Davor Harasic Yaksic
Presidente Chile Transparente
El Gobierno ha presentado hace algunos días un proyecto de ley tendiente a establecer el financiamiento público a los partidos políticos. Una encuesta de cinco centros de estudio, dada a conocer el viernes pasado, constata que un 82% de los encuestados se opone a que el Estado financie a los partidos fuera de épocas de campaña. A pesar del escaso apoyo que despierta la iniciativa, se trata de un concepto que apunta en la dirección correcta de fortalecer la democracia, profesionalizando y transparentando los partidos políticos y su gestión, aspectos claves para mejorar la confianza ciudadana en ellos y en el sistema democrático (la misma encuesta -junto a muchas otras- muestra que los partidos políticos son la institución peor evaluada desde el punto de vista de la confianza pública).
La gran mayoría de los países desarrollados y varios latinoamericanos (entre otros, Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay) ya cuentan con un sistema público de financiamiento de los partidos políticos.
La iniciativa gubernamental propone que este aporte público sea utilizado para financiar gastos fijos de carácter operacional y que al menos un 35% de dicho aporte sea destinado a la formación cívica de los afiliados y ciudadanos, asesoría a sus parlamentarios y diseño de políticas públicas. El gran riesgo de esta propuesta es que se haga un mal uso de estos recursos, lo que podría traducirse en amenazas de clientelismo, captura de los partidos y, por ende, mayores daños a la credibilidad y confianza pública en el sistema político.
La manera de asegurar la correcta utilización de estos recursos públicos será obligando a la mayor transparencia posible, tanto en su otorgamiento como en su utilización, una exhaustiva rendición de cuentas, rigurosa fiscalización y aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Abrir la puerta al financiamiento público de los partidos políticos exige necesariamente aumentar las exigencias en términos de la rigurosidad en su gestión.
En primer lugar, se requiere transparentar los ingresos de los partidos. El proyecto propone medidas para asegurar el público conocimiento del aporte estatal que recibirá cada colectividad. Sin embargo, resulta necesario profundizar en mecanismos que aseguren también una mayor transparencia de las otras fuentes de ingresos de los partidos, principalmente donaciones y aportes de sus afiliados.
Mejorar el sistema de rendición pública de todos los ingresos, públicos y privados, de cada colectividad permitirá prevenir conflictos de interés entre donantes y partidos y evitar riesgos de captura de estos últimos por parte de grandes donantes. En países como Australia, Reino Unido y Canadá, los partidos políticos no sólo rinden cuenta acerca del financiamiento público que reciben, sino que también lo hacen respecto de los aportes privados.
En cuanto a los gastos, el proyecto obliga a cada partido a rendir cuenta detallada del destino de los recursos públicos que reciba. Para efectos de asegurar la eficacia y el adecuado cumplimiento de esta obligación, se requiere especificar de mejor manera qué se entenderá por rendición detallada e incluir la información respecto al uso de los recursos privados que haya recibido.
Una herramienta eficaz de transparencia es incluir la rendición de ingresos y gastos en los sitios web de cada colectividad. Esto es recogido en el proyecto de ley, pero el nivel de detalle exigido es todavía insuficiente para asegurar una adecuada rendición de cuentas.
Finalmente, resulta clave contar con un ente fiscalizador que asegure la correcta utilización y rendición de estos recursos públicos. Desde noviembre de 2006 se tramita la propuesta de fortalecer las capacidades y atribuciones del Servicio Electoral, mediante la creación de la Subdirección de Control de Gasto Electoral. Es urgente aprobar esta propuesta y dotar al Servicio Electoral de las herramientas necesarias para que pueda ejercer eficientemente su función fiscalizadora en este ámbito. Una razón más para priorizar la Agenda de Probidad.
La propuesta presentada sólo alcanzará sus objetivos de fortalecer y mejorar la calidad de la política en Chile si se complementa con medidas tendientes a incrementar los niveles de transparencia.
Lo anterior implicará no sólo considerar la rendición de cuentas financieras de los partidos, sino que también abordar aspectos como la vida partidaria, la selección de candidatos y cargos directivos y los mecanismos de adopción de decisiones. No se trata sólo de cómo financiar en forma permanente a los partidos, sino también de cómo establecer y fortalecer su democracia interna, cómo capacitar a sus cuadros técnicos y cómo profesionalizar su actividad.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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