pie de la letra. "Correa puede tener un código y publicitarlo cuanto quiera pero anda a pillarlo en una reunión oficial y pública con la contraparte de sus clientes", ironiza y asegura que la sanción de la SVS fue "una luz amarilla, porque en más de un caso se ha visto rota la confidencialidad con que nos debemos manejar". 

No es primera vez que el modo de operar de las empresas de comunicaciones es materia de discusión. En septiembre de 2006, en un artículo de su revista institucional la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) manifestó la inquietud de editores y periodistas de varios medios por la labor de las empresas de comunicación estratégica como intermediarias entre los periodistas y las fuentes de empresas de los sectores público y privado. 

En uno de los párrafos clave, Guillermo Turner (actual presidente de la ANP) señaló la ausencia de manuales de conducta y de un consejo de ética como un peligro para el sector y los medios: "Cualquiera puede denunciar a un medio si ha actuado de manera poco ética. Pero, ¿hay una instancia a la cual recurrir cuando una empresa de comunicaciones ha actuado de manera poco ética? No hay código, no hay normas y al no existir esos criterios no conocemos los códigos de conducta. Dado que en otras partes del mundo sí existen, no estamos hablando de algo descabellado. Que las agencias digan cuáles serán los criterios que van a aplicar, para así saber si los validamos o no". 

Además, como "este es un sector que se ve o percibe como poco transparente, entonces se producen más dudas porque si tu no estableces un compromiso escrito queda la idea de que el código de conducta no es tan relevante para ti. Cuánto interés en convertir el problema en oportunidad va a depender de quien dirige. Establecer un código no hace sino fortalecer el sector y se puede convertir en una tremenda oportunidad", agrega Gómez. 

Al otro lado de la vereda 

En Europa y Estados Unidos los códigos de ética de las agencias de comunicaciones, e incluso los manuales de procedimiento frente a situaciones específicas, están a la orden del día. Al otro lado de la vereda, el tema también está presente y toca el actuar de los periodistas de sectores donde se maneja información altamente sensible para evitar el uso de información privilegiada y la especulación a partir de trascendidos de prensa. 

En Inglaterra, por ejemplo, la BBC tiene un estricto código para sus periodistas del área financiera. Peter Day, corresponsal de negocios del programa "Global Business", asegura que como "los reguladores financieros ahora observan a los periodistas muy de cerca, la BBC requiere que sus periodistas registren sus inversiones e intereses". 

Así se evitan casos como el ocurrido en 2005 en Chile con Schwager Energy. A fines de ese año, el director del diario Estrategia, Víctor Manuel Ojeda, fue multado por la SVS en 270 millones de pesos por publicar noticias "falsas o tendenciosas" que señalaban que Schwager tenía excelentes negocios entre manos, cuando en realidad no era así. La multa para Ojeda además, indicó la autoridad, se debió a que el periodista usó el medio "para influir en el precio de la acción y obtener ganancias por $183 millones por la compra y venta de estos títulos, a través de la sociedad de inversiones Gestión". 

Triángulo complejo 

El citado artículo de la ANP también abordó "el triángulo que se genera entre las empresas que contratan a las agencias de comunicación, que son las mismas que avisan en los medios". Esta cuestión para Gómez se hizo evidente en cómo se informó inicialmente al público de las sanciones impuestas por la SVS a los ocho imputados, incluida Ana María Laguna. "El tema está tocando a los medios porque pasa por los avisadores. Por ejemplo, vi el noticiero de Chilevisión la misma noche del jueves y no apareció nada, cosa que me extrañó. Inmediatamente después vino la publicidad y apareció Tottus, que es de Falabella. El Mercurio tampoco mencionó de inmediato que Ana María Laguna sea socia de Extend. No hago ninguna presunción de que el cargo que se le imputa sea verdadero o no, eso debe verlo la justicia. Pero los hechos son los hechos. Y este comportamiento de algunos medios no es el mismo que tienen frente a otros casos donde informan con lujo de detalles. Entonces no sólo se tiene que hablar de las agencias de comunicación estratégica, también de los medios. A mi me impresionan omisiones claras de la información en un canal como Chilevisión, con una línea editorial de denuncia y fiscalización. Algo que deja muy mal a Tottus y Falabella. Si quisieron hacerle un favor, lo hacen muy mal. Porque la gente hace una relación entre ellos". 

"Claramente hay un doble estándar", dice otro analista sobre el modo que se enfrentó la información. "Además, desde una perspectiva comunicacional es fatal que algunos ejecutivos dijeron que no apelarán a las sanciones porque queda un manto de duda enorme frente a ellos y las empresas. Eso implica arrojar dudas sobre la Superintendencia que es muy malo para el país también".


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Rodrigo González Fernández
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Detienen a padre de abogado de los "Car'e Jarro" en operativo contra banda de narcotraficantes

Detienen a padre de abogado de los "Car'e Jarro" en operativo contra banda de narcotraficantes

Gracias a las diligencias se logró determinar que la agrupación "Los Guatones", ingresaba al menos cien kilos de cocaína mensuales al país.

La Tercera.com


21/07/2008 - 11:19

En medio de un nuevo golpe al narcotráfico, dado a conocer a última hora de ayer, se logró desbaratar una banda dedicada a la venta de clorhidrato de cocaína de alta pureza en la zona sur de Santiago, que además proveía de esta sustancia a los "Car'e Jarro".

Según se informó, con la operación "Hermandad", al mediodía de ayer fueron incautados 40 kilos de cocaína en Antofagasta. La carga tendría su origen en Perú y su ingreso al país habría sido por el norte.

Según se dio a conocer por la Brigada Antinarcóticos, entre los quince detenidos en esta operación, se encuentra Hernaldo Marín, padre del abogado de los "Car'e Jarro", Ariel Marín.

En un principio se esperaba que se formalizaran hoy los miembros de la banda, no obstante, el plazo de la investigación se amplió a cinco días, por lo que los sujetos serán formalizados este viernes, acusados de narcotráfico, asociación ilícita y lavado de dinero.

OPERATIVO
En las diligencias la Brigada Antinarcóticos desplegó un operativo simultáneo en la Región Metropolitana. La acción más importante de la operación se produjo en San Bernardo, donde se logró detener a los"Hermanos Carter". Se trata de Víctor y Sergio Carter, los que encabezarían una de las bandas proveedoras de droga más importantes del sector sur capitalino.


 
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