El eterno problema de la corrupción
En los últimos años, al menos desde la salida del poder de Carlos Menem, no hubo político que en su afán por llegar a la presidencia de la Nación, no haya basado parte de su campaña, ocupando largos espacios en sus discursos, al tema de la corrupción. Este accionar siempre estuvo anclado en la preocupación que la ciudadanía evidenció respecto de la problemática en cuestión, considerada uno de los máximos flagelos de todo gobierno.
Sin embargo, rara vez desde uno y otro lado pusieron realmente manos a la obra para desterrar prácticas corruptas de la vida pública y privada del país. Puede decirse, sin miedo a faltar a la verdad, que a los argentinos nos gusta mostrarnos interesados por temáticas como esta, en parte porque comprendemos que se trata de la aplicación de métodos ilícitos para obtener ciertos y deseados resultados, pero también en parte porque sabemos que el asunto en cuestión suele ser una preocupación constante de los países más importantes del mundo. Resumiendo, que suena lindo hablar mal y mostrarse consternado acerca de la corrupción.
Lo cierto es que rara vez los gobernantes y los pueblos, al menos en este rincón del planeta, se han ocupado concientemente de la corrupción. Ya en las últimas décadas, el tema sólo permaneció en la agenda política desde lo discursivo, desapareciendo de los planes y acciones oficiales. Lo "políticamente correcto", en este sentido, pasó a ser el mostrar compromiso durante las campañas -por parte de la clase política- y preocupación ante las encuestas -por parte de la ciudadanía-.
Lejos del perfil de gobiernos como el de Menem, que estuvo bañado por la corrupción, el de Néstor Kirchner parecía tener un mayor cuidado en relación a este tema. No obstante, parece haber sido un mero maquillaje artificial, resguardado en buen parte por la pasividad y complicidad de los otros poderes -principalmente el Legislativo, en definitiva integrado por la misma "clase"- y fundamentalmente de la prensa.
Al igual que en ocasiones anteriores, lo único que hizo falta fue que pasara el tiempo. Así, el caso Skanska, en el que un juez fuertemente condicionado por el propio gobierno busca desentrañar las rutas que recorrieron millonarios fondos de una empresa sueca, a través de empresas fantasmas y facturas truchas, para quedarse con la construcción del Gasoducto del Norte, viene a poner nuevamente el tópico sobre la mesa de discusión y análisis.
Como esta obra está impulsada por el Gobierno nacional, lo que López Biscayart -uno de dos magistrados que viene desarrollando la causaestá tratando de descubrir es la vinculación entre funcionarios públicos -se sospecha del Ministerio de Planificación que encabeza Julio de Vido, y del gobierno porteño, cuyo titular es Jorge Telerman y la adjudicación de la obra del Gasoducto a la firma europea.
Contrariamente a lo que repitió siempre a través de sus discursos, el Gobierno no está dejando aplicar esta ocasión la consabida independencia de poderes. Sin ir más lejos, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se pusieron al frente de un operativo que, más allá de lo que arroje la investigación judicial, ha dejado muy mal parado al Gobierno nacional. Y fue el segundo de los mencionados el que se extralimitó, al impulsar un pedido de juicio político contra el juez a cargo de la causa, que fue rápidamente rechazado por la Justicia. Habrá que ver qué resultados genera el proceso que López Biscayart lleva adelante en la Justicia. De todos modos, la gestión Kirchner ha dado su primer gran paso en falso, desnudando la hipocresía que envuelve a sus discursos y acciones.
Más allá de esto, la situación presenta un nuevo llamado de atención para la ciudadanía, que muchas veces no duda en condenar actitudes que forman parte de su misma composición y proceder, y que en otras tantas ocasiones termina refugiándose en ciertas máximas consolatorias -"roba pero hace" es una de ellas-. Será cuestión de analizar a conciencia qué clase de país se quiere, ya que si no se toma conciencia de la importancia de erradicar o al menos disminuir la corrupción, se corre el riesgo de que esta se eternice dentro de la vida institucional argentina.
En los últimos años, al menos desde la salida del poder de Carlos Menem, no hubo político que en su afán por llegar a la presidencia de la Nación, no haya basado parte de su campaña, ocupando largos espacios en sus discursos, al tema de la corrupción. Este accionar siempre estuvo anclado en la preocupación que la ciudadanía evidenció respecto de la problemática en cuestión, considerada uno de los máximos flagelos de todo gobierno.
Sin embargo, rara vez desde uno y otro lado pusieron realmente manos a la obra para desterrar prácticas corruptas de la vida pública y privada del país. Puede decirse, sin miedo a faltar a la verdad, que a los argentinos nos gusta mostrarnos interesados por temáticas como esta, en parte porque comprendemos que se trata de la aplicación de métodos ilícitos para obtener ciertos y deseados resultados, pero también en parte porque sabemos que el asunto en cuestión suele ser una preocupación constante de los países más importantes del mundo. Resumiendo, que suena lindo hablar mal y mostrarse consternado acerca de la corrupción.
Lo cierto es que rara vez los gobernantes y los pueblos, al menos en este rincón del planeta, se han ocupado concientemente de la corrupción. Ya en las últimas décadas, el tema sólo permaneció en la agenda política desde lo discursivo, desapareciendo de los planes y acciones oficiales. Lo "políticamente correcto", en este sentido, pasó a ser el mostrar compromiso durante las campañas -por parte de la clase política- y preocupación ante las encuestas -por parte de la ciudadanía-.
Lejos del perfil de gobiernos como el de Menem, que estuvo bañado por la corrupción, el de Néstor Kirchner parecía tener un mayor cuidado en relación a este tema. No obstante, parece haber sido un mero maquillaje artificial, resguardado en buen parte por la pasividad y complicidad de los otros poderes -principalmente el Legislativo, en definitiva integrado por la misma "clase"- y fundamentalmente de la prensa.
Al igual que en ocasiones anteriores, lo único que hizo falta fue que pasara el tiempo. Así, el caso Skanska, en el que un juez fuertemente condicionado por el propio gobierno busca desentrañar las rutas que recorrieron millonarios fondos de una empresa sueca, a través de empresas fantasmas y facturas truchas, para quedarse con la construcción del Gasoducto del Norte, viene a poner nuevamente el tópico sobre la mesa de discusión y análisis.
Como esta obra está impulsada por el Gobierno nacional, lo que López Biscayart -uno de dos magistrados que viene desarrollando la causaestá tratando de descubrir es la vinculación entre funcionarios públicos -se sospecha del Ministerio de Planificación que encabeza Julio de Vido, y del gobierno porteño, cuyo titular es Jorge Telerman y la adjudicación de la obra del Gasoducto a la firma europea.
Contrariamente a lo que repitió siempre a través de sus discursos, el Gobierno no está dejando aplicar esta ocasión la consabida independencia de poderes. Sin ir más lejos, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se pusieron al frente de un operativo que, más allá de lo que arroje la investigación judicial, ha dejado muy mal parado al Gobierno nacional. Y fue el segundo de los mencionados el que se extralimitó, al impulsar un pedido de juicio político contra el juez a cargo de la causa, que fue rápidamente rechazado por la Justicia. Habrá que ver qué resultados genera el proceso que López Biscayart lleva adelante en la Justicia. De todos modos, la gestión Kirchner ha dado su primer gran paso en falso, desnudando la hipocresía que envuelve a sus discursos y acciones.
Más allá de esto, la situación presenta un nuevo llamado de atención para la ciudadanía, que muchas veces no duda en condenar actitudes que forman parte de su misma composición y proceder, y que en otras tantas ocasiones termina refugiándose en ciertas máximas consolatorias -"roba pero hace" es una de ellas-. Será cuestión de analizar a conciencia qué clase de país se quiere, ya que si no se toma conciencia de la importancia de erradicar o al menos disminuir la corrupción, se corre el riesgo de que esta se eternice dentro de la vida institucional argentina.
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http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2007/04/29/b742901.htm
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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