CORRUPCIÓN

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miércoles, 11 de septiembre de 2013

JULIO PONCE AHORA EN EL CRIMEN

Fiscalía también investiga operaciones de "cascadas" de SQM: Las explicaciones que dieron Ponce y Motta

Desde hace un año el Fiscal de Las Condes, Felipe Díaz indaga una querella criminal presentada por un accionista minoritario de SQM y cuyo expediente detalla algunas operaciones que han sido investigadas por la SVS.

por:  Malú Urzúa y Nicolás Cáceres
miércoles, 11 de septiembre de 2013

El mayor accionista de SQM, Julio Ponce enfrente un escenario judicial penal.


Penas de hasta 10 años de cárcel

El abogado Mauricio Daza indica que "las figuras criminales en que se funda esta querella son aquellas establecidas en el artículo 59 letra e) de la Ley de Mercado de Valores, por infringir la prohibición de efectuar transacciones ficticias y actos fraudulentos realizados en el mercado de valores y por medio de negociaciones privadas en acciones que se transan en bolsa, arriesgando penas que van desde 541 días a 10 años de cárcel".

No sólo la formulación de cargos por una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores presentada ayer por la SVS es una de las preocupaciones del controlador de Soquimich (SQM), Julio Ponce.

En paralelo, el empresario enfrenta un escenario penal hasta hoy desconocido. "La Segunda" accedió a la investigación que lidera el Fiscal de Las Condes, Felipe Díaz desde el año pasado, tras una querella criminal presentada por Roberto Lobos Cerda, accionista minoritario de SQM y de las cascadas Potasios, Norte Grande y Oro Blanco.

Representado por los abogados Miguel Soto y Mauricio Daza, el accionista entabló una querella en contra de los responsables del delito de transacciones ficticias vinculadas a la compra y venta de 5 millones de acciones de SQM-A. Esta operación también es parte de lo indagado por la SVS y por lo cual ayer formuló cargos.

El 29 marzo de 2011 la sociedad Global Mining Chile -filial de Pampa Calichera- vendió en bolsa 5 millones de acciones de SQM-A a través de la corredora Banchile. Estos papeles fueron adquiridos por Linzor Total Return Fund a $27.100 cada uno; tres minutos después, este vendió los títulos a la sociedad cascada Oro Blanco -que financió la transacción con un préstamo de Pampa Calichera- en $27.138,5 por acción.

En abril del año pasado la SVS consideró estas transacciones como entre partes relacionadas y pidió a las cascadas corregir sus balances de 2011.

Ponce: "Parece irregular, pero es real, lícita..."

En el marco de la querella criminal, en enero del presente año el Fiscal solicitó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI que hiciera una serie de indagaciones con los involucrados en el caso.

El primero en declarar fue Julio Ponce : "Sobre la operación de venta de 5 millones de acciones serie A de Soquimich, que Global Mining vendió en marzo de 2011 y que el comprador resultó ser la empresa relacionada Oro Blanco, situación que pudiera parecer irregular, debo señalar que no es así, por el contrario, fue una operación totalmente real, lícita y transparente. Para ello, debo explicar que la venta no fue directa, en su defecto, las acciones en comento que poseía Global Mining las vendió a un tercero a través de la corredora de bolsa Banchile ".

En su declaración, Ponce explica que Global Mining decidió vender esas acciones porque estaban afectando los resultados de su matriz, Pampa Calichera, debido a que por ser empresas relacionadas esta última consolida en su contabilidad los resultados de la primera.

"En este entendido, como Global Mining en su contabilidad tenía registrado el valor libro de cada acción de Soquimich a US$5 y en bolsa el valor justo era de US$50, esta diferencia de valor estaba afectando indirectamente a Pampa Calichera, porque en esta última empresa el valor libro de cada acción de Soquimich era de US$50", sostuvo Ponce.

Agregó que "por motivos que desconozco en profundidad el nuevo sistema (de contabilidad) IFRS impedía a Global Mining reconocer contablemente el valor justo de las acciones de SQM y tuvo que mantenerlas al valor libro que no pudo ser corregido. Entonces, para poder mejorar el patrimonio de Pampa Calichera se decidió vender 5 millones de acciones de su filial Mining al valor justo de mercado transado en la bolsa y de esta forma aumentar el activo de Pampa Calichera".

Motta: Directorio aceptó

El segundo interrogado fue el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta. Relató que el 28 de marzo de 2011 recibió una llamada de un ejecutivo de Banchile diciéndole que había un interesado en comprar acciones de SQM.

Informó esto a los directores de Pampa Calichera (Pablo Guerrero, Patricio Phillips y Julio Ponce Pinochet), quienes "estuvieron de acuerdo en vender, pero no en menos de $21.100 por acción", explicó Motta al fiscal.

Según su relato, tras la venta de los títulos recibió un nuevo llamado desde Banchile: Le avisaban que era probable que ese paquete de acciones fuera ofrecido por el reciente comprador (Linzor Total Return Fund) en la bolsa.

"Se me ocurrió comprarlas, pero no a través de Pampa Calichera ni Global Mining porque el efecto que buscábamos se anularía. Por lo mismo concluí que lo mejor era realizar la compra a través de Oro Blanco, porque recibiría los flujos de SQM en forma directa (dividendos)", indicó.

"Ese mismo 28 de marzo conversé una vez más con el ejecutivo de Banchile y le señalé que Oro Blanco estaría interesado en comprarle las acciones a su cliente, a través de la bolsa y en condiciones de mercado. También le pedí conocer el precio de venta mínimo, el cual desde luego lo negociamos, llegando a un acuerdo del precio de venta mínimo que si bien recuerdo fue de $27.138,5", agregó.

Motta añade que en octubre de 2011 "pusimos a la venta las 5 millones de acciones de SQM-A, cuyo dueño era Oro Blanco, las cuales finalmente las compró nuestra relacionada Potasios de Chile". La operación se hizo con LarrainVial.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
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SVS FORMULA CARGOS JULIO PONCE Y OTROS EJECUTIVOS

POR INFRACCIÓN A LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LEY DE MERCADO DE VALORES

SVS formula cargos contra Julio Ponce y ejecutivos delas sociedades cascadas




Entidad afirmó que las operaciones entre relacionadas se hacían a precios fuera de mercado, y que no perseguirían el interés social de las compañías.

 

A más de un año de que se iniciara la investigación sobre las operaciones financieras de las llamadas "sociedades cascada", finalmente ayer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra Julio Ponce y los principales ejecutivos de dichas compañías por supuestas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.

Mediante un comunicado, el regulador señaló que los cargos "se circunscriben a la presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM".

Por ello, el regulador resolvió formular cargos contra Julio Ponce, en su calidad de presidente del directorio y controlador de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios, Nitratos, Inversiones SQ e Inversiones SQYA, estas dos últimas, controladoras de Norte Grande.

Junto a Ponce, la SVS también presentó cargos contra el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco (hasta mayo de 2013) y de Pampa Calichera, Aldo Motta, quien además hasta 2011 fue el máximo ejecutivo de Potasios, Inversiones SQ e Inversiones SQYA.

También se presentaron cargos a Patricio Contesse Fica, hijo del actual gerente general de SQM, y gerente general de Potasios desde 2011; así como a Roberto Guzmán Lyon, asesor cercano a Ponce.

El levantamiento de cargos se produce dos semanas antes de que los accionistas minoritarios y los controladores de las cascadas acudan a las juntas extraordinarias de accionistas de las compañías para votar un aumento de capital en Oro Blanco por US$ 290 millones, otro en Norte Grande por 
US$ 177 millones, y la fusión de Pampa Calichera con Potasios. 
A mediados de 2012, Moneda y las AFP pidieron al regulador que investigara una serie de operaciones relacionadas entre las sociedades cascadas, transacciones que según señalaron en su momento, implicaron pérdidas por millones de dólares, y que entre ellas sumarían más de 
US$ 7.000 millones.


Cuestionamientos a operaciones 


Según indicó la SVS, en los cargos se presume "la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llevado a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios que, en la generalidad, pueden ser entendidos bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas, entre otras, a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce L., y en menor medida a sociedades relacionadas a Roberto Guzmán".

Estas sociedades -explica la superintendencia-, por lo general, tiempo después, enajenaban dichas acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado, siendo las contrapartes de estas operaciones, mayoritariamente, las propias Sociedades Cascada.

"Lo anterior, daría cuenta de la realización de prácticas que no habrían perseguido el interés social de las Sociedades Cascada, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo y que, por otra parte, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo", sentenció el regulador. 

Las personas cuestionadas tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar sus descargos. Una vez cumpliendo ello, la SVS deberá resolver si los mantiene.

 

Cargos a Julio Ponce Lerou

(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.
(ii) Presunta infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de S.A., que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.
(iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de S.A. sobre operaciones entre partes relacionadas.
(iv) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir, a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
(v) Presunta infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto que es contrario a dicho cuerpo legal efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

 

 Los reparos de los minoritarios a la actuación de la SVS en el caso

Desde hace meses que las partes involucradas en el conflicto por las operaciones entre partes relacionadas de las sociedades no miraban con buenos ojos  que la Superintendencia de Valores y Seguros no entregara las conclusiones de su investigación, iniciada hace más de un año. De hecho, en la primera jornada del Chile Day realizada ayer en Londres se comentaba que los accionistas minoritarios que se encuentran en la cita, harían notar su malestar por la demora de la indagatoria al regulador, Fernando Coloma, que precisamente expone hoy.
"Hasta el momento no me ha parecido que las compañías se sientan presionadas (por el regulador) porque veo que siguen actuando y tomando iniciativas, prescindiendo de las inquietudes que han manifestado los minoritarios", comentó ayer en Londres, antes de conocerse el resultado de la investigación, el presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán.
Pero las críticas por la demora de la indagatoria no son nuevas.
A fines de agosto pasado, el socio y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, planteaba la inconveniencia de que los accionistas minoritarios tomaran decisiones sobre aumentos de capital o fusiones de las sociedades cascada, sin conocer el resultado de la investigación que llevaba adelante el regulador.
"Nosotros estamos esperando lo que vaya a decir la Superintendencia sobre las transacciones de Julio Ponce, respecto de lo cual aún no se ha manifestado", aseguraba ya en abril pasado una fuente de una AFP a Diario Financiero.

 

Cargos a Aldo Motta Camp

(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de S.A., que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social. (ii) Presunta infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de S.A, que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. (iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas sobre operaciones entre partes relacionadas. (iv) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. (v) Presunta infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto que es contrario a dicho cuerpo legal efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

 

 Cargos a Patricio Contesse Fica

(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.
(ii) Presunta infracción del numeral 7 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.
(iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, que dice relación con operaciones entre partes relacionadas.

 

 Cargos a Roberto Guzmán Lyon

 (i) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
(ii) Presunta infracción al inciso primero del artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto establece que es contrario a la ley efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.

 

 Gutiérrez: involucrados arriesgan hasta 10 años de presidio

Hasta 10 años de cárcel arriesgaría Julio Ponce, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, y Roberto Guzmán Lyon por los cargos que ayer la SVS formuló en su contra.
Según el socio y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, "los cargos formulados por la SVS dan cuenta de operaciones que a los ojos de la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores, constituyen infracciones gravísimas". En esa línea, Gutiérrez agregó que "algunas de estas infracciones son constitutivas delitos sancionados con penas que llegan hasta los 10 años de presidio".
Un alto ejecutivo de una AFP
indica que la "estas son las primeras formulaciones de cargo y deja abierta la puerta a que más ejecutivos entren en el proceso y reciban estos cargos. Además, con esto se abre la parte penal. Al tener la SVS la sospecha de que se cometieron delitos que tienen sanción penal, necesariamente debe pasar a la fiscalía correspondiente".
De hecho, indica que infringir el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores es un delito que amerita un proceso penal.
Con todo, desde las AFP indican que "aún no se ha resuelto nada relacionado a la información que debe proveer la compañía respecto a las operaciones con empresas relacionadas, que es lo que nosotros queremos. Lo único que se hizo fue levantar cargos, entre otros sobre inversiones con partes relacionadas, pero no ha tomado una decisión respecto a si realmente los va a obligar o no a entregar esa información".
A ello, se suma que el regulador no ha resuelto si suspenderá o no las juntas de accionistas del próximo 27 de septiembre.
De hecho, el gerente general de AFP Habitat, Cristián Rodriguez, había solicitado al regulador "ordenar la suspensión de toda junta de accionistas de dichas compañías que tenga por objeto aumentos de capital o fusión y que pudieran tener un impacto en los estados financieros y en los derechos de sus accionistas, en tanto no se nos proporcione todos los antecedentes e información relativa a las cuestionadas operaciones con partes relacionadas".
Unas semanas antes, en entrevista con Diario Financiero, Pedro Pablo Gutiérrez planteaba en la misma línea que "es difícil e inconveniente que estas juntas se lleven a cabo antes de que culmine esta etapa de la investigación de la SVS. Es imprescindible que los minoritarios tengamos claro lo que ha ocurrido con las operaciones relacionadas que se han denunciado. Además, si hemos impugnado los balances y estados financieros, lo lógico es que la SVS culmine esta etapa de su investigación antes de que se les pida a los accionistas que tomen decisiones sobre fusiones o aportes adicionales de plata".

Fuente: df

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